SEÑORA DENUNCIA.........

Tramoya judicial (TOMADO DE EL COLOMBIANO)

PorBernardo Alejandro Guerra Hoyos

Bello es el polo de desarrollo del Valle de Aburrá. En este municipio se radican actualmente una serie de grandes obras que han convertido el corredor que va entre el casco urbano y la estación Niquía del Metro en la "milla de oro" del norte.Esa circunstancia está haciendo que se despierten las ambiciones de algunos personajes ávidos de dinero rápido.Le está sucediendo ese caso a la familia Ferrer, empresarios de reconocida trayectoria en la ciudad, creadores de industrias tan importantes como Búfalo.Esta familia es dueña desde hace 44 años, con títulos irrefutables, de un predio de 15.000 metros de extensión, el cual es objeto de la codicia de un grupo de individuos que pretenden construir, a como dé lugar, en un bien ajeno, el centro comercial La Provincia.Para hacerse a este inmueble han acudido a subterfugios de dudosa legalidad y reñidos con la ética comercial. No han sido extrañas la simulación de matrículas inmobiliarias, declaraciones de mayor extensión que ensanchan los predios por arte de magia y sentencias de pertenencia obtenidas en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello.Este es un resumen de esas maniobras:Mediante sentencia proferida el 5 de noviembre de 2004 se declaró a Orlando Gómez Botero dueño de un lote de terreno de un poco menos de 24.000 metros cuadrados, con base, entre otras irregularidades, en una supuesta compra de una posesión a Ramiro Grisales Bermúdez.El señor Grisales fue poseedor, tal como lo señala la oficina de Catastro de Bello, de una pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados, construida dentro de un predio del Inurbe. Dicho sea de paso que la abogada de esta entidad ha tenido que batirse, con un inmenso valor civil, para defender los intereses de su representada y evitar que otros acuciosos "empresarios inmobiliarios", con vínculos familiares con el mayor interesado en la "Promotora La Provincia S. A.", logren también una declaración de pertenencia de un lote contiguo al de la familia Ferrer.¿Se le puede quitar al Inurbe un derecho sobre su inmueble cuando la propiedad estatal es imprescriptible? ¿Se puede alegar posesión sobre un bien público?Retornemos al negocio de Ramiro Grisales y Orlando Gómez, génesis del proceso de pertenencia. Mediante documento de marzo de 2004, Grisales "vendió" por 10 millones de pesos a Gómez la posesión que tenía. Pero sucede algo insólito. En el documento de venta de la posesión se expresa que lo "poseído" por el señor Grisales no era ya la pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados sino un lote de terreno de 33 mil metros cuadrados, para lo cual se crea ficticiamente un inmueble, compuesto por los tres lotes vecinos: uno de propiedad de la familia Ferrer y dos de los otros perjudicados, que a la postre sumaron realmente 24 mil metros cuadrados, según la medición que se hiciera a instancias del juzgado de marras.Para finalizar la actuación entra de nuevo a escena el juzgado. El proceso terminó con la sentencia 311 del día 5 de noviembre de 2004 (el expediente había entrado a despacho para fallo el día 3 de ese mes, dos días antes), en la que se accedió a la pretensión del señor Gómez Botero.Un comentario final que explica mejor la situación:En la "Promotora La Provincia S. A." tienen incumbencia importantes personajes del mundo político, que se mueven tras las bambalinas de la tramoya, y sólo surgen a la luz pública: Aurelio Aguirre Sanín, ex candidato a la Alcaldía de Medellín y al Senado de la República, quien figura como promotor del proyecto; Álvaro Pío Valencia, ex gerente de la Fábrica de Licores, que funge como abogado de tales intereses, testigo de excepción de la inscripción del ex gobernador Alberto Builes a la Cámara; además el ex contralor de Medellín y ex directivo de Coomeva, recientemente separado de su cargo, Gustavo Escobar Pérez, entre otros. Los mismos con las mismas. Han solicitado licencia de construcción ante el curador segundo de Bello, John Jairo Roldán, ex candidato perdedor a la Alcaldía de Bello por el Partido Liberal, vinculado al grupo de César Pérez y mientras tanto están en preventa de los locales.¿Qué dirá la Fiscalía al respecto?cerocorrupcion@epm.net.co

DESDE ACNUR

El conflicto civil deja este año 19.000 indígenas desplazados

Ginebra, Suiza
El conflicto armado en Colombia afecta de manera negativa al millón de indígenas que vive en el país y este año ha causado el desplazamiento de 19.000 personas, informó este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
"Estamos preocupados porque comunidades enteras de indígenas podrían desaparecer después de haber sido forzados a abandonar sus territorios tradicionales", dijo este viernes una portavoz de Acnur, Jennifer Pagonis.
Informó que más de 19.000 indígenas se vieron forzados a dejar sus casas y poblaciones desde que comenzó 2005, según un estudio de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic).
"Este verano hubo un desplazamiento de 14.000 miembros del grupo indígena de los nasa", indicó la portavoz y añadió que hay más de 80 grupos en situación de riesgo.
Según el estudio colombiano, en octubre cientos de quechuas tuvieron que abandonar el departamento del Putumayo y que algunos de ellos se refugiaron en Ecuador.
"La situación en Putumayo es muy preocupante debido a los enfrentamientos, que causan más desplazamientos", dijo la portavoz de ACNUR, que también se refirió a que en Choco, "cientos de emberas están bajo la constante amenaza de perder su hogar".
La portavoz subrayó que esta es la primera ocasión en que se dan a conocer cifras detalladas sobre el impacto que el conflicto civil de Colombia tiene sobre su población indígena y que en su elaboración, además del ONIC, participaron expertos de la agencia de la ONU para los Refugiados.
En Colombia hay dos millones de desplazados internos debido al conflicto que vive el país desde hace décadas.
La portavoz recordó que esa situación es "doblemente catastrófica" en el caso de las poblaciones indígenas, más apegadas a sus raíces territoriales, y los desplazamientos forzados conducen a que colapse la autoridad tradicional y los patrones culturales de esas poblaciones.
"Es una tragedia invisible. Las tierras de los indígenas suelen estar en lugares remotos y son consideradas estratégicas por los grupos armados irregulares con fuerte presencia en ellas", agregó la portavoz.
Asimismo, se refirió a que los delitos y los abusos de derechos humanos contra esas poblaciones a menudo no son castigados, y recordó que, según datos de la Onic, más de 1.600 indígenas fueron asesinados en los últimos 20 años, aunque el 60 por ciento lo fue desde 2000.
Como ejemplo indicó que los wiwa de Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, han perdido a 12 de sus miembros en los primeros ocho meses de este año y que su comunidad es de 1.850 personas.
El Acnur, preocupado por esa situación, tiene proyectos de colaboración con organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas para proporcionarles documentos de identificación, darles información sobre derechos humanos, apoyo psicológico y profesores que enseñen a los niños desplazados.