No nos oponemos a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo: podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con la democracia.
Cierta angustia produce el hecho de que 1.200 miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados del servicio activo en los últimos doce meses.
Desde una perspectiva, podría ser una noticia positiva que indicaría que hay un proceso serio de depuración dentro de la institución armada encargada de controlar el orden público y propiciar la seguridad democrática.
Desde otra perspectiva, sin embargo, podría significar que hay una cacería de brujas que acabaría por debilitar la institucionalidad, desmotivar a las Fuerzas Armadas en su titánica y valerosa labor de lucha contra todos los agentes desestabilizadores de Colombia, y servir a oscuros intereses de quién sabe quién.
En el medio quedan los funcionarios que podrían hacer de idiotas útiles o pescar en el río revuelto del oportunismo, sin reflexionar en profundidad sobre el daño que les causan al país y a las instituciones.
Y los medios de comunicación que, preocupados por la chiva, no miden las consecuencias de lo que informan, tienen desconcertados a los ciudadanos y van acumulando en ellos un sentimiento de desconfianza y angustia que cierra todos los horizontes de futuro.
"Con ciertas delicadas informaciones de orden público -escribió Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2006- viene sucediendo lo mismo que con algunas estadísticas del Dane: la gente no sabe a ciencia cierta qué creer, ni tiene certeza de lo que está pasando. Y cuando esto acontece la gran damnificada es la democracia. Nada resulta tan perverso para la buena marcha de las instituciones que el escepticismo ciudadano sobre la información".
Bueno sería también que el presidente Uribe reflexionara con su gabinete las palabras que él mismo pronunció en septiembre de 2006, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, en las que les pide a los investigadores judiciales que no hagan más filtraciones a los medios porque afectan el curso de las investigaciones. Los militares "están condenados ante la opinión pública y no habían sido escuchados", dijo el Presidente.
Igualmente bueno sería que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordara sus propias palabras de octubre del año pasado, cuando en un debate en el Congreso por el mismo tema de los falsos positivos preguntó: "¿Qué hace una comisión del Senado reemplazando a la justicia?", y se las aplicara a sí mismo en bien del país.
Porque en el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, el ministro Santos se atribuyó funciones que sólo tiene el poder judicial, olvidó la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad y ese otro sagrado derecho a la fama, la honra y el buen nombre, tan difícil de restituir una vez ha sido lesionado. Amén del derecho a la legítima defensa. Además, nadie o casi nadie es capaz de desligar a los Santos del gobierno, de los Santos periodistas que dirigen casas editoriales que pretenden liderar la información y la opinión de Colombia.
No nos oponemos, no podríamos hacerlo, a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Sólo así el país entrará en la senda cierta de la democracia. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo, porque podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con esa misma democracia. Siembra desconfianza y cosecharás caos.