La mayoría de crímenes paramilitares quedaría sin investigar

NOTA DEL EDITOR: NOS HEMOS CANSADO DE REPETIR, EN EL BLOG Y EN CUANTO ESCENARIO HA SIDO POSIBLE, QUE LA FAMOSA "SELECCION DE CASOS" Y EL JUZGAMIENTO DE CASOS EMBLEMATICOS CONDUCE A LA IMPUNIDAD EN JUSTICIA Y PAZ. SE SELECIONARÁ LOS CASOS, Y CON ELLOS TAMBIEN NO SOLO A LOS PERPETRADORES, SINO TAMBIEN A LOS PROMOTORES, FINANCIADORES Y EN FIN, A LOS "HOMBRES DE ATRAS" DEJANDO A LA MAYORIA NO ESCOGIDA, EN LA SOMBRA IMPUNE.

VAN A SEGUIR ADELANTE, PERO TAMBIEN ES NECESARIO VOLVER A ADVERTIR, QUE LA IMPUNIDAD ES PUNIBLE PARA LOS QUE LA PROMUEVAN O PERMITAN Y QUE ESTO LO UNICO QUE HARÁ SERÁ, ANTE LA EVIDENCIA DEL ESTRUENDOSO FRACASO DE LA JUSTICIA COLOMBIANA, ABRIR LAS PUERTAS A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES QUE VENDRÁN A JUZGAR, NO A LOS VICTIMARIOS IMPUNES, SINO A LOS QUE PERMITIERON LA IMPUNIDAD.

La mayoría de crímenes paramilitares quedaría sin investigar

Artículo en Marco Jurídico para Paz establece que se cierran casos no seleccionados por su gravedad.

La Fiscalía se concentraría en la investigación de los casos emblemáticos y en los máximos jefes de los grupos de autodefensa, y no abriría procesos a la mayoría de ex 'paras' que han cometido delitos graves, según un nuevo artículo que le incluyeron al proyecto de Marco Jurídico para la Paz.

Esa es la propuesta que este martes se pondrá sobre la mesa en la plenaria del Senado, en el cuarto debate de la iniciativa.

Aunque este punto cuenta con el aval de expertos, no deja de ser polémico porque de alguna manera se reconoce la incapacidad del Estado para procesar y condenar a todos los responsables de los crímenes de las autodefensas.

El nuevo artículo, impulsado por el senador Roy Barreras, va más allá de la priorización de casos propuesta por la Fiscalía en la reforma de Justicia y Paz. Esta implicaba que los fiscales se enfocarían en los crímenes más graves y en lograr las condenas de las cabezas de los grupos 'paras', pero las otras investigaciones seguían vivas y con la posibilidad de ser esclarecidas, a corto o mediano plazo.

La nueva propuesta habla de "selección de casos". Esto es, que todos los procesos que no queden en el grupo de los escogidos, inmediatamente quedarán cerrados y no habría más investigaciones. 

Los autores de la iniciativa admiten que se trata de un 'sapo' difícil de tragar para las víctimas. "Es cierto que un gran número de víctimas no conocerá quién perpetró directamente el crimen en contra de su familiar, pero podrán entender por qué sucedió, quién lo planeó, cuál fue la estructura detrás de esos crímenes, y en el marco de qué contexto y patrón de victimización", dice la ponencia.

Después de cinco años en los que solo se han producido cuatro condenas, la Unidad de Justicia y Paz tiene documentados 26 mil crímenes graves con más de 32 mil víctimas que han sido reconocidas por los ex 'paras'. En ese grupo hay 16 mil homicidios, 2.600 desapariciones y decenas de casos de desplazamiento, abuso sexual y tortura.

"El enfoque investigativo actual, caso por caso y de hechos aislados, no permite a la Fiscalía esclarecer patrones y contextos regionales de la operación de los distintos actores del conflicto, como es usual en las investigaciones de justicia transicional -dice la ponencia-. Para cambiar ese enfoque es necesario concentrar esfuerzos y recursos en los casos de los "más responsables".

El proyecto le daría al Congreso facultades para legislar sobre los criterios de selección de casos. Fuentes del Gobierno admiten que una iniciativa semejante no es ideal, pero resaltan que "la selección es un mecanismo que aplica hasta la Corte Penal Internacional". 

"Hay que recordar que el Marco Jurídico para la Paz surge de los fracasos de la Ley de Justicia y Paz y que es necesario que se debata si todos los crímenes deben y pueden ser o no juzgados", dicen esas fuentes.

En la Fiscalía, entre tanto, miran con reservas la propuesta. "Sí deben crearse mecanismos para agilizar los procesos, pero eso no implica cerrar definitivamente algunos de los 26 mil crímenes que investiga Justicia y Paz", señala uno de los funcionarios que conocen de los procesos contra los ex Auc.

REDACCIÓN JUSTICIA

SUSPENDEN BENEFICIOS DE ACR A LOS DESMOVILIZADOS DEL "BLOQUE CACICA GAITANA"

Archivo Semana.Imagen del día en los exintegrantes de Cacica La Gaitana entregaron las armas al entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

JUSTICIALa Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) acató la orden del juez 26 penal del circuito de Bogotá, que ordenó suspender beneficios sociales y económicos a personas desmovilizadas de la compañía Cacica La Gaitana de las FARC.

Lunes 12 Diciembre 2011 TOMADO DE SEMANA.COM

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), acatando la orden del juez 26 penal del circuito de Bogotá, suspendió los beneficios sociales y económicos a las personas desmovilizadas de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC que hacían parte del proceso de reintegración. 

 La desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana se realizó en marzo del 2006. En ella actuó como miembro representante del grupo Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña', quien remitió a la oficina del Alto Comisionado para la Paz el listado oficial del grupo que fue certificado como desmovilizado. Del listado oficial, conformado por 62 personas, sólo 52 ingresaron al proceso de reintegración que ofrece el gobierno nacional y actualmente sólo de ellas 30 estaban activas en el proceso. Y son justamente a esas personas a las que se les suspenden los beneficios sociales y económicos, con base en la decisión de la juez 26 penal de circuito de Bogotá. La desmovilización La presunta falsa desmovilización se remonta al 6 de marzo del 2006, cuando con bombos y platillos fueron presentados por el Gobierno en La Tebaida (Tolima) 62 guerrilleros de la compañía Cacica La Gaitana de las FARC. La columna era desconocida hasta entonces e incluía 26 fusiles, otras armas y una avioneta. "¡El primer frente de las FARC desmovilizado en bloque"!, dijeron, entonces, el presidente, el alto comisionado, el general Mario Montoya, mientras saludaban la genialidad de la inteligencia militar, capaz de tales golpes a la moral de la guerrilla.  Los desmovilizados lucían uniformes nuevos e impecables; algunas de las botas estaban marcadas con insignias de la VI Brigada; algunos de los fusiles que entregaron eran hechizos, otros no funcionaban y los demás no eran la dotación regular de las FARC. Pronto se supo que el líder del grupo, 'Olivo Saldaña', había estado en la cárcel dos años anteriores a la desmovilización. Allí se habría reunido varias veces con Restrepo.  El frente Cacica La Gaitana, que el Gobierno en su momento calificó como muy cercano a 'Alfonso Cano', entregó una avioneta, supuestamente comprada por la guerrilla en tiempos del Caguán para transportar munición, pero a los pocos días se descubrió que había sido decomisada por las autoridades y estaba en una base militar en Corozal.  Por este caso, un fiscal de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública citó a diligencia de interrogatorio al coronel del Ejército Jaime Joaquín Ariza Girón y al general (r) Mario Montoya, así mismo indagó de manera preliminar al excomisionado Luis Carlos Restrepo, a un general y a un coronel del Ejército.

CONGESTIÓN

Por: Alejandro Gaviria

Nota del Editor:  Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá,  plantea instalar peajes intra urbanos en vias de altísimo flujo, para des estimular su uso y así reducir la congestión vehicular, propuesta que ha generado el enojo de algunos dirigentes, incluyendo los del Polo Democrático, quienes descalifican la propuesta de entrada.  El autor de este artículo, quien es un reconocido economista colombiano, trae a colación el tema, con una interesante perspectiva. 

En 1951, el economista canadiense William Vickery fue contratado por el alcalde de Nueva York con el propósito de mejorar las menguadas finanzas de su ciudad.

Por cuenta de los azares de la consultoría, Vickery terminó dedicado a estudiar un problema distinto, la congestión vehicular. Hizo, entonces, una propuesta simple, pero trascendental: cobrar por el uso de las vías urbanas, sobre todo de las vías más congestionadas en las horas de mayor tráfico. En su opinión, los peajes urbanos harían que los conductores tuvieran en cuenta el costo que imponen sobre los demás viajeros y usasen las vías de manera óptima desde un punto de vista social. Si el precio es cero, la “demanda” será insaciable y la congestión, imposible de evitar.

Vickery repitió su propuesta por muchos años. Llamó la atención repetidamente sobre una realidad económica innegable: las vías urbanas son un recurso escaso y, por lo tanto, su uso debería acarrear un precio. Inicialmente la indiferencia fue general: su propuesta era muy simple para los académicos y muy impopular para los políticos. Pero con el tiempo la situación cambió. Sus colegas entendieron la trascendencia de sus ideas. En 1963, publicó su artículo seminal sobre precios de congestión. En 1992, fue elegido presidente de la Asociación Americana de Economistas. Y en 1996, ganó el premio Nobel de economía.

Vickery murió dos días después del anuncio del premio. Iba manejando por una autopista a altas horas de la noche (para evitar la congestión dicen las malas lenguas). Murió sin haber recibido el premio Nobel y sin haber visto sus ideas hechas realidad. Sólo en la última década, Londres, Estocolmo y otras ciudades europeas han implantado sistemas electrónicos para cobrar por el uso de las vías urbanas. Con gran éxito, vale decir. La congestión se ha reducido significativamente con enormes beneficios sociales. En Estados Unidos, por el contrario, la respuesta a la congestión ha sido la misma desde que Vickery formuló su propuesta por primera vez, a saber: construir vías y más vías que se llenan rápidamente. A más kilómetros de vías urbanas, más vehículos y más viajes. Las nuevas vías se autoderrotan, pues incentivan a muchos conductores a sacar sus carros del garaje.

Gustavo Petro quiere traer las ideas de Vickery a Bogotá, ha planteado la necesidad de instalar peajes urbanos en las zonas de mayor congestión vehicular. Los problemas prácticos de esta iniciativa son enormes, su implantación requerirá seguramente muchos meses de estudio y muchos millones de pesos de inversión. Pero la propuesta es buena, es una respuesta sensata a un problema cada vez más grande y acuciante. Ojalá otras ciudades se sumaran a la iniciativa. O al menos la estudiaran con seriedad.

Al final de la semana, el senador Jorge Enrique Robledo criticó duramente la propuesta del alcalde electo de Bogotá. “Los peajes urbanos quieren decir que el derecho ciudadano se deja sólo a quienes puedan pagarlo…son neoliberalismo, FMI y consenso de Washington. Esos son sus orígenes, en nada afectos a las ideas democráticas”, señaló. Estas críticas desconocen el origen académico de la propuesta. Y dejan de lado un asunto esencial: los peajes urbanos aumentan el bienestar general, son socialmente provechosos. Pueda ser que la demagogia barata no acabe de entrada con una propuesta inteligente.

agaviria.blogspot.com