Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba por despojo

Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba por despojo

Martes, 20 de Noviembre de 2012 12:57

Fiscalía investiga a miembros del Fondo Ganadero y a funcionarios del Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó, por el despojo de tierras en el Urabá antioqueño y cordobés.

La Fiscalía investiga el despojo de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Urabá. VerdadAbierta.com

- Amenazas a familiares de Eleonora Pineda y Benito Osorio Villadiego

Durante el juicio que se adelanta contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de Justicia y Paz, Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de persecución de bienes, anunció que se están adelantando investigaciones penales y disciplinarias en contra de varios funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó que colaboraron con los paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba y Antioquía.

Así mismo, Donado informó ante los magistrados de Justicia y Paz, que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando a miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes presuntamente se aliaron con las autodefensas de Salvatore Mancuso y de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para usurpar tierras a campesinos a finales de la década de los noventa. (Leer El fraude de los Castaño para despojar)

Dentro de los investigados se encuentra Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien para la fecha de los hechos participaba como representante del Ministerio de Agricultura dentro del Fondo.

Cabe aclarar que el Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad de economía mixta que tiene un 20 por ciento de participación del Estado a través del Ministerio de Agricultura, hecho que explica la presencia de Sotomayor en el Fondo para la época de los hechos.

Estas investigaciones son resultado de las versiones del extraditado Salvatore Mancuso y de Benito Osorio Villadiego, quien fuera durante diez años gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y quien ha sido investigado por sus nexos con los paramilitares hasta que un juez de Montería anuló su proceso.

Al final, la fiscalía será la encargada de establecer cómo, con la complicidad del Incoder y de las Notarias de Montería y Apartadó, el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de 6.500 hectáreas de tierra de las que habían sido desplazadas por los paramilitares, al menos 60 familias de campesinos cordobeses y antioqueños.

Según Salvatore Mancuso, la complicidad del Fondo Ganadero con los paramilitares fue tal, que “dentro de los predios de los que se apropió el fondo con complicidad del Incoder y de las notarias, Carlos Castaño tenía un inmueble que le servía como refugio. En esta finca también se firmó el acuerdo donde se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc”.

Así funcionó la confabulación para despojar

Detrás del despojo de más de diez mil hectáreas y del desplazamiento de miles de campesinos de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, existió una maquinaria de corrupción en la que participaron funcionarios de la notaria 3 de Montería, la notaria de Apartadó, el Incoder y el Fondo Ganadero de Córdoba.

Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía y la información aportada por ex jefes paramilitares, todas estas entidades se confabularon con la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una ong creada por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para facilitar el despojo de tierras en la región.

Funpazcor, que era representada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño - hoy prófuga de la justicia- era la encargada de coordinar con las distintas entidades la maquinaria del despojo paramilitar que facilitó que el Fondo Ganadero de Córdoba hiciera compras masivas de tierras a precios irrisorios. “Mientras la hectárea de tierra en la zona se comercializaba a 300 mil pesos aproximadamente, el Fondo Ganadero pagó cerca de 50 mil pesos por cada hectárea a los campesinos”, aseguró la Fiscal Liliana Donado.

“Sor Teresa Gómez actuó como intermediaria entre las víctimas del despojo y el Fondo Ganadero de Córdoba a través de poderes falsos de los campesinos”, señaló la fiscal Donado, quien agregó que estos poderes tenían graves vicios legales e inconsistencias en las firmas y en las huellas de los campesinos que supuestamente estaban vendiendo sus tierras de manera voluntaria al Fondo Ganadero.

En las escrituras que resultaron de las compras masivas en las que aparece la firma de Benito Osorio, para entonces presidente del Fondo como comprador, la Superintendencia de Notariado y Registró encontró que las irregularidades también salpicaban a funcionarios de la notaria tres de Montería y la única notaría de Apartadó, por esta razón, según la Fiscal donado, la Superintendencia adelanta una investigación disciplinaria y la fiscalía una penal.

Según Benito Osorio quien fuera el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue la junta directiva del Fondo Ganadero la que aprobó entre el 97 y el 98, la compra masivas de entre 100 y 109 predios de los que los paramilitares habían desplazado a miles de campesinos. Allí, el Fondo sustituyó con ganadería extensiva, los pequeños cultivos de los campesinos.

“La junta directiva (entre la que se encontraba Benito Molina, Víctor León Fernández, Luis Gallo Restrepo y Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo, según Benito Osorio), había aprobado estas compras para asegurar el dominio de los paramilitares en la región”, aseguró la Fiscal Donado, quien basándose en las declaraciones Osorio y de Mancuso compulsó copias en agosto de este año para que se iniciaran las correspondientes investigaciones.

De acuerdo con la exposición de Donado, “el Fondo Ganadero se dio cuenta que las tierras no eran buenas para la ganadería extensiva y por eso en su momento hicieron contratos de de arrendamiento con cooperativas de proyectos productivos manejados por desmovilizados, relacionados con la Casa Castaño y los ‘paras’ de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.

Finalmente la fiscal Donado aseguró que el Fondo Ganadero de Córdoba anunció su intención de devolver estas tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo paramilitar.

Última actualización el Martes, 20 de Noviembre de 2012 15:11

Los acuerdos por la verdad con los desmovilizados rasos de las AUC

Por César Paredes, periodista de SEMANA

ENTREVISTAEn diálogo con SEMANA, Álvaro Villarraga, de la Dirección de Acuerdos por la Verdad, explicó cómo avanza el proceso para que los desmovilizados rasos salgan del limbo jurídico.

Jueves 8 Noviembre 2012

Más de 10.000 desmovilizados de las AUC se han comprometido a contribuir con la verdad histórica sobre su participación en el conflicto armado. Ellos hacen parte del cuerpo de combatientes que no están cobijados por la Ley de Justicia y Paz, que sirvió para la desmovilización de este grupo ilegal. Ahora podrán disfrutar de los beneficios jurídicos que les otorgó otra ley, la 1424 de 2010, que tiene por objetivo resolver su situación jurídica, a cambio de contar a un grupo de expertos cuáles fueron los hechos que permitieron el nacimiento y consolidación del paramilitarismo. Aunque estos testimonios no serán parte de procesos judiciales en contra de estos desmovilizados, sí podrán servir como parte de la verdad judicial contra terceros.

A propósito de esta nueva etapa que vive el proceso de desmovilización de los paramilitares, SEMANA habló con Álvaro Villarraga, jefe de la Dirección de los Acuerdos por la Verdad (DAV), el equipo de expertos que recibirá los testimonios de los desmovilizados.

SEMANA: ¿Qué son los acuerdos por la verdad?
Álvaro Villarraga: Los desmovilizados (a quienes no se les pudo aplicar un indulto porque fue declarado inconstitucional por las cortes), que no han cometido crímenes graves, que no han cometido delitos a partir de su reinserción y que han logrado una reintegración efectiva, tienen la posibilidad de ir al Centro de Memoria Histórica para aportar a los informes de la verdad y obtener un beneficio penal: se suspenden los procesos judiciales en su contra, si los tienen.

SEMANA: ¿Esa información tiene que ser verificada y verificable o es un aporte que no tiene un efecto jurídico para otras investigaciones?
Á.V.: Nosotros como Centro de Memoria Histórica recogemos su versión, la cotejamos y valoramos con fuentes de distinto tipo que exista. Además la contrastamos como lo considera la ley con valiosa información que podrá llegar de las victimas y con todo el que quiera aportar. Se trata de construir unos informes y en la medida en que se pueda detectar que existen aportes significativos, el centro hará una certificación de que el desmovilizado cumplió con su aporte a la verdad. Los desmovilizados que participen en este ejercicio y que entreguen aportes a la verdad y sean certificados , no podrán tener consecuencias penales por los hechos revelados. Es la regla de juego de los ejercicios de memoria histórica y su esclarecimiento. Pero como bien lo aclaró la Corte Constitucional en la sentencia de revisión, sí tiene efectos para terceras personas que puedan ser mencionadas en testimonios.

SEMANA: ¿Es un beneficio para los combatientes rasos?
A.V.: Sí, el artículo uno de la ley dice que no pueden participar quienes hayan cometido graves delitos, sino delitos relacionados con la pertenencia al grupo ilegal.

SEMANA. ¿Qué beneficios tiene para la memoria del país este proceso?
A.V: Hay en marcha un esfuerzo por dilucidar la verdad. Construir esa verdad ha implicado ya un aporte de diferente orden: las mismas víctimas con sus organizaciones, informes de la comunidad internacional, los procesos judiciales ordinarios como los de Justicia y Paz, han aportado a la verdad. No obstante, lo obtenido con la Ley de Justicia y Paz es una revelación parcial, no están todos los hechos. Con el nuevo proceso hay una oportunidad en aras de completar la verdad de lo sucedido con el fenómeno del paramilitarismo.

SEMANA: ¿Los desmovilizados tienen que acudir al Centro de Memoria?
A.V.: La ley le entrega la responsabilidad de ubicar a los desmovilizados a la Agencia para la Reintegración, la misma entidad es la que recibe la información de manera directa de la Fiscalía, de los organismos de seguridad y de la Policía para verificar si los delitos efectivamente no son graves y si no ha habido reincidencia del delito. Y es la misma agencia la que constata si se está cumpliendo una ruta positiva de reintegración. Con todo este paquete de requisitos la Agencia de Reintegración, en representación del gobierno nacional ha procedido a firmar con los desmovilizados unos acuerdos. Ya hay 10 mil que han firmado acuerdos. Después los remiten al Centro de Memoria Histórica

SEMANA: ¿Cuántos serían los beneficiados?
A.V.: El año pasado se inscribieron 24.000 desmovilizados. Este año han sido descartados más de 3 mil y han sido considerados como posibles participantes 15.000. De ellos han firmado compromisos con la verdad cerca de 10.000.

SEMANA: Esto debió empezar hace rato, ¿no se ha perdido tiempo valioso?
A.V. Este es un proceso que viene desde 2006 y que ha sido muy traumático. Es de recordar que inicialmente se aplicó masivamente un indulto a los combatientes. A juicio de las cortes esa fue una figura inconstitucional porque el delito político —al que se aplica el indulto— no obedecía a la naturaleza del paramilitarismo. Luego vino la ley 1312 de 2009 que les otorgó el principio de oportunidad y que también la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Después surgió la ley 1424. Ha sido un proceso de varios años, tiempo que ha estado en contra de los desmovilizados.

SEMANA: La semana pasada se hicieron las capacitaciones de quienes van a recibir los testimonios de los desmovilizados. ¿En qué consistió el proceso?
A.V.: El Centro de Memoria Histórica nos ha encargado este ejercicio con los desmovilizados. En los últimos meses se estructuró un equipo nacional y otros regionales, en seis departamentos, que hemos estado capacitándonos e investigando lo sucedido con cada una de las estructuras paramilitares. La semana pasada nos reunimos 79 personas de las regiones para culminar ese proceso intenso de capacitación y diseño de los instrumentos para recibir los testimonios.

SEMANA: ¿Ese instrumento podría aplicarse con las Farc, en una eventual desmovilización de ese grupo guerrillero?
A.V.: En la construcción de la verdad histórica que necesita el país, frente a la grave crisis de derechos humanos, deben concurrir múltiples esfuerzos. El grupo de memoria histórica ha hecho un trabajo privilegiando la voz de las víctimas, pero la verdad también necesita del aporte de los victimarios. Con relación a los integrantes de la guerrilla, de las Farc y del ELN hay expectativas para que, producto de ese proceso de paz, puedan existir canales de contribución a la verdad histórica.

Estamos en una coyuntura importante para que la verdad se construya con todos los actores implicados en este conflicto.

SEMANA: ¿Las víctimas van a participar en estos ejercicios?
A.V.: Se harán unas reuniones en las que ellas pueden participar.

SEMANA: ¿Cómo será el manejo de esa información?
A.V.: La información se va a procesar de manera muy discreta. En 2013 se van a producir dos informes regionales alusivos a estructuras paramilitares y en el 2014 otros informes.

SEEMANA: ¿Qué se resuelve con esto?
Á.V.: Este esfuerzo permite resolver tres cosas: contribuye a construir verdad, en segundo lugar, permitiría culminar con el proceso de desmovilización. Y si tiene éxito., ayudaría a conocer el fenómeno del paramilitarismo.

SEMANA: Y finalmente, ¿cuál es el plazo para recoger los testimonios?
A.V.: Está previsto este semestre y los dos años siguientes para cumplir la meta.