¡¡¡¡¡¡NO A LAS MINAS!!!!!!

Guerra sucia (tomado de Cambio)

Con materiales de difícil detección y una mayor carga explosiva, los alzados en armas están ahora sembrando más minas antipersonal en el país.
Cuando el Infante de Marina Hernández llegó al Hospital de Cartagena, luego de pisar una mina antipersonal tipo balón, los médicos determinaron que lo mejor era amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Ya en la cirugía, los cinco galenos que atendieron el caso quedaron sorprendidos por la agresividad del atentado y porque era la primera vez que veían la presencia de excrementos de animales en las extremidades afectadas.
Dos días después, pese a todos los esfuerzos , el soldado Hernández falleció porque su cuerpo no pudo resistir la mortífera infección.
El lamentable caso de Hernández, sin embargo, puso en evidencia una macabra modalidad de artefactos explosivos que grupos al margen de la ley están sembrando en toda Colombia. Se trata de unas minas antipersonal que, contrario a lo que el país conocía, tienen ahora una fabricación más casera y letal.
La nueva modalidad, utilizada fundamentalmente por los guerrilleros de las Farc y del Eln, consiste en balones de plástico rellenos con exageradas cantidades de explosivos, excretas y roca caliza que buscan no sólo pasar desapercibidos a los detectores de metal sino causar graves daños a quienes los pisen.
"La carga explosiva se ha multiplicado por 10 –dice el vicealmirante Fernando Román, inspector general de la Fuerzas Militares–. Hoy su poder es de tal magnitud que no sólo destruyen las piernas sino que comprometen otros órganos como los genitales. El objetivo es matar".
La nueva modalidad de minas es sembrada en caminos veredales, trochas, carreteras y a la sombra de los árboles, donde, con el más leve y sutil contacto, se activa.
Colombia es el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
"Es una verdadera tragedia nacional –agrega el vicealmirante Román–. Estos terroristas no tienen límites, y no les importa el Derecho Internacional Humanitario".
Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, respaldado por la OEA, el crecimiento de las minas antipersonal ha sido notorio, y hoy hay más de 100.000 sembradas en el país. Un número que convierte a Colombia en el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
Es tal la situación con las minas antipersonal que sólo en la región de Montes de María, y en corregimientos como El Salao, Zambrano, Hato Nuevo, Charquitas y Loma Central, las autoridades han detectado la presencia de 2.500 artefactos.
"Estas minas pueden durar activas durante medio siglo –señala Luz Piedad Herrera, coordinadora del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia–. Además para las comunidades los costos son muy altos, ya que afectan su movilidad, tranquilidad y productividad".
Para los expertos, más allá de los altos costos que acarrea desactivar una mina (10 veces más que construirla), el problema crítico es que cada mina enterrada en Colombia es un arma letal contra la población civil. En lo que va del año, estos artefactos han dejado 759 víctimas, y desde 1990 hasta hoy el número asciende a 4.000. Según los datos oficiales, cada día hay 2,6 nuevas víctimas de minas, y el 92% de los casos registrados ocurre en áreas rurales. Colombia, señalan los expertos, es el único país de América que todavía sigue sembrando minas en su territorio.
"Es muy triste esta situación –agrega Herrera–. Fuera del dolor humano, rehabilitar a cada víctima le cuesta al Estado cerca de 90.000 dólares".
Tras la firma de la Convención de Ottawa, en 1997, Colombia se comprometió a definir una política frente a esta problemática (ver recuadro). Una de las tareas más significativas que se realiza, con la colaboración de la OEA y países amigos, es la preparación de zapadores (expertos que desactivan minas) que son quienes se enfrentan cara a cara con el problema. Hoy hay 40 que han desactivado, con ayuda de los perros antiexplosivos, más de 2.400 minas en los últimos tres años. En 2003, las minas antipersonal neutralizadas fueron 380, el año pasado ascendieron a 858, y en lo que va corrido de este ya llegan a 1.176. "Con el respaldo de la OEA, estamos trabajando muy fuerte para contrarrestarlas –dice Roberto Padilla, uno de los zapadores–. La labor es en equipo y un error puede ser fatal".
Por ahora es claro que a los alzados en armas poco les interesan las víctimas y, por el contrario, cada vez crean nuevos tipos de minas que, además de ser aterradoras, son más difíciles de detectar.

Convención de Ottawa
Colombia firmó en 1997 y ratificó, mediante la ley 554 de 2000, la Convención de Ottawa que prohibe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. En ella el Estado se compromete a crear una estructura nacional encargada de destruir o asegurar todas las minas sembradas en el país. La Convención obliga a todos los grupos armados de oposición y a cualquier otra parte en un conflicto a no utilizar estos artefactos.

SI HAY CONFLICTO (editorial ) UrabaHoy

SI HAY CONFLICTO

“El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas. La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con armas fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos de nuestro pueblo.”
ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de Colombia.

Cuando un matemático en un proceso de resolución de un problema encuentra algo que no puede solucionar de inmediato, coloca una “X” en su ecuación y continúa, buscando mas adelante solucionar esa incógnita marcada anteriormente, con los elementos que recoja en su análisis. La “X” se convirtió universalmente en el símbolo de problemas por resolver.
Pareciera que nuestro Gobierno se cansó de buscarle al conflicto las soluciones no convencionales, transparentes e imaginativas que prometió en el discurso de posesión presidencial. Mas bien optó por la salida fácil, y en esa delicada ecuación de la fórmula que buscaba para encontrar el camino hacia la paz, encontró una dificultad mayor al definir la guerra que azota nuestro país, y en vez de marcar la “X” donde debería decir “CONFLICTO ARMADO” decidió utilizar la palabra “AMENAZA TERRORISTA”, denotando con ello la nueva solución que pretende darle a esa incógnita social.
Preocupa, por decir lo menos, la insistencia del Gobierno Nacional en desconocer la existencia de un conflicto armado dentro de Colombia. No solamente los efectos catastróficos que esto pudiera tener, al retirarse de nuestro país la ayuda y veeduría internacional humanitaria, que está aquí precisamente por que hay un conflicto; sino también por un perverso efecto que pocos analistas avizoran, pero que esta ahí, en latente peligro.
Es simple; si no hay conflicto, no hay causas del conflicto. Como no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. De la noche a la mañana resultará nuestro país sin pobreza, sin exclusión social, sin corrupción, sin desempleo, sin hambre, sin necesidades de ninguna índole que hubieran llevado a sus habitantes a conflictuar entre ellos y a favor o en contra del estado.
¿Será que por el hecho de que el gobierno niegue la existencia de un conflicto en Colombia, vamos a solucionar todos los problemas sociales de nuestro país, que han determinado la guerra fraticida permanente desde principios del siglo pasado?
¿A cual conflicto se refería entonces el presidente Uribe en su discurso de posesión, que citamos anteriormente?
No se puede desconocer que en nuestro país hay organizaciones y personas que ejercen el terrorismo y desde luego son terroristas. Algunos han demostrado que están entre los peores del mundo.
Pero; ¿Será que todos los alzados en armas son terroristas por que si? ¿Será que el simple hecho de pensar distinto, o el de rebelarse contra un sistema que se considera injusto, o de defenderse contra una agresión injusta que el Estado no fue capaz de contener, caerá bajo el dudoso “estatuto” del antiterrorismo?
Con el mayor respeto, pero con firmeza hay que recordarle a nuestro Gobierno, que se comprometió a hacer todo lo posible para solucionar el conflicto que existe en nuestro país y que sigue cobrando vidas de inocentes todos los días.
Ahora, todos los colombianos, forzados por las circunstancias a ser actores de ese conflicto, estamos esperando las soluciones entre las cuales seguramente estará una ley de verdad, justicia y reparación que asegure que no habrá impunidad pero que facilite un retorno digno a la civilidad para todos los combatientes. Claro está que el esfuerzo en este caso no es solo del gobierno, sino que la creatividad, transparencia e imaginación deberá provenir también del Congreso, de la clase política y dirigente y todos los estamentos interesados, tanto nacionales como internacionales.
Queremos pensar que se recapacitará sobre las amargas consecuencias que el no reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno Nacional pueda tener; que esta discusión innecesaria no es otro sofisma más y que tampoco es el principio de una salida por la puerta de atrás que evite llegar a las soluciones NO CONVENCIONALES, TRANSPARENTES E IMAGINATIVAS para esta guerra infame, prometidas a todos los colombianos. editor@urabahoy.com

DALE CON EL PROBLEMA DEL AGUA...... (de El Tiempo)

Octubre 6 de 2005

Defensoría del Pueblo alerta sobre pésima calidad de agua que reciben casi 10 millones de personas

Hoy presentará el estudio 'Diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua'.
El estudio, realizado durante el primer semestre del 2005, con información recopilada de diferentes secretarías de Salud de departamentos del país, muestra que los habitantes de 221 municipios, de los 1.013 que tiene el país, reciben agua de "muy mala calidad".
La investigación, que se llevó a cabo en sectores urbanos, contiene datos de 683 municipios. Entre estos, solamente 104 reciben agua potable y 579 (el 84,4 por ciento del total de la muestra) no disponen de agua apta para el consumo humano.
Este estudio se une a otra alarma que ya había dado el año pasado el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (Ideam), en el Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia.
Según este, se "muestran tendencias preocupantes actualmente, y no sostenibles en el abastecimiento de agua para los municipios y cabeceras del centro del país, particularmente en las regiones de más alta presión como la Andina y la Caribe".
De acuerdo con dicha investigación, las proyecciones muestran que dentro de 25 años, de no tomarse las medidas adecuadas, "cerca del 70 por ciento de la población se encontraría en riesgo de un desabastecimiento severo".
Ahora la Defensoría del Pueblo quiere llamar la atención sobre la potabilidad del agua.
De acuerdo con Fernando Vásquez, director general de la ONG Fundación Al Verde Vivo, el panorama del agua en el país es dramático. "No es que se acabe el agua, sino que se acaba el agua potable. Cada vez los costos de potabilizarla son más altos", señala.
Los más afectados
De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Nariño y Magdalena son los departamentos que tienen una mayor cantidad de municipios cuyos habitantes no reciben suministro de agua potable.
El mismo también indica que a 221 municipios se les suministra agua de "muy mala calidad", y señala que Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño y Vaupés "tienen los índices más preocupantes de calidad de agua", ya que en estos departamentos más de la mitad de los municipios analizados presentan esta condición.
La Defensoría destaca, por el contrario, que Caldas, Quindío y Valle prestan un buen servicio de agua potable.
De acuerdo con el informe, Nariño presenta "una situación crítica en cuanto a potabilidad del agua", al señalar que únicamente uno de los 64 municipios (se obtuvieron datos de 62), Samaniego, cumplió con la norma de calidad. El resto –asegura el estudio– "ni siquiera se acerca al 50 por ciento del cumplimiento de la norma, lo que muestra la pésima calidad del agua (en los aspectos físico-químicos y microbacteriológico)".
¿Y dónde está la plata?
Asímismo, el informe de la Defensoría señala que el Chocó, que figura entre los departamentos que peor calidad de agua tienen, ha recibido, en promedio, 12.804 millones de pesos anuales entre 1994 y el 2005 por concepto de las transferencias constitucionales.
De acuerdo con el estudio, ninguno de los ocho municipios chocoanos (allí hay 31) de los que se obtuvo información "cumplió con los índices legalmente establecidos para la materia".
El informe de la Defensoría, que no incluye información de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como el libro El derecho humano al agua, serán presentados hoy a las 10 de la mañana en el auditorio de la entidad, en Bogotá.