lunes, octubre 31

¿Quién le teme a Petro?

UNA ESPERANZA QUE SE RENUEVA

N del E:   El hecho que Gustavo Petro haya ganado la alcaldia de Bogotá, que es el primer cargo publico en importancia despues de el Presidente de la Rrepública, indica que algo está cambiando en las costumbres politicas colombianas para bien y  que cada dia gana mas espacio el voto de opinión.
Pero el hecho de que sea un ex guerrillero, que desistió de la via armada y esté comprometido ahora con la lucha desde la politica, indica que la reconciliación es posible y que el espacio para quienes demuestren su compromiso con la paz, se respeta y defiende por parte del pueblo colombiano.
El compromiso y el reto  de Petro es el mas grande que haya tenido politico alguno en colombia, y lo asume la persona mas decidida que haya conocido las lides politicas colombianas.




¿Quién le teme a Petro?  tomado de revista semana.com
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Gustavo Petro es el 'coco' para las élites colombianas desde hace varios años. Su paso por la guerrilla lo marcó como radical y toda su carrera se ha caracterizado por diferentes experimentos para crear una fuerza política de izquierda: Vía Alterna, el Frente Social y Político, el Polo Democrático y, ahora, el Movimiento Progresistas. Todos han tenido como denominador común el empeño insistente de hacerle contrapeso al establecimiento. En un país con escasa tradición de oposición parlamentaria, Gustavo Petro se convirtió en el opositor por excelencia, sobre todo en sus años de senador. En los debates se destacó por su inteligencia, su excelente oratoria y sus exageraciones efectistas.
Como si lo anterior fuera poco, cuando Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, en 1998, Petro era su amigo más cercano y de su mano había hecho las primeras visitas al país. Y en los años de la era Uribe, que fortalecieron las banderas de la seguridad, del antiterrorismo y de la intolerancia frente a la guerrilla, Gustavo Petro se convirtió en el anticristo del uribismo. Petro llegó a meterse con la familia del mandatario en sus debates -con su hermano Santiago y con los negocios de sus hijos, Tomás y Jerónimo-. Uribe le respondió abriendo por primera vez en 20 años un agrio debate sobre su pasado guerrillero, sobre el indulto que le permitió salir de la cárcel -donde había estado durante dos años- y sobre su legitimidad para participar en la política.

El 'coco' del establecimiento, desde el domingo pasado, es el nuevo alcalde de Bogotá. Eso significa haber alcanzado el segundo cargo más importante del país, es un triunfo personal enorme. Derrotó simultáneamente al establecimiento, al uribismo, al Polo Democrático, (partido del cual se salió para montar rancho aparte), y en cierta forma al gobierno, que hubiera preferido a cualquiera de los otros candidatos. Petro logró blindarse con un teflón que hace apenas unos meses habría sido inconcebible, para protegerse de los continuos ataques sobre su pasado, su radicalismo y su amistad con Chávez. Y con su elocuencia, y poniéndose corbata, logró derrotar el miedo que suscitaba.

La clave del éxito fue una transformación genuina de su imagen y de su talante político. Por una parte, después de salirse del Polo fundó un movimiento propio, con el que se inscribió con firmas como candidato a la Alcaldía. Antes de dar ese paso había hecho malabares de pragmatismo político que incluyeron varios saltos triples mortales: denunció el cartel de la contratación contra el gobierno de Samuel Moreno, al que había ayudado a elegir. Igualmente arremetió contra su propio partido, del cual había sido candidato presidencial hace apenas 16 meses; votó por Alejandro Ordóñez para procurador, un conservador de marca mayor; le propuso al presidente Santos, después de su victoria, un acercamiento para dialogar sobre tierras, víctimas y aguas; y en el campo externo dejó la impresión de que se distanció de Chávez.

Gustavo Petro es uno de los mejores ejemplos de las vueltas que puede dar la política y de su naturaleza dinámica. El nuevo alcalde de Bogotá es un líder con un gran olfato político y con demostradas dotes de buen candidato. Perdió su primera elección, cuando se lanzó a la Cámara de Representantes por primera vez, pero después ha demostrado una gran habilidad para conseguir votos: en 2006 obtuvo la segunda votación más alta para el Senado y en 2010 derrotó a Carlos Gaviria en la consulta interna del Polo.

Y el domingo pasado alcanzó su victoria más preciosa: la Alcaldía de Bogotá. Sin maquinaria ni partido, y con una candidatura decidida apenas horas antes del cierre de inscripciones, la hazaña de Petro en la capital es comparable con la de Uribe en el país en 2002: ambos, solitarios, se metieron en un escenario preparado para un libreto muy diferente y al final arrasaron en la elección. En esta ocasión, Petro entendió que para sintonizarse con los sentimientos de los bogotanos necesitaba, ante todo, convencer a los ciudadanos sobre su compromiso y habilidad en la lucha contra la corrupción. Si Enrique Peñalosa consideró que después del desastre de Samuel Moreno la ciudad necesitaba un gerente, Petro interpretó que se requería, más bien, encontrar un gladiador contra la corrupción: su discurso se concentró en criticar a las mafias y al Polo, y en reivindicar su papel como denunciante del carrusel de la contratación.

Otra pieza estratégica fundamental fue contrarrestar el miedo que generaba su imagen. Asumió una actitud de tolerancia estoica: no casó peleas, casi no atacó a sus rivales, adoptó un discurso de inclusión, casi religioso, que echó mano de recursos cursis como el de proponer una "política del amor". Prometió muchas cosas y volvió a demostrar que, en una campaña electoral, el debate entre el "promeserismo populista" y el "no se puede" de quienes apelan a la responsabilidad fiscal suele darles el triunfo a los primeros. El publicista Daniel Vinograd aportó diseños creativos y eslóganes populares, como "Petro es el man", que le dieron alegría y espontaneidad a la campaña.

Petro asumió un gran riesgo político al desempeñar el papel de Llanero Solitario, sobre todo en una competencia en la que las alianzas eran claves y en la que sus rivales lograban apoyos de la talla de Álvaro Uribe, en el caso de Peñalosa, y Antanas Mockus, en el de Gina Parody. Petro tuvo claro que la clave para su victoria estaba en el sentimiento de rebeldía que ha caracterizado al electorado bogotano, que ya había elegido a Lucho Garzón y a Samuel Moreno. Su target fue la clase media. Sabía que los estratos altos eran de Peñalosa y de Gina, y ahí alcanzó a rasguñar apenas un 14 por ciento.

El triunfo de Gustavo Petro despierta un gran interés en la comunidad internacional. El domingo por la noche, el hecho de que un exguerrillero llegara a un cargo de semejante importancia fue la noticia más destacada por las agencias y medios extranjeros, que lo llegaron a comparar con lo que significó para Uruguay el triunfo de José Mujica, o para Brasil, el de Dilma Rousseff. En el campo interno, el triunfo petrista generó incomodidades, a la vez, en la izquierda y en la derecha. Por un lado, la dirigencia del Polo Democrático sufrió el dolor de ser derrotada nada menos que por su excandidato presidencial, que se había ido con un portazo. Y en la otra orilla, buena parte del establecimiento -y el uribismo en bloque- ve con incomodidad la trepada del 'coco'.

Lo anterior no significa que Gustavo Petro sea un hombre de centro. Su lugar es el de una izquierda moderada que pudo triunfar porque la derecha moderada se dividió entre Enrique Peñalosa, Gina Parody y Carlos Fernando Galán.

El triunfo de un exguerrillero sin partido que vence en un cargo de la importancia de Bogotá tendrá muchas repercusiones positivas para la democracia. De alguna manera, reivindica la idea de que los caminos institucionales son más eficientes que la lucha armada para que la izquierda llegue al poder. El mensaje para la guerrilla es muy claro: desmovilizarse puede valer la pena. También para la izquierda dogmática, que se quedó reducida a un porcentaje ínfimo en estas elecciones, después de haber perdido también terreno en el Congreso el año pasado. Con su triunfo -y el de Raúl Delgado en la Gobernación de Nariño, un fenómeno parecido y cercano al de Bogotá-, Petro quedó, por ahora, como dueño del espacio que hay en Colombia para una izquierda democrática. La única rival que tiene a la vista es Clara López. De paso, su triunfo le permitirá al presidente Santos argumentar que, a pesar de las sólidas mayorías oficialistas, la Unidad Nacional no es ninguna aplanadora asfixiante.

El tono del discurso de victoria del nuevo alcalde deja claro que habrá Petro para rato. El contenido de su intervención tocó temas nacionales que poco o nada tienen que ver con sus responsabilidades como alcalde. Dejó claro que para él la Alcaldía es la primera etapa de la creación de un movimiento nacional que tiene en miras la Presidencia. Para esto sabe que tiene que ser conciliador y constructivo. Como buen converso, es seguro que no caerá en los radicalismos estatizantes y socialistas que le endilgan sus enemigos. Le va a convenir el momento que vive la ciudad, que si bien es crítico, le permitirá cosechar lo que ya está sembrado. Los principales entuertos de los contratos ya están solucionados, las obras se irán entregando poco a poco y las finanzas de la ciudad están en negro. Sabe que ser el sucesor de la Bogotá fallida de Samuel Moreno es una oportunidad única. Y no está dispuesto a desaprovecharla.


miércoles, octubre 12

AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE DETENER A BUSH. (HABLANDO DE "IUS COGENS".......)

Nota del Editor: 

 De acogerse esta petición, de hecho improbable y mas simbólica que materializable, se estaría dando la prueba mayor de que existen normas por encima de la misma legalidad que atribuyen los estados al derecho internacional y  por ser de respeto a los derechos humanos, de obligatorio cumplimiento  y que obligan a las personas y a los estados, así no hagan parte de los convenios  universales o de los tratados entre estados o países por que corresponden al sentir común de la humanidad, plasmada en el derecho consuetudinario.  Ya se ha avanzado al respecto, en los casos de Pinochet y Fujimori, entre otros, pero como decimos los colombianos, "amanecerá y veremos".



TOMADO DE EL ESPECTADOR.COM

 para el Ex presidente estadounidense.

Amnistía Internacional insta a Canadá a detener y procesar a George W. Bush

Por: AFP

Está previsto que Bush asista a una cumbre económica en la provincia canadiense de British Columbia el 20 de octubre.


Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles a las autoridades canadienses que detengan y procesen a George W. Bush, diciendo que el expresidente estadounidense autorizó la "tortura" cuando dirigió la guerra contra el terrorismo que lideró Estados Unidos.

Está previsto que Bush asista a una cumbre económica en la provincia canadiense de British Columbia el 20 de octubre.
La petición consta en un memorando enviado por la a las autoridades canadienses el 21 de septiembre, indicó AI en un comunicado.
"Canadá está obligado por sus obligaciones internacionales a detener y procesar al ex presidente Bush por su responsabilidad en los crímenes contra el derecho internacional, entre ellos la tortura", declaró Susan Lee, directora de la organización para América.
"Como las autoridades de Estados Unidos no han, hasta ahora, citado a Bush ante la justicia, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá se abstiene de actuar durante su visita, eso constituirá una violación de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y será una manifestación de desprecio a los derechos humanos", añadió.
Las acusaciones de AI se refieren principalmente al programa secreto de la CIA ejecutado entre 2002 y 2009, que infligía a los detenidos, según la organización, "tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desapariciones forzosas".
Durante su mandato, señala AI, Bush autorizó "técnicas reforzadas de interrogación", entre ellas "el simulacro de ahogamiento".
Ningún portavoz del gobierno de Canadá estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Bush canceló una visita a Suiza en febrero, tras enfrentar llamados públicos similares para su detención.
Alex Neve, secretario general de la filial canadiense de AI, dijo en una rueda de prensa que el grupo continuará su causa contra el ex presidente de Estados Unidos con los gobiernos de otros países que Bush pueda visitar.
"Los torturadores deben enfrentar a la justicia y sus crímenes son tan atroces que la responsabilidad de garantizar justicia es compartida por todas las naciones", dijo Neve.

jueves, octubre 6

Lo dijo el Vice: "'No necesariamente sanción a victimario debe ser la cárcel'"

N. del E:  Por increible que parezca, nuestro Vicepresidente, un hombre de extraccion popular, de izquierda y que no es abogado, sabe mas de solucion de conflictos y de justicia transicional que muchos de nuestros doctos juristas y legisladores. Una voz que hay que escuchar, cuando de trata de buscarle salidas civilizadas a la guerra en colombia.

'No necesariamente sanción a victimario debe ser la cárcel': A. GarzónPor: REDACCIÓN POLÍTICA EL TIEMPO | 10:22 a.m. | 06 de Octubre del 2011

El Vicepresidente dijo que es necesario encontrar mecanismos "para acabar con la violencia".

Durante la instalación del foro 'Medios de comunicación y justicia transicional', organizado por la Comisión de Reparación y algunos medios, entre ellos EL TIEMPO, Garzón defendió la Ley de Víctimas y dijo que "el perdón no significa el olvido".
"A los victimarios tenemos que sancionarlos y una sanción puede ser que sean capaces de pedir perdón públicamente a las víctimas y a la sociedad, y otra sanción puede ser el compromiso público de nunca más volver a incurrir en acciones de víctimarios", afirmó Garzón.
El vicepresidente agregó que "no necesariamente la sanción a un victimario siempre tiene que ser la cárcel. Pueden haber sanciones morales y éticas mucho más fuertes".
"Tenemos que estimular en las víctimas la cultura del perdón, que no significa el olvido", dijo.
Sobre la Ley de Víctimas, afirmó que era una "deuda" del Estado con los afectados con la violencia", y que durante mucho tiempo "fuimos más generosos con los victimarios que con las víctimas".
El funcionario también pidió iniciar un debate nacional entre profesores y estudiantes universitarios para acabar con el uso de la capucha en las protestas sociales.
Según él, "detrás de la capucha se  ha perseguido hasta la muerte a muchos seres humanos".
Mañana está convocado un paro nacional de los trabajadores oficiales, en protesta por algunas acciones gubernamentales.
Garzón también se refirió al juzgamiento de policías y militares por actos cometidos por orden de sus superiores, y habló de la necesidad de encontrar un camino para sancionar estos casos.
El evento avanza con una mesa sobre el rol del periodista en contextos de transición, en la cual participan, entre otros, el guatemalteco Gustavo Berganza y el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo

miércoles, octubre 5

"LA JUSTICIA TRANSICIONAL BUSCA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, NO DEBILITARLO"

  UN EJEMPLO DE NUUESTOS MAGNOS "JURISCONSULTOS LEGISLADORES", QUE PROPONEN UNA REFORMA CONSTITUCIONAL CONFUSA, ANTITECNICA, CONTRADICTORIA, CON INDEFINICIONES, Y  MAL ARGUMENTADA.  

???HABRA GATO ENCERADO???
???DONDE ESTARA COGADO EL MICO???
???NOS TENDREMOS QUE TRAGAR UN SAPO???

Los reparos al "marco legal para la paz" de Roy Barreras
Para el abogado Michael Reed (izquierda) la propuesta de un marco legal para la paz tiene varios errores conceptuales. El senador Roy Barreras (derecha) aduce que es un instrumento para "desmovilizar a los victimarios"


POLÍTICA

El experto en justicia transicional Michael Reed considera que la reforma constitucional para darle herramientas al Gobierno para encarar un eventual proceso de paz es "antitécnica, innecesaria, confusa" y está mal argumentada.
Martes 4 Octubre 2011

En Colombia hay una tendencia a buscar arreglarlo todo a punta de leyes. El conflicto armado no ha sido la excepción. Para la muestra, esta semana arranca la discusión del proyecto de Acto Legislativo bautizado por el senador Roy Barreras “marco legal para la paz”.

Se trata de una reforma constitucional que, en teoría, pretende darle las herramientas legales al Ejecutivo para que pueda garantizar una eventual desmovilización masiva de los grupos ilegales y cerrar el ciclo de la violencia.

Para analistas como Michael Reed, exdirector del Centro Internacional para la Justicia Transicional e investigador de la Corporación Punto de vista, esta es una iniciativa inconveniente. En su criterio, es antitécnica, innecesaria y contradictoria. Sus apreciaciones fueron expuestas con detalle en el artículo El nuevo marco jurídico para la paz: una propuesta inconveniente publicado en RazónPublica.com.

La propuesta

La reforma constitucional, que el Gobierno apoya, consta de tres artículos. El primero es transitorio, es decir, su vigencia es temporal. En este está el contenido más grueso de la iniciativa.

Dice que los instrumentos de la justicia transicional tienen como fin la terminación del conflicto armado y que serán “temporales y excepcionales”.

Señala que la ley podrá diseñar instrumentos “judiciales” y “no judiciales” para garantizar el deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables amparando los derechos de las víctimas.

Pero además dice que el Gobierno podría dar “un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Esta disposición fue agregada en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El proyecto faculta al Gobierno para presentar un proyecto de ley para determinar los criterios de “priorización y selección” de los casos en materia penal.

Agrega que, según los criterios de priorización y selección establecidos en la ley, el legislador podrá “autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de pena”. En estos casos se aplicarán mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, dice.

En el segundo artículo de la propuesta se agrega un párrafo al artículo 122 de la Constitución que dice que si el Gobierno los dispone y las mayorías en Senado y Cámara lo aprueban, los desmovilizados en un proceso de paz y condenados por delitos graves podrán ser elegidos o ser funcionarios o celebrar contratos con el Estado, lo que hasta ahora está prohibido.

El tercer artículo es el que dice que el Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

La propuesta, según Barreras, no es “el inicio de un diálogo de paz”. Es más, para él ni siquiera es el momento de hablar de “generosidades del Gobierno” y ya está sepultada la posibilidad de un “indulto” o una amnistía para las guerrillas que se desmovilicen.

En su opinión, se trata más bien de una propuesta para evitar lo que ocurrió con el proceso de Justicia y Paz, y es la falta de celeridad en los procesos judiciales.

Los reparos

Para Reed, la reforma constitucional es innecesaria. Primero porque la Constitución no sólo autoriza, sino que exige, la protección de las víctimas, y esto ya lo ha hecho el Congreso.

Reed advierte que si lo que pretende el proyecto es introducir un nuevo rasero en un marco de justicia “excepcional”, entonces el proyecto es oscuro. “La justicia transicional debe buscar fortalecer el Estado de derecho, no debilitarlo”.

En segundo lugar el analista considera que el acto legislativo está plagado de contradicciones. Y menciona dos “irreconciliables”: que la ponencia de primer debate dice que es para procesos futuros, pero “busca resolver los problemas creados por la ley de Justicia y Paz”, y que argumentan que los mecanismos de justicia transicional están en crisis pero el proyecto se presenta como una respuesta a la Ley de Víctimas (que es una herramienta de justicia transicional). “Es el mundo al revés —dice el experto—: la reforma constitucional se inserta en una ley”.

En criterio del especialista, el proyecto tiene otra debilidad producto de la confusión. Se refiere a que los ponentes de la iniciativa consideran que la justicia transicional se debe aplicar de manera gradual, “durante un período que queda sin determinar”. Barreras, además, ha dicho que este proyecto, junto a otras leyes como la 418 de orden público y la 1424 para los desmovilizados que no están en Justicia y Paz, es herramienta para cerrar capítulos del conflicto.

Reed replica: “La necesidad de acabar el conflicto por vía negociada es un anhelo que muchos podemos compartir, pero que la justicia transicional sirva para acabarlo es una equivocación conceptual que podemos pagar duramente”.

El analista considera que antes de formular cambios constitucionales, es necesario un escenario político para la paz, de lado y lado, y cualquier medida de reconciliación debe ser debatida con la población civil.
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto está en la justificación del uso de herramientas no judiciales de investigación y de sanción para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. Barreras y el ponente del proyecto en la Cámara, Carlos Edward Osorio Aguiar, de la U, aducen que no existe en el sistema interamericano de Derechos Humanos una prohibición del uso de esos mecanismos no judiciales. Los congresistas citan además el Estatuto de Roma en la parte donde se define la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los casos en los que los Estados no estén dispuestos a investigar y juzgar un caso o no puedan hacerlo.
Para Reed, la argumentación de Barreras es una interpretación amañada y “posiblemente malintencionada”.
“El Estado no puede obviar su obligación de investigar y establecer responsabilidades por vía judicial en relación con delitos atroces… la obligación estatal de investigar y establecer responsabilidades frente a violaciones graves no se puede devaluar y la actuación judicial no se puede hacer desaparecer, bajo los embrujo del deseo”.
El proyecto también está justificado en el argumento de que Justicia y Paz falló, pero entonces, ¿por qué cambiar la Constitución, si lo que está mal es una ley? Para Reed el problema no es el régimen constitucional, sino el diseño de esa ley “que puso en manos del Ejecutivo y no de la Fiscalía la posibilidad de vincular a personas a la iniciativa”.
Otra crítica a la iniciativa es que le da la facultad de suspender una pena o un proceso de investigación al Ejecutivo, por aprobación del Legislativo. Para el experto esa es una propuesta que viola el principio de independencia del poder judicial. Lo propio ocurre con darle las facultades al Ejecutivo para decidir quién es más responsable o menos responsable porque la justicia se convertiría en un “bien transable políticamente”.
Al final Reed argumenta que en el afán de presentar el proyecto, sus creadores abren la puerta a que narcotraficantes y criminales sean funcionarios o elegidos en cargos de elección popular. Si bien uno de los temas clave de un eventual proceso de desmovilización es la participación política del grupo desmovilizado, la propuesta de reforma debe estar mucho mejor redactada, pues “no todo es negociable”.
Un aspecto que no menciona el analista en su artículo es la posibilidad de que los militares sean cobijados por “un tratamiento diferenciado” de justicia. El representante Osorio ha dicho que los militares no pueden ser tratados igual que los combatientes de los grupos ilegales. Pero ese argumento abre otras dudas como: ¿Cuál entonces será el tratamiento que recibirán los investigados por ejecuciones judiciales (falsos positivos)?
Quien ya ha expresado su reparo a esta posibilidad es el representante liberal Guillermo Rivera, quien en artículo de el diario El Tiempo calificó de “gravísima” la posibilidad de que militares involucrados en falsos positivos sean cobijados por mecanismos de justicia transicional o penas alternativas.
El debate, por tratarse de una reforma constitucional, tendrá ocho rounds. La discusión apenas comienza.