"LA JUSTICIA TRANSICIONAL BUSCA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, NO DEBILITARLO"

  UN EJEMPLO DE NUUESTOS MAGNOS "JURISCONSULTOS LEGISLADORES", QUE PROPONEN UNA REFORMA CONSTITUCIONAL CONFUSA, ANTITECNICA, CONTRADICTORIA, CON INDEFINICIONES, Y  MAL ARGUMENTADA.  

???HABRA GATO ENCERADO???

???DONDE ESTARA COGADO EL MICO???

???NOS TENDREMOS QUE TRAGAR UN SAPO???

Los reparos al "marco legal para la paz" de Roy Barreras

Para el abogado Michael Reed (izquierda) la propuesta de un marco legal para la paz tiene varios errores conceptuales. El senador Roy Barreras (derecha) aduce que es un instrumento para "desmovilizar a los victimarios"

POLÍTICA

El experto en justicia transicional Michael Reed considera que la reforma constitucional para darle herramientas al Gobierno para encarar un eventual proceso de paz es "antitécnica, innecesaria, confusa" y está mal argumentada.

Martes 4 Octubre 2011

En Colombia hay una tendencia a buscar arreglarlo todo a punta de leyes. El conflicto armado no ha sido la excepción. Para la muestra, esta semana arranca la discusión del proyecto de Acto Legislativo bautizado por el senador Roy Barreras “marco legal para la paz”.

Se trata de una reforma constitucional que, en teoría, pretende darle las herramientas legales al Ejecutivo para que pueda garantizar una eventual desmovilización masiva de los grupos ilegales y cerrar el ciclo de la violencia.

Para analistas como Michael Reed, exdirector del Centro Internacional para la Justicia Transicional e investigador de la Corporación Punto de vista, esta es una iniciativa inconveniente. En su criterio, es antitécnica, innecesaria y contradictoria. Sus apreciaciones fueron expuestas con detalle en el artículo El nuevo marco jurídico para la paz: una propuesta inconveniente publicado en RazónPublica.com.

La propuesta

La reforma constitucional, que el Gobierno apoya, consta de tres artículos. El primero es transitorio, es decir, su vigencia es temporal. En este está el contenido más grueso de la iniciativa.

Dice que los instrumentos de la justicia transicional tienen como fin la terminación del conflicto armado y que serán “temporales y excepcionales”.

Señala que la ley podrá diseñar instrumentos “judiciales” y “no judiciales” para garantizar el deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables amparando los derechos de las víctimas.

Pero además dice que el Gobierno podría dar “un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Esta disposición fue agregada en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El proyecto faculta al Gobierno para presentar un proyecto de ley para determinar los criterios de “priorización y selección” de los casos en materia penal.

Agrega que, según los criterios de priorización y selección establecidos en la ley, el legislador podrá “autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de pena”. En estos casos se aplicarán mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, dice.

En el segundo artículo de la propuesta se agrega un párrafo al artículo 122 de la Constitución que dice que si el Gobierno los dispone y las mayorías en Senado y Cámara lo aprueban, los desmovilizados en un proceso de paz y condenados por delitos graves podrán ser elegidos o ser funcionarios o celebrar contratos con el Estado, lo que hasta ahora está prohibido.

El tercer artículo es el que dice que el Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

La propuesta, según Barreras, no es “el inicio de un diálogo de paz”. Es más, para él ni siquiera es el momento de hablar de “generosidades del Gobierno” y ya está sepultada la posibilidad de un “indulto” o una amnistía para las guerrillas que se desmovilicen.

En su opinión, se trata más bien de una propuesta para evitar lo que ocurrió con el proceso de Justicia y Paz, y es la falta de celeridad en los procesos judiciales.

Los reparos

Para Reed, la reforma constitucional es innecesaria. Primero porque la Constitución no sólo autoriza, sino que exige, la protección de las víctimas, y esto ya lo ha hecho el Congreso.

Reed advierte que si lo que pretende el proyecto es introducir un nuevo rasero en un marco de justicia “excepcional”, entonces el proyecto es oscuro. “La justicia transicional debe buscar fortalecer el Estado de derecho, no debilitarlo”.

En segundo lugar el analista considera que el acto legislativo está plagado de contradicciones. Y menciona dos “irreconciliables”: que la ponencia de primer debate dice que es para procesos futuros, pero “busca resolver los problemas creados por la ley de Justicia y Paz”, y que argumentan que los mecanismos de justicia transicional están en crisis pero el proyecto se presenta como una respuesta a la Ley de Víctimas (que es una herramienta de justicia transicional). “Es el mundo al revés —dice el experto—: la reforma constitucional se inserta en una ley”.

En criterio del especialista, el proyecto tiene otra debilidad producto de la confusión. Se refiere a que los ponentes de la iniciativa consideran que la justicia transicional se debe aplicar de manera gradual, “durante un período que queda sin determinar”. Barreras, además, ha dicho que este proyecto, junto a otras leyes como la 418 de orden público y la 1424 para los desmovilizados que no están en Justicia y Paz, es herramienta para cerrar capítulos del conflicto.

Reed replica: “La necesidad de acabar el conflicto por vía negociada es un anhelo que muchos podemos compartir, pero que la justicia transicional sirva para acabarlo es una equivocación conceptual que podemos pagar duramente”.

El analista considera que antes de formular cambios constitucionales, es necesario un escenario político para la paz, de lado y lado, y cualquier medida de reconciliación debe ser debatida con la población civil.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto está en la justificación del uso de herramientas no judiciales de investigación y de sanción para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. Barreras y el ponente del proyecto en la Cámara, Carlos Edward Osorio Aguiar, de la U, aducen que no existe en el sistema interamericano de Derechos Humanos una prohibición del uso de esos mecanismos no judiciales. Los congresistas citan además el Estatuto de Roma en la parte donde se define la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los casos en los que los Estados no estén dispuestos a investigar y juzgar un caso o no puedan hacerlo.

Para Reed, la argumentación de Barreras es una interpretación amañada y “posiblemente malintencionada”.

“El Estado no puede obviar su obligación de investigar y establecer responsabilidades por vía judicial en relación con delitos atroces… la obligación estatal de investigar y establecer responsabilidades frente a violaciones graves no se puede devaluar y la actuación judicial no se puede hacer desaparecer, bajo los embrujo del deseo”.

El proyecto también está justificado en el argumento de que Justicia y Paz falló, pero entonces, ¿por qué cambiar la Constitución, si lo que está mal es una ley? Para Reed el problema no es el régimen constitucional, sino el diseño de esa ley “que puso en manos del Ejecutivo y no de la Fiscalía la posibilidad de vincular a personas a la iniciativa”.

Otra crítica a la iniciativa es que le da la facultad de suspender una pena o un proceso de investigación al Ejecutivo, por aprobación del Legislativo. Para el experto esa es una propuesta que viola el principio de independencia del poder judicial. Lo propio ocurre con darle las facultades al Ejecutivo para decidir quién es más responsable o menos responsable porque la justicia se convertiría en un “bien transable políticamente”.

Al final Reed argumenta que en el afán de presentar el proyecto, sus creadores abren la puerta a que narcotraficantes y criminales sean funcionarios o elegidos en cargos de elección popular. Si bien uno de los temas clave de un eventual proceso de desmovilización es la participación política del grupo desmovilizado, la propuesta de reforma debe estar mucho mejor redactada, pues “no todo es negociable”.

Un aspecto que no menciona el analista en su artículo es la posibilidad de que los militares sean cobijados por “un tratamiento diferenciado” de justicia. El representante Osorio ha dicho que los militares no pueden ser tratados igual que los combatientes de los grupos ilegales. Pero ese argumento abre otras dudas como: ¿Cuál entonces será el tratamiento que recibirán los investigados por ejecuciones judiciales (falsos positivos)?

Quien ya ha expresado su reparo a esta posibilidad es el representante liberal Guillermo Rivera, quien en artículo de el diario El Tiempo calificó de “gravísima” la posibilidad de que militares involucrados en falsos positivos sean cobijados por mecanismos de justicia transicional o penas alternativas.

El debate, por tratarse de una reforma constitucional, tendrá ocho rounds. La discusión apenas comienza.

UNA BUENA APRECIACIÓN ECONÓMICA.

¿LE PARECE VERGONZOSO? ¿PIENSA QUE ESTO NO PUEDE ESTAR SUCEDIENDO EN COLOMBIA? DESE UNA VUELTA POR LAS RIBERAS DEL RIO ATRATO.

UNA NOTA PERIODISTICA SOBRE EL ALCANCE DE MENOS DE 180 O 190  MIL PESOS MENSUALES.    INSISTIMOS: LA CORRUPCIÓN DEBE SER DELITO DE LESA HUMANIDAD.

EN EL RIO ATRATO ESTA AMARGA REALIDAD  ES COTIDIANA, POR QUE SE HAN ROBADO LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN, LA EDUCACIÓN,  Y LAS CONDICIONES TANTO DE LOS INDIGENAS, LOS AFRODESCENDIENTES Y LOS COLONOS SON DENIGRANTES. NO HAY PRESENCIA DEL ESTADO.

TOMADO DE REVISTA SEMANA.COM NACIÓN

"Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos Niños mueran"

La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante a la Cámara Ángela María Robledo. ICBF en el Meta responde.

Lunes 26 Septiembre 2011

Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en el Chocó.

Robledo se preguntó cuál es verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad.

Robledo recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.

"En agosto de 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en el Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.

No obstante, la congresista dijo que el Viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".

Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y mestizos.

Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".

"La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, el Chocó y el Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.

Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por micro regiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea".

De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se manejen de manera local. El ICBF tiene 500 mil millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan la gestión local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.

Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".

ICBF responde

Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional del Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó.

Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.

A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de Unicef, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.

Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre de 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).

Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.

La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió.

Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".

Por su parte, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".

Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en el Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre a la población indígena y a los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.

Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en el orden zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".

MILAGRO GUBERNAMENTAL:LOS ECONOMISTAS BOGOTANOS IDENTIFICAN LA FRONTERA DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL . $180.000 . PREMIO NOBEL EN CAMINO.

Una  hazaña mas de nuestros técnocratas, que lograron identificar la antes indeducible línea fronteriza que separa la ostentosa riqueza que  tratan de ocultar la gran mayoria de los colombianos de  la pobreza y la exclusión social, que gracias a esa habilidosa y decidida maniobra econometrista, saca de un plumazo a decenas de millones de compatriotas de la indigencia y la pobreza y por "arte de mafia"  los coloca en el escenario de la riqueza y los lanza al mundo del consumo desaforado y ostentoso.

!!!que maravilla¡¡¡  nunca nadie en el mundo económico se ha atrevido a desafiar de esa forma a los ricos, a afrentarlos de esta manera, la mas ofensiva del mundo para ellos, sacandolos del mundo de la exclusividad casi inalcanzable y filandolos al lado de millones de los que segundos antes eran considerados lumpen proletariado,  guacherna, despojos menos que humanos destinados a sustentar con su sobreexplotacion, la economía de quienes hoy abren los ojos a esa dolorosa realidad que les señalan nuestros valientes economistas gubernamentales. A partir del gobierno de Santos, hay mas ricos, es mas, casi no hay pobres, lo que pone a los ricos de antes  (incluyendo al presidente Santos ) en medio del vulgo, del pueblo, los reduce humanamente al nivel de los guaches.

Una verdadera revolución.

Y algunos ingenuos denigrando del sistema, atacando al gobierno, y otros, peores aun,  ejerciendo el terrorismo,   matando y haciendose matar por que querian un cambio,  por que no resistían más las condiciones de pobreza en que los habian condenado a vivir, sin saber siquiera que un dia los santos economistas llegarian a solucionar sus problemas, trazando una simple raya que los incluiria del lado de los ricos, terminando de un plumazo todos sus motivos de resentimiento.

Los colombianos no podemos todavía creer esa maravillosa realidad que nos señalan los genios de la planeación nacional. Nos han marcado un nuevo rumbo, nos llevan, con solo imprimir un papel al mejor de los escenarios posibles y nos costará mucho adaptarnos a esa maravillosa realidad. Por que practicamente todos los colombianos hoy, somos ricos y  todavía no nos hemos dado cuenta.

Muy pocos, realmente muy pocos colombianos tienen entre la suma de todos sus haberes menos de 180 o 200 mil pesos.  Busquese un habitante de la calle, y verá que sumando el valor de sus chiros raidos, los cartones bajo los que duerme, el carro de rodillos en que arrastra sus pertenencias y el perrito famelico que lo acompaña a todos lados y le brinda un poco de calor por la noche,   tiene un patrimonio superior a esa suma.  (sin tener en cuenta el valor del perro al que debe valorar muchisimo mas que 180 mil pesos, por que si no, ya se lo habría comido en un ataque de hambre.)

Ahora, no digan que no es capaz de conseguirse mas de 180 mil pesos  mensualmente, por que, por ejemplo, el solo hurgar entre las sobras que hay en la basura de restaurantes que ofrecen platos de $70 mil o $100 mil pesos, en un solo dia puede ser capaz de conseguir alimentación por esa suma e incluso más.

Ahora, nuevos ricos, preparense o mejor preparemonos por que tendremos que pagar impuestos por eso y sostener la guerra por que el esfuerzo que hace el Estado para defender nuestra vida y patrimonios será mas costoso aún, pues los muy pocos pobres que quedaron se van a venir con todo a tratar de despojarnos de los mas de 180 mil pesos representados en las joyas, los dolares, las fincas, los carros, los cartones, las sobras, el carrito de rodillos y el perro.


Por: AJGF

A LA MEMORIA DEL APOSTOL JUDAS (Quien al menos tuvo la decencia de ahorcarse.)

N. del E. : Transcribimos a continuación una columna aparecida en el periódico URABA HOY en la edición que circuló en el mes de febrero de 2008. Se dio la "casualidad"  de que a partir de entonces arreciaron las amenazas e incluso los atentados en contra de integrantes del periódico, lo que condujo a la administración a tomar la muy lamentable pero forzada decisión de terminar la edición de dicho medio de prensa escrita, cierre que aun hoy persiste por la censura impuesta por los violentos.
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A LA MEMORIA DEL APÓSTOL JUDAS.

(Quien al Menos Tuvo la Decencia de Ahorcarse)

Por Juan R. García F,  (Filósofo - Consultor Político)

Preocupa y molesta ver cómo el Gobierno Nacional quiere salirse por la tangente en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas. Ahora, cuando el municipio de Medellín quiere “devolverle” los más de 5.000 desmovilizados que acoge en su programa de reintegración, el gobierno dice que, por el contrario, quiere “regionalizar” ese proceso, devolviéndole la pelota a los entes territoriales. ¿Por qué será que cuando las cosas se ponen duras, el más débil acaba siempre pagándolas, y nadie lo quiere, como a pandequeso maluco?

Recordemos que el proceso de paz de las Autodefensas ha sido usado como trapo cocinero del gobierno del doctor Uribe para intentar limpiar su imagen política desde el año 2002. Sin importarle lo más mínimo el destino de más de 30.000 familias o de las regiones, se adelantó un proceso pensando que al darle las llaves al ladrón, o al amarrar el gato con longaniza, se resolvía todo más fácil. Así pues, se orientó un proceso improvisando (en el mejor de los casos), o bajo los lineamientos esbozados por ex miembros del M19 que criticaban a Uribe, y a la luz de los estudios de Ernesto Yamhure, quien se aprovechó de la confianza que como a su asesor y amigo le tuvo Carlos Castaño, para plasmar en una torpe tesis académica una mala radiografía de las Autodefensas, en abstracción de las diferentes circunstancias de las regiones colombianas, la cuál debió servir para los ensayos que el doctor Restrepo, verdadero doctor Mengele de la paz, hizo con las personas que aceptaron someterse a un proceso en el que todo parecía diseñado por el Gobierno, y por algunos de sus asesores, para que terminase mal.

En 2002, en una reunión con más de 70 comandantes de las Autodefensas de todo el país para trazar la hoja de ruta de un eventual proceso de paz, y en la que participábamos en calidad de asesores los señores Juan Rubini, Ernesto Yamhure y yo Juan Rodrigo García, ante mi propuesta de un modelo de proceso regionalizado que atendiese a las causas objetivas de la violencia subversiva y antisubversiva en las diferentes zonas del país, mi posición fue ridiculizada por el señor Yamhure, al afirmar que “eso de las causas objetivas y subjetivas de la violencia ya no se estudia siquiera”, y que ahora el tema era “¡coca, coca y coca!”. Yo no estuve de acuerdo, como tampoco lo estuvieron algunos de los asistentes, y aún hoy, creo que estamos en mora de rectificar el rumbo complementando la obligación del estado de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos, con una verdadera política de paz que tenga en cuenta las causas y los factores regionales que dinamizan la violencia en Colombia.

No podemos seguir pensando, como afirma Yamhure en su columna de esta semana en El Espectador, que quienes alegamos la necesidad de una política de diálogo con la subversión, queremos volver a la farsa del Caguán, o hacer que el país regrese al fango en el que estaba hace 7 años. Al contrario, quienes defendemos la tesis del diálogo, pensamos que por ese camino podemos alcanzar una paz digna para los colombianos, que nos beneficie a todos, no sólo a los grandes monopolios comerciales. La confianza inversionista de la que tanto se habla como conquista de la seguridad democrática, sólo está sirviendo para hacernos más vulnerables y débiles. Las grandes cadenas comerciales, ahora en manos extranjeras, se encargarán de que sigamos consumiendo carne brasileña, maíz argentino, arroz tailandés, ropa china y en fin, todo comprado donde más barato salga, para vendérnoslo lo más caro que puedan, mientras sólo lo ilícito nutre la capacidad de consumo de un país de regiones agobiado por la pobreza, el desempleo y el abandono del campo. 

Luego de recibir los fusiles de las Autodefensas, el presidente Uribe ha sacado pecho en todas partes, diciendo que la prueba de que él no tenía nada que ver con el fenómeno paramilitar es el haber sido él, y no otro presidente, quien puso presos y ha extraditado a los comandantes de las Autodefensas. Permítanme decir que eso no prueba nada, pues aunque Judas entregó a Jesús, no por eso fue menos uno de los doce apóstoles. De la misma manera opino, que aunque el doctor Yamhure sea fiel escudero del fiel escudero del presidente, el ministro de agricultura, y sea asesor o empleado de la oficina del alto comisionado para la paz, no por eso es menos cierto que Carlos Castaño lo quería como amigo, lo respetaba como asesor, y hasta donde tengo conocimiento, le pagaba. 

UN SABIO CONSEJO

Uribe y la justicia internacional

Por León Valencia tomado de semana.com

OPINIÓN Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional.

Sábado 10 Septiembre 2011

Hace unas semanas, el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga le dijo a Clara Elvira Ospina en su programa de opinión en RCN Televisión que a Álvaro Uribe le preocupaban las eventuales acciones que alguna Corte internacional de justicia pudiera emprender contra él. Algo parecido me había dicho Zuluaga a finales del año pasado en la ciudad de Madrid cuando acudíamos a un encuentro de líderes de América Latina.

Hablamos del asunto y le manifesté que veía muy remota esa posibilidad, aunque sabía que varias organizaciones de derechos humanos estaban recopilando información y buscando la manera de incubar procesos en organismos internacionales. También le expresé que llevar nuestro conflicto a instancias foráneas y poner en manos de jueces y fiscales extranjeros a dirigentes políticos o jefes militares con un papel relevante en la confrontación interna prolongaría nuestra guerra y alejaría la reconciliación.

He vuelto a pensar en esa conversación con el exministro en estos días a raíz de la visita de Isabelle Durant, vicepresidenta del Parlamento Europeo, a recoger información sobre las 'chuzadas' del DAS; del artículo de The Washington Post sobre el mismo tema; de las sesiones que realizó en nuestro territorio la Corte Interamericana de Derechos humanos y de las labores que adelanta el juez Baltasar Garzón. Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos. 

Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI.

Ahora bien, creo que las reacciones del expresidente Uribe frente a las indagaciones, su actitud ante la justicia colombiana y su crítica a las iniciativas de paz no contribuyen a alejar un posible interés de la justicia internacional para intervenir en nuestro país. A la señora Durant le dijo: "Isabelle Durant, del Parlamento Europeo, viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente". La calificación para el informe de The Whasington Post fue: "Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo".

No ha sido menos agresiva la posición frente a las Cortes. La Corte Suprema y la Fiscalía han sido acusadas reiteradamente de participar en conspiraciones, de ser voceras del terrorismo y de tener un sesgo político. La situación llegó al extremo de aconsejarle a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado que se asilara en Panamá y eludiera la acción de la justicia colombiana porque no existían garantías para su juicio. 

No creo que exista una manera más eficaz de promover la intervención de jueces y fiscales extranjeros en nuestro territorio. Me imagino la exasperación de sectores del Parlamento Europeo ante la desmedida acusación de Uribe a la señora Durant y el asombro de los periodistas de The Washington Post señalados de simpatizantes del terrorismo. Me imagino también la evaluación que hacen de nuestra justicia cuando un líder político que gobernó al país durante ocho años le recomienda a una funcionaria que se asile porque no hay garantías en su país. Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional. 

Uribe debería parar esa carrera loca hacia los tribunales internacionales, bajarle intensidad a la polarización y contribuir a la reconciliación del país. En esa situación las organizaciones de derechos humanos podrían cesar el esfuerzo de abrirle procesos en el exterior al exmandatario. Un pronto y verdadero proyecto de paz nos ahorraría el dolor de ver desfilar ante tribunales extranjeros a líderes colombianos de todos los bandos. 

MANO DERECHA (caricatura por Leo tomado de semana.com)

Acceso a internet, derecho fundamental!!!

N del E: Esta si que la tenemos que pelear, para que el acceso a la internet sea suministrado por el Estado, sea universal y sin costo. Por que si no   !Lo unico que ganaremos será el derecho a pagar la factura.!!! 





 Acceso a internet, derecho fundamental 
 Por: Carolina Botero Cabrera 


 El derecho de acceso a internet debe ser pensado como medio y no como fin, es un medio necesario para el ejercicio de derechos fundamentales y esto será cada vez más cierto a juzgar por la forma como avanzan las agendas de gobierno en línea. Enlaces patrocinados - PauteFacil.com›Anuncie Aquí internet para conseguir el pasado judicial, imprimir el carnet del Sisbén, obtener el PIN para pagar el POS, preinscribir los hijos en los colegios, inscribirse para el Icfes, ingresar a un curso en el Sena. Otros trámites como pagar servicios públicos, conseguir un extracto bancario, seguir un paquete enviado, etc., son trámites que usan internet aun de forma más generalizada. Simón Gaviria y Honorio Galvis, alineados con las recomendaciones del relator de la ONU Frank La Rue, presentaron ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que este acceso sea derecho fundamental. En las discusiones que se vienen no debemos aislar el tema filosófico de la propuesta para trivializarlo como una propuesta de entretenimiento en casa o concentrarnos sólo en el costo de la infraestructura de conexión per cápita, como aparece en entrevista reciente de Mintic en Enter. El énfasis en la visión de La Rue está en la obligación positiva de los estados para facilitar el acceso universal a internet, que incluye crear un entorno legal que promueva y regule el costo de los intermediarios necesarios; pensar en nuestro entorno no sólo en computadores en hogares sino, más importante, a través de centros comunitarios y otros puntos de acceso público; en promover la educación sobre su uso y en facilitarlo para personas con discapacidad y menos favorecidas. Reconocer este derecho da a los esfuerzos estatales en marcha un marco jurídico sólido para integrar sus proyectos más allá de conectividad y, claro, asegura a los ciudadanos que pueden reclamarlo. Por ejemplo, si un día la asignación de escuelas es por internet, ¿bastará con que los padres estén conectados? o ¿puede pensarse más allá y fortalecer estructuras públicas comunes existentes? Seguramente las bibliotecas serán ejes de apoyo a procesos de participación y formación de ciudadanos asumiendo un papel activo en la concreción de tal derecho. 
 Tomado de elespectador.com

Maestro de ceremonias

(el espectador, agosto 24 de 2011)

Por: Pascual Gaviria

Las dificultades al comprar un tapete para la Casa de Nariño le demostraron al presidente Juan Manuel Santos que el Estado es una mula resabiada: se mueve a su ritmo y en la dirección menos pensada, entre más le zumbe la fusta más se planta y se burla con corcoveos de las buenas intenciones de su montador.

Para señalar el problema Santos prefirió una figura menos montañera —por obvias razones— y dijo que lo tenía preocupado el “Estado paquidérmico”. Parece que luego de resolver ese pequeño problema de decoración, el gobierno escogió su rumbo: el ornamento, la pompa, el aliño como una de las pocas posibilidades del presidente. La consigna parece clara: si es imposible mover el Estado, se hace necesario ponerlo a posar.

Santos ha demostrado ser un especialista en las declaraciones de principios, la corrección política y el viejo truco de llevarle la corriente a eso que llaman la opinión publicada. Del gobierno anterior se decía que marcaba la agenda de los medios, de éste se puede decir que se mueve según el rumbo que marquen las agujas de los periódicos, las emisoras y los noticieros. Mockus utilizó tristemente los estribillos para su campaña; Santos los utiliza para su gobierno.

Vale la pena mirar unos cuantos botones bien lustrados en la chaqueta impecable del maestro de ceremonias. Hace 11 meses se entregaron en Urabá 34 títulos de propiedad como un acto simbólico que anunciaba la gran estrategia de reparación a las víctimas y restitución a los despojados. El pasado lunes El Colombiano publicó una noticia según la cual el Incoder está intentando revocar las adjudicaciones que marcaron el primer hito de aplausos del gobierno. Los beneficiados eran invasores que lograron engañar a las instituciones encargadas de aplicar la Ley de Víctimas. Un campanazo de alerta para antes de comenzar.

La diplomacia ha sido otro de los grandes lances del gobierno. Sólo encuentra enemigos en los antichavistas enfermizos. Pero hasta ahora sólo se ha pasado de los gritos a los gestos de amistad fingida. Sólo hemos ganado en silencio. Las exportaciones a Venezuela disminuyeron en el primer semestre del año y el comandante de las Fuerzas Militares admitió que las posiciones de la guerrilla en Venezuela se mantienen. En el tema del medio ambiente Santos entregó un nombre vendedor para lo que sería un renovado ministerio. En el último año, tal vez como nunca antes, el país ha librado grandes polémicas ambientales gracias a la llegada de las grandes empresas mineras. Pero ni el ministerio ni la señora a su cargo lograron aparecer. Hace unos días, un foro en Boyacá sobre un polémico proyecto de Ecopetrol en Sutamarchán tuvo como único ausente a un representante del gobierno. Parece que la señora Bessudo sigue trabajando en fundaciones bajo el mar.

En el tema de la salud, luego de un año de estudios, escándalos y vueltas en el sistema de fichas en los hospitales, el gobierno salió con un acto solemne para repetir los principios de la Constitución: “la salud no es un negocio sino un derecho, habrá cubrimiento universal”. Lo más triste es que los médicos se tragaron el placebo. Y los pueblos del Atlántico siguen inundados a pesar de que Jorge Londoño ha girado la plata a municipios y departamentos. Algo va de Colombia a Bancolombia.

Pero en algo ha sido eficaz y expedita la administración Santos, sin rodeos ni grandes palabras logró la salida del Bolillo Gómez de la Selección Colombia. Ojalá no nombre un alto consejero para la clasificación a Brasil 2014.

Denuncias complican restitución de tierras

VARIAS COMUNIDADES EN Urabá denuncian que fueron engañadas y mostradas como desplazadas por organizaciones que representan a víctimas. Incoder inició revocatoria de títulos que habría entregado hace 11 meses inducido al error.

Juan Carlos Monroy Giraldo | Medellín | Publicado el 22 de agosto de 2011

El 17 de septiembre de 2010 quedó registrado como hecho histórico de restitución de tierras a desplazados la entrega de 34 títulos de propiedad a igual número de familias de corregimiento Nueva Colonia (Turbo). Pero parte de esa adjudicación se perfila como un grave error atribuido a falsas denuncias de algunas organizaciones que representan a desplazados.

Hoy, once meses después de que un grupo de felices campesinos recibieran sus títulos de manos del propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, el mismo ente confirmó a EL COLOMBIANO que adelanta un proceso de revocatoria directa de 21 resoluciones con las que se adjudicaron igual número de predios.

Esto significa que 21 familias serán notificadas en las próximas semanas de que no son dueñas de las más de 100 hectáreas que hoy ocupan en la vereda Nueva Unión.

Estas adjudicaciones fueron mostradas como el preámbulo de la Ley de Víctimas y una restitución de tierras, "ejemplo del trabajo interinstitucional y cooperación que permite mostrar resultados en el programa bandera del Gobierno Nacional", según indicaron Minagricultura y el Incoder.

La entrega de títulos fue una gestión del Proyecto Piloto de Restitución de Tierras de Turbo, liderado por CNRR en Antioquia, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), Conciudadanía, con apoyo de Fiscalía, autoridades y otras instituciones. Fue financiado por OIM y la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID).

Ocho de los 21 títulos que están en trámite de revocatorio por el Incoder fueron adjudicadas en ese acto en septiembre de 2010.

Pero dos meses y medio después, en diciembre de 2010, la familia Montoya Cock se presentó en la oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Apartadó para reclamar esas tierras recién adjudicadas por el Gobierno.

Según su argumento, de los 34 títulos, 21 de ellos pertenecen a dos predios de su propiedad (finca La Reforma), adquirido por la Sociedad Montoya Cock y Cía. En su solicitud de revocatoria de títulos al Incoder, la familia explicó que la finca La Reforma fue invadida en 1984 por campesinos alentados por el movimiento de recuperación de tierras de la guerrilla del Epl en Urabá.

También aseguran que abandonaron los predios por la intimidación y la presencia armada del Epl y que, tras la desmovilización de esta guerrilla, la tierra fue ocupada en los años siguientes por campesinos e incluso por los comandante paramilitares del Bloque Bananero Carlos Vásquez, alias "Cepillo", y Rafael García, alias "el Viejo", que se había desmovilizado antes con el Epl.

Cuestionamientos a granel
En la CNRR y el Incoder, consideran que fueron "inducidos al error" de adjudicar tierras de propiedad privada por Gerardo Vega (excoordinador de la seccional Antioquia de la CNRR) y la Asociación de Víctimas Tierra y Vida (antes Asovirestibi), liderada por Carmen Palencia.

Así lo considera Jaime Jaramillo Panesso, presidente de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia. "Se indujo al error cuando presentaron a campesinos invasores como desplazados y en otros casos falsificaron documentos y poderes de las víctimas para reclamar tierras y denunciar despojo de paramilitares y particulares. Hay denuncias de todo esto".

El comisionado también cuestiona a Vega por "llevarse la base de datos" de miles de desplazados que reclaman tierras, tras su salida de la CNRR, para beneficio de la Fundación Forjando Futuros (de la cual Vega es directivo) y la Asociación Tierra y Vida.

Otra voz que denuncia irregularidades por parte de Gerardo Vega e "intereses económicos" de organizaciones sociales que representan a víctimas es la de Juan Manuel Zabala Torres, jefe de control interno del Incoder.

El funcionario asegura que descubrió varias irregularidades en los procesos de restitución y titulación gestionados por Gerardo Vega en la CNRR. "Encontramos que se hacían firmar poderes a las víctimas para que les pagaran el 10 por ciento de la reparación obtenida o el mismo porcentaje del valor de la tierra restituida. Incluso, usó formularios donde las personas figuran como clientes y no como víctimas, cuando estos trámites son gratuitos y sin intermediarios".

Zabala agrega que por estos hechos presentó "denuncia ante el programa presidencial de lucha contra la corrupción". Además, negó la existencia de una oficina paralela del Incoder donde funcionarios habrían falsificado más de 700 títulos que sirvieron para el despojo de tierras, aunque sí reconoce que hay exfuncionarios investigados por estos fraudes. Incluso, sostiene que Vega lo llamó y lo amenazó.

La revocatoria de títulos tiene preocupados a las familias de la vereda Nueva Unión. "Estamos angustiados por esta situación y no sabemos si ahora nos toca pagarle a la familia dueña de la tierra o si el Gobierno va a reconocer su error y negociar con ellos", afirma Carlos Oquendo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Unión.

El líder sostiene que Gerardo Vega y Carmen Palencia ofrecieron la titulación de los predios y fueron incorporados a Asovirestibi. "Ellos lideraban el proceso de adjudicación aún a sabiendas de que los predios que ocupamos son invadidos".

Este conocimiento se atribuye al hecho de que Vega (desmovilizado del Epl) fue uno de los líderes del proyecto de recuperación de tierras de este grupo guerrillero en la región de Urabá.

"Campaña de desprestigio"
En su defensa, Gerardo Vega y Carmen Palencia atribuyen las denuncias a una "campaña de desprestigio de un sector del empresariado bananero y ganadero de Urabá que se opone a la restitución de tierras y descontento por las denuncias sobre alianzas con paramilitares y sus testaferros para apoderarse de unas 150.000 hectáreas". Vega dice, además, que "hay un lobby" del empresariado de Urabá ante el Gobierno para desacreditarnos".

Sobre el señalamiento de cobrar a los desplazados por las restituciones y titulaciones por parte de la fundación Forjando Futuros y la asociación Tierra y Vida, ambos indicaron que hace cinco meses renunciaron a ese contrato, que buscaba el pago de administración y los abogados que llevan los procesos jurídicos.

También niegan el uso de la información de los desplazados para beneficio propio. "La fundación no nació con el proyecto de restitución de tierras en 2009, desde años antes empezamos a trabajar y fueron las organizaciones sociales las que construyeron esa base de datos, que luego puse a disposición de la CNRR", afirma Vega.

Y frente a las denuncias en su contra por parte de Juan Manuel Zabala, del Incoder, insiste en que documentaron 768 casos de resoluciones falsas expedidas por funcionarios del Incoder en Urabá. También acusa al funcionario de participar en un foro en Turbo, en abril de este año, con empresarios que, según Vega, despojaron tierras y son testaferros de paramilitares.

Más denuncias en Urabá
Pero el caso de los invasores de la vereda Nueva Unión no es la única denuncia. Habitantes de la vereda California (Turbo), cuyos predios fueron adjudicados en octubre de 2006, niegan ser desplazados por grupos paramilitares y acusan a Gerardo Vega y la asociación Tierra y Vida de utilizarlos para falsas denuncias sobre despojo de tierras e inscribirlos como desplazados.

"No somos desplazados, los que vendieron sus tierras lo hicieron voluntariamente , pero por gestión de Carmen Palencia y Gerardo Vega (en la CNRR) nos inscribieron como desplazados y nos muestran como sobrevivientes de masacres. Ahora tenemos miedo porque el Gobierno ha dicho que las personas que se hagan pasar como desplazados pueden ir a la cárcel", reclama María Oliva Garcés, vicepresidente de la JAC de la vereda California.

Gerardo Vega insiste en que si hubo desplazamiento de 22 de las 43 familias de este sector de Turbo. "Las otras no se desplazaron".

Este cruce de acusaciones tiene enrarecido el ambiente frente a la restitución a desplazados en Urabá, una región donde la tierra se convirtió en botín de guerra del conflicto armado durante las pasadas tres décadas.

» Responde el Ministerio de Agricultura

La restitución de tierras es un tema muy sensible en la región del Urabá antioqueño

EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Agricultura, sobre las denuncias surgidas en Urabá.

¿Qué información tienen sobre estas denuncias?
"El Ministerio recibió comunicación de una comunidad del Urabá antioqueño, poniendo en conocimiento los hechos descritos. Sin embargo, por tratarse de un asunto de irregularidades en los procedimientos, que no es del resorte del Ministerio, éste fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se tomen las medidas correspondientes".

¿Hay denuncias sobre intereses económicos en las restituciones de tierras?
"El Ministerio ha tenido noticia de abogados y organizaciones que, valiéndose de estados de extrema necesidad y aprovechándose de la falta de información del público, ofrecen servicios a cambio de retribuciones económicas en dinero o en especie.

El Ministerio reitera a la población despojada que los procedimientos de restitución no tienen ningún costo y no requieren ningún tipo de intermediación".

¿Cuál es la validez de estas denuncias ad portas de implementarse la Ley de Víctimas y su componente de restitución de tierras?
"Por la naturaleza de la iniciativa de restitución, desde un principio fuimos conscientes de que ésta generaría fenómenos regionales de distinto tipo".

» Fiscalía investiga falsa denuncia de hurto de usb

A las denuncias y cuestionamientos contra el abogado Gerardo Vega y las organizaciones que representan a víctimas de Urabá se suma la investigación que la Fiscalía adelanta sobre el sonado caso del robo de la memoria usb de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida, en enero de este año.

Según la División de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), la comisión de investigadores que asumió el caso concluyó que el dispositivo portátil (con información personal de víctimas y desplazados) no fue robado. Tras realizar un análisis informático, los expertos de la Policía establecieron que la memoria fue manipulada durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2011 por parte de la secretaria de la asociación, Ayineth Pérez, quien denunció el supuesto robo el 17 de enero de este año. Durante cinco días la memoria estuvo pérdida y, según la asociación, fue abandonada a la entrada de la casa de Pérez el 22 de enero. La mujer dijo que el día del hurto forcejeó con el hombre que irrumpió en la oficina.

El anuncio de la investigación de la Fiscalía fue rechazado por Carmen Palencia (en la foto), presidenta de la asociación. "Voy a exigirle una explicación a la Policía, tenemos dictámenes de Medicina Legal, porque a la secretaria la maltrataron para arrebatarle esa usb".

Tierras: campanazo de alerta

El preocupante caso de titulación de tierras en Turbo a supuestos desplazados, de un terreno que con justo título pertenecía a una familia que ha podido acreditar su propiedad, ilustra el camino de dificultades sobre el que deberá aplicarse la Ley de Restitución de Tierras. Son más fáciles los anuncios grandilocuentes al promulgar las leyes que la modificación -para bien- de la realidad social.

EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 24 de agosto de 2011

El informe publicado por este diario el pasado lunes, que trata de las graves denuncias que se han hecho sobre los errores en un proceso de asignación de tierras en Urabá por parte del Incoder, debe servir de campanazo de alerta a todos los estamentos concernidos en procesos de esta naturaleza, para que extremen los cuidados y la prudencia requerida en un asunto que toca el nervio mismo de la violencia en Colombia.

Como indica el informe, el 19 de septiembre de 2010, recién instalado el actual Gobierno, se realizó en Urabá un acto de titulación de tierras -que la realidad de los hechos definiría más como "adjudicación" que como restitución- presentado ese día como el "preámbulo" de la Ley de Víctimas. Y aunque no pueda, de ninguna manera, atribuirse mala fe a los altos funcionarios que presidieron el acto, sí refleja lo riesgoso que pueden ser los discursos con exceso de entusiasmo y carentes de realismo.

Si con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ya se presentaron estos casos de eventual fraude y "tráfico de víctimas" para iniciar titulaciones amañadas de terrenos, imaginemos lo que puede pasar a partir de ahora cuando la nueva Ley, en uno de sus artículos más polémicos y jurídicamente más arriesgados, invierte la carga de la prueba, de modo que quien afirme haber sido despojado de su terreno no necesita afirmar más que eso, mientras el "propietario" actual se convierte allí mismo en victimario y debe probar, él sí, que lo adquirió de buena fe y con arreglo a la legislación civil.

En el caso de los 21 predios asignados en un corregimiento de Turbo, llamado Nueva Colonia, las denuncias van desde instrumentalización política de víctimas, hasta presentación de campesinos como "desplazados forzados", cuando los mismos campesinos declararon que nunca lo habían sido.

La propia Comisión Nacional de Reparación de Antioquia reconoce que fue "inducida a error" por quien lideraba el proyecto en Turbo, exmilitante del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ya hay denuncias en trámite, por lo cual es prudente esperar las conclusiones de la justicia. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene que prever las soluciones jurídicamente viables a los intrincados problemas que va a dar de sí la restitución de tierras.

Ya el Incoder anunció que iniciará la elaboración de un Mapa de Riesgo, para determinar cuáles son las zonas del país más afectadas por el despojo de tierras, y en las que es mayor la influencia de la corrupción para los procesos de adjudicación y restitución. Cuán deseable y conveniente habría sido que dicho mapa se hubiese hecho antes de aprobar la Ley. Así lo demandaba no sólo una correcta técnica legislativa, sino un cálculo de riesgos más acorde a las realidades nacionales.

En fin, que el camino, como se previno desde un principio, está lleno de dificultades. Dificultades que, en ningún caso, implican abogar por una vuelta al estado de cosas preexistente a la Ley. Ésta, necesaria e inaplazable, requiere de todo el impulso y la sabiduría para su justa aplicación como indudable instrumento de normalización y reparación a las verdaderas víctimas de despojos y desplazamientos forzados.

PETICIÓN PUBLICA DE PERDÓN DE FREDY RENDÓN HERRERA, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ

N. del Editor: por la pertinencia de esta petición a las victimas de la región de Urabá, en el proceso de justicia y paz que se le sigue a Fredy Rendón Herrera, quien fuera conocido como " El Alemán", se transcribe lo presentado por el señor Rendón en audiencia publica de legalización de cargos el día 17 de agosto de 2011, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, representantes de las Victimas, de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación, así como los asistentes a la audiencia.

AJGF

PETICIÓN PUBLICA DE PERDÓN DE FREDY RENDÓN HERRERA, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ 

Pido perdón:

Sra. magistrada, señores representantes de las víctimas, señor procurador, señor fiscal;

Créanme que he pensado mucho sobre esto y esperado largamente este momento. Desde que asumí la decisión de participar en el proceso de paz con las autodefensas que adelantó el gobierno nacional, y posteriormente al retirarme de éste y asumir un proceso de paz independiente para el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas que dirigí durante varios años, siempre pensé en el momento en que debería dirigirme a todas aquellas personas que fueron víctimas del bloque que lideré, dando la cara ante la justicia y ante ellas, y pedir perdón por todas estas situaciones que la llevaron a ser afectados, tanto en la salud, física y psicológica y en sus patrimonios, por los hechos cometidos en contra.

Me ha inquietado fundamentalmente el tema del perdón. He leído al respecto, y me he encontrado con muchos libros al respecto; unos dicen que es necesario pedir perdón, por parte del agresor o el victimario, pero también que es importante conceder el perdón, por parte de las víctimas y afectados. Otros por el contrario, dicen que es necesario pedir perdón, pero que el perdón es un acto liberal y autónomo de las víctimas, que se puede conceder o no, a su voluntad, que se otorga al agresor a quien a quien la víctima cree que se le merece y que se lo ha ganado. Todo lo anterior me parece muy válido y respetable, pero creo firmemente que el perdón es un acto voluntario de la víctima, y además es necesario pedirlo y ganárselo.

Hoy pido perdón, por todo aquello que realicé, por todo aquello que realizaron los hombres y mujeres a quienes dirigí en la guerra, y le pido perdón a todos aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, innumerables, que fueron afectadas y victimizadas  por las acciones del bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas, hoy desmovilizado, gracias a Dios.

Nada puedo decir en mi favor o en el de los hombres o mujeres que me acompañaron en este destino, distinto a que nos movió un  patriotismo equivocado, que hoy rechazamos, y que entendemos como un gran error, y que nuestro amor por la región y nuestro ánimo de defendernos de una agresión real, nos llevó por el camino equivocado, por el camino de la violencia, por el camino de la destrucción de aquello que realmente queríamos defender.

Con profundo respeto por la justicia, con profundo respeto por las víctimas, asumí en compañía de quienes fueron los comandantes del grupo que dirigí en la guerra, el proceso de búsqueda y encuentro de la verdad. Concurrimos ante la fiscalía y el tribunal de justicia y paz, todos en forma voluntaria y unánime a contar la verdad, a buscar reconstruir de cara a la justicia y a las víctimas todo nuestro actuar en la guerra, a lograr encontrar la forma de encontrar a través de ella, de la verdad, el aporte fundamental que le permitiera a la sociedad y a las víctimas concedernos la oportunidad de acceder a lo establecido por la ley de justicia y paz.

Ha sido nuestra forma de acercarnos un poco a las víctimas, pidiendo y buscando su perdón, que de antemano sabemos que no vamos a lograr, toda vez que es imposible, por mayor esfuerzo que hagamos y toda la voluntad de que en ello pongamos, disminuir su sufrimiento, atenuar su dolor, devolver una sola de las vidas que quitamos en este trasegar de guerra, ni reparar integralmente los daños que con ello hicimos.

El proceso de justicia y paz, de quienes integramos el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas no ha sido visto por nosotros de otra forma distinta a un proceso de reconciliación, con las víctimas, con la región, con el país y con la humanidad. Así lo hemos querido llevar, para reconciliarnos, para poder algún día volver a nuestras regiones y poder trabajar hombro a hombro con aquellas personas a quienes ofendimos un día, pero que esperamos nos aceptarán nuevamente en la sociedad, transformados en seres humanos útiles y maduros para la paz.

Un libro llamado “los límites del perdón” de Simón Wiesenthal, conocido en la historia como el implacable cazador de nazis, criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, me ha llamado la atención. Hace un relato el autor, sobre un hecho en el cual fue llamado por un nazi que había sido su victimario y el asesino de muchos de sus compañeros en el campo de concentración donde fue retenido durante varios años, que en su lecho de moribundo lo llamó para qué le otorgara el perdón por todos los hechos a través de los cuales había victimizado a los judíos prisioneros bajo su control.  Wiesenthal, no lo perdonó, y el libro narra todo el ejercicio mental que hizo para resolver la petición del moribundo, sin otorgar su perdón. Pero más importante aún, es que al final del relato convoca a una serie de personas, en su gran mayoría víctimas de persecuciones, a lo largo y ancho del mundo y les hace la pregunta: en este caso, ¿usted qué haría?

Excepto dos o tres personas que dudan acerca de otorgar el perdón, la gran mayoría de los consultados responde que no perdonarían, y muchos expresan términos muy duros, que a uno, desde la posición en que me encuentro hoy frente a ustedes resulta muy duro y doloroso  leer esos comentarios. 

En tal medida entonces pido perdón, en mi nombre y en nombre de todas las personas a quienes dirigí. Finalmente, como corolario de todo lo anterior quiero traer unas  reflexiones del doctor Héctor Abad Gómez, recogidas en mis lecturas pero que considero pertinente plantear las a efecto de dar a entender el real alcance de mis palabras.

"¿Tendrá salida este país? La violencia, el crimen, el desorden, la pobreza. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Será mejor dejar todas esas preocupaciones y dedicarnos a nosotros mismos? Pero todo esto, ¿no nos arrasará a todos, finalmente?

…………

Si los principales recursos del país: humanos, materiales, financieros, económicos, espirituales, se vuelcan todos favorecer a esos millones de colombianos, a ese 25% de compatriotas,(en 1987) que según nuestro actual Presidente viven en la pobreza absoluta, si empezáramos siquiera tener algún éxito en esta dura lucha, mejores días están por venir. Si todas las llamadas "fuerzas vivas de la nación": el gobierno, la industria, los gremios, la Iglesia, los sindicatos, las universidades, los intelectuales, los periodistas, contribuimos en todas las formas a que sea posible para ese gran propósito nacional, no habrá duda que alcanzaremos éxito. Y esta será la única forma que no tengamos que seguir lamentando la violencia que nos abruma, que nos angustia, que nos hace a veces desesperar de lo que puede hacerse aquí y ahora. Porque no es matando guerrilleros, o policías, o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia.  Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse este país."

Esto lo escribía el doctor Héctor Abad Gómez, días antes de ser asesinado por paramilitares de la primera generación de una gesta bárbara, de la cual nosotros fuimos parte de la segunda o la tercera generación y ojalá la última.

Por todas, por mis incontables equivocaciones, y por todas las incontables equivocaciones cometidas durante la guerra por las personas a quienes dirigí, pido perdón a las incontables personas a quienes ofendí, y a toda la humanidad, con la humilde esperanza de que algunas de ellas me otorguen su perdón de corazón, pero que todas ellas nos acompañen en la reconciliación nacional y en la construcción de la paz.

FREDY RENDÓN HERRERA

LA COOPERATIVA DE LA PAZ, QUIERE CONSTRUIR RECONCILIACIÓN.

La cooperativa de la paz, quiere construir reconciliación

Tomado del boletín de la CNRR numero 6 julio de 1988

Más de 480 desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, son un ejemplo de que el proceso  propuesto por la Ley 975 es viable cuando existe voluntad. Si bien de las 1650 personas que el 10 de julio de 2006 constituyeron la cooperativa Construpaz, un alto porcentaje ha desistido del proyecto, quienes le siguen apostando a la construcción de una opción de reconciliación, avanzan a través de proyectos productivos de caucho en Unguía, una ebanistería industrial en Arboletes, así como en el apoyo al control del tráfico vehicular en algunos municipios antioqueños y en la limpieza de playas en Necoclí.

“En el proyecto de Unguía, no solamente hay desmovilizados, sino que se han incluido población vulnerable, víctimas y gente desplazada. Ellos están ahí trabajando hombro a hombro”, afirma quien fuera el primer gerente general de Construpaz, Antonio José García.

Pero, tal vez, una de las principales novedades planteadas por esta cooperativa de excombatientes es su voluntad de donar el 10 por ciento de los excedentes que produzca esta cooperativa para proyectos que promuevan la reparación.

“Ellos consideraron importante incluir la posibilidad de la reparación, reconocen una actitud delincuencial y que hicieron algunas situaciones que afectaron a muchas personas, pero también quieren ver como hacen para reparar, por ello, ellos dijeron “vamos a meter el 10% de los excedentes” a ciertos programas de reparación, que tienen que ser directamente coordinados con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”, agregó García.

El representante de la cooperativa reconoció que este proyecto ha enfrentado múltiples dificultades, pero los asociados le siguen apostando a la construcción de un mejor futuro. De hecho, quienes están pendientes de aclarar su situación judicial continúan en los proyectos productivos, mientras reciben asesoría jurídica de la Alta Consejería para la Reintegración para cumplir con su compromiso con la verdad.

“Son todo un ejemplo, ahora comprometidos en su proyecto y sacándolo adelante, poniéndole toda la voluntad del mundo.

La gente en su gran mayoría, yo creo que, desecha completamente la posibilidad de volver a un grupo armado”, afirmó.

García destaca el compromiso de los asociados a Construpaz con la sociedad, lo cual parte del hecho de reconocer que obraron mal y de asegurar que no reincidirán. “Usted los ve en las versiones libres, por ejemplo los que están en la 975, y todos entran reconociendo su error y su equivocación”.

www.construpaz.org

VIAJE AL FONDO DE UN GALON DE GASOLINA

POR JUAN GOSSAIN  (TOMADO DE ELTIEMPO.COM) 20.08.2011

Análisis del reconocido periodista acerca del precio del combustible en Colombia.

Gossaín vuelve a la reportería pura y dura, al explorar el mundo del precio de la gasolina frente a los costos de producirla, en un país que es décimo entre aquellos donde el combustible es más caro en todo el mundo. Pagamos como ricos y ganamos como pobres, dice.

Dicho sea sin disimulos retóricos ni anestesia literaria: Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina, incluyendo a las naciones que producen combustible, y también a las que deben importarlo.

El primer lugar lo ocupa Holanda, el segundo Noruega y el décimo Colombia. Sería una honrosa compañía si no fuera porque, según las estadísticas más recientes del Banco Mundial, los holandeses tienen un ingreso promedio anual de US$ 52.000 por habitante y el de los noruegos es de US$ 45.000, mientras el de un colombiano apenas llega a US$ 5.000.

Si uno examina con cuidado la lista completa, descubre que la nación que más se acerca a Colombia es Hungría, en el noveno puesto. Los húngaros tienen un ingreso anual de US$ 15.500 por cabeza, más de tres veces superior al nuestro. Estamos pagando por la gasolina un precio de ricos, con un salario de pobres.

Después de conocer esas cifras y de compararlas, la pregunta que empieza a zumbarle a uno en la oreja es apenas natural: ¿qué es lo que ha hecho posible semejante situación?

'Al perro más flaco...'

El pasado 20 de junio, que era lunes, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, estrenó su semana laboral con unas declaraciones públicas que fueron recogidas por la prensa. En ellas decía, con un tono ligeramente airado, que el Gobierno había comenzado a estudiar la necesidad de imponer sanciones a los vendedores minoristas de combustible, las famosas y populares bombas de gasolina, porque estaban haciendo una especulación de feria con los precios de venta al público. 

Esa misma tarde me encontré con un amigo que es socio de una estación. Le mostré el periódico del día, en el que aparecía la foto del ministro, sin sonreír, porque el ministro Rodado no sonríe nunca, y menos aún cuando se trata de asuntos tan delicados.

-Te lo dije -le comenté a mi amigo-. Son ustedes los que se quedan con la plata de la gente. 

-Tú, que te las das de periodista -replicó-, averigua la verdad, para que veas que al perro más flaco se le pegan las pulgas.

Guardó silencio unos segundos, mientras bebía un sorbo de jugo de patilla. Luego me dijo, con un acento de ironía:

-Pero como tú te la pasas escribiendo sobre tus compadres de San Bernardo del Viento...

Confieso que me sentí desafiado y herido en ese orgullo profesional que los periodistas alimentamos hasta la hora de la muerte. Le hice caso. Me dediqué a investigar el asunto en los dos meses siguientes, con la misma disciplina del muchacho aplicado que prepara sus exámenes finales. 

Lo que vale producir

Para empezar por el principio, no sobra recordarles a ustedes que el petróleo en Colombia está bajo control estricto del Estado, a través de Ecopetrol, que procesa la gasolina y luego la vende a los mayoristas, que, a su turno, la revenden a las estaciones de servicio.

Lo malo es que la información oficial está desactualizada. En el 2009, ante una perentoria exigencia del senador Luis Fernando Velasco, el Ministerio de Minas accedió por fin a revelar cuánto le vale a Ecopetrol producir un barril de gasolina. Esos costos incluyen gastos en el hallazgo, la producción, la refinación y el transporte. 

El propio Ministerio dijo entonces que cada barril que produce le cuesta a Ecopetrol, en total, US$ 28,25, que, al cambio de hoy, son 50.900,50 pesos, lo que significa un costo de 1.642 pesos por galón. 

(Dicho sea entre paréntesis, de un barril de petróleo se obtienen, en promedio, 39 galones de gasolina, según los estándares internacionales, pero en Colombia ese mismo barril solo rinde 31 galones y medio. ¿Por qué? Porque, aunque la empresa no quiera reconocerlo, las dos refinerías que tiene Ecopetrol, una en Cartagena y la otra en Barrancabermeja, se han vuelto obsoletas e ineficientes y eso, obviamente, encarece el producto para el consumidor). 

Sigamos en este viaje a bordo de un galón de gasolina. A renglón seguido, después de producir y refinar el galón, Ecopetrol paga 1.700 pesos en gastos adicionales e impuestos a la Nación, a la que también debe transferirle parte de sus utilidades, por tratarse de su principal accionista. Cada galón le cuesta, finalmente, 3.320 pesos, aunque debería costarle 300 pesos menos si sus plantas de procesamiento fueran más eficientes. 

La diferencia, sin embargo, no se pierde: se convierte en derivados, como asfalto o cocinol, que también se venden, y Ecopetrol aumenta sus ganancias. 

El hipernegocio

De manera, pues, que a Ecopetrol le cuesta 3.320 pesos un galón de gasolina. Pero a las compañías distribuidoras les cobra 5.092 pesos por el mismo galón. Los números suelen ser implacables y, a veces, aterradores: Ecopetrol gana 1.770 pesos por cada galón. 

El 51% de utilidad. ¿Hay en Colombia o en el mundo alguna actividad lícita que produzca semejantes rendimientos? 

En consecuencia, las compañías de distribución mayorista reciben el galón que les manda Ecopetrol. Como debe agregarle los gastos de operación, el IVA, más el impuesto global (que cambia anualmente), las famosas sobretasas regionales y un misterioso tributo llamado "margen de continuidad de procesos", el galón le sale costando al mayorista 7.895 pesos en números redondos, precio que sufre variaciones según se trate de ciudades grandes o medianas o de un pueblo.

Después, lo venden a las estaciones públicas en 8.119 pesos, lo cual significa que obtiene una utilidad de 224 pesos sobre la plata que invirtió. Es decir: una utilidad del 3 por ciento para el mayorista. 

Me puse a preguntar ¿qué diablos es el extraño "margen de procesos" que tienen que pagar los consumidores de gasolina? Es un impuesto destinado a remunerar a Ecopetrol por las inversiones que hace. Pero Ecopetrol ya es una empresa con accionistas particulares, sigue vendiendo exitosamente más acciones y aspira vender un total de 30% en los próximos años.

-Cuándo se ha visto -comenta el senador Velasco- que los ciudadanos tengan que pagarles un impuesto a inversionistas privados para que desarrollen su negocio. 

Me quedo pensativo. Es como si tuviéramos que pagarle impuesto al propietario de una fábrica de camisas para que compre botones.

Por fin, después de tantos desvelos para armar el rompecabezas, nuestro entrañable amigo, el galón de gasolina corriente, llega a la estación donde usted tanquea el carro. 

Tomemos como ejemplo una bomba cualquiera, ya que los precios varían según las regiones o las ciudades o las sobretasas. 

La sobretasa que usted paga no se la liquidan por el costo inicial del galón, sino por el precio final, es decir, después de haberle agregado impuestos, marcaciones y otras arandelas fiscales. Lo que significa, amigo mío, que, al pagar la sobretasa, el colombiano que compra gasolina es el único ciudadano que paga impuestos sobre los impuestos que ya pagó. (Parece una cantinflada, en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Cantinflas.) 

Prosigamos nuestro viaje. El dueño de la bomba, que compró el galón de corriente a 8.119 pesos, incurre en gastos adicionales, como el alquiler de la estación -algunas son de propiedad del mayorista-, nómina de empleados, servicios públicos, más impuestos. Finalmente, las normas del Gobierno establecen que el precio máximo al público en este momento, por un galón de gasolina corriente, es de 8.635,54 pesos.

Como no todas las estaciones cobran el precio más alto ni el más bajo, eso traduce, en buen romance, que el de la bomba se gana en promedio alrededor de 430 pesos por galón: una utilidad del 5 por ciento.

Al terminar este largo recorrido, con la cabeza llena de cifras y a punto de marearse, uno se pregunta dónde diablos se quedó la plata que los colombianos pagan por el galón de gasolina. La conclusión, aunque el ministro Rodado siga frunciendo el ceño, es la siguiente:

-Ecopetrol (cuyo máximo accionista es el Estado) se gana 51% en cada galón. 

-El Estado (a través de los impuestos) se queda con 27%. 

-El distribuidor mayorista (Esso, Texaco, Mobil, Terpel, etc) gana 3%.

-El minorista de la bomba recibe 5%.

-Los transportadores de combustible, 4%.

-El "margen de continuidad" agarra su 1%.

-Para los vendedores de etanol (ya que algunas variedades de gasolina colombiana tienen que mezclarse con etanol), el 8%.

Y el 1% restante es lo que se pierde por efectos de la evaporación. Hagan la suma.

Epílogo

A mi amigo, el que toma jugo de patilla, le mandé ayer este mensaje: "Tenías toda la razón. El perro más gordo es Ecopetrol y por eso no se le pegan las pulgas. Mis compadres de San Bernardo del Viento te mandan saludos".

JUAN GOSSAÍN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

LOS PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN ÓPTICA DEL GOBIERNO NACIONAL