POR ALFREDO RANGEL arangel@cambio.net.co |  |
EL TRASLADO DE LOS JEFES paramilitares a la cárcel de Itagüí, arbitrario y por simples sospechas, ha ocasionado el fin del proceso de paz. Esta medida fue el acto culminante de la criminalización del proceso y de la pérdida del carácter político del desmonte de un fenómeno social y político que ha tenido un enorme alcance en el país.
Por buscar tal vez efectos inmediatos, como capear el escándalo de la para-política, el Gobierno terminó cediendo ante sus opositores, quienes han criticado lo que, según ellos, es un trato benigno a mafiosos. El argumento de que en La Ceja se estaba fraguando una fuga es bastante endeble. Es difícil imaginarse unos jefes paramilitares que en el momento cumbre de su poder político, económico y militar deciden voluntariamente desmovilizar y desarmar a miles de sus combatientes, sólo para fugarse al otro día del sitio donde esperaban ser juzgados por la Ley de Justicia y Paz que ya habían acatado. Pero en el caso de que hubiera habido pruebas de uno o varios jefes con planes de fuga o delinquiendo desde La Ceja, ellos, y sólo ellos, han debido ser trasladados a la cárcel. La responsabilidad penal es individual, no colectiva.
Pero el Gobierno optó por el incumplimiento preventivo de los acuerdos de paz. De hecho, el Gobierno se había comprometido a no recluir a los paramilitares en cárceles ordinarias, compromiso no firmado que nunca ha desmentido. Este es un pésimo precedente que evoca la lógica de la desacreditada doctrina de los ataques preventivos.
Después de este antecedente con los paramilitares, no sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.
Creo que fue la peor manera como el Gobierno pretendió recuperar la iniciativa política en esta coyuntura, pues dio al traste con el proceso. El Gobierno se dejó coger ventaja de sus críticos quienes de manera oportunista y mezquina han intentado sacar réditos políticos de los escándalos de la para-política, sin tener el valor ni la honestidad intelectual de reconocer que ese destape es posible precisamente porque los paramilitares ya están desmovilizados, de la misma forma como es inconcebible el destape de las relaciones de la guerrilla con la sociedad mientras aquella permanezca en armas.
Lo grave es que en el afán punitivo poco o nada se está haciendo para impedir que los nuevos grupos paramilitares que se están conformando vuelvan a apropiarse del Estado, a capturar la democracia local y a saquear los presupuestos municipales y departamentales. Es consecuencia de la despolitización del proceso ya que la verdad se está buscando más para castigar que para evitar que el fenómeno se repita.
Pero si el Gobierno quisiera tratar de reconstruir el proceso debería enmendar el error: cumplir sus compromisos con los jefes paramilitares que están cumpliendo los suyos, y recluir en la cárcel sólo a aquellos de quienes tenga pruebas de estar reincidiendo en el delito. Y también 'repolitizar' el proceso facilitando judicialmente la confesión de la verdad por parte de todo ciudadano decidido a hacerlo, para así iniciar un proceso de reformas institucionales que evite que el fenómeno del paramilitarismo se siga reproduciendo.
Pero el daño mayor ya está hecho y lo que está pasando tendrá una consecuencia muy grave hacia el futuro. El Gobierno está enviando la señal de que los acuerdos se cumplen y la palabra se respeta sólo mientras los grupos irregulares están armados, pero una vez desmovilizados y desarmados se puede justificar cualquier violación de los acuerdos.
Después de este antecedente no sería raro que el Eln sólo se desarme cuando los acuerdos estén firmados y haya todas las garantías internacionales para su cumplimiento. Tampoco sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.
