COMENZO PRIMER JUICIO POR RECLUTAMIENTO DE MENORES EN COLOMBIA

Comenzó fase final del primer juicio contra ‘El Alemán’

Justicia y Paz - Juicios

Miércoles, 02 de Noviembre de 2011 21:31

Un grupo de 150 menores reclutados forzadamente serán las primeras víctimas del Bloque Élmer Cárdenas que serán reparadas. “Buenos días, muchachos. ¿Cómo están?” dijoFreddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ a la entrada del auditorio del Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá, donde tres magistrados estudian las pruebas que presentó la Fiscalía contra el ex jefe paramilitar por el reclutamiento de 150 menores de edad entre 1995 y el 12 de febrero de 2006 cuando este grupo se desmovilizó. Mientras el ‘Alemán’ se sentó frente a los magistrados que lo juzgan, una docena de jóvenes que no superan los treinta años lo observaron desde la misma sala, sentados en atrás, mientras otros 75 muchachos escucharon la audiencia desde San José de Apartadó, Antioquia.  Los jóvenes fueron reclutados diez años atrás por el Bloque Élmer Cárdenas, a cargo de alias ‘El Alemán’, y por haber sido menores de edad en esa época son víctimas del ex jefe paramilitar. Las leyes internacionales califican el reclutamiento forzado de niños como crímenes de lesa humanidad. El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano y llegó a tener 1.500 paramilitares en sus filas, dejando 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos, según el reporte de Justicia y Paz. El grupo comenzó con 40 hombres pero con la financiación de la Casa Castaño, los ganaderos y el narcotráfico se expandió por la región. (Lea: De los ‘guelengues’ al Bloque Élmer Cárdenas). La Fiscalía 44 de Justicia y Paz documentó 428 casos de menores reclutados, pero durante el juicio probó 309 casos. Sin embargo, del listado el ex jefe paramilitar solo reconoció 150 casos. Y estos son los que desde el 1 de noviembre de 2011 son presentados en juicio durante el incidente de reparación, la fase previa a que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex paramilitar y repare a este primer grupo de víctimas. (Lea: Los menores reclutados del Élmer Cárdenas) Así durante los primeros días de audiencia se presentaron funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Vicepresidencia de la República, que explicaron los programas y mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y atender a las víctimas del reclutamiento forzado.  Según datos de la Vicepresidencia, actualizadas a 31 de octubre de 2011, 4.700 menores han sido atendidos por el Programa de Atención Especializado del Bienestar Familiar. “En 90% las víctimas han contado que estuvieron en grupos armados ilegales con otros mejores. El 80% hicieron parte de esas estructuras forzadamente. Son menores que antes habían sido víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, que consideraban que la escuela no les agradaba o les quedaba lejos, que eran obligados por sus padres a trabajar o que no tenían oportunidades”, dijo ante el Tribunal Gladys María Fernández, funcionaria de la Vicepresidencia. Fernandéz señaló que el Estado trabaja principalmente en 145 municipios para prevenir el reclutamiento, y que entre estos están Turbo y Apartadó, dos de los pueblos más golpeados por el paramilitarismo. El primero por el Bloque Bananero y el segundo, por el Élmer Cárdenas. Varias de las víctimas, ahora mayores de edad, le contaron a VerdadAbierta.com que fueron reclutados por este grupo paramilitar, recibieron entrenamiento militar y portaron armas. “Es un episodio de mi vida. Cada vez que escucho la palabra adolescencia se me parte el corazón, porque yo entré a eso cuando tenía 13 años”, dijo una de las víctimas de las cuales se reserva el nombre. Durante la audiencia, Acción Social presentó un informe sobre los bienes entregados por el grupo paramilitar, teniendo en cuenta que estos son destinados para reparar a las víctimas. Después de la presentación, el Tribunal hizo un llamado a Acción Social para que en un nuevo informe explique por qué, por concepto de ventas y subastas de estos bienes solo ha recaudado $400 millones de pesos, cuando según alias ‘El Alemán’ estos en 2006 estaban avaluados $10 mil millones. El jueves 3 de noviembre de 2011 ante el Tribunal de Justicia y Paz hablará Nina Winkler, psicóloga alemana experta en estrés postraumático en el conflicto y analista del genocidio en Ruanda. Luego, la Fiscalía comenzará a presentar las pruebas sobre cada uno de los casos de reclutamiento, de manera que los magistrados puedan determinar cómo será la reparación. El incidente de reparación también abordará el caso del asesinato el 27 de noviembre de 2000 de Rigoberto de Jesús Castro Mora, entonces alcalde de Unguía, Chocó. *El incidente de reparación continuará hasta el miércoles 16 de noviembre y reanudará el 29 y 30 del mismo mes.

¿Quién le teme a Petro?

UNA ESPERANZA QUE SE RENUEVA

N del E:   El hecho que Gustavo Petro haya ganado la alcaldia de Bogotá, que es el primer cargo publico en importancia despues de el Presidente de la Rrepública, indica que algo está cambiando en las costumbres politicas colombianas para bien y  que cada dia gana mas espacio el voto de opinión.

Pero el hecho de que sea un ex guerrillero, que desistió de la via armada y esté comprometido ahora con la lucha desde la politica, indica que la reconciliación es posible y que el espacio para quienes demuestren su compromiso con la paz, se respeta y defiende por parte del pueblo colombiano.

El compromiso y el reto  de Petro es el mas grande que haya tenido politico alguno en colombia, y lo asume la persona mas decidida que haya conocido las lides politicas colombianas.

¿Quién le teme a Petro?  tomado de revista semana.com

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Gustavo Petro es el 'coco' para las élites colombianas desde hace varios años. Su paso por la guerrilla lo marcó como radical y toda su carrera se ha caracterizado por diferentes experimentos para crear una fuerza política de izquierda: Vía Alterna, el Frente Social y Político, el Polo Democrático y, ahora, el Movimiento Progresistas. Todos han tenido como denominador común el empeño insistente de hacerle contrapeso al establecimiento. En un país con escasa tradición de oposición parlamentaria, Gustavo Petro se convirtió en el opositor por excelencia, sobre todo en sus años de senador. En los debates se destacó por su inteligencia, su excelente oratoria y sus exageraciones efectistas.

Como si lo anterior fuera poco, cuando Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, en 1998, Petro era su amigo más cercano y de su mano había hecho las primeras visitas al país. Y en los años de la era Uribe, que fortalecieron las banderas de la seguridad, del antiterrorismo y de la intolerancia frente a la guerrilla, Gustavo Petro se convirtió en el anticristo del uribismo. Petro llegó a meterse con la familia del mandatario en sus debates -con su hermano Santiago y con los negocios de sus hijos, Tomás y Jerónimo-. Uribe le respondió abriendo por primera vez en 20 años un agrio debate sobre su pasado guerrillero, sobre el indulto que le permitió salir de la cárcel -donde había estado durante dos años- y sobre su legitimidad para participar en la política.

El 'coco' del establecimiento, desde el domingo pasado, es el nuevo alcalde de Bogotá. Eso significa haber alcanzado el segundo cargo más importante del país, es un triunfo personal enorme. Derrotó simultáneamente al establecimiento, al uribismo, al Polo Democrático, (partido del cual se salió para montar rancho aparte), y en cierta forma al gobierno, que hubiera preferido a cualquiera de los otros candidatos. Petro logró blindarse con un teflón que hace apenas unos meses habría sido inconcebible, para protegerse de los continuos ataques sobre su pasado, su radicalismo y su amistad con Chávez. Y con su elocuencia, y poniéndose corbata, logró derrotar el miedo que suscitaba.

La clave del éxito fue una transformación genuina de su imagen y de su talante político. Por una parte, después de salirse del Polo fundó un movimiento propio, con el que se inscribió con firmas como candidato a la Alcaldía. Antes de dar ese paso había hecho malabares de pragmatismo político que incluyeron varios saltos triples mortales: denunció el cartel de la contratación contra el gobierno de Samuel Moreno, al que había ayudado a elegir. Igualmente arremetió contra su propio partido, del cual había sido candidato presidencial hace apenas 16 meses; votó por Alejandro Ordóñez para procurador, un conservador de marca mayor; le propuso al presidente Santos, después de su victoria, un acercamiento para dialogar sobre tierras, víctimas y aguas; y en el campo externo dejó la impresión de que se distanció de Chávez.

Gustavo Petro es uno de los mejores ejemplos de las vueltas que puede dar la política y de su naturaleza dinámica. El nuevo alcalde de Bogotá es un líder con un gran olfato político y con demostradas dotes de buen candidato. Perdió su primera elección, cuando se lanzó a la Cámara de Representantes por primera vez, pero después ha demostrado una gran habilidad para conseguir votos: en 2006 obtuvo la segunda votación más alta para el Senado y en 2010 derrotó a Carlos Gaviria en la consulta interna del Polo.

Y el domingo pasado alcanzó su victoria más preciosa: la Alcaldía de Bogotá. Sin maquinaria ni partido, y con una candidatura decidida apenas horas antes del cierre de inscripciones, la hazaña de Petro en la capital es comparable con la de Uribe en el país en 2002: ambos, solitarios, se metieron en un escenario preparado para un libreto muy diferente y al final arrasaron en la elección. En esta ocasión, Petro entendió que para sintonizarse con los sentimientos de los bogotanos necesitaba, ante todo, convencer a los ciudadanos sobre su compromiso y habilidad en la lucha contra la corrupción. Si Enrique Peñalosa consideró que después del desastre de Samuel Moreno la ciudad necesitaba un gerente, Petro interpretó que se requería, más bien, encontrar un gladiador contra la corrupción: su discurso se concentró en criticar a las mafias y al Polo, y en reivindicar su papel como denunciante del carrusel de la contratación.

Otra pieza estratégica fundamental fue contrarrestar el miedo que generaba su imagen. Asumió una actitud de tolerancia estoica: no casó peleas, casi no atacó a sus rivales, adoptó un discurso de inclusión, casi religioso, que echó mano de recursos cursis como el de proponer una "política del amor". Prometió muchas cosas y volvió a demostrar que, en una campaña electoral, el debate entre el "promeserismo populista" y el "no se puede" de quienes apelan a la responsabilidad fiscal suele darles el triunfo a los primeros. El publicista Daniel Vinograd aportó diseños creativos y eslóganes populares, como "Petro es el man", que le dieron alegría y espontaneidad a la campaña.

Petro asumió un gran riesgo político al desempeñar el papel de Llanero Solitario, sobre todo en una competencia en la que las alianzas eran claves y en la que sus rivales lograban apoyos de la talla de Álvaro Uribe, en el caso de Peñalosa, y Antanas Mockus, en el de Gina Parody. Petro tuvo claro que la clave para su victoria estaba en el sentimiento de rebeldía que ha caracterizado al electorado bogotano, que ya había elegido a Lucho Garzón y a Samuel Moreno. Su target fue la clase media. Sabía que los estratos altos eran de Peñalosa y de Gina, y ahí alcanzó a rasguñar apenas un 14 por ciento.

El triunfo de Gustavo Petro despierta un gran interés en la comunidad internacional. El domingo por la noche, el hecho de que un exguerrillero llegara a un cargo de semejante importancia fue la noticia más destacada por las agencias y medios extranjeros, que lo llegaron a comparar con lo que significó para Uruguay el triunfo de José Mujica, o para Brasil, el de Dilma Rousseff. En el campo interno, el triunfo petrista generó incomodidades, a la vez, en la izquierda y en la derecha. Por un lado, la dirigencia del Polo Democrático sufrió el dolor de ser derrotada nada menos que por su excandidato presidencial, que se había ido con un portazo. Y en la otra orilla, buena parte del establecimiento -y el uribismo en bloque- ve con incomodidad la trepada del 'coco'.

Lo anterior no significa que Gustavo Petro sea un hombre de centro. Su lugar es el de una izquierda moderada que pudo triunfar porque la derecha moderada se dividió entre Enrique Peñalosa, Gina Parody y Carlos Fernando Galán.

El triunfo de un exguerrillero sin partido que vence en un cargo de la importancia de Bogotá tendrá muchas repercusiones positivas para la democracia. De alguna manera, reivindica la idea de que los caminos institucionales son más eficientes que la lucha armada para que la izquierda llegue al poder. El mensaje para la guerrilla es muy claro: desmovilizarse puede valer la pena. También para la izquierda dogmática, que se quedó reducida a un porcentaje ínfimo en estas elecciones, después de haber perdido también terreno en el Congreso el año pasado. Con su triunfo -y el de Raúl Delgado en la Gobernación de Nariño, un fenómeno parecido y cercano al de Bogotá-, Petro quedó, por ahora, como dueño del espacio que hay en Colombia para una izquierda democrática. La única rival que tiene a la vista es Clara López. De paso, su triunfo le permitirá al presidente Santos argumentar que, a pesar de las sólidas mayorías oficialistas, la Unidad Nacional no es ninguna aplanadora asfixiante.

El tono del discurso de victoria del nuevo alcalde deja claro que habrá Petro para rato. El contenido de su intervención tocó temas nacionales que poco o nada tienen que ver con sus responsabilidades como alcalde. Dejó claro que para él la Alcaldía es la primera etapa de la creación de un movimiento nacional que tiene en miras la Presidencia. Para esto sabe que tiene que ser conciliador y constructivo. Como buen converso, es seguro que no caerá en los radicalismos estatizantes y socialistas que le endilgan sus enemigos. Le va a convenir el momento que vive la ciudad, que si bien es crítico, le permitirá cosechar lo que ya está sembrado. Los principales entuertos de los contratos ya están solucionados, las obras se irán entregando poco a poco y las finanzas de la ciudad están en negro. Sabe que ser el sucesor de la Bogotá fallida de Samuel Moreno es una oportunidad única. Y no está dispuesto a desaprovecharla.

AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE DETENER A BUSH. (HABLANDO DE "IUS COGENS".......)

Nota del Editor: 

 De acogerse esta petición, de hecho improbable y mas simbólica que materializable, se estaría dando la prueba mayor de que existen normas por encima de la misma legalidad que atribuyen los estados al derecho internacional y  por ser de respeto a los derechos humanos, de obligatorio cumplimiento  y que obligan a las personas y a los estados, así no hagan parte de los convenios  universales o de los tratados entre estados o países por que corresponden al sentir común de la humanidad, plasmada en el derecho consuetudinario.  Ya se ha avanzado al respecto, en los casos de Pinochet y Fujimori, entre otros, pero como decimos los colombianos, "amanecerá y veremos".

TOMADO DE EL ESPECTADOR.COM

 para el Ex presidente estadounidense.

Amnistía Internacional insta a Canadá a detener y procesar a George W. Bush

Por: AFP

Está previsto que Bush asista a una cumbre económica en la provincia canadiense de British Columbia el 20 de octubre.

Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles a las autoridades canadienses que detengan y procesen a George W. Bush, diciendo que el expresidente estadounidense autorizó la "tortura" cuando dirigió la guerra contra el terrorismo que lideró Estados Unidos.

Está previsto que Bush asista a una cumbre económica en la provincia canadiense de British Columbia el 20 de octubre.

La petición consta en un memorando enviado por la a las autoridades canadienses el 21 de septiembre, indicó AI en un comunicado.

"Canadá está obligado por sus obligaciones internacionales a detener y procesar al ex presidente Bush por su responsabilidad en los crímenes contra el derecho internacional, entre ellos la tortura", declaró Susan Lee, directora de la organización para América.

"Como las autoridades de Estados Unidos no han, hasta ahora, citado a Bush ante la justicia, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá se abstiene de actuar durante su visita, eso constituirá una violación de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y será una manifestación de desprecio a los derechos humanos", añadió.

Las acusaciones de AI se refieren principalmente al programa secreto de la CIA ejecutado entre 2002 y 2009, que infligía a los detenidos, según la organización, "tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desapariciones forzosas".

Durante su mandato, señala AI, Bush autorizó "técnicas reforzadas de interrogación", entre ellas "el simulacro de ahogamiento".

Ningún portavoz del gobierno de Canadá estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Bush canceló una visita a Suiza en febrero, tras enfrentar llamados públicos similares para su detención.

Alex Neve, secretario general de la filial canadiense de AI, dijo en una rueda de prensa que el grupo continuará su causa contra el ex presidente de Estados Unidos con los gobiernos de otros países que Bush pueda visitar.

"Los torturadores deben enfrentar a la justicia y sus crímenes son tan atroces que la responsabilidad de garantizar justicia es compartida por todas las naciones", dijo Neve.

Lo dijo el Vice: "'No necesariamente sanción a victimario debe ser la cárcel'"

N. del E:  Por increible que parezca, nuestro Vicepresidente, un hombre de extraccion popular, de izquierda y que no es abogado, sabe mas de solucion de conflictos y de justicia transicional que muchos de nuestros doctos juristas y legisladores. Una voz que hay que escuchar, cuando de trata de buscarle salidas civilizadas a la guerra en colombia.

'No necesariamente sanción a victimario debe ser la cárcel': A. GarzónPor: REDACCIÓN POLÍTICA EL TIEMPO | 10:22 a.m. | 06 de Octubre del 2011

El Vicepresidente dijo que es necesario encontrar mecanismos "para acabar con la violencia".

Durante la instalación del foro 'Medios de comunicación y justicia transicional', organizado por la Comisión de Reparación y algunos medios, entre ellos EL TIEMPO, Garzón defendió la Ley de Víctimas y dijo que "el perdón no significa el olvido".

"A los victimarios tenemos que sancionarlos y una sanción puede ser que sean capaces de pedir perdón públicamente a las víctimas y a la sociedad, y otra sanción puede ser el compromiso público de nunca más volver a incurrir en acciones de víctimarios", afirmó Garzón.

El vicepresidente agregó que "no necesariamente la sanción a un victimario siempre tiene que ser la cárcel. Pueden haber sanciones morales y éticas mucho más fuertes".

"Tenemos que estimular en las víctimas la cultura del perdón, que no significa el olvido", dijo.

Sobre la Ley de Víctimas, afirmó que era una "deuda" del Estado con los afectados con la violencia", y que durante mucho tiempo "fuimos más generosos con los victimarios que con las víctimas".

El funcionario también pidió iniciar un debate nacional entre profesores y estudiantes universitarios para acabar con el uso de la capucha en las protestas sociales.

Según él, "detrás de la capucha se  ha perseguido hasta la muerte a muchos seres humanos".

Mañana está convocado un paro nacional de los trabajadores oficiales, en protesta por algunas acciones gubernamentales.

Garzón también se refirió al juzgamiento de policías y militares por actos cometidos por orden de sus superiores, y habló de la necesidad de encontrar un camino para sancionar estos casos.

El evento avanza con una mesa sobre el rol del periodista en contextos de transición, en la cual participan, entre otros, el guatemalteco Gustavo Berganza y el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo

"LA JUSTICIA TRANSICIONAL BUSCA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, NO DEBILITARLO"

  UN EJEMPLO DE NUUESTOS MAGNOS "JURISCONSULTOS LEGISLADORES", QUE PROPONEN UNA REFORMA CONSTITUCIONAL CONFUSA, ANTITECNICA, CONTRADICTORIA, CON INDEFINICIONES, Y  MAL ARGUMENTADA.  

???HABRA GATO ENCERADO???

???DONDE ESTARA COGADO EL MICO???

???NOS TENDREMOS QUE TRAGAR UN SAPO???

Los reparos al "marco legal para la paz" de Roy Barreras

Para el abogado Michael Reed (izquierda) la propuesta de un marco legal para la paz tiene varios errores conceptuales. El senador Roy Barreras (derecha) aduce que es un instrumento para "desmovilizar a los victimarios"

POLÍTICA

El experto en justicia transicional Michael Reed considera que la reforma constitucional para darle herramientas al Gobierno para encarar un eventual proceso de paz es "antitécnica, innecesaria, confusa" y está mal argumentada.

Martes 4 Octubre 2011

En Colombia hay una tendencia a buscar arreglarlo todo a punta de leyes. El conflicto armado no ha sido la excepción. Para la muestra, esta semana arranca la discusión del proyecto de Acto Legislativo bautizado por el senador Roy Barreras “marco legal para la paz”.

Se trata de una reforma constitucional que, en teoría, pretende darle las herramientas legales al Ejecutivo para que pueda garantizar una eventual desmovilización masiva de los grupos ilegales y cerrar el ciclo de la violencia.

Para analistas como Michael Reed, exdirector del Centro Internacional para la Justicia Transicional e investigador de la Corporación Punto de vista, esta es una iniciativa inconveniente. En su criterio, es antitécnica, innecesaria y contradictoria. Sus apreciaciones fueron expuestas con detalle en el artículo El nuevo marco jurídico para la paz: una propuesta inconveniente publicado en RazónPublica.com.

La propuesta

La reforma constitucional, que el Gobierno apoya, consta de tres artículos. El primero es transitorio, es decir, su vigencia es temporal. En este está el contenido más grueso de la iniciativa.

Dice que los instrumentos de la justicia transicional tienen como fin la terminación del conflicto armado y que serán “temporales y excepcionales”.

Señala que la ley podrá diseñar instrumentos “judiciales” y “no judiciales” para garantizar el deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables amparando los derechos de las víctimas.

Pero además dice que el Gobierno podría dar “un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Esta disposición fue agregada en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El proyecto faculta al Gobierno para presentar un proyecto de ley para determinar los criterios de “priorización y selección” de los casos en materia penal.

Agrega que, según los criterios de priorización y selección establecidos en la ley, el legislador podrá “autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de pena”. En estos casos se aplicarán mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, dice.

En el segundo artículo de la propuesta se agrega un párrafo al artículo 122 de la Constitución que dice que si el Gobierno los dispone y las mayorías en Senado y Cámara lo aprueban, los desmovilizados en un proceso de paz y condenados por delitos graves podrán ser elegidos o ser funcionarios o celebrar contratos con el Estado, lo que hasta ahora está prohibido.

El tercer artículo es el que dice que el Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

La propuesta, según Barreras, no es “el inicio de un diálogo de paz”. Es más, para él ni siquiera es el momento de hablar de “generosidades del Gobierno” y ya está sepultada la posibilidad de un “indulto” o una amnistía para las guerrillas que se desmovilicen.

En su opinión, se trata más bien de una propuesta para evitar lo que ocurrió con el proceso de Justicia y Paz, y es la falta de celeridad en los procesos judiciales.

Los reparos

Para Reed, la reforma constitucional es innecesaria. Primero porque la Constitución no sólo autoriza, sino que exige, la protección de las víctimas, y esto ya lo ha hecho el Congreso.

Reed advierte que si lo que pretende el proyecto es introducir un nuevo rasero en un marco de justicia “excepcional”, entonces el proyecto es oscuro. “La justicia transicional debe buscar fortalecer el Estado de derecho, no debilitarlo”.

En segundo lugar el analista considera que el acto legislativo está plagado de contradicciones. Y menciona dos “irreconciliables”: que la ponencia de primer debate dice que es para procesos futuros, pero “busca resolver los problemas creados por la ley de Justicia y Paz”, y que argumentan que los mecanismos de justicia transicional están en crisis pero el proyecto se presenta como una respuesta a la Ley de Víctimas (que es una herramienta de justicia transicional). “Es el mundo al revés —dice el experto—: la reforma constitucional se inserta en una ley”.

En criterio del especialista, el proyecto tiene otra debilidad producto de la confusión. Se refiere a que los ponentes de la iniciativa consideran que la justicia transicional se debe aplicar de manera gradual, “durante un período que queda sin determinar”. Barreras, además, ha dicho que este proyecto, junto a otras leyes como la 418 de orden público y la 1424 para los desmovilizados que no están en Justicia y Paz, es herramienta para cerrar capítulos del conflicto.

Reed replica: “La necesidad de acabar el conflicto por vía negociada es un anhelo que muchos podemos compartir, pero que la justicia transicional sirva para acabarlo es una equivocación conceptual que podemos pagar duramente”.

El analista considera que antes de formular cambios constitucionales, es necesario un escenario político para la paz, de lado y lado, y cualquier medida de reconciliación debe ser debatida con la población civil.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto está en la justificación del uso de herramientas no judiciales de investigación y de sanción para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. Barreras y el ponente del proyecto en la Cámara, Carlos Edward Osorio Aguiar, de la U, aducen que no existe en el sistema interamericano de Derechos Humanos una prohibición del uso de esos mecanismos no judiciales. Los congresistas citan además el Estatuto de Roma en la parte donde se define la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los casos en los que los Estados no estén dispuestos a investigar y juzgar un caso o no puedan hacerlo.

Para Reed, la argumentación de Barreras es una interpretación amañada y “posiblemente malintencionada”.

“El Estado no puede obviar su obligación de investigar y establecer responsabilidades por vía judicial en relación con delitos atroces… la obligación estatal de investigar y establecer responsabilidades frente a violaciones graves no se puede devaluar y la actuación judicial no se puede hacer desaparecer, bajo los embrujo del deseo”.

El proyecto también está justificado en el argumento de que Justicia y Paz falló, pero entonces, ¿por qué cambiar la Constitución, si lo que está mal es una ley? Para Reed el problema no es el régimen constitucional, sino el diseño de esa ley “que puso en manos del Ejecutivo y no de la Fiscalía la posibilidad de vincular a personas a la iniciativa”.

Otra crítica a la iniciativa es que le da la facultad de suspender una pena o un proceso de investigación al Ejecutivo, por aprobación del Legislativo. Para el experto esa es una propuesta que viola el principio de independencia del poder judicial. Lo propio ocurre con darle las facultades al Ejecutivo para decidir quién es más responsable o menos responsable porque la justicia se convertiría en un “bien transable políticamente”.

Al final Reed argumenta que en el afán de presentar el proyecto, sus creadores abren la puerta a que narcotraficantes y criminales sean funcionarios o elegidos en cargos de elección popular. Si bien uno de los temas clave de un eventual proceso de desmovilización es la participación política del grupo desmovilizado, la propuesta de reforma debe estar mucho mejor redactada, pues “no todo es negociable”.

Un aspecto que no menciona el analista en su artículo es la posibilidad de que los militares sean cobijados por “un tratamiento diferenciado” de justicia. El representante Osorio ha dicho que los militares no pueden ser tratados igual que los combatientes de los grupos ilegales. Pero ese argumento abre otras dudas como: ¿Cuál entonces será el tratamiento que recibirán los investigados por ejecuciones judiciales (falsos positivos)?

Quien ya ha expresado su reparo a esta posibilidad es el representante liberal Guillermo Rivera, quien en artículo de el diario El Tiempo calificó de “gravísima” la posibilidad de que militares involucrados en falsos positivos sean cobijados por mecanismos de justicia transicional o penas alternativas.

El debate, por tratarse de una reforma constitucional, tendrá ocho rounds. La discusión apenas comienza.

UNA BUENA APRECIACIÓN ECONÓMICA.

¿LE PARECE VERGONZOSO? ¿PIENSA QUE ESTO NO PUEDE ESTAR SUCEDIENDO EN COLOMBIA? DESE UNA VUELTA POR LAS RIBERAS DEL RIO ATRATO.

UNA NOTA PERIODISTICA SOBRE EL ALCANCE DE MENOS DE 180 O 190  MIL PESOS MENSUALES.    INSISTIMOS: LA CORRUPCIÓN DEBE SER DELITO DE LESA HUMANIDAD.

EN EL RIO ATRATO ESTA AMARGA REALIDAD  ES COTIDIANA, POR QUE SE HAN ROBADO LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN, LA EDUCACIÓN,  Y LAS CONDICIONES TANTO DE LOS INDIGENAS, LOS AFRODESCENDIENTES Y LOS COLONOS SON DENIGRANTES. NO HAY PRESENCIA DEL ESTADO.

TOMADO DE REVISTA SEMANA.COM NACIÓN

"Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos Niños mueran"

La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante a la Cámara Ángela María Robledo. ICBF en el Meta responde.

Lunes 26 Septiembre 2011

Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en el Chocó.

Robledo se preguntó cuál es verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad.

Robledo recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.

"En agosto de 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en el Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.

No obstante, la congresista dijo que el Viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".

Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y mestizos.

Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".

"La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, el Chocó y el Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.

Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por micro regiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea".

De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se manejen de manera local. El ICBF tiene 500 mil millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan la gestión local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.

Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".

ICBF responde

Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional del Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó.

Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.

A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de Unicef, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.

Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre de 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).

Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.

La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió.

Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".

Por su parte, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".

Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en el Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre a la población indígena y a los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.

Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en el orden zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".

MILAGRO GUBERNAMENTAL:LOS ECONOMISTAS BOGOTANOS IDENTIFICAN LA FRONTERA DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL . $180.000 . PREMIO NOBEL EN CAMINO.

Una  hazaña mas de nuestros técnocratas, que lograron identificar la antes indeducible línea fronteriza que separa la ostentosa riqueza que  tratan de ocultar la gran mayoria de los colombianos de  la pobreza y la exclusión social, que gracias a esa habilidosa y decidida maniobra econometrista, saca de un plumazo a decenas de millones de compatriotas de la indigencia y la pobreza y por "arte de mafia"  los coloca en el escenario de la riqueza y los lanza al mundo del consumo desaforado y ostentoso.

!!!que maravilla¡¡¡  nunca nadie en el mundo económico se ha atrevido a desafiar de esa forma a los ricos, a afrentarlos de esta manera, la mas ofensiva del mundo para ellos, sacandolos del mundo de la exclusividad casi inalcanzable y filandolos al lado de millones de los que segundos antes eran considerados lumpen proletariado,  guacherna, despojos menos que humanos destinados a sustentar con su sobreexplotacion, la economía de quienes hoy abren los ojos a esa dolorosa realidad que les señalan nuestros valientes economistas gubernamentales. A partir del gobierno de Santos, hay mas ricos, es mas, casi no hay pobres, lo que pone a los ricos de antes  (incluyendo al presidente Santos ) en medio del vulgo, del pueblo, los reduce humanamente al nivel de los guaches.

Una verdadera revolución.

Y algunos ingenuos denigrando del sistema, atacando al gobierno, y otros, peores aun,  ejerciendo el terrorismo,   matando y haciendose matar por que querian un cambio,  por que no resistían más las condiciones de pobreza en que los habian condenado a vivir, sin saber siquiera que un dia los santos economistas llegarian a solucionar sus problemas, trazando una simple raya que los incluiria del lado de los ricos, terminando de un plumazo todos sus motivos de resentimiento.

Los colombianos no podemos todavía creer esa maravillosa realidad que nos señalan los genios de la planeación nacional. Nos han marcado un nuevo rumbo, nos llevan, con solo imprimir un papel al mejor de los escenarios posibles y nos costará mucho adaptarnos a esa maravillosa realidad. Por que practicamente todos los colombianos hoy, somos ricos y  todavía no nos hemos dado cuenta.

Muy pocos, realmente muy pocos colombianos tienen entre la suma de todos sus haberes menos de 180 o 200 mil pesos.  Busquese un habitante de la calle, y verá que sumando el valor de sus chiros raidos, los cartones bajo los que duerme, el carro de rodillos en que arrastra sus pertenencias y el perrito famelico que lo acompaña a todos lados y le brinda un poco de calor por la noche,   tiene un patrimonio superior a esa suma.  (sin tener en cuenta el valor del perro al que debe valorar muchisimo mas que 180 mil pesos, por que si no, ya se lo habría comido en un ataque de hambre.)

Ahora, no digan que no es capaz de conseguirse mas de 180 mil pesos  mensualmente, por que, por ejemplo, el solo hurgar entre las sobras que hay en la basura de restaurantes que ofrecen platos de $70 mil o $100 mil pesos, en un solo dia puede ser capaz de conseguir alimentación por esa suma e incluso más.

Ahora, nuevos ricos, preparense o mejor preparemonos por que tendremos que pagar impuestos por eso y sostener la guerra por que el esfuerzo que hace el Estado para defender nuestra vida y patrimonios será mas costoso aún, pues los muy pocos pobres que quedaron se van a venir con todo a tratar de despojarnos de los mas de 180 mil pesos representados en las joyas, los dolares, las fincas, los carros, los cartones, las sobras, el carrito de rodillos y el perro.


Por: AJGF

A LA MEMORIA DEL APOSTOL JUDAS (Quien al menos tuvo la decencia de ahorcarse.)

N. del E. : Transcribimos a continuación una columna aparecida en el periódico URABA HOY en la edición que circuló en el mes de febrero de 2008. Se dio la "casualidad"  de que a partir de entonces arreciaron las amenazas e incluso los atentados en contra de integrantes del periódico, lo que condujo a la administración a tomar la muy lamentable pero forzada decisión de terminar la edición de dicho medio de prensa escrita, cierre que aun hoy persiste por la censura impuesta por los violentos.
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A LA MEMORIA DEL APÓSTOL JUDAS.

(Quien al Menos Tuvo la Decencia de Ahorcarse)

Por Juan R. García F,  (Filósofo - Consultor Político)

Preocupa y molesta ver cómo el Gobierno Nacional quiere salirse por la tangente en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas. Ahora, cuando el municipio de Medellín quiere “devolverle” los más de 5.000 desmovilizados que acoge en su programa de reintegración, el gobierno dice que, por el contrario, quiere “regionalizar” ese proceso, devolviéndole la pelota a los entes territoriales. ¿Por qué será que cuando las cosas se ponen duras, el más débil acaba siempre pagándolas, y nadie lo quiere, como a pandequeso maluco?

Recordemos que el proceso de paz de las Autodefensas ha sido usado como trapo cocinero del gobierno del doctor Uribe para intentar limpiar su imagen política desde el año 2002. Sin importarle lo más mínimo el destino de más de 30.000 familias o de las regiones, se adelantó un proceso pensando que al darle las llaves al ladrón, o al amarrar el gato con longaniza, se resolvía todo más fácil. Así pues, se orientó un proceso improvisando (en el mejor de los casos), o bajo los lineamientos esbozados por ex miembros del M19 que criticaban a Uribe, y a la luz de los estudios de Ernesto Yamhure, quien se aprovechó de la confianza que como a su asesor y amigo le tuvo Carlos Castaño, para plasmar en una torpe tesis académica una mala radiografía de las Autodefensas, en abstracción de las diferentes circunstancias de las regiones colombianas, la cuál debió servir para los ensayos que el doctor Restrepo, verdadero doctor Mengele de la paz, hizo con las personas que aceptaron someterse a un proceso en el que todo parecía diseñado por el Gobierno, y por algunos de sus asesores, para que terminase mal.

En 2002, en una reunión con más de 70 comandantes de las Autodefensas de todo el país para trazar la hoja de ruta de un eventual proceso de paz, y en la que participábamos en calidad de asesores los señores Juan Rubini, Ernesto Yamhure y yo Juan Rodrigo García, ante mi propuesta de un modelo de proceso regionalizado que atendiese a las causas objetivas de la violencia subversiva y antisubversiva en las diferentes zonas del país, mi posición fue ridiculizada por el señor Yamhure, al afirmar que “eso de las causas objetivas y subjetivas de la violencia ya no se estudia siquiera”, y que ahora el tema era “¡coca, coca y coca!”. Yo no estuve de acuerdo, como tampoco lo estuvieron algunos de los asistentes, y aún hoy, creo que estamos en mora de rectificar el rumbo complementando la obligación del estado de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos, con una verdadera política de paz que tenga en cuenta las causas y los factores regionales que dinamizan la violencia en Colombia.

No podemos seguir pensando, como afirma Yamhure en su columna de esta semana en El Espectador, que quienes alegamos la necesidad de una política de diálogo con la subversión, queremos volver a la farsa del Caguán, o hacer que el país regrese al fango en el que estaba hace 7 años. Al contrario, quienes defendemos la tesis del diálogo, pensamos que por ese camino podemos alcanzar una paz digna para los colombianos, que nos beneficie a todos, no sólo a los grandes monopolios comerciales. La confianza inversionista de la que tanto se habla como conquista de la seguridad democrática, sólo está sirviendo para hacernos más vulnerables y débiles. Las grandes cadenas comerciales, ahora en manos extranjeras, se encargarán de que sigamos consumiendo carne brasileña, maíz argentino, arroz tailandés, ropa china y en fin, todo comprado donde más barato salga, para vendérnoslo lo más caro que puedan, mientras sólo lo ilícito nutre la capacidad de consumo de un país de regiones agobiado por la pobreza, el desempleo y el abandono del campo. 

Luego de recibir los fusiles de las Autodefensas, el presidente Uribe ha sacado pecho en todas partes, diciendo que la prueba de que él no tenía nada que ver con el fenómeno paramilitar es el haber sido él, y no otro presidente, quien puso presos y ha extraditado a los comandantes de las Autodefensas. Permítanme decir que eso no prueba nada, pues aunque Judas entregó a Jesús, no por eso fue menos uno de los doce apóstoles. De la misma manera opino, que aunque el doctor Yamhure sea fiel escudero del fiel escudero del presidente, el ministro de agricultura, y sea asesor o empleado de la oficina del alto comisionado para la paz, no por eso es menos cierto que Carlos Castaño lo quería como amigo, lo respetaba como asesor, y hasta donde tengo conocimiento, le pagaba. 

UN SABIO CONSEJO

Uribe y la justicia internacional

Por León Valencia tomado de semana.com

OPINIÓN Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional.

Sábado 10 Septiembre 2011

Hace unas semanas, el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga le dijo a Clara Elvira Ospina en su programa de opinión en RCN Televisión que a Álvaro Uribe le preocupaban las eventuales acciones que alguna Corte internacional de justicia pudiera emprender contra él. Algo parecido me había dicho Zuluaga a finales del año pasado en la ciudad de Madrid cuando acudíamos a un encuentro de líderes de América Latina.

Hablamos del asunto y le manifesté que veía muy remota esa posibilidad, aunque sabía que varias organizaciones de derechos humanos estaban recopilando información y buscando la manera de incubar procesos en organismos internacionales. También le expresé que llevar nuestro conflicto a instancias foráneas y poner en manos de jueces y fiscales extranjeros a dirigentes políticos o jefes militares con un papel relevante en la confrontación interna prolongaría nuestra guerra y alejaría la reconciliación.

He vuelto a pensar en esa conversación con el exministro en estos días a raíz de la visita de Isabelle Durant, vicepresidenta del Parlamento Europeo, a recoger información sobre las 'chuzadas' del DAS; del artículo de The Washington Post sobre el mismo tema; de las sesiones que realizó en nuestro territorio la Corte Interamericana de Derechos humanos y de las labores que adelanta el juez Baltasar Garzón. Veo que la atención sobre Colombia está creciendo. Veo que se están acentuando las preocupaciones de influyentes medios o de importantes organismos sobre lo que ha ocurrido en el país en materia de derechos humanos. 

Quizás está bien fundado el miedo de Uribe a la intervención de tribunales internacionales. Si empiezan a proliferar en el exterior denuncias que involucran a funcionarios del Estado o a personas vinculadas a fuerzas ilegales con delitos que pueden ser investigados y juzgados en la jurisdicción internacional y que en el interior del país no son debidamente atendidos por la justicia, llegará el día en que alguna Corte extranjera decida meterse en Colombia. La internacionalización de la justicia es una corriente imparable en este principio del siglo XXI.

Ahora bien, creo que las reacciones del expresidente Uribe frente a las indagaciones, su actitud ante la justicia colombiana y su crítica a las iniciativas de paz no contribuyen a alejar un posible interés de la justicia internacional para intervenir en nuestro país. A la señora Durant le dijo: "Isabelle Durant, del Parlamento Europeo, viene a apoyar calumnias como buena justificadora del terrorismo. Además de cobarde, no debate de frente". La calificación para el informe de The Whasington Post fue: "Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo".

No ha sido menos agresiva la posición frente a las Cortes. La Corte Suprema y la Fiscalía han sido acusadas reiteradamente de participar en conspiraciones, de ser voceras del terrorismo y de tener un sesgo político. La situación llegó al extremo de aconsejarle a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado que se asilara en Panamá y eludiera la acción de la justicia colombiana porque no existían garantías para su juicio. 

No creo que exista una manera más eficaz de promover la intervención de jueces y fiscales extranjeros en nuestro territorio. Me imagino la exasperación de sectores del Parlamento Europeo ante la desmedida acusación de Uribe a la señora Durant y el asombro de los periodistas de The Washington Post señalados de simpatizantes del terrorismo. Me imagino también la evaluación que hacen de nuestra justicia cuando un líder político que gobernó al país durante ocho años le recomienda a una funcionaria que se asile porque no hay garantías en su país. Las agresiones a personajes e instituciones de la comunidad internacional y el desprestigio de la justicia interna alientan una vigilancia mayor de la justicia internacional. 

Uribe debería parar esa carrera loca hacia los tribunales internacionales, bajarle intensidad a la polarización y contribuir a la reconciliación del país. En esa situación las organizaciones de derechos humanos podrían cesar el esfuerzo de abrirle procesos en el exterior al exmandatario. Un pronto y verdadero proyecto de paz nos ahorraría el dolor de ver desfilar ante tribunales extranjeros a líderes colombianos de todos los bandos.