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| POLITICA Y GOBIERNO | |
| Domingo, 29 de Mayo de 2011 23:18 | |
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lunes, mayo 30
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: es mucho, pero no es todo
tomado de RAZONPUBLICA.COM
Intervención de FREDY RENDÓN HERRERA en foro del ODDR U. Nacional de Colombia
“LA VERDAD EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS AUTODEFENSAS”
ALCANCES Y RETOS
Asistentes:
“No podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que pensábamos cuando lo creamos”
Albert Einstein
Asistentes:
Observatorio de Desmovilización Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional De Colombia (convocante)
Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación
Procuraduría Delegada de Justicia y Paz
Defensoría Pública de Postulados y de Víctimas
Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia
Alta Consejería para la Seguridad
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Mapp/OEA
Entidades multilaterales de Cooperación Internacional, ONU, embajadas, Usaid.
Buenos días. Se nos ha invitado muy amablemente por parte del Observatorio de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, a intervenir en este foro denominado “la verdad en los procesos de Justicia y Paz con los postulados de las Autodefensas Alcances y retos” que pretende dar salida al muy acertado trabajo del observatorio, en cuanto a su objeto de estudio, así como encontrar propuestas constructivas, en una forma amplia y participativa, incluyendo a todos los actores del conflicto armado en Colombia, y particularmente a quienes hoy nos encontramos inmersos en el proceso de “Justicia y Paz”, que fuimos actores armados y que en virtud de una afirmativa voluntad de paz accedimos a la desmovilización masiva, a la dejación de las armas y al acogimiento motu proprio del imperio de la ley, en un gesto humilde y sincero de contribución a la Paz como supremo interés de la nación.
Ofrezco de antemano mis disculpas si involuntariamente hiero susceptibilidades, habida cuenta que estos temas son demasiado sensibles y de manera respetuosa solicito que se me entienda en la mejor disposición, no sólo de cumplir con el objetivo de este evento, sino también de aportar un grano de arena a la reconciliación de mis compatriotas colombianos, circunstancia que coincide con mi mayor anhelo
Celebro al tiempo que agradezco esta irrepetible oportunidad que se nos brindan de escaparnos del contexto meramente jurídico, para pasar al plano en el que todos queremos estar que es el de idear de modo constructivo salidas coherentes, viables y sostenibles para la superación del conflicto que aún hoy afecta a nuestro país. El logro de la reconciliación nacional y la conquista de la paz es el más grande tributo a las generaciones venideras, a quienes no les podemos legar, de ninguna manera, el horror de la historia de los tiempos violentos de la nación exacerbados con mayor ímpetu desde mediados del siglo pasado. Paso entonces a hacer la breve exposición, de acuerdo con los derroteros que ha ofrecido el observatorio para el desarrollo de esos temas, los cuales pudieran ser demasiado extensos pero que en razón de la limitación del tiempo vamos a ser lo más concisos posible.
TEMA 1:
La reconstrucción de la verdad a partir de los diversos actores.
¿Cuál es la verdad que necesita el proceso de Justicia y Paz? Esta pregunta nos la hacemos insistentemente, cuando nos vemos abocados a las diligencias de versión libre y a los testimonios ante las entidades judiciales. Se plantea entonces por parte de los abogados si la verdad que se busca en Justicia y Paz es la verdad procesal, la que se puede probar o la verdad histórica o sea el relato de los hechos tal como ocurrieron. Es necesario responder entonces que la verdad que exige conocer el país y la humanidad es la verdad verdadera, y por eso estamos en un proceso de Justicia transicional y no en un proceso penal ordinario, ciertamente a los postulados nos corresponde decir la verdad de lo ocurrido y a la Justicia corroborar nuestro dicho. No es procedente pretender que el interés de nuestra parte sea el de procurar que se otorgue crédito a nuestra propia verdad, y que a la sociedad y las víctimas se les excluya del debate sobre la realidad de lo versionado, máxime cuando están en juego tantos sentimientos y cuando la realidad supera dolorosamente cualquier expectativa que se tenía frente a los hechos.
¿Está Colombia preparada para conocer la verdad? Es claro que ante la sensible y angustiosa realidad que entrañan los hechos declarados en las versiones, no es posible estar lo suficientemente preparados para afrontarlos. No hay protocolos psicológicos ni nada que predisponga a las víctimas para abordar el conocimiento de estos temas, pero, hay que contarlos y estos son los momentos oportunos para que el país los conozca. Por tanto esta pregunta ha de ser respondida con un SÍ rotundo. Esta es la hora las víctimas y de su derecho a conocer la verdad sin dilación alguna. No pueden esperar respuesta de un libro de historia dentro de 15, 20 o 100 años, ellas exigen respuesta inmediata, tienen derecho a ella, y por lo tanto es el momento para contar la verdad, y la sociedad debe estar preparada para ello, y dispuesta a escuchar y a enfrentar la responsabilidad que quepa.
¿Está Colombia realmente preparada para afrontar las consecuencias de la verdad? La respuesta a esta pregunta es condicionada, desde nuestro punto de vista. Considero que el país no ha dimensionado realmente las consecuencias de la verdad. Peor aún, se ha quedado corto en el alcance que le ha querido dar al tema de la verdad. Las consecuencias de la verdad se han querido dejar en el nivel nuestro, no se quiere, no se puede, no se debe y en cambio se obstruye el llegar a otros niveles y menos afrontar la responsabilidad en otras instancias.
¿La verdad facilita la reconciliación? Si rotundo. Desde nuestro punto de vista contar la verdad no sólo es catártico, sino que genera también procesos de catarsis en la sociedad en cuanto son liberadores, pues, el conocimiento de lo que realmente aconteció libera la tensión social que de otro modo estaría destinada a potenciar el conflicto. Una vez entendido esto no puede ser otro nuestro compromiso en el proceso en que estamos, si asumimos el reto de contar la verdad el resultado que esperamos no puede ser otro que lograr avanzar hacia la firme reconciliación.
¿Cómo puede lograrse la recomposición de contextos y la reconstrucción de hechos? Los contextos históricos no se pueden recomponer plenamente, mientras que los hechos sí se pueden reconstruir, de acuerdo con el pensamiento y conocimiento de cada actor. Así, aunque el contexto histórico no se puede variar si se debe generar hacia el futuro escenarios y contextos de acuerdo a lo que se quiere para el país, eso sí por la vía del consenso.
Se nos ha querido endosar la reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, a los actores armados que hoy, desde la condición civil de desmovilizados concurrimos a los estrados judiciales a dar cuenta de nuestra actuación. La sociedad colombiana tiene que ser consciente que de nuestra parte la verdad es sólo una fracción de todo lo que realmente aconteció. Debemos contar nuestra verdad, pero esa verdad constituye una parte de un todo que en la mayoría de los casos escapa a nuestro propio conocimiento. En este punto fuerza admitir que también la verdad recae sobre otros actores que promovieron nuestro accionar, y se beneficiaron de ello, estos agentes deben concurrir, de igual forma como lo estamos haciendo los desmovilizados, a entregar esa parte de la verdad que aún falta y que el país debe conocer
El país debe responder a este desafío diseñando e implementando otros mecanismos de justicia transicional, que permita a esos actores del conflicto concurrir a exponer su verdad, a develar su actuación, y desde luego obtener una pena, llamémosla alternativa, y a contraer la obligación de reparar a la sociedad y a las víctimas por el daño causado. En tanto esto no se dé, no sólo la verdad será incompleta sino que se generará un clima de mayor violencia, pues, la evasión de la responsabilidad por los delitos cometidos, se traducirá en más guerra, más impunidad y desde luego en absoluta imposibilidad de evitar la repetición de los horrores
Sólo habrá verdaderas garantías de no repetición el día en que todos los actores hayan pasado por la justicia, contando su verdad y reparado en debida forma a sus victimas
¿Cómo concurren las diversas voces? La verdad sólo es una, pero tiene tantas percepciones cuantos actores participen en su construcción. Celebramos el muy importante paso que ha dado el Estado Colombiano al reconocer la ocurrencia de un conflicto armado interno. El avance fundamental que implica esta determinación es de hecho un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes en el enfoque bastante extraño del gobierno anterior, no existían, puesto que no se puede ser víctima de un conflicto que no existe y en el que tiene tanta responsabilidad el estado
Tema 2:
Confianzas e inseguridades al proceso penal especial.
Hay que mirar el tema desde dos escenarios temporales: Antes y después. Parto de la base de que el proceso de negociación que adelantó el extinto bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas, fue un proceso de negociación independiente del que adelantaron otros bloques de autodefensas que conformaban las AUC. Los temas de la negociación con el Gobierno Nacional discurrieron alrededor de dos conceptos fundamentales: en primer lugar el de la seguridad de las regiones donde teníamos presencia, y el beneficio de las comunidades con las que a su vez interactuamos. Dado que siempre consideramos que el origen del conflicto colombiano partía del abandono de las regiones por parte del Estado, era necesario asegurar la gestión permanente del citado Estado en esas regiones. En segundo lugar, el otro tema de interés por parte nuestra en la negociación, fue el de poder tender lazos de reinserción de los ex combatientes, es decir que el proceso fuera incluyente, que los tuviera en cuenta no solamente a los desmovilizados sino a las comunidades dentro de las cuales siempre hicieron parte como campesinos, y en las cuales iban a actuar nuevamente como civiles. En fin que también se tuviera en cuenta las poblaciones vulnerables, las víctimas, los desplazados, los campesinos desposeídos, y a otro tipo de población desarraigada por el conflicto en la región de Urabá.
Evidentemente los acercamientos y la negociación con el Gobierno Nacional se dieron con fundamento en el interés nacional de alcanzar la Paz, y que en esa medida existía confianza de que por parte del Estado representado en el Gobierno Nacional, se iba a tener mecanismos legales que nos permitieran dentro de nuestro paso a la civilidad, dar cabida a los preceptos universales de verdad, Justicia y reparación, así como obtener una pena alternativa, que nos redimiera frente a la sociedad y a la vez permitiera nuestra reincorporación plena a la vida civil. Esto era lo que creíamos, aquellos que nos propusimos dar el paso de desmovilizarnos y asumir como comandantes el ir voluntariamente a la cárcel a responder por nuestras actuaciones, bajo el marco de Justicia y Paz. Alrededor de 30 comandantes que en ese momento no teníamos ningún requerimiento judicial, no éramos parte de algún proceso judicial, ni tampoco teníamos condenas, pero que a conciencia sabíamos que debíamos responder por nuestras acciones, fuimos llegando voluntariamente a la cárce,l nos presentamos a la fiscalía, nos entregamos a las autoridades, y por nuestros propios medios nos acercamos al sitio donde iríamos a ser recluidos para afrontar el proceso Justicia y Paz.
Para ese momento ya existía una gran incertidumbre, la ley de Justicia y Paz había sido modificada por la Honorable Corte Constitucional, y se avanzaba en desarrollos jurisprudenciales que recortaban cada vez más algunos aspectos fundamentales de la ley y nos ponían en una situación compleja frente al escenario futuro. Sin embargo pudo más nuestra voluntad de Paz y por tanto persistimos en ella, pese a tan adversas circunstancias que ya se prefiguraban en esos momentos.
¿Cómo afrontamos hoy el proceso de Justicia y Paz? La percepción generalizada entre todos los que hoy somos sujetos al proceso Justicia y Paz es de incertidumbre. No hay confianza en el Estado, la cantidad de problemáticas no resueltas dentro del marco de la ley no permiten tener una percepción distinta, el sólo hecho de no haberse solucionado por parte del Gobierno Nacional el tema de la fecha límite de aplicación de la ley, a pesar de haber sido su compromiso solemne dentro de la negociación con casi todos los grupos que se movilizaron con posterioridad al 25 julio 2005, genera esa percepción negativa, desestimula el proceso, frena completamente la voluntad de participar en el proceso, puesto que la mayor garantía es tener un marco legal aplicable con claridad, y este marco no se ha dado. Esta es la mayor dificultad que encuentran los desmovilizados hoy, para contar su verdad frente a sus actuaciones en el conflicto. Lo otro, es el problema de las consecuencias de contar la verdad que deben afrontar tanto los desmovilizados en las cárceles, como sus familias en donde se encuentren radicadas. Los señalamientos, la estigmatización, La cantidad de amenazas, las intimidaciones, que pasan de simple palabras a realidades, los asesinatos de familiares, los asesinatos de desmovilizados, de abogados e incluso de postulados a los procesos de Justicia y Paz dentro de las cárceles, desde luego desestimulan cualquier voluntad de contar la verdad. Nuestras familias están escondidas, muchas de ellas se han tenido que exiliar, en países que no los quieren recibir, existen listas negras, que circulan unas por debajo de cuerdas y otras abiertamente en las cuales se estigmatizan y discriminan a los desmovilizados y a sus familias, no hay oportunidades de empleo para ellos. Siendo así las cosas, ¿habrá reconciliación posible?
Y eso que estamos en un escenario donde aún no se ha tocado a las altas esferas del poder económico, político ni a las fuerzas armadas, inclusive, en los algunos de los pocos casos en que se han ventilado nombres de personas de las mencionadas esferas, no se ha provocado ninguna actuación judicial que conduzca a determinaciones en contra de esos individuos, La impunidad y la inmunidad siguen campeando en la Justicia. En otros casos, se ha observado cómo las acciones contra tales personas proceden de conformidad con la conveniencia de algunos poderes políticos o económicos, pero lo cierto es que no existe una respuesta sistemática y generalizada del Estado para judicializar a quienes han resultado, en múltiples menciones, referenciados en las diligencias de versión. Todo ello ocurre mientras nosotros y nuestras familias quedamos en evidencia y expuestos ante aquellos a quienes desenmascaramos ante la Justicia, entorpeciendo aún más nuestras posibilidades de reinserción a la vida productiva del país.
Hemos insistido públicamente a todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que nuestro papel no es solamente de victimarios, el de ser los malos del paseo, sino que nuestro rol es hoy por hoy el de fungir como testigos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 20 o 30 años. Somos testigos de excepción. En esa medida, también somos blancos de excepción. La prioridad de las fuerzas oscuras en este momento no puede ser otra que callarnos, sacarnos del panorama, desaparecernos de cualquier forma, así sea recurriendo a manipular y a utilizar recursos legales y gobiernos extranjeros para extraditarnos y hacernos callar a cualquier costo.
El genocidio de los autodefensas desmovilizados.
De esta situación de testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia, se ha derivado lo que hemos dado en llamar el genocidio de los desmovilizados de la autodefensa. La Justicia debe documentar las estadísticas de cuántos y quiénes de los miembros representantes desmovilizados han sido asesinados, cuántos y quiénes de los comandantes en proceso de negociación o de acercamiento con el Gobierno Nacional fueron asesinados, cuántos desmovilizados han sido asesinados y si sus casos de alguna forma han sido relacionados con lo que se denomina "falsos positivos". Cuántos familiares de desmovilizados han sido eliminados, y finalmente cuántos abogados encargados de la defensa técnica han sido desplazados, amenazados y asesinados. En fin cuantas personas relacionadas directa o indirectamente con las extintas autodefensas, con el proceso de paz y con la ley de Justicia y Paz, se han convertido en personas altamente vulnerables y desprotegidas por el estado…., un genocidio.
¿Qué confianzas ha brindado el proceso especial de Justicia y Paz? En el proceso de Justicia y Paz hemos encontrado situaciones positivas que permiten valorarlas de tal forma que nos llevan a permanecer en el proceso. Entre ellas:
· Nuestra voluntad de colaborar y aportar nuestro grano de arena al proceso de paz en Colombia
· El entendimiento por las partes involucradas del proceso como constructivo y no controversial
· La actitud de las victimas que ha madurado.
¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? La inseguridad y sus efectos sobre la reconstrucción de la verdad. Como anunciamos anteriormente, existen algunos puntos que pudiéramos ver como fortalezas dentro del proceso y que permiten continuar en él, pero existen una gran cantidad de debilidades y amenazas que inciden directamente en el proceso y que determinan que haya muchísima más desconfianza, e incluso más temor, que optimismo y credibilidad. Pudiéramos ubicar entonces las mayores debilidades del proceso en las incertidumbres jurídicas que existen y que afectan necesariamente el proceso de la verdad. Son ellas, a las que ya nos hemos referido, la inseguridad jurídica, y la seguridad física.
Implicaciones de la pervivencia de organizaciones armadas ilegales. No quisiéramos tenernos que referir concretamente a organizaciones armadas ilegales que superviven al proceso de negociación que adelantamos con el Gobierno Nacional, puesto que nuestra voluntad ha sido inquebrantable en cuanto a el desmonte total del fenómeno de autodefensas respecto de lo que nosotros dirigimos. Personalmente tengo que dar fe al país de que el bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas que lideré, se desmovilizó totalmente, de cara al Estado y frente a las comunidades en las que actuó, y que a partir del 15 agosto de 2006 nuestra voluntad y dedicación está exclusivamente dirigida a la reintegración y a sacar avante el proceso de Justicia y Paz.
El país debe reflexionar e identificar los fenómenos que subyacen en el fondo de nuevos grupos armados ilegales. Mina la confianza en la desmovilización y restan credibilidad al proceso de Justicia y Paz. Los actores armados ilegales, que no son otro simple fenómeno delincuencial, tienen como precedentes los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país; Sin embargo queremos llamar la atención sobre ese fenómeno, puesto que si bien nuestra voluntad de paz ha sido y será firme, nos duele profundamente ver el esfuerzo que estamos haciendo mientras el Estado se mantiene ajeno a la atención de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo.
Espero que esta exposición haya cumplido con las expectativas que se tenían frente a los alcances y retos del proceso Justicia y Paz en lo referente a nuestra intervención como postulados frente a la construcción de la verdad de lo acontecido principalmente con las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en Colombia a partir de la acción de los grupos de autodefensas.
Muchas gracias por su amable atención, muchas gracias al Observatorio por su valiosa invitación, pues no sabe cuánto valoramos desde el encierro a que nos vemos sometidos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento en ese espacio académico que ustedes han abierto y que sólo puede producir efectos de paz para nuestra atribulada patria. De todo el auditorio, con el mayor respeto,
FREDY RENDÓN HERRERA.
Representante de la Comunidad de desmovilizados de la cárcel de Itagüí
Mayo 20 de 2011.
domingo, mayo 29
A PAGAR LA DEUDA HISTORICA
"Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para ustedes ser congresistas." Con estas contundentes palabras, Juan Manuel Santos radicó el pasado 27 de septiembre la ley de víctimas en el Congreso.
Ocho meses después, la Casa de Nariño logró la aprobación de un marco legislativo que, sin exagerar, merece el apelativo de "histórico". La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Primer Mandatario aspira a sancionar con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cubrirá a unos 4 millones de colombianos cuyos derechos se vulneraron en el conflicto interno.
Debido a la magnitud de su impacto inmediato, la extensión del número de sus beneficiarios y su poderoso simbolismo, la aprobación de este proyecto significa el logro más trascendental del primer año de gobierno de Santos. Un acierto que desborda los límites de la agenda legislativa para influir en la política agraria y fiscal, y se constituye en primer paso del camino hacia un eventual intento de reconciliación y paz.
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Cuatro años le tomó al Congreso, y en especial a un entusiasta promotor, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la discusión de un cuerpo normativo para reparar a los colombianos que habían sufrido daños a causa de la guerra. Ese accidentado trámite, que incluyó un dramático hundimiento de último minuto por cuenta de la coalición uribista, encontró en el gobierno Santos el aliado con el músculo suficiente para convertir el proyecto en realidad.
En los debates parlamentarios surgieron controversias que conforman un microcosmos de las diferentes interpretaciones ideológicas sobre el origen, la dinámica y el futuro de la violencia nacional.
Al bloque de origen liberal que impulsó una versión amplia del marco de reparación y restitución se contrapusieron las preocupaciones fiscales y conceptuales de los uribistas 'radicales', incluyendo su rechazo al reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia.
En los últimos ocho meses se adicionó un componente vital, que multiplica la capacidad reparadora de la ley: la restitución de tierras. Con esta inclusión, aquella aborda sin aspavientos uno de los motores del conflicto armado en Colombia: el sistemático despojo y abandono de unos seis millones de hectáreas. Como lo afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Barrancabermeja, con ocasión del lanzamiento del Premio Nacional de Paz 2011, "la paz duradera pasa por la búsqueda de soluciones modernas y audaces a los conflictos agrarios del país".
La norma, que espera la conciliación para pasar a la firma presidencial, contiene una serie de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para que los desplazados puedan reclamar, en cuestión de meses y no de años, sus predios perdidos. Asimismo, diseña una nueva institucionalidad desde la Presidencia de la República para comandar el ambicioso proceso de reparación.
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Por más complicado que haya sido el tránsito en el Legislativo, es justo decir que no se comparará con el inmenso desafío de su ejecución. Un primer reto está en el manejo de las grandes expectativas que la ley ha generado. Le corresponde al Gobierno proveer a los potenciales beneficiarios, que se calculan en millones, de montos, procedimientos y tiempos claros para la entrada en operación de las restituciones e indemnizaciones. Confusiones, falsas ilusiones y desorden administrativo son la antesala de la frustración colectiva.
El proceso de reglamentación, por ende, no solo debe realizarse de manera transparente, sino también con celeridad.
Incertidumbres que quedaron en el aire tras los debates, como el impacto fiscal de las reparaciones, deben ser resueltas rápidamente por la Casa de Nariño.
Dentro de las primeras tareas también se incluye la integración de las nuevas unidades administrativas, así como el fortalecimiento de las jurisdicciones agrarias, a cargo de tramitar las reclamaciones.
Otro factor de riesgo en la aplicación de esta legislación está en el uso proselitista de las víctimas en las elecciones regionales de octubre próximo. Las autoridades de vigilancia electoral y las organizaciones de observación necesitan prestar especial atención a las zonas donde los despojos fueron más extendidos.
Al mismo tiempo, la recién lanzada Política Integral de Seguridad deberá incluir en sus estrategias de protección a las asociaciones de víctimas y demás reclamantes de predios. Como ya ha sucedido, la violencia contra los líderes campesinos puede echar por la borda la legitimidad de este titánico esfuerzo institucional.
El presidente Santos tenía claro desde septiembre que no bastaba con pasar un articulado. Una implementación exitosa de la Ley de Víctimas no solo cimentará su legado como mandatario, sino que desatará una transformación en nuestro rasgado tejido social.
El regreso de cientos de miles de familias al campo y la posibilidad de reparar inmensos daños a otras tantas tendrán un impacto positivo que hoy es aún difícil de calcular. El pago de la deuda apenas comienza.
La ley de victimas y tierras en diez puntos
SEMANA resume y explica el ABC del nuevo estatuto, compuesto por 208 artículos agrupados en nueve capítulos, algunos de los cuales todavía deben ser conciliados entre Cámara y Senado.
Sábado 28 Mayo 2011
1. El objetivo: dejar atrás las secuelas de la violencia
El proyecto recoge la experiencia de varios países que han sido golpeados por conflictos internos, regímenes autoritarios y guerras civiles, en los que el Estado ha llevado a cabo planes ambiciosos para reparar a los afectados por la violencia. La idea central es, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, "cicatrizar heridas del pasado". Esto es, voltear páginas violentas de tal manera que no se repitan, se desincentive la venganza y se creen condiciones para que las víctimas y sus allegados puedan llevar una vida digna sin estar marcados para siempre por las huellas del pasado. El texto recoge conceptos de otros países en los que se han implementado políticas para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Un principio clave que opera como columna vertebral es que los criterios para determinar los beneficiarios se fijan en el hecho de ser víctimas (los daños sufridos) y no en la naturaleza de los victimarios (no importa si fueron guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado u otros).
2. Quiénes son víctimas
Uno de los aspectos más debatidos en el Congreso fue cómo definir el universo de beneficiarios de la ley. Estarán cobijadas las personas que, en forma individual o colectiva, hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (reglas adoptadas por la comunidad internacional para proteger a los civiles en casos de guerra) o a los derechos humanos. Con el fin de adoptar demarcaciones precisas, y después de un gran debate, el Congreso aprobó que serán consideradas víctimas del conflicto interno armado (el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado) aquellas personas afectadas por hechos posteriores al primero de enero de 1985 (según la versión aprobada por el Senado, que incluiría a las víctimas de la Unión Patriótica) o al primero de enero de 1991 (de acuerdo al texto que pasó en la Cámara). La Comisión de Conciliación del Congreso deberá escoger -probablemente esta semana- una de las dos fechas. Se calcula que cuatro millones de colombianos serán resarcidos. La vigencia de la ley será de diez años.
3. Las víctimas recibirán dinero y/o reparación moral
Los beneficios contemplados en la ley son de dos tipos. Uno es pecuniario: dinero, entregado por el Estado, según la misma tabla establecida en el Decreto 1290 de 2008, que estableció la reparación individual por vía administrativa. Allí se contemplan cuantías que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos (aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos). En la nueva ley de víctimas también se establecen otros mecanismos de reparación no pecuniaria, o simbólica, entre los cuales sobresalen: la celebración del Día Nacional de las Víctimas -el 10 de diciembre-, la creación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, asistencia en salud, educación, ayuda humanitaria para los desplazados y un subsidio funerario para quienes mueren como consecuencia del conflicto armado. Las gabelas económicas solo cobijarán a las víctimas posteriores a la fecha que finalmente adopte la Comisión de Conciliación del Congreso. Las simbólicas favorecerán a todas, sin límite cronológico.
4. Se devolverán las tierras a los despojados
Uno de los puntos más trascendentales de la ley de víctimas es la creación de una serie de instrumentos para que el Estado les devuelva las tierras a quienes se vieron obligados a abandonarlas como consecuencia del conflicto. Quienes fueron despojados o abandonaron sus tierras por la violencia, después del primero de enero de 1991, podrán reclamarlas a través de mecanismos judiciales más expeditos que los de la justicia ordinaria. Se calcula que actualmente hay tres millones de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños legítimos.
5. Se crea un censo único de víctimas
Las personas que consideran que cumplen las condiciones previstas en la ley de víctimas para recibir beneficios de reparación se inscribirán en un registro único. Este tendrá el nombre de Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Incluirá a quienes ya están inscritos con base en normas anteriores y quienes se registren, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en alcaldías municipales con acompañamiento de las personerías. Con el objetivo de facilitar el proceso, la acreditación de la condición de víctima tendrá un carácter 'sumario': expedito, en el que se presume la buena fe y no se tendría que probar el cumplimiento de las condiciones.
6. Se crea nueva institucionalidad para atención de víctimas
La ley prevé un amplio conjunto de instrumentos del Estado diseñados para su ejecución. Algunos de ellos son nuevos, y para otros se contempla la redefinición o reestructuración de despachos ya existentes. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas estará conformado por todas las entidades públicas -nacionales, departamentales y municipales- encargadas de poner en marcha los planes y programas contemplados en esta ley. Su reglamentación, así como el diseño de un Plan Nacional, queda bajo la responsabilidad de un comité ejecutivo encabezado por el presidente de la República o su representante, los ministros del Interior, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
7. Nuevas entidades liderarán la ejecución de la ley
Entre los nuevos organismos creados por la ley se destacan: (1) la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía presupuestal y con el encargo de coordinar a las entidades que forman parte del Sistema Nacional. Responderá por la operación de la Red Nacional de Información; (2) la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas, la cual respaldará ante los jueces y los tribunales los casos de restitución de tierras; (3) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura, diseñará el registro de terrenos que podrán ser materia de restitución según esta ley y, en general, será la encargada de ejecutar las normas que tienen por objeto el regreso de las tierras a sus dueños legítimos; (4) el Centro de Memoria Histórica, que centralizará y recolectará todas las funciones de preservación de la memoria y liderará la construcción de un museo. En el plazo de un año asumirá el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
8. Inclusión de minorías étnicas
La iniciativa contempla mecanismos extraordinarios para que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tengan derecho a los beneficios contemplados en la ley. También se crean mecanismos para que el Estado subsane la consulta previa que no se hizo para esta ley y que en caso de otros códigos han sido causal de que se declaren inexequibles. También se contemplan auxilios y apoyos para menores de edad afectados de diversas formas por el conflicto armado.
9. Se adoptan espacios de participación para las víctimas
Así como el movimiento de víctimas desempeñó un papel fundamental en promover los debates públicos que condujeron a la ley, esta prevé espacios participativos en la ejecución y seguimiento de las nuevas normas. Será un deber del Estado proveer instrumentos en tal sentido. Se crea una comisión encargada de vigilar este punto, con presencia del procurador general, el defensor del Pueblo, el contralor y los representantes de las organizaciones de las víctimas.
10. Se evitará la repetición de las violaciones
La ley contempla disposiciones, inspiradas en normas de otros países, dirigidas a evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos contra las víctimas. Buscan darle sostenibilidad a la reparación y crear condiciones para la conciliación. Entre ellas figuran: programas de educación, derogatoria de leyes que permitan o facilitan la violación de derechos humanos y programas de participación del sector privado en proyectos como los que ya se han ensayado, por ejemplo, en El Salado, en los Montes de María.
Golpe a los derechos fundamentales
Golpe a los derechos fundamentales
Por: Eduardo Sarmiento tomado de elespectador.com
El avance social más importante del medio siglo estuvo representado en la adopción del Estado Social de Derecho y su desarrollo en la forma de derechos fundamentales de educación, salud, trabajo y vivienda digna.
Adicionalmente, en el mismo texto se establecieron mecanismos para hacerlos efectivos, como las tutelas y las acciones populares, y la prioridad de la política fiscal al gasto social, que significaba elevar las transferencias regionales para la salud y la educación hasta atender adecuadamente las necesidades.
Infortunadamente, luego de la expedición de la reforma no se avanzó en un marco institucional que asegurara su realización y, sobre todo, que cumpliera con su objetivo de conducir los derechos a los sectores menos favorecidos. Por el contrario, los esfuerzos se orientaron a interferirla y desmontarla, como la Ley 100, la Ley del Banco de la República, el acto legislativo que limitó las transferencias regionales y ahora la privatización de la educación superior.
La estocada final provendría de la regla fiscal, aprobada en ocho debates. El acto legislativo eleva la sostenibilidad fiscal, que no es otra cosa que la austeridad y la conformación de superávit primarios, al nivel de derecho fundamental.
El proyecto oficial deforma el espíritu de la Constitución e introduce confusión y arbitrariedad. En el texto de 1991 se le concede prioridad al gasto social sobre el control fiscal. Le corresponde al Gobierno crear las condiciones complementarias para que las determinaciones de los derechos fundamentales no alteraran la normalidad fiscal. Ahora, la prioridad pasa a ser la sostenibilidad fiscal, o los dos. En el fondo, se concede un poder de veto al Gobierno sobre los fallos judiciales. Así, la violación abierta en los derechos fundamentales, como el acceso de la población a la educación superior y la universalidad de la salud, se postergarían hasta que aparezcan los recursos que permitan financiarlas sin causar alteraciones fiscales. Por lo demás, le abriría camino a todo tipo de demandas para desconocer los derechos con criterios fiscales que están más allá del conocimiento de los jueces.
No menos grave son las repercusiones macroeconómicas. La tendencia a limitar la política fiscal por normas constitucionales se origina en la creencia de que las políticas monetarias son suficientes para prevenir y superar las recesiones. El error teórico quedó al descubierto en la crisis de 2008. La economía mundial salió a flote gracias a que el promedio de déficit fiscal superó el 5% del PIB y los bancos centrales, a regañadientes, accedieron a financiarlos con la emisión. En el caso de Colombia, si el déficit fiscal no fuera en la actualidad de 3,5% del PIB, la economía no habría salido de las recesiones de 1999 y 2008.
La norma es un culto a las concepciones monetarias de la Universidad de Chicago que predominaron en los últimos veinte años y están desacreditadas. En mi último libro, Transformación productiva y equidad, muestro que la ineficacia de la política monetaria no sólo fue la culpable de la crisis, sino, lo más grave, de que Estados Unidos y los países medianos de Europa no hayan salido de la recesión después de tres años. El único camino que permite la conciliación de la actividad productiva y la estabilidad cambiaria es el manejo de la política fiscal complementado con la monetaria para propiciar la expansión y la intervención cambiaria para regular la balanza de pagos.
En fin, la regla fiscal le inyectaría a la carta constitucional una teoría falsa que acentuaría y prolongaría las recesiones, mantendría el desempleo y la informalidad, y ampliaría las desigualdades.
CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD
Tomado de: http://darfuturo.blogspot.com
A proposito de otro "NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN".
CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD
¿Qué pensaría usted si le dijeran que un malandrín asesinó a un niño indígena de un machetazo, y permitió que muriera desangrado???….. O ¿que asesinó a una anciana afro descendiente de varios garrotazos? Escabroso, inadmisible, absolutamente reprochable, ¿verdad? Perdone que iniciemos estos cortos párrafos con estas preguntas, muy repulsivas para un párrafo inicial, o peor aún, en un artículo en el que queremos captar su atención sobre estos temas que anunciamos en el título y que posiblemente no lo vamos a lograr, porque titulares así salen todos los días en los periódicos de Colombia, y de muchos países del mundo, y por tanto a usted probablemente le causan hastío, lo cansan y no quiere saber de esto o porque le parece tan dramático y tan increíble que va a pensar que escribimos un guión de una película de terror y seguramente vamos a causar su disgusto. Si esto le ocurre suspenda la lectura, no lea lo que sigue a continuación, por que es peor.
¿Qué pensaría usted si le dijera que en cualquier sitio de Colombia día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, miles de niños afro descendientes, indígenas, campesinos, o niños de cualquier raza o de cualquier etnia, que sólo tienen en común el ser colombianos y una pobreza indigente considerada entre las peores del mundo, están siendo asesinados lenta pero inmisericordemente en forma impune, por un ejército de corruptos, imposible es dimensionar, seres sin ninguna clase de escrúpulos, que se roban los recursos de la salud, de las obras públicas, de la educación y cualquier otro rubro del presupuesto público, sin pensar siquiera en un instante en los sufrimientos por los que pasan los miles, millones de niños, niñas, hombres mujeres, ancianos y ancianas colombianos a los cuales les sustraen directamente, se les roban de frente y sin que nadie haga nada, las oportunidades y el bienestar que en teoría debería brindarles el Estado.
Y no sólo están asesinando multitudes de las personas más pobres y humildes y desprotegidas de nuestro país, sino que por el camino los están sometiéndolos a inmensos e injustificados sufrimientos, o sea ni más ni menos que torturándolos. ¿Cómo le parece a usted esta situación?
Una persona que mata a otra, lentamente, sin ningún remordimiento, sin ningún escrúpulo, torturándolo y sometiéndolo a los peores escarnios, matándolo de hambre, o matándolo de enfermedades sin atender, ofende a la humanidad. Es un asesino de lesa humanidad. Claro que en Colombia benévolamente lo llamamos dizque corrupto. En el peor de los casos, si llega a ser judicializado, puesto que también tenemos que reconocer que nuestro nivel de impunidad frente a la corrupción debe ser también igualmente uno de los más elevados del mundo, lo sancionan por alguno de los tipos penales que se engloban dentro de la corrupción y finalmente pagará una pena, pagará una multa y seguirá seguramente a disfrutar del patrimonio ilícito indebidamente adquirido y nadie se volverá a acordar de él. O de ella. En el mejor de los casos para él o ella, seguirá manejando sus cuotas burocráticas a través de interpuestas personas, y esperará calmadamente el día en el que su hijo o hija sigan su valioso y notorio ejemplo, ingresen a la burocracia y puedan ganarse “honestamente” el pan de su frente como le enseñaron sus mayores.
Ese dicho de "consiga plata hijo, honradamente, y si no puede, consiga plata hijo" es un "buen ejemplo" de la moralidad con la que se maneja la educación en Colombia para las nuevas generaciones. Y estamos pagando las consecuencias; durante muchísimos años las hemos pagado, y si esta nación no maniobra rápidamente en materia educativa, generando una nueva conciencia ética que impida que la corrupción siga siendo un modo y estilo de vida admisible y socialmente aceptado, (y en muchos casos idealizado) seguiremos por muchas generaciones pagando este alto costo de millones de colombianos que mueren por la indolencia de una clase dirigente que siempre estará muy atrás de los retos que le exige la nación.
No podemos seguir permitiendo que privada o publicamente se exprese de nuestros políticos y gobernantes, aquello de "como todos son ladrones, prefiero a este porque es menos ladrón" o "no voto por aquel por qué es más ladrón que este". O peor aún "es un político más o menos honrado", "de los males hay que escoger el menos peor". Todos odian la corrupción pero esperan pacientemente poder beneficiarse de ella. Y entonces dicen “ese es un ladrón pero me da contratos, me cobra comisión pero me lo da y yo me desquito en el precio, luego, votemos por él”
La honradez y la integridad no admiten categorías; o se es honrado o no se es, o se es integro o no se es. O se tiene un comportamiento ético, o no se tiene un comportamiento ético. Punto.
Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos personajes siniestros de nuestra corruptela generalizada y Hitler o Stalin o cualquier otro asesino de lesa humanidad?
La corrupción está en la raíz de todos los problemas nacionales. Es la madre de todos ellos, cualquier problemática que ocurra en Colombia necesariamente tiene en su trasfondo toda la problemática de corrupción que ha arrastrado el país durante toda su historia, pero que en los últimos años se ha exacerbado, se ha escalado a dimensiones que nunca jamás hubiéramos imaginado hace unas décadas.
Y sin embargo, los corruptos colombianos hacen parte del “jet set”, son los más apreciados en la farándula, la gente hace filas para posar a su lado, salen en las portadas de todas las revistas, desde las económicas hasta las del “corazón”, llevan una vida de príncipes que envidiaría cualquier jeque árabe, mientras en las riberas del Atrato, en el chocó, en el Vichada, en el Amazonas, en las barriadas de Bogotá, en las comunas pobres de Medellín y distritos paupérrimos de Cali, en el desierto de la guajira, niños, niñas, hombres, ancianos, mujeres, ancianas, viven simultáneamente una vida de tortura permanente y mueren sin poder acceder a los recursos a los que tienen derecho pero que no llegan jamás porque los corruptos se los roban.
La problemática del conflicto tiene mucho o todo que ver con el tema de la corrupción. A dónde encontramos las causas objetivas del conflicto, si no es en grandes dilemas absolutamente relacionados con el tema de la corrupción. Enunciemos algunos de los mas notorios: La problemática de tierras, la problemática de la salud, la problemática de la educación, la problemática laboral y la aspiración por un salario digno que cubra el minimo vital cuando menos, o a tener una seguridad social que verdaderamente proteja, la problemática de la vivienda digna y los servicios públicos esenciales, la seguridad alimentaria, la problemática de la planeación y la distribución de los recursos, en todos en todos los aspectos de la vida nacional está presente el problema de la corrupción.
Hasta tanto no solucionemos este tema, hasta tanto no encarrilemos la educación nacional hacia sistemas formativos coherentes que sean capaces de inculcar y preservar valores y ética ciudadana, vamos a tener que seguir presenciando que miles, cientos de miles, millones de colombianos nacen viven y mueren en la indigencia, producto de un sistema corrupto, son torturados a lo largo de sus vidas permanentemente por dicho sistema, y mientras tanto los que prohíjan la corrupción y se benefician de ella, enriqueciéndose a más no poder a costa del sufrimiento de sus semejantes, permanecen en la más completa impunidad, sus fortunas son protegidas y predican a sus hijos y nietos la forma más eficiente de preservar y aumentar esos patrimonios espurios y dignos de desprecio.
El país invierte cientos de miles de millones de pesos en perseguir a los violentos, en cazar a guerrilleros, a paramilitares, en poderlos judicializar y sancionarlos ejemplarmente. Pero ellos finalmente no son el problema, son puro síntoma, son la consecuencia del problema, son la consecuencia de décadas de abandono estatal y desatención a las necesidades básicas fundamentales en que ha incurrido indolentemente el Estado Colombiano y su clase dirigente. A eso lo llamamos coloquialmente los colombianos "buscar la calentura en las sábanas". El problema hay que atacarlo por la raíz y la raíz está en la corrupción.
No más impunidad para la corrupción; con la corrupción se tortura a los débiles de los desprotegidos, con la corrupción se asesina a los débiles y a los desprotegidos, y por tanto la corrupción ofende la dignidad de la humanidad, debe ser considerada un delito de lesa humanidad y en tal medida, deberían existir estatutos y protocolos internacionales que la repriman y la castiguen en cualquier instancia judicial del mundo, como lo es cualquier crimen de lesa humanidad.
Debemos proponer desde esta humilde tribuna que se establezcan instrumentos de carácter internacional que permitan atacar la corrupción desde cualquier parte del mundo. Como existen protocolos para atacar el genocidio, para atacar la trata de personas, para atacar el terrorismo, deberían existir instrumentos que permitan perseguir y sancionar la corrupción desde cualquier parte del mundo y tribunales internacionales para reprimirla. Dichos instrumentos deberían ser ratificados y aplicados por nuestro Congreso, para ser adoptado como legislación interna, para reprimir tal infamia…………
!! He ahí el gran problema ¡¡.
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