Balance comprensivo del alcance de la ley de víctimas y de su trascendental significado, tanto en el plano real de la reparación como en el plano simbólico del reconocimiento y del perdón. Por fin Colombia comienza a sanar sus heridas.
Gana Colombia Antes de cumplirse un año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se logró aprobar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Los ganadores en este proceso son muchos:
- En primer lugar, más o menos 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano, que serán sujetos de reparación integral a través de restitución de tierras, indemnizaciones económicas y rehabilitación.
- Ganan también el Partido Liberal y en particular el senador Juan Fernando Cristo, que lleva más de dos años liderando este difícil proyecto.
- El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
- El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y
- El propio presidente Santos, que en su momento radicó personalmente el proyecto de ley.
- Pero sobre todo gana Colombia.
El ministro de Hacienda, quien en principio puso en duda la viabilidad fiscal de la ley, finalmente comunicó al Senado que avalaba el proyecto, porque se ajustaba a "la disciplina fiscal vigente". Esa notificación fue clave porque dejó sin piso los argumentos sobre inviabilidad fiscal esgrimidos por un sector uribista.
Lo que falta y sus implicaciones
A estas alturas falta la conciliación entre el proyecto aprobado en la Cámara y el que fue aprobado en el Senado, cuyas diferencias no sólo son de matiz, pues tienen implicaciones políticas, ideológicas y financieras. Las diferencias más importantes se resumen en el siguiente cuadro:
Después de la conciliación, la Ley quedará lista para la firma presidencial y tendrá vigencia por diez años a partir de ese momento: entonces la historia de Colombia tendrá un antes y un después, porque es la primera vez que el Congreso legisla a favor de millones de víctimas del conflicto armado.
Cuando los polos opuestos se encuentran
Por diferentes razones, pero profundamente equivocados, tanto un sector uribista como la bancada del Polo fueron los palos en la rueda de este emblemático proyecto. Y como la historia no perdona, siempre se recordarán como los grandes opositores a la aprobación de un marco legal que contribuye a la restitución y protección de los derechos de las víctimas, empezando por el reconocimiento de su situación.
En efecto, cargarán con la responsabilidad de no haber contribuido a dar este primer paso, para que el país pueda avanzar hacia una reconciliación efectiva, que pasa indispensablemente porque las víctimas sientan que su padecimiento es reconocido y respetado en el ámbito social, pero especialmente en el ámbito político.
La objeción más relevante del Polo, que fue derrotada de forma mayoritaria, se refería a que la indemnización y restitución de tierras fuera para quienes demostraran haber sido despojados desde el 1 de enero de 1980.
El sector uribista intentó revivir consistentemente la discusión metafísica y semántica sobre la existencia del conflicto armado y evitar el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado.
Implicaciones en lo real y lo simbólico
Y es que la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" tiene implicaciones reales, pero también tiene implicaciones de carácter simbólico para el imaginario colectivo y frente al mundo globalizado.
Con la entrada en vigencia de esta Ley, se estaría reconociendo, entre otras, lo siguiente:
1. Existe un conflicto armado interno en Colombia. 2. El 10 por ciento de los colombianos ha sido víctima de los horrores de este largo conflicto armado. 3. Existen agentes del Estado que ha sido victimarios y que serán responsables individualmente. 4. Existen empresarios y funcionarios que financiaron grupos al margen de la ley. 5. Se debe aplicar un enfoque diferencial en el proceso de reparación. 6. La condición de víctima es independiente de la marcha del proceso penal en contra del presunto o presuntos victimarios. 7. Podrán acceder a la calidad de víctimas, los niños, niñas o adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley siendo menores de edad. 8. Las víctimas podrá acreditar el daño sufrido a través de cualquier medio legalmente aceptado, de forma sumaria ante autoridad administrativa. 9. "El Estado presumirá la buena fe de las víctimas". 10. Las víctimas de hechos anteriores a 1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición. 11. Se debe invertir la carga de la prueba, por lo que será suficiente una prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial. Es mucho, pero no es todo Son muchas las voces que hablan de los problemas y vacíos de la ley, y aún cuando algo de razón puedan tener, la aprobación de esta Ley es a mi juicio un paso invaluable hacia el compromiso de la construcción de la paz a través de la institucionalidad.
Y sin embargo, como bien lo anota el ministro de Agricultura ahora "la tarea es gigantesca" y se trata de lograr todos los arreglos administrativos para que lo consagrado en la ley esté realmente al alcance de las víctimas. Porque por fin estamos empezando a ocuparnos nada menos que del gran tema eternamente postergado en Colombia: la tierra.
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