La región de Urabá le apuesta su futuro a un pacto social que concilie el progreso económico y la justicia social, en el que empresarios, sindicatos, trabajadores y hasta un sector de las víctimas de la violencia se comprometieron a trabajar unidos y con ánimo de reconciliación.
Ese es el acuerdo que quedó pactado en el papel al finalizar ayer el Foro Social por la Reconciliación de Urabá, que reunió entre jueves y viernes en Turbo y Apartadó a organizaciones sociales, sindicatos, gremios y autoridades de la región.
Este acuerdo, así como sus propuestas de solución a los problemas económicos y sociales como el mal estado de las vías, déficit de vivienda, falta de agua potable y los conflictos del Urabá antioqueño, como el surgido por la posesión de tierra (que reclaman los desplazados), serán presentados al Gobierno Nacional para orientar los proyectos en la zona.
Para concretar en la realidad las declaraciones de buena voluntad que se escucharon en el foro se propuso replicar la experiencia que permitió la firma de un acuerdo convencional entre el sector empresarial bananero y sus 18.000 trabajadores, sin huelgas y sin conflictos, por primera vez en mucho tiempo.
Así lo destacó Guillermo Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro: "los trabajadores y las empresas demostramos hace 20 días que se puede conciliar las diferencias con inteligencia y sin conflictos. Sacamos adelante en pocos días una convención que mejora garantías laborales, con incremento de salarios, cuando en el pasado la negociación era conflictiva y con semanas de huelgas y violencia".
Esta experiencia, agregó Rivera, puede servir para solucionar otros problemas como el de la posesión de las tierras, que reclaman los desplazados y que, según sus denuncias, terminaron concentradas en manos de empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos. "No queremos más violencia en Urabá, reconociendo que hubo despojo , pero con diálogo y concertación podemos resolver estos problemas".
Así también lo cree Elcy Rocío Galván, de la asociación de víctimas desplazadas de la vereda Tulapas, en Turbo. "Queremos que nos restituyan nuestras tierras, somos unas 150 familias desplazadas, pero no queremos entrar en más conflictos con los poseedores, sino dialogar para conseguir la reparación, porque muchos no deseamos retornar".
También se expuso como ejemplo de reconciliación el trabajo y el liderazgo de desmovilizados del Epl para sacar adelante proyectos como una urbanización que se construye en el sector de La Chinita, en Apartadó, para víctimas de la violencia y algunos desmovilizados.
Una de las preocupaciones expuestas en el evento fue el modelo de restitución de tierras contenido en el proyecto de ley de víctimas.
"Se estigmatiza al empresariado y se desconoce la trayectoria gremial y económica cuando se acusa sin distingo del despojo de tierras y vínculos con ilegales sin comprobar y exigiendo demostrar la propiedad de la tierra y los negocios", aseguró Adolfo León Zapata, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá.
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Nuevos proyectos
Roberto Hoyos, presidente de Augura, destacó los nuevos proyectos agropecuarios como la producción de piña de exportación; de la que ya hay sembradas unas 100 hectáreas en Chigorodó, estudios sobre caña de azúcar para biocombustibles, además de la siembra de yuca, cacao y el repunte de la ganadería. "Pero necesitamos mejores vías como una doble calzada en la zona bananera, un gran puerto y a eso le apuntamos y unidos se lo decimos al Gobierno", aseguró Hoyos.
