CONDENADO A MUERTE, ES DEFENDIDO POR UNA DE SUS VICTIMAS.

TOMADO DE SEMANA.COM

En los nueve años que ha pasado esperando el cumplimiento de su condena a muerte en Texas, Mark Stroman dice que ha visto a 208 personas pasar junto a él, camino a ser ejecutados.
Este miércoles le toca el turno a él, pero un hombre al que Stroman le disparó en la cara y dejó tuerto está luchando para salvarlo.
En los días posteriores al 11 de septiembre de 2001, Stroman atacó a tres personas, matando a dos de ellos.
Apuntaba a cualquiera que a él le pareciese un "árabe", calificando sus acciones como una venganza por los ataques del 11-S.
"Lo que Mark Stroman hizo fue un crimen de odio y los crímenes de odio provienen de la ignorancia", dijo Rais Bhuiyan, de 37 años, el único hombre que sobrevivió a los disparos.

"Su ejecución no va a erradicar los crímenes de odio de este mundo, simplemente nos limitaremos a perder otra vida humana."

"Un idiota sin educación"

Era un viernes a la hora del almuerzo, cuando un hombre armado entró a una gasolinera y apuntó con una escopeta de dos cañones a Rais.

Le habían robado antes y sabía qué hacer. Él ofreció el dinero de la caja registradora, pero eso no parecía ser lo que Mark Stroman buscaba.  "Él me preguntó: ¿de dónde eres? y eso es una pregunta extraña para hacer durante un robo. Tan pronto como le dije ¿Perdón?, escuché una explosión y sentí la sensación de un millón de abejas picando mi cara".

Rais Bhuyian, un ciudadano estadounidense nacido en Bangladesh, se hizo el muerto hasta que su atacante huyó.

Bhuyian necesitó muchas operaciones, ha perdido la visión en su ojo derecho y todavía tiene perdigones de escopeta en la cara, pero ahora es parte de una vigorosa campaña para evitar que su agresor sea ejecutado. 
Mark Stroman mató a dos hombres de una manera similar - Vasudev Patel, un inmigrante indio de religión hindú, y Waqar Hasan, un musulmán nacido en Pakistán. Fueron baleados mientras estaban detrás de un mostrador.

"Yo era un idiota ignorante en ese entonces y ahora soy un ser humano que entiende mejor las cosas", dijo Stroman a través del auricular del teléfono, detrás de un grueso panel de vidrio en la sala de visitas del pabellón de los condenados a muerte en la Unidad Polunsky, de Livingston, Texas.

Entrevista final

Mi reunión con Stroman tuvo lugar una semana antes de la fecha asignada para el cumplimiento de su sentencia de muerte y fue su última oportunidad de hablar públicamente sobre lo que hizo, por qué lo hizo y lo que piensa acerca del hombre al que le disparó, el mismo que ahora estaba luchando por su salvar vida.

"En ese tiempo aquí en Estados Unidos todo el mundo decía 'vamos por ellos'- pero no sabíamos por quién debíamos ir, apenas estábamos aplicando los estereotipos. Yo consideraba a todos los musulmanes como terroristas y en eso estaba equivocado".

Stroman tiene la cabeza rapada y el cuerpo lleno de tatuajes. Puso una pequeña bandera estadounidense en el mostrador detrás del cristal en el momento en que la cámara empezó a rodar para la entrevista.  A los 41 años, ha perdido parte de la musculatura que tenía cuando apareció en la corte, hace nueve años, cuando levantó con orgullo una bandera de Estados Unidos ante las cámaras.

"Tuve una mala educación y agarré algunas ideas ignorantes, ya sabes, y el odio es pura ignorancia…", dijo.

"No importa lo que haga o diga, nada va a cambiar el hecho de que incluso usted va a ver a los musulmanes como sospechosos", me dijo.

"Si usted se sube al avión y ubica a uno, es posible que no quiera hacerlo, pero usted va a terminar vigilando a esa persona. Vivimos en una época diferente ahora, pero no está bien encasillarlos en estereotipos y soy el primero en admitir que yo hice eso".

Ofreciendo el perdón

Rais Bhuyian es musulmán y en lo que él temía era su lecho de muerte, prometió a Alá que haría una peregrinación a La Meca. Ahí pensó más profundamente acerca de lo que había sucedido y lo que él quería hacer.

"Esta campaña tiene que ver con la pasión, el perdón, la tolerancia y la curación. No debemos quedarnos en el pasado, tenemos que seguir adelante", dijo.

"Si yo puedo perdonar a mi agresor que trató de quitarme la vida, todos podemos trabajar juntos para perdonarnos unos a otros y seguir adelante y tomar una nueva narrativa en el 10º aniversario del 11 de septiembre".

Él había estado en contacto con Stroman, a quien le gustaría ver como "un portavoz, un educador, enseñando a un montón de gente tan ignorante como él lo que está mal".

Stroman dice que él mismo se ha hecho la pregunta una y mil veces. ¿Sería capaz de perdonar al hombre que le disparó en la cara? Él dijo que lo encontraría muy difícil.

"Traté de matar a este hombre y este hombre está tratando de salvar mi vida. Este hombre me inspira".

"Aquí está, el atacante y el atacado. El odio tiene que parar. Un segundo de odio causará toda una vida de miseria".

En paz
Es muy poco probable que el gobernador de Texas suspenda la ejecución - el estado es conocido por su uso cotidiano de la pena de muerte - pero Stroman parece resignado a ello.

"Para ser honesto, mientras más me acerco a la muerte más en paz estoy", dijo.

El deseo de Rais Bhuiyan por perdonar y por detener esta ejecución es un pequeño paso hacia la integración de las comunidades.

"Él hizo lo que hizo, pero ahora es una persona diferente y puede hablar con la gente - los que son tan ignorantes como él - así que hay una posibilidad de que podamos vivir en una sociedad mejor. La ejecución no es una solución en este caso".

Stroman enfrenta la ejecución por inyección letal el miércoles 20 de julio a las 18:00 hora de Texas (00:00 GMT del jueves).

Se cumplen 50 años de la entrada en "sociedad" de Gonzalo Arango y sus nadaístas. Lo hicieron con una herejía. El escándalo fue general y el grupo se llenó de fieles de la nada.

Nadaísmo, 50 años de un sacrilegio

José Guillermo Palacio  el colombiano.com | Medellín | Publicado el 17 de julio de 2011

En sus comienzos, la vida para los nadaístas era apenas una ilusión y Gonzalo Arango su profeta. En esa orilla de sus sueños el movimiento tuvo personería con el Manifiesto Nadaísta, que convocaba a los jóvenes a la haraganería. Falto de publicidad, precisaba de un acto, casi sagrado, que lo potenciara social e históricamente y nada más perfecto para salir del anonimato que ser protagonista de un sacrilegio en una sociedad católica, apostólica y romana.

La historia labra los caminos y cada hombre escoge el suyo. A la medianoche del sábado 9 de julio de 1961 (se cumplen 50 años del escándalo que sacudió a la ciudad) creyentes y profanos acudieron a un mismo acto a la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín.

Los católicos, representados por lo más selecto de la sociedad, ocuparon puestos de honor en la nave central de la Catedral para clausurar la Gran Misión, que congregó a Antioquia toda.

Fueron 30 días de oraciones, penitencias, ayunos, recogimientos, sacrificios, misas campales, vía crucis, rosarios de aurora y horas santas.

El máximo exponente de la Gran Misión fue el Nuncio de su Santidad, el excelentísimo señor José Paupini, quien en los actos masivos, impresionado por el fervor paisa, gritaba vivas al Papa y cantaba algo que se sabía del Himno Antioqueño. La multitud impresionada respondía con vivas al cielo, a Dios y a sus representantes.

En la Catedral, camuflados entre los creyentes, los confabuladores nadaístas acechaban y armaban su trama. Como judas, sabían que tenían el camino marcado, recibieron la hostia en sus labios y luego cometieron la infamia: la escupieron, la cogieron con sus manos sucias, la guardaron en sus bolsillos para actos peores y uno de ellos la pisó.

El horror en el templo fue general. Los cristianos respondieron airados y en plena Catedral no faltaron las navajas y el filo amenazante de los cuchillos de cocina. Los nadaístas tenían sellado el fin de sus días aquella noche, pero Dios fue grande con ellos.

Monseñor Tulio Botero, arzobispo de Medellín, les arrebató a la turba a dos de ellos cuando estaba a punto de lincharlos; la Policía, que también fue golpeada, salvó a dos más del sacrificio en pleno templo. Al quinto lo salvó Dios en persona y hasta hoy no se sabe cómo salió vivo.

El nadaísmo que no tenía principio ni fin, la nada ni empieza ni acaba, por fin logró el reconocimiento social que necesitaba. Sus discípulos y seguidores se multiplicaron con delegaciones de lo más "réprobo" de la sociedad.

Los más convencidos creyeron el cuento sin digerirlo y se suicidaron, pues en este mundo no había nada qué hacer, distinto a fornicar en burdeles, debajo de las lámparas del alumbrado público y en los cementerios para no dejar en paz a las almas; esperar el fin del mundo, consumir naturaleza alucinante, quemar libros, beber trago mezclado para desafiar resacas de miedo y practicar la filosofía del vivo para vivir de los demás.

El profeta Gonzalo se sumergió en un mundo entre la santidad y la locura; mostrando una rosada ola de maldad que no tenía; moviéndose sin ninguna dirección para huir de sí mismo, conspirando a favor del hampa, invocando el regreso de Atila, Nerón, Judas y todos los asesinos de la historia y desafiando a rusos y americanos para que dejaran su cobardía y tiraran la bomba atómica.

En esas y muchas otras andaba el poeta de Andes cuando, en un cruce de destinos, encontró a una mujer con sus brazos cargados de palomas de amor blanco. Sin escrúpulo abandonó la lectura, a los nadaístas y dejó al mismísimo nadaísmo tirado en la mitad de la nada. Se dedicó a ser lo que siempre soñó: un amante del amor, de las enseñanzas de Cristo y a pastorear el mundo con su amada Angelita.

Muy enamorado andaba cuando lo sorprendió la muerte como nació y vivió: atropellado.

El suceso ocurrió en 1976. El poeta viajaba a Bogotá como pasajero de un viejo taxi. El choque fue de frente y contra las latas de un vetusto camión.

Medio país descansó con su deceso, mientras cientos de seguidores quemaron incienso y mirra; practicaron el sexo y fumaron la pipa extraña para tributarle su adiós.

En una sociedad donde lo único que ni la justicia ni nadie cree es la verdad, sus seguidores glorificaron su muerte. Quisieron llevarlo hasta la cruz para elevarlo a la categoría de redentor, pero sus discípulos ateos consideraron que no daba para tanto y, en una decisión final, los pablos convencieron a los judas y lo elevaron a mito del automovilismo.

Como el accidente fue cerca al autódromo de Tocancipá, se patentó que Gonzalo había muerto en una carrera automovilística cuando su bólido, a una velocidad jamás alcanzada, se salió del circuito y quedó anclado en la vía láctea.

Por los hechos de la Catedral, toda la responsabilidad cayó sobre Gonzalo, pero él siempre lo negó y dijo que jamás autorizó el sacrilegio. Uno tras otro, sus discípulos fueron muriendo en el olvido social. Del único que hay certificado de defunción real, muerto como nadaísta, fue Darío Lemús.

Murió en manos de un chamán en Bello, quien le creyó que toda su historia pasada fue real y lo alimentó hasta el último segundo. Lemus llegó al cementerio sin una pierna que se le gangrenó. Dicen que él contaba que el mal empezó la medianoche que pisó la hostia.

A otros nadaístas los graduaron de poetas y profesores universitarios, otro con gran reconocimiento social cambió de mundo y de trinchera y se convirtió al uribismo.

Hoy seguramente ni la Iglesia recuerda aquel sacrilegio que sacudió a Medellín hace 50 años. Gonzalo Arango descansa en paz.

DE CORRUPTOS A CORROMPIDOS

NOTA DEL EDITOR de URABAHOY:  Convencidos como estamos que el mayor  problema de nuestro pais es la CORRUPCIÓN,  transcribimos a continuación un articulo de Semana.com que da cuenta de esto.

Ya lo veiamos venir, desde los editoriales del periodico URABAHOY, lo anunciabamos y lo preveiamos, pero el pais estaba ensimismado en medio del "embrujo autoritario" que tenía unos costos  que pagar y era, entre otros, el permitir la exponenciación de el  fenómeno de la corrupción, con el manido argumento de que "todo  vale" y la gente guardaba silencio y lo asumia como el costo necesario de la "seguridad democrática". Consideraba mejor un gobierno de mano dura asi se tuviera que tragar "sapos" del tamaño de los que se  han evidenciado a menos de un año de su finalización.  Lo cierto del caso es que en Colombia hasta la corrupción se corrompe y los corruptos se corrompen hata tal punto que ya no son corruptos sino corrompidos.

Queda la inquietud de si a este problema se le va a aplicar la "formula" de reducirlo a un problema de Percepción, que es finalmente en lo que se fundamenta el Estado de opinión.

Cinco razones por las que la corrupción no para de crecer

ANÁLISISCon el escándalo de la DIAN ya son más de 30 los grandes casos de corrupción y de robo a los recursos públicos desde 1998. ¿Cuántos más faltan? ¿Por qué la corrupción se tomó el país?

Jueves 14 Julio 2011

La cuenta del número de escándalos de corrupción sigue creciendo. Hoy está de moda hablar de ‘carruseles’, ‘pulpos’, ‘carteles’, ‘mafias’, ‘venas rotas’ y ‘ollas podridas’. El de la salud, el de las pensiones, el del polémico programa Agro Ingreso Seguro, por solo nombrar algunos, cada caso es más grave que el anterior. Ahora el turno es para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El presidente Juan Manuel Santos confirmó este jueves el hallazgo de falsas devoluciones del IVA por exportaciones ficticias que se reclamaron con facturas falsas y con la complicidad de funcionarios y exfuncionarios de la dirección de impuestos. El desfalco a los recursos del Estado alcanzaría el billón de pesos.

Pocos se atreven a decir cuánto pierde el país por corrupción, más cuando nuevas ‘ollas podridas’ comienzan a destaparse. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su defensa del proyecto del Estatuto Anticorrupción que ya fue sancionado por el presidente, estimaba que las pérdidas alcanzaban los 6 billones de pesos. Sin embargo, es la punta del iceberg. 

Sólo en el desfalco por recobros en el sector de la salud, el presidente Juan Manuel Santos habló de 300.000 millones de pesos, pero advirtió que serían “billones” los saqueados al Estado. Falta ver cuántos recursos más se han perdido por los 116 puntos de alto riesgo de fuga que tiene detectados la Contraloría. Las cifras son sorprendentes y vergonzosas.

Para entender el impacto social que tiene el robo de los recursos públicos, basta mirar los resultados de una encuesta que la Universidad Externado realizó a 530 empresarios, quienes admitieron que, en promedio, el 13 por ciento del valor de un contrato se destina al soborno o las ‘mordidas’, un equivalente a 3,9 billones de pesos. 

Según Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, con ese dinero se podrían construir 2.000 alcantarillados o 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarles la universidad a 80.000 jóvenes (a 5’000.000 el semestre) o construir 200.000 viviendas de interés social. 

Para el presidente Juan Manuel Santos, ese billón de pesos que está en el bolsillo de los corruptos por devoluciones ilegales del IVA es construir “un transmilenio al año”. 

Pero son varias las razones para que la corrupción sea el pan de cada día en Colombia y en todos los niveles: desde la casa, hasta las más altas instancias de un país. Todos los expertos advierten que la corrupción es más sofisticada y que va unos pasos adelante a la capacidad de previsión y de reacción de los entes de control. 

Es un negocio rentable. Para Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, los recientes casos de corrupción demuestran la “perversa red de delitos entre el sector público y privado. Son un triste ejemplo de que es corresponsabilidad de todos”, asegura Elizabeth Úngar. 

¿Por qué hay corrupción? 

Son varios los factores que alimentan la corrupción. Y en todos ellos hay un elemento común: la tendencia de buen número de colombianos para aceptar, inculcar y ayudar a perpetuar la cultura del vivo. 

- Instituciones débiles 

Marcela Restrepo, socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, explica que los individuos, por naturaleza, compiten para satisfacer intereses, como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y es en este escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave, porque son las encargadas de regular que ese comportamiento humano no pase los límites. 

En este punto se ha fallado. “En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos (como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) siguen siendo débiles. Es complejo: en un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue, es un círculo perverso”. 

Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse, y en todos los niveles. Para mencionar algunos, están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de la Contraloría y de los ministerios de Agricultura y de la Protección Social. 

Hay cifras que demuestran la debilidad en las instituciones. La Fiscalía tiene 700 investigaciones, sólo por temas relacionados por salud, 157 de ellas por delitos cometidos desde la administración pública. 

Y aquí también entra la reflexión para las escuelas, colegios y universidades. ¿Qué tanto contribuyen a que la cultura del atajo, del todo vale, siga pasando de generación en generación? 

- Se acepta y no se denuncia 

Pero además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es para la sociedad, que convive con la corrupción. “Se acepta cuando busco y soborno al concejal o al funcionario para tener un subsidio o un favor. La aceptamos y la encubrimos”, agrega Restrepo. 

Es tan aceptada, que en la reciente encuesta que Transparencia por Colombia les realizó a 611 empresarios, el 61 por ciento de ellos admitió que los sobornos ayudaban a agilizar los procesos para contratar con el Estado, y no pagarlos implicaba perder el negocio. Además, justificaron este comportamiento en que “la competencia paga sobornos”. 

Las bajas penas, los vacíos de las leyes y la dispersión de la mismas (que el Estatuto Anticorrupción intentó agrupar) y las pocas y bajas condenas a los corruptos de cuello blanco no solo desestimulan la denuncia, como lo reconoció la fiscal General, Vivian Morales, sino que alimenta la cultura de la corrupción. 

“Se cree que si los demás cometen actos de corrupción y sacan beneficio, por qué yo no puedo hacerlo. Es un problema que viene de cuna, pero también de un aparato de justicia que no funciona, de un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito, sino por ser vivo y porque se denuncia y no pasa nada. Mientras no se combata la impunidad, mientras la corrupción no sea efectiva, oportuna y eficazmente sancionada, va a ser difícil combatirla”, asegura Elizabeth Úngar. 

- Falta de protección a testigos 

El miedo y el estigma hacia quien denuncia es un punto a favor de los corruptos. “Los funcionarios no denuncian porque piensan que no va a pasar nada, también porque les da miedo a perder el puesto y al desprestigio, porque una forma de hacer quedar mal al denunciante es desprestigiándolo. También, por el miedo a poner en riesgo su vida”, recalca Úngar. 

La protección de testigos y denunciantes en el país está avanzando en temas relacionados con el conflicto armado, pero no ocurre con quienes denuncian casos de corrupción. “La protección de testigos es un tema grueso –afirma Marcela Restrepo–. La OEA diseña el marco de protección a testigos, porque nadie denuncia si no tiene mecanismos de protección. En Colombia eso no está claro”. 

Ejemplos sobran. Está el atentado, con puñal, contra la funcionaria de la DIAN que denunció el desfalco, una situación que contó el mismo presidente Santos este jueves. También están las amenazas contra la trabajadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes que contó las irregularidades en la entrega de bienes incautados a la mafia o las amenazas contra el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez, involucrado en el caso del carrusel de la contratación y quien intenta negociar con la Fiscalía. 

No se pueden dejar atrás los líderes asesinados por denunciar corrupción en la reclamación de tierras. Ya van 39 en el último año. 

- Falta de educación 

La denuncia es vital para luchar contra la corrupción, pero uno de los graves problemas es que, para los expertos, el país no tiene un canal claro para denunciar. Al ciudadano le cuesta saber dónde puede denunciar e identificar si determinado delito es competencia de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. 

La corrupción también evoluciona y tanto para los entes de control, como para el ciudadano de a pie, es cada vez más difícil identificar un hecho ilegal que ponga en riesgo los recursos públicos. 

En este sentido, para el exzar de anticorrupción, Óscar Ortiz, un reto del Estado es lograr que la ciudadanía aprenda a identificar los delitos y, además, se capaciten a los funcionarios de los entes de control encargados de hacer las investigaciones. 

Para el procurador delegado de entes territoriales, Carlos Augusto Mesa, es importante no detectar el delito cuando se ha cometido, sino aprender a identificar los riesgos, antes de que ocurra y se pierdan los recursos. Para él, los corruptos conocen muy bien las leyes, saben blindarse y saben actuar para que la comisión de estos delitos pase por “correcta” ante la ley. 

Según la Procuraduría, “las asociaciones criminales orientadas a la corrupción se caracterizan por su elevada complejidad organizativa, que adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta, con flujos de sus recursos complejos y altamente especializados”. 

- Falta de información 

Es otra deficiencia. En el análisis de riesgo de corrupción que emitió Transparencia por Colombia hizo una alerta sobre la falta de transparencia en la contratación pública y advirtió que las entidades del Estado no cumplen con su obligación de hacer públicos todos los procesos de contratación que realizan. 

Solo el 0,5 por ciento de las 158 entidades estatales usó la licitación pública para adjudicar contratos, un indicador “bajo, alarmante y preocupante”, según Restrepo. Lo que pone en duda sobre qué tan transparentes son los contratos que el Estado adjudica. 

Las instituciones también están en deuda con la divulgación de su información para que el ciudadano conozca cuántas licitaciones se convocaron, cuántos se postularon y a quiénes se eligieron. Sin el acceso a la información, es muy difícil enfrentar y acabar con este problema, asegura Óscar Ortiz, exzar anticorrupción. 

Los retos de la aplicación de la Ley de Víctimas

Por César Paredes, periodista de Semana.com

La seguridad de los reclamantes, las presiones económica y armada, los conflictos entre reclamantes y la creación de una institucionalidad especial, son algunos de los desafíos que supone la restitución efectiva. ¿Por qué?

Martes 5 Julio 2011

 La Ley de víctimas es un paso histórico. Así la ha calificado el Gobierno y la comunidad internacional. Pese a que las organizaciones sociales han expresado reparos a algunos de sus puntos, su sola aprobación y sanción gubernamental es positiva, pues está orientada a saldar “una deuda histórica”, según las propias palabras del presidente Juan Manuel Santos.

No obstante, de su promulgación a su aplicación hay una gran distancia. La aplicación de la ley supone varios retos, que de no superarse podrían constituir el comienzo de un nuevo capítulo de violencia, según lo han dicho algunos analistas.

Esos retos son: la seguridad de los reclamantes de las tierras, la conciliación entre poseedores y campesinos, las tensiones entre los reclamantes, y la adecuación de la institucionalidad, entre otros.

La seguridad

Desde el 7 de agosto hasta la fecha ha habido más de 10 casos de asesinatos de líderes que representan comunidades desplazadas. En cerca de siete casos, según las autoridades, no está claro aún si los móviles fueron delitos comunes.

Entre ellos se cuentan los de la líder de desplazados Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio pasado en Medellín, mientras viajaba en un bus; el del concejal del Polo Democrático Antonio Mendoza, asesinado el pasado viernes y el de la líder indígena Carmen Fuentes asesinada en Montelíbano, Córdoba, este martes. Las autoridades intentan establecer cuáles fueron las razones por las que los asesinaron. No obstante, el solo hecho de que se presenten esos asesinatos pone al descubierto la dificultad de la protección de las personas que defienden los derechos humanos.

Para Yamile Salinas, abogada consultora del Grupo de Memoria de la CNRR y analista de Razonpublica.com, “sin la existencia de una política competente para resolver la impunidad no es posible una restitución de tierras”.

La abogada enfatizó el hecho de que la ley no dejó explícita la posibilidad de que la información que arrojen los procesos de reclamación de tierras pueda ser usada para abrir investigaciones, “ni siquiera disciplinarias” contra los funcionarios públicos que participaron en la cadena del despojo.

Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “si se tiene en cuenta que, entre el 2002 y el 2011, 49 personas que estaban reivindicando su derecho a la tierra han sido asesinadas, se prevé un panorama de exacerbación de la violencia una vez inicien los procesos de restitución. Máxime si se tiene en cuenta que las medidas de protección que contempla la ley no son suficientes”.

La organización consultada por Semana.com se refería al hecho de que la ley establece medidas de protección contenidas en otras leyes, “que han demostrado ser ineficaces”.

A propósito, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha dicho que el Gobierno está comprometido con la seguridad de los líderes de los desplazados. “No vamos a hacerles el juego a quienes buscan crear desazón con la violencia. No van a parar el empeño político, que ya está comprometido y en marcha, de esta política de restitución”, dijo en una entrevista con Semana.com, una vez se aprobó la norma.

La presión económica y armada

La violencia para algunos ha sido la oportunidad para sacar provecho, pues cuando se ejerce contra una comunidad y esta se desplaza, se disminuye el precio de la tierra. La Ley de víctimas aceptó tácitamente que las tierras han cambiado de dueño, a partir de 1991, por la violencia. Por eso, en el artículo 77 estableció las “presunciones”, que en criterio de Andrés Celis, Coordinador de la Unidad de Protección de ACNUR, son herramientas que se incluyeron para salvaguardar los derechos de las víctimas.

Así, por ejemplo, se presume que en donde actuaron grupos armados hay tierras que posiblemente fueron usurpadas; lo mismo ocurre si se comprueba que hubo alteraciones significativas de los usos de la tierra, como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial; si se realizó negociación de tierras en lugares amparados por medidas de protección por desplazamiento o por riesgo que ocurriera, o donde la venta de los predios fue inferior al cincuenta por ciento del valor real.

Para Celis, la inclusión de esas presunciones es el reconocimiento de “una historia del conflicto”. No obstante, la ley prevé mecanismos para que los actuales poseedores de la tierra puedan demostrar que adquirieron los predios “de buena fe”. Esos poseedores en algunos casos han hecho inversiones grandísimas o se han endeudado. De hecho, la ley contempla la posibilidad de que esas inversiones sean en cultivos que se demoran varios años en producir. Desde ya se advierte que se podrían generar tensiones que pueden responder a dos posibilidades, según el representante de ACNUR: “presiones económicas o armadas, o una combinación de ambas”.

La ley establece el contrato de uso, una figura que le permite al inversionista arrendarle a la víctima el terreno, en los casos en los que demuestre que adquirió el predio de buena fe. Sin embargo, para la abogada Salinas, “las empresas siempre van a tener mejores abogados y dinero para tergiversar los procesos. Y un campesino, que muchos casos no tiene educación, gracias a esa norma va a terminar aceptando las condiciones de la empresa”.

“En estos casos se le restituye a la víctima el título sobre la tierra, pero se menoscaba su posibilidad real de decidir y disponer de ella en función de sus planes de vida”, dijo el ICTJ. , como contempla el derecho integral a la restitución.

“Esta figura podría resultar beneficiando a los victimarios del despojo, pues parte de las tierras usurpadas o apropiadas por los grupos paramilitares fueron utilizadas para desarrollar este tipo de negocios a través de testaferros, que les daban apariencia de legalidad”, agregó.

El reto que tiene el Estado Colombiano es lograr una conciliación en un escenario en el que hay intereses económicos, pero en el que los grupos ilegales podrían entrar a jugar un papel determinante.

Las tensiones entre reclamantes

En los territorios donde hay procesos de restitución en curso se van a generar expectativas entre los vecinos. Alguien se podría preguntar por qué un proceso se abrió y por qué el suyo no avanza, por ejemplo.

Esa tensión, supone un desafío “para que no se convierta en un factor de conflicto en la convivencia”, dijo Celis. El reto es establecer procedimientos claros, con suficiente información para que personas que tienen igual derecho puedan reclamar y la aplicación de la ley no se convierta en factor de conflicto.

La institucionalidad y la capacidad de respuesta

En muchos casos, antes de que los inversionistas obtuvieran las tierras, hubo autoridades locales implicadas en la usurpación o en el desplazamiento. Así lo demuestran las recientes denuncias del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien ha dicho que con la ayuda de funcionarios públicos algunos predios han ido a parar a manos de narcotraficantes como el extinto Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.

La institucionalidad local tiene a su cargo decisiones importantes frente a la propiedad de la tierra. También es la encargada de otorgar los permisos para la explotación de recursos y de entregar las licencias ambientales, entre otras. Los mandatarios locales (gobernadores y alcaldes) inciden en el nombramiento de inspectores de policía, registradores, entre otros funcionarios que intervienen en los procesos de desalojo o de acceso a la tierra.

Por eso, Celis advierte que es muy importante estar atento al proceso electoral que se avecina, “porque se trata de la configuración del poder local”.

Salinas, por su parte, anotó que la ley estableció una institucionalidad especial para su aplicación. No obstante, recordó que la ley de Justicia y Paz también señaló los plazos para culminar los procesos a los paramilitares desmovilizados, que no se cumplieron, pues se generó un cuello de botella en el tribunal. “Porque la ley estableció la institucionalidad pero no los recursos económicos y logísticos, entre otros, para hacer efectivo su cumplimiento”, explicó.

En su criterio, la falta de respuesta podría “agravar más el problema” y la ley, como otras que se han expedido para resolver el problema de la tierra, podría terminar siendo inocua.

El presidente Juan Manuel Santos, el pasado 10 de junio durante el acto de sanción de la ley, comprometió a su gobierno para que la institucionalidad esté lista al finalizar este año. “Este mismo año se pondrá en marcha una puerta de entrada ágil y digna con el Registro Único de Víctimas, se divulgarán los beneficios de la ley, y comenzará la orientación a las víctimas, al tiempo que creamos la nueva institucionalidad”, dijo. “Todo esto debe estar listo antes de terminar el 2011”, agregó.

No obstante, la preparación de los defensores y los jueces toma tiempo. ¿Por qué?

El chip de los jueces

Esta es una ley que incluye medidas de justicia transicional, porque se aplican en un escenario en el cual se admite la existencia de un conflicto armado. Es decir, la norma parte del reconocimiento de que hay una situación anómala. Por esta razón, los abogados y jueces, para su aplicación, no deberían tener los mismos criterios del derecho que se utilizan en los juicios de casos en estados de normalidad.

De hecho, el propio Ministro Restrepo indicó que se creará un cuerpo élite de jueces agrarios. “Obviamente, habrá que escogerlos, formarlos y apoyarlos con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura. De esa manera, en lo posible se está precaviendo que haya un buen cuerpo de jueces que acompañe estos procesos de restitución”, dijo.

Muestra de que la ley es de una naturaleza distinta es que invierte “la carga de la prueba”. Es decir, que no son las víctimas las que tienen que demostrar que les arrebataron las tierras, sino los actuales poseedores que las adquirieron de buena fe. Entonces, en criterio de los expertos, los abogados y jueces tienen que “cambiar el chip”, pues lo que era considerado una prueba en un proceso normal, funciona de manera distinta en un proceso como este.

Para Salinas, quien ha sido asesora de abogados en diferentes organismos, el problema es mucho más estructural. “Mi percepción es que la mayoría de los jueces y magistrados somos preconstitucion del 91. Fuimos formados en la constitución del 86”, dijo. Además, indicó que en los procesos penales la norma en la que fueron formados los penalistas es el Código Civil, que también es anterior a la Constitución y ha sido reformado mas no sustituido.

En su criterio, en el país tampoco se ha desarrollado el derecho agrario. “Con una formación decimonónica y sin especialización en derecho agrario, la aplicación del capítulo de restitución de tierras va a ser muy complicado”, dijo.

Antes que el Estado, en este caso, las primeras que tienen qué abordar el reto son las universidades.

Lo que le espera a la sociedad y al Estado es un largo camino.

!!!EL PROBLEMA NO ERA DON MARIO¡¡¡

N. del Editor:   Vale la pena hoy que los habitantes y amigos de Uraba nos preguntemos acerca de la realidad del conflicto exacerbado que vive la región, si realmente,  con todo el despliegue militar y policial que se realizó para capturar a Daniel Rendón Herrera, conocido como "Don Mario",  y con el hecho mismo de su captura se solucionó el problema de violencia que tanto se predicó era originado  y dirigido  por esta persona. 

Y la pregunta vale, por que dia a dia vemos caer personas por doquier, asesinadas por los grupos ilegales y "manos negras" de izquierda y derecha, y siguen muriendo asesinadas personas en una de las regiones mas protegidas militar y policialmente de Colombia. Nada mejor para mostrar en forma ilustrada la estrategia fracasante de la "seguridad democrática"  y sus legados en Urabá. Tenemos una  Brigada del ejercito, y multiples batallones y bases militares por toda la región,   Comando regional de policia Urabá y Chocó, con comandos  de policia en todos los municipios, además de puestos de policia en corregimientos y sitios estratégicos y base de policia antinarcoticos en Necoclí, complementado con un control del golfo por la Armada Nacional, con capitanía de puerto enTurbo, y apostadero naval  en punta de las vacas en el costado occidental y replicado con apostadero naval en Matuntugo, en la margen oriental del golfo de Urabá controlando todo el Atrato y sus afluentes y desembocaduras,  todo esto para no referirnos al Das, a los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, las empresas de Vigilancia privada, los departamentos de seguridad de las multinacionales y los vestigios de las Convivir que todavian quedan por allí.   es bueno anotar que  todas estas instituciones armadas de defensa y seguridad  hacen presencia permanente en la región y desde hace muchisimos años y ya estaban cuando comenzó el Alzamiento en Armas de Don Mario.

 Capturan a este señor, a quien señalaban de ser el responsable de todos los males del pais en su momento, y  ¿que pasó en Urabá?  Nada distinto a lo que venia ocurriendo antes y sigue ocurriendo dos años despues: eso si, cada vez es peor, y las autoridades siguen ahi, en silencio complice y permitiendo que la situación se agrave.

Ya es hora de que cobremos conciencia del fenómeno violento que azota nuestra región y de la inacción  de las autoridades y de la indolencia del Estado Colombiano.

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el siguiente articulo, que da cuenta de una filtracion de wikileaks relacionada con Urabá,  fué tomado de  elespectador.com

Wikileaks |3  Jul 2011 - 6:30 am

Por sus ríos, zonas costeras, montañas y densa vegetación

'Urabá, destino del narcotráfico'

Por: Elespectador.com

Embajada de EE.UU. en Bogotá documenta la importancia que el gobierno colombiano daba a la captura de 'Don Mario' para finalizar con el tráfico de estupefacientes en la región.

En abril de 2008, después de que 400 personas murieran como consecuencia de las guerras de las bandas criminales en el Urabá antioqueño y cordobés, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo en Montería un Consejo de Seguridad con el fin de hallar una solución efectiva para el brote de violencia que estaba generando el narcotráfico. Uribe, tras aceptar que los programas de reintegración de desmovilizados en la zona habían sido ineficientes, decidió proponer la creación de una unidad especial para dar con la captura del capo Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien finalmente fue detenido en abril de 2009. Tres años después, la situación en la región sigue siendo devastadora.

Este panorama de violencia quedó retratado en un cable que envió la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington en abril de 2008 y que establece la razón por la cual el Urabá era y sigue siendo un destino ideal para el tráfico de estupefacientes. Así, según un oficial de la Policía, “los ríos de la región, zonas costeras, montañas, densa vegetación y en especial la frontera que comparte con Panamá” hacen de la región “la zona más segura para las rutas de narcotráfico”.

La Embajada americana también documentó que la gran presencia de paramilitares desmovilizados, así como los amplios cultivos de coca, eran de los atractivos más llamativos para las bandas criminales que comenzaban a asentarse en el Urabá. Por ejemplo, el exalcalde de Tierralta (Córdoba), Aníbal Ortiz Naranjo, dijo que el Gobierno colombiano le había perdido la pista a 600 de los 825 ‘paras’ desmovilizados que habían llegado a la región. Ortiz se quejó de que el Gobierno les había dejado de pagar los estipendios prometidos desde 2007, razón por la cual era fácil concluir que los desmovilizados se habían unido a la banda criminal de ‘Los Urabeños’, entonces comandada por ‘Don Mario’.
En el cable quedó establecido que la violencia en el Urabá había crecido 37% comparado con el año previo y que esta cifra era atribuida mayormente a ‘Don Mario’. Según la Embajada, el capo se encontraba reclutando desmovilizados a sus filas, buscando apoyo de la guerrilla y fomentando la pelea por el territorio con la banda criminal ‘Los Paisas’. Así mismo, y como les contó un carabinero de la Policía, ‘Don Mario’ tenía la intención de extender sus operaciones a Medellín, razón por la cual los asesinatos en la capital antioqueña estaban aumentando.

Y aunque el Consejo de Seguridad del 7 de abril de 2008 dio aval a la creación de una unidad especial de búsqueda de Rendón Herrera, en el informe quedó documentado que la prioridad del gobierno no era combatir las bandas criminales, puesto que, según las autoridades del Gobierno, no representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Esta apreciación se hizo a pesar de que el entonces presidente Uribe manifestara la ineficacia de los programas de reintegración para la región, factor que en el cable se desglosa como un factor imprescindible para el regreso de los desmovilizados al crimen organizado.

Entonces, y contra la postura del gobierno colombiano, algunos oficiales de la Policía insistieron en que los militares debían jugar un rol más contundente en el combate a las bacrim. Sin embargo, el entonces director de Operaciones del Ejército, Carlos Ovidio Saavedra, dejó claro que el Urabá continuaba siendo de baja prioridad para el Ejército debido a que los militares estaban enfocados en combatir a las Farc en los departamentos de Tolima, Meta, Guaviare y el sur del país.
Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá establece que aunque la Policía haya llevado a cabo esfuerzos importantes para la captura de ‘Don Mario’ y en contra de las bandas criminales en general, no se puede negar la penetración del narcotráfico en los gobiernos locales, el sistema judicial o las fuerzas de seguridad.

Hoy, con ‘Don Mario’ recluido en la cárcel de Itagüí y rindiendo cuentas a Justicia y Paz, el Urabá sigue siendo zona de permanente conflicto entre bandas criminales que ahora buscan evitar la recuperación de tierras por parte de las víctimas que se están viendo representadas en el ambicioso proyecto del presidente Juan Manuel Santos, la denominada Ley de Víctimas. No en vano el pasado siete de junio se prendieron de nuevo las alarmas dentro del Gobierno después de que asesinaran en Medellín a la líder de tierras Ana Fabricia Córdoba.

LUIS EDUARDO GOMEZ, PERIODISTA CON CRITERIO Y ETICA. PAZ EN SU TUMBA.

No sé si le daba miedo o no, pero no lo demostraba.  Le decía de frente lo bueno y lo malo a quien fuera. Critico duro y frentero, siempre respetuoso pero con firmeza.   Fue uno de los primeros columnistas de URABA HOY, proyecto periodístico que acompaño desde su inicio, en 2004,  ejerciendo durante algún tiempo la corresponsalía desde Arboletes. Luis Eduardo expresaba su opinión sin ataduras en cuanto medio escrito le prestaba un espacio. La mayoría de los medios escritos de Urabá (y algunos regionales y nacionales) lo tuvieron entre sus asiduos colaboradores. Un ejemplo del periodismo humilde que se enamora de este oficio hermoso que cuesta tanto que hasta cuesta la vida.  Hará falta en Urabá, donde pocas personas se atreven a hablar o escribir claro y de frente, como lo hacia este hombre. Ha muerto, desprotegido, expósito  por la comunidad a la que sirvió sin contraprestación.

Lamentamos este hecho violento que segó la vida de un buen hombre y excelente periodista, quien murió inerme en manos de los sicarios, emisarios  que envia la impunidad.

Siempre te recordaremos, quienes integramos este medio, hoy en diaspora forzada debido a la violencia que ahora te alcanzó a ti.

A.J.G.F.

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Tomado de semana.com  


Periodistas en riesgo

El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia.

Sábado 2 Julio 2011

El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia. Fue asesinado mientras se dirigía a su casa, acompañado de su esposa, y dos hombres en una moto le dispararon. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luis Eduardo estaba desarrollando una investigación sobre la corrupción en la zona y otra sobre el asesinato de su hijo, que ocurrió el año pasado. A este grave episodio se suman las denuncias sobre amenazas de muerte en su contra que hizo la periodista Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín. Según la FLIP, 55 periodistas han sido víctimas de amenazas en este primer semestre de 2011, mientras el año pasado se registraron, en total, 57. De continuar así, el número de víctimas de 2011 doblaría el de 2010, lo que muestra que es cada vez más difícil ejercer el periodismo en las regiones.

Judicial |2 Jul 2011 - 12:05 am

Crítica situación de seguridad

Terror en Arboletes (Antioquia)

Por: Natalia Herrera Durán

La gente en Arboletes tiene miedo. Los panfletos que sentencian “Muerte a los sapos” están a la vista.

A las seis de la tarde nadie sale de su casa. Los grupos paramilitares –que un día estuvieron al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y hoy están bajo las órdenes de Roberto Vargas, alias ‘El Gavilán’, conocidos actualmente como las ‘Águilas Negras’ o Autodefensas Gaitanistas de Córdoba y Urabá– amenazan y cumplen. En la noche del jueves fue asesinado a tiros el periodista Luis Eduardo Gómez, de 70 años, testigo en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica.

El mismo que en el entierro del veedor José Vicente Botero, de 62 años, asesinado este lunes por sicarios, tomó la palabra para decir que el crimen de Botero fue producto de la alianza criminal que existe entre políticos y paramilitares en la región, el mismo al que silenciaron porque dentro de pocos días iba a testificar en la Fiscalía en contra de algunos políticos que se habrían aliado con el comandante paramilitar alias ‘El Alemán’.

Los pobladores de Arboletes que narran el episodio del entierro creen que esas temerarias palabras fueron la sentencia de muerte de Gómez, porque esos temas están vetados. Por eso los que mencionan el asunto suplican que no se mencionen sus nombres.

Este clima de terror empezó a sentirse con fuerza en el municipio de Arboletes (Antioquia) desde marzo de 2010, cuando las autoridades capturaron al actual alcalde, Gustavo Germán Guerra, junto con 24 políticos más de los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre ellos dos exalcaldes de este municipio. Todos investigados por presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, al mando de ‘El Alemán’.

Desde entonces las amenazas han sido permanentes. Por eso para nadie es casualidad la muerte del veedor José Vicente Botero, quien días antes había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Gustavo Germán Guerra por corrupción y parapolítica.

En cuanto al periodista independiente Luis Eduardo Gómez, asesinado cuando caminaba desprevenido junto a su esposa en el barrio El Deportista, era reconocida su pelea para aclarar el caso de su hijo Juan, asesinado el 13 de agosto de 2009, al parecer por paramilitares, y su lucha en contra de la corrupción de políticos de la región.

Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que aún no se tiene la certeza de que los asesinos de Botero y de Gómez hayan sido paramilitares. Sin embargo, reconoció que el asesinato del periodista Gómez muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad instaurado extraordinariamente no dieron resultados.

Lo cierto es que el terror reina en Arboletes. Por ahora, las autoridades no pueden descartar que los crímenes de Gómez y Botero sean asesinatos que se vienen cometiendo en contra de quienes han sido testigos en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica en esta región. Ya son tres los asesinados en el municipio en 15 días.

 

Asesinado, en arboletes, el periodista Luis Eduardo Gómez

 Hay temor y tensión en la comunidad de Arboletes, Urabá antioqueño, por el asesinato anoche del periodista independiente Luis Eduardo Gómez y el asesinato el pasado lunes del veedor José Vicente Botero.

Hacia las 8 de la noche en una cancha cerca de su vivienda, fue asesinado este periodista de 70 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con personas de la comunidad las dos víctimas recibieron amenazas de grupos paramilitares, pero el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que hay grupos armados en la zona de los que no tienen información y no saben qué es realmente lo que ocurre en esa población.

El funcionario público agregó que el asesinato del periodista muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad, luego del asesinato del Veedor, no dieron resultados.

El secretario de Gobierno de Arboletes manifestó que por seguridad no da a conocer las medidas de ese consejo de seguridad, pero muy seguramente hoy a las 8 de la mañana inicie un nuevo consejo.

Con información de RCNRadio.com

Nacional |1 Jul 2011 - 3:42 pm   el espectador.com

Asesinato de periodistas

SIP condena el asesinato del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez

Por: Elespectador.com

El periodista independiente, testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones por parapolítica.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repulsa por el asesinato a tiros del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez y pidió una investigación inmediata para deslindar responsabilidades.

Luis Eduardo Gómez, de 70 años, fue asesinado este jueves por desconocidos que se desplazaban en una moto y le interceptaron mientras éste se dirigía a su domicilio en el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia.

Gómez era un periodista independiente que testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones contra funcionarios o políticos del noroeste de Colombia acusados de mantener vínculos con grupos paramilitares.

Según la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia, Gómez, que trabajaba para varias revistas institucionales del municipio, indagaba sobre el asesinato de testigos en un supuesto pacto entre políticos y paramilitares de la zona y en el que trabajan actualmente las autoridades judiciales.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó sus condolencias a los familiares del periodista y exhortó a las autoridades colombianas a "investigar el asesinato de manera inmediata para deslindar responsabilidades y evitar que este asesinato caiga, como tantos otros, en la impunidad".

El asesinato ocurrió tres días después de que fuera asesinado José Vicente Botero, líder comunitario de Arboletes, quien había recibido con anterioridad amenazas de grupos paramilitares de la zona y había rechazado la protección ofrecida por el ministerio público.

Ambos eran testigos en procesos relacionados con la penetración en la clase política del desaparecido Bloque "Elmer Cárdenas" (BEC) de la disuelta organización paramilitar Autodefensas.

Debido a la agitación política que vive esa zona del país, las autoridades de la región (Urabá) han provisto de protección a ocho dirigentes políticos y dos funcionarios de la Alcaldía, entre ellos el alcalde municipal de Arboletes.