Los hombres de atrás: Es hora de atribuirles las graves violaciones a los Derechos Humanos que han cometido
Por: Andreas Forer
El pasado lunes 22 de noviembre, algunos medios de comunicación internacionales reseñaron ampliamente la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Jean Pierre Bemba, ex vicepresidente congoleño y ex líder del Movimiento de Liberación de Congo (MLC).
Bemba es acusado por la Fiscalía de la CPI por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los miembros de la milicia comandada por él en La República Central Africana entre octubre de 2002 y marzo de 2003 cuando pretendían evitar el golpe de estado contra Ange-Felix Patassé, el entonces presidente de dicho país.
Pese a la brutalidad de sus incursiones caracterizadas por el uso de la violencia sexual como arma de guerra, el MLC no logró detener el golpe de estado y fue vencido por las fuerzas militares centroafricanas comandadas por Bozizé, actual Presidente Centro Africano y quien solicitó a la CPI investigar los hechos ocurridos en el contexto del conflicto. Denuncia que desencadenó en la captura de Bemba el 29 de mayo de 2008 en Bélgica.
Si bien este no es el primer caso abierto por la instancia internacional y mucho menos el primero que involucre a una nación africana, este proceso resulta ser muy interesante y como lo dice el diario El País de España “de precedente para la justicia internacional” en tanto que Bemba será juzgado por su responsabilidad en delitos de asesinato, tortura, violación y saqueo que él no cometió, pero sí los hombres de la milicia que él comandaba.
El caso puede resultar de mucho interés para la experiencia colombiana, y en particular para el Proceso Especial de Justicia y Paz, ya que se están tratando puntos que aún no tienen solución definitiva en el contexto nacional. Por ejemplo, son de resaltar los esfuerzos de la Fiscalía en el caso Bemba en materia de imputación de crímenes relativos a la violencia sexual a pesar de que el acusado no los cometió directamente.
Colombia tiene una deuda histórica con las víctimas de violencia sexual y los resultados en Justicia y Paz no son los más alentadores en este sentido. Hay una serie de dificultades para su investigación como el hecho de que los postulados en el proceso no confiesen este tipo de conductas, muchos de los autores materiales ya no están vivos, y los medios probatorios para demostrar los hechos son muy exigentes y de difícil consecución.
Así, es preciso crear figuras o retomar instrumentos de experiencias internacionales que permitan atribuir ese tipo de delitos a los dirigentes de las empresas criminales, pues si bien es importante demostrar que hubo un contexto violento en el cual se presentaron patrones de conducta de violencia sexual, es necesario juzgar y condenar a las personas responsables de estos hechos. Los responsables son en la mayoría de los casos “los hombres de atrás” quienes daban las ordenes tal vez no tan concretas y especificas pero de una manera general en el sentido que la tropa debería mantener el terror contra la población civil con el fin de tener ganancias en la guerra.
Hay que aplicar figuras internacionalmente aceptadas como la autoría mediata en aparatos organizados de poder o de la empresa criminal común que facilitarían la atribución de conductas a pesar de no demostrarse sus participaciones directas en los hechos más que como dirigente de la organización criminal, lo cual es jurídicamente permitido y además muy eficaz para favorecer los intereses de las víctimas en el proceso. Es necesario concentrarse en los grandes (victimarios y casos) y no en los pequeños, puesto que a estos últimos no se les debería penalizar por el mero hecho de pertenecer a un grupo armado al margen de la ley. Hecho que es más díficil después de la decisión del Corte Constitucional al respecto de la aplicación del principio de oportunidad.
