GUERRA PERPETUA, SALIDA, SOLUCIÓN IMPUESTA O SOLUCIÓN NEGOCIADA: ¿QUE QUIEREN LOS ACTORES ARMADOS EN COLOMBIA?
ENDLESS WAR, AN EASY EXIT, A GIVEN SOLUTION, A NEGOCIATED SOLUTION: ¿ WHAT DOES COLOMBIAN ARMED ACTORS WANT?
Brief:
So, the legal frame to peace that is debating colombian Congress must give reliable answers to several basic issues and the first of them will be, how many of power will colombian policy makers and power owners are ready to toss and share to make peace become possible and achieveable, permitting the politic participation to the former conflict armed actors when demobilized. But isn´t , the new legal frame for peace will worth nothing.
So, the legal frame to peace that is debating colombian Congress must give reliable answers to several basic issues and the first of them will be, how many of power will colombian policy makers and power owners are ready to toss and share to make peace become possible and achieveable, permitting the politic participation to the former conflict armed actors when demobilized. But isn´t , the new legal frame for peace will worth nothing.
Puede resultar apresurado hacerse esta pregunta hoy, cuando la respuesta del Estado colombiano es evidente y como están las cosas, solo cabe en la cabeza de la clase dirigente y política la salida militar para el conflicto armado. Decimos militar, por que la desmovilización individual, que es la punta de lanza de la estrategia de paz llamémosla “humana” del Estado, basada en la deserción de los grupos guerrilleros es solo una parte de la estrategia militar que pretende restarle individuos al enemigo. Y por otro lado, la contundencia de los golpes propinados a las guerrillas, ponen a algunos a soñar con acabar el conflicto por sustracción de materia al terminar con todos los actores armados en el cementerio.
Pero pocos se preguntan que salida es la que realmente requiere el conflicto armado colombiano, de la cual son actores necesarios el Estado colombiano, y toda la sociedad, así como los actores armados ilegales que actúan en el conflicto, motivados por muchos intereses políticos y que ninguno confluye en el interés real, que es solucionar de fondo las inmensas inequidades que existen al interior de nuestra nación.
El proyecto de generar mediante un acto legislativo un “marco legal para la paz”, se quedará en muy buenas intenciones, puesto que así logre salir del tramite constituyente y plasmarse en una reforma constitucional, no será una solución efectiva para comenzar a poner fin al conflicto que agobia a Colombia.
Pero, hay que abordar dos temas fundamentales antes, previendo el desarrollo de esta solución legislativa.
El primero de ellos, es la reconciliación. La reconciliación es sinónimo de paz. Todo lo que produzca el Estado para lograr des-escalar o humanizar el conflicto debe partir del presupuesto de que debe conducir a la reconciliación. Si no es conducente a este fin, no sirve.
Anular el conflicto es imposible, pues es inherente al ser humano, pero humanizarlo y evitar su escalamiento es posible, deseable y absolutamente necesario. A esto deben apuntar los sistemas legales que se desarrollen para tal finalidad. Estanislao Zuleta decía con sabiduría que “una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.”
Lograr evitar que los colombianos opten por la guerra, es solo el final de un cambio cultural que debe estar promovido desde la misma Constitución nacional y que debe contar con el compromiso de todos los estamentos del Estado para su logro. Este debe ser el contenido de un verdadero marco legal para la paz.
Si no hay cultura de reconciliación, no hay paz.
El segundo tema es la voluntad política para lograr la paz. Si no la hay, no hay paz. Si todos los estamentos y actores no están convencidos que hay que hacer grandes esfuerzos en todos los aspectos para lograr la paz y están dispuestos a hacerlos, no habrá reconciliación posible. La clase dirigente y política colombiana debe entender que el mayor esfuerzo les corresponde a ellos, no solo propiciando el marco legislativo suficiente sino también propiciando el espacio y aportando los medios económicos necesarios para que el cambio en las mentalidades de todas las personas sea efectivo. En resumen, hay que permitir la participación política y el acceso al poder del estado.
Aplacar definitivamente el espíritu violento requiere de insumos culturales que solo serán posibles si se dispone de los recursos suficientes, y estos incluyen no solo cambios no solo en el modelo económico sino también en el modelo político, que deben dejar de ser tan excluyentes.
Y ojo con esto, por que proponerle a las personas abandonar las armas, integrarse a la sociedad y desistir definitivamente de la violencia como medio de expresión requiere que se abran espacios para la expresión civil, incluso que se les permita el acceso a los espacios políticos. Si no se permite la participación política a quienes desistan definitivamente de la expresión violenta, no se acogerán a las propuestas que pueda realizar la sociedad en su búsqueda de paz.
No vale de ninguna manera reconocerles la categoría de delincuentes “altruistas” a la guerrilla. La opción por la violencia los hace iguales a cualquiera otra persona que haya optado por la violencia como medio de expresión política o social. En este conflicto, absolutamente ningún actor puede alegar motivos altruistas.
¿Como reconocerle ese titulo a alguien o a un grupo en un conflicto en que el altruismo se acabó dos o tres generaciones atrás, cuando dejaron de ser grupos de autodefensa y se convirtieron en maquinas de guerra con intereses mediados por el narcotráfico?
La posibilidad de reconocerles carácter político, procedería solamente cuando hayan demostrado con su desmovilización, con haber concurrido a los tribunales y obtenido una pena por el hecho de su opción violenta y por todos los asesinatos que cometieron, y desde luego haber contado la verdad de su participación al conflicto y reparado a todas las victimas.
El marco jurídico para la paz amenaza con quedarse en buenas palabras bienintencionadas, como esa hermosísima frase de nuestra Constitución que ordena perentoriamente: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Entonces, el marco legal para la paz debe dar respuestas posibles a varios aspectos fundamentales, pero el primero de ellos será, hasta donde esta nuestra dirigencia y los dueños del poder dispuestos a ceder parte de este para hacer una verdadera política de paz que sea posible, realizable, cumplible, permitiendo la participación política de los otrora actores armados. Por que si no, valdrá de nada el marco legal para la paz que se pretende implementar.
Proponemos como conclusión el mismo titulo de este articulo, ahora con una modificación: Guerra perpetua, Salida, solución inpuesta, Salida negociada o solución negociada. ¿Que quiere la clase dirigente y política colombiana?
Pero pocos se preguntan que salida es la que realmente requiere el conflicto armado colombiano, de la cual son actores necesarios el Estado colombiano, y toda la sociedad, así como los actores armados ilegales que actúan en el conflicto, motivados por muchos intereses políticos y que ninguno confluye en el interés real, que es solucionar de fondo las inmensas inequidades que existen al interior de nuestra nación.
El proyecto de generar mediante un acto legislativo un “marco legal para la paz”, se quedará en muy buenas intenciones, puesto que así logre salir del tramite constituyente y plasmarse en una reforma constitucional, no será una solución efectiva para comenzar a poner fin al conflicto que agobia a Colombia.
Pero, hay que abordar dos temas fundamentales antes, previendo el desarrollo de esta solución legislativa.
El primero de ellos, es la reconciliación. La reconciliación es sinónimo de paz. Todo lo que produzca el Estado para lograr des-escalar o humanizar el conflicto debe partir del presupuesto de que debe conducir a la reconciliación. Si no es conducente a este fin, no sirve.
Anular el conflicto es imposible, pues es inherente al ser humano, pero humanizarlo y evitar su escalamiento es posible, deseable y absolutamente necesario. A esto deben apuntar los sistemas legales que se desarrollen para tal finalidad. Estanislao Zuleta decía con sabiduría que “una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.”
Lograr evitar que los colombianos opten por la guerra, es solo el final de un cambio cultural que debe estar promovido desde la misma Constitución nacional y que debe contar con el compromiso de todos los estamentos del Estado para su logro. Este debe ser el contenido de un verdadero marco legal para la paz.
Si no hay cultura de reconciliación, no hay paz.
El segundo tema es la voluntad política para lograr la paz. Si no la hay, no hay paz. Si todos los estamentos y actores no están convencidos que hay que hacer grandes esfuerzos en todos los aspectos para lograr la paz y están dispuestos a hacerlos, no habrá reconciliación posible. La clase dirigente y política colombiana debe entender que el mayor esfuerzo les corresponde a ellos, no solo propiciando el marco legislativo suficiente sino también propiciando el espacio y aportando los medios económicos necesarios para que el cambio en las mentalidades de todas las personas sea efectivo. En resumen, hay que permitir la participación política y el acceso al poder del estado.
Aplacar definitivamente el espíritu violento requiere de insumos culturales que solo serán posibles si se dispone de los recursos suficientes, y estos incluyen no solo cambios no solo en el modelo económico sino también en el modelo político, que deben dejar de ser tan excluyentes.
Y ojo con esto, por que proponerle a las personas abandonar las armas, integrarse a la sociedad y desistir definitivamente de la violencia como medio de expresión requiere que se abran espacios para la expresión civil, incluso que se les permita el acceso a los espacios políticos. Si no se permite la participación política a quienes desistan definitivamente de la expresión violenta, no se acogerán a las propuestas que pueda realizar la sociedad en su búsqueda de paz.
No vale de ninguna manera reconocerles la categoría de delincuentes “altruistas” a la guerrilla. La opción por la violencia los hace iguales a cualquiera otra persona que haya optado por la violencia como medio de expresión política o social. En este conflicto, absolutamente ningún actor puede alegar motivos altruistas.
¿Como reconocerle ese titulo a alguien o a un grupo en un conflicto en que el altruismo se acabó dos o tres generaciones atrás, cuando dejaron de ser grupos de autodefensa y se convirtieron en maquinas de guerra con intereses mediados por el narcotráfico?
La posibilidad de reconocerles carácter político, procedería solamente cuando hayan demostrado con su desmovilización, con haber concurrido a los tribunales y obtenido una pena por el hecho de su opción violenta y por todos los asesinatos que cometieron, y desde luego haber contado la verdad de su participación al conflicto y reparado a todas las victimas.
El marco jurídico para la paz amenaza con quedarse en buenas palabras bienintencionadas, como esa hermosísima frase de nuestra Constitución que ordena perentoriamente: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Entonces, el marco legal para la paz debe dar respuestas posibles a varios aspectos fundamentales, pero el primero de ellos será, hasta donde esta nuestra dirigencia y los dueños del poder dispuestos a ceder parte de este para hacer una verdadera política de paz que sea posible, realizable, cumplible, permitiendo la participación política de los otrora actores armados. Por que si no, valdrá de nada el marco legal para la paz que se pretende implementar.
Proponemos como conclusión el mismo titulo de este articulo, ahora con una modificación: Guerra perpetua, Salida, solución inpuesta, Salida negociada o solución negociada. ¿Que quiere la clase dirigente y política colombiana?
