Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba por despojo
Martes, 20 de Noviembre de 2012 12:57
Fiscalía investiga a miembros del Fondo Ganadero y a funcionarios del Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó, por el despojo de tierras en el Urabá antioqueño y cordobés.
La Fiscalía investiga el despojo de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Urabá. VerdadAbierta.com
Durante el juicio que se adelanta contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de Justicia y Paz, Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de persecución de bienes, anunció que se están adelantando investigaciones penales y disciplinarias en contra de varios funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó que colaboraron con los paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba y Antioquía.
Así mismo, Donado informó ante los magistrados de Justicia y Paz, que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando a miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes presuntamente se aliaron con las autodefensas de Salvatore Mancuso y de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para usurpar tierras a campesinos a finales de la década de los noventa. (Leer El fraude de los Castaño para despojar)
Dentro de los investigados se encuentra Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien para la fecha de los hechos participaba como representante del Ministerio de Agricultura dentro del Fondo.
Cabe aclarar que el Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad de economía mixta que tiene un 20 por ciento de participación del Estado a través del Ministerio de Agricultura, hecho que explica la presencia de Sotomayor en el Fondo para la época de los hechos.
Estas investigaciones son resultado de las versiones del extraditado Salvatore Mancuso y de Benito Osorio Villadiego, quien fuera durante diez años gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y quien ha sido investigado por sus nexos con los paramilitares hasta que un juez de Montería anuló su proceso.
Al final, la fiscalía será la encargada de establecer cómo, con la complicidad del Incoder y de las Notarias de Montería y Apartadó, el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de 6.500 hectáreas de tierra de las que habían sido desplazadas por los paramilitares, al menos 60 familias de campesinos cordobeses y antioqueños.
Según Salvatore Mancuso, la complicidad del Fondo Ganadero con los paramilitares fue tal, que “dentro de los predios de los que se apropió el fondo con complicidad del Incoder y de las notarias, Carlos Castaño tenía un inmueble que le servía como refugio. En esta finca también se firmó el acuerdo donde se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc”.
Así funcionó la confabulación para despojar
Detrás del despojo de más de diez mil hectáreas y del desplazamiento de miles de campesinos de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, existió una maquinaria de corrupción en la que participaron funcionarios de la notaria 3 de Montería, la notaria de Apartadó, el Incoder y el Fondo Ganadero de Córdoba.
Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía y la información aportada por ex jefes paramilitares, todas estas entidades se confabularon con la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una ong creada por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para facilitar el despojo de tierras en la región.
Funpazcor, que era representada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño - hoy prófuga de la justicia- era la encargada de coordinar con las distintas entidades la maquinaria del despojo paramilitar que facilitó que el Fondo Ganadero de Córdoba hiciera compras masivas de tierras a precios irrisorios. “Mientras la hectárea de tierra en la zona se comercializaba a 300 mil pesos aproximadamente, el Fondo Ganadero pagó cerca de 50 mil pesos por cada hectárea a los campesinos”, aseguró la Fiscal Liliana Donado.
“Sor Teresa Gómez actuó como intermediaria entre las víctimas del despojo y el Fondo Ganadero de Córdoba a través de poderes falsos de los campesinos”, señaló la fiscal Donado, quien agregó que estos poderes tenían graves vicios legales e inconsistencias en las firmas y en las huellas de los campesinos que supuestamente estaban vendiendo sus tierras de manera voluntaria al Fondo Ganadero.
En las escrituras que resultaron de las compras masivas en las que aparece la firma de Benito Osorio, para entonces presidente del Fondo como comprador, la Superintendencia de Notariado y Registró encontró que las irregularidades también salpicaban a funcionarios de la notaria tres de Montería y la única notaría de Apartadó, por esta razón, según la Fiscal donado, la Superintendencia adelanta una investigación disciplinaria y la fiscalía una penal.
Según Benito Osorio quien fuera el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue la junta directiva del Fondo Ganadero la que aprobó entre el 97 y el 98, la compra masivas de entre 100 y 109 predios de los que los paramilitares habían desplazado a miles de campesinos. Allí, el Fondo sustituyó con ganadería extensiva, los pequeños cultivos de los campesinos.
“La junta directiva (entre la que se encontraba Benito Molina, Víctor León Fernández, Luis Gallo Restrepo y Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo, según Benito Osorio), había aprobado estas compras para asegurar el dominio de los paramilitares en la región”, aseguró la Fiscal Donado, quien basándose en las declaraciones Osorio y de Mancuso compulsó copias en agosto de este año para que se iniciaran las correspondientes investigaciones.
De acuerdo con la exposición de Donado, “el Fondo Ganadero se dio cuenta que las tierras no eran buenas para la ganadería extensiva y por eso en su momento hicieron contratos de de arrendamiento con cooperativas de proyectos productivos manejados por desmovilizados, relacionados con la Casa Castaño y los ‘paras’ de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
Finalmente la fiscal Donado aseguró que el Fondo Ganadero de Córdoba anunció su intención de devolver estas tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo paramilitar.
Última actualización el Martes, 20 de Noviembre de 2012 15:11
Las tiendas para la paz buscan acercar los víveres y la comida a los habitantes de corregimientos.Foto: Archivo Particular.Iniciativa de la Unidad de Víctimas le apuesta al retorno de las comunidades del oriente antioqueño.Oriente antioqueño. Cocorná, San Francisco, San Luis y Granada son municipios del oriente antioqueño que comparten un pasado común manchado por la violencia que dejaron grupos guerrilleros y paramilitares. El desplazamiento fue la principal cicatriz de su acción armada, que de a poco se ha ido curando con el retorno de los campesinos a sus tierras."Por acá somos ricos en hijos, pero en plata quedamos muy pobres por el desplazamiento", señala Calixto Ciro, un hombre de campo, que se crió en la vereda San Isidro, en San Francisco (Antioquia). A sus 69 años es el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda y uno de los beneficiarios de Tiendas de Paz, iniciativa de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), apoyada por Bavaria, el Sena y la Corporación Interactuar. Este proyecto, que nació de la estrategia Retornar es Vivir, del Gobierno Nacional, le apuesta al retorno de las comunidadesque dejaron el campo por la violencia, otorgándoles proyectos de vida que les brinden una estabilidad socioeconómica. "Tiendas de Paz nace de un ejercicio que tenía la misma comunidad antes del desplazamiento. Ellos tenían tiendas comunitarias en las que la gente accedía al producto mínimo de la canasta familiar. La idea es que ahora esos negocios se conviertan en centros de acopio y, a través de ejercicios como el trueque, se pueda tener impacto y sostenibilidad", explica Magdonia Pérez, asesora del grupo de retornos y reubicaciones de la Unidad de Víctimas del DPS. Con la presencia de los actores armados en la región, las tiendas veredales se convirtieron en fortines, pues allí se abastecían para iniciar sus patrullajes. En algunos casos, los encargados de estos negocios fueron estigmatizados por miembros de un bando, quienes los acusaban de apoyo al enemigo. Pero para el campesino, la tienda era el lugar de reunión y a la vez elcentro de abastecimiento que le evitaba movilizarse durante horas hasta la cabecera municipal para buscar sus elementos de primera necesidad.Recuperar esas facilidades es una de las premisas de Tiendas de Paz, que en su primera fase permitió fortalecer cuatro establecimientos y crear dos nuevos.Calixto y sus vecinos estrenaron hace unos cuatro meses su tienda en la vereda San Isidro. Se trata de una construcción de dos pisos, con fachada de ladrillo, junto a una trocha por la que transitan algunas motos, mulas, caballos, gente a pie, y, una vez a la semana, un bus escalera. Sobre el techo cuelga pan en bolsa. En las neveras reposan las bebidas y los lácteos. En las vitrinas, que dan la bienvenida, están algunas golosinas y elementos de aseo y hasta de papelería. Sobre los estantes del fondo se ven el arroz, los granos, la panela y el aguardiente. Nelson -el administrador- atiende a los clientes y registra las ventas en un moderno computador, dotado de software para llevar el inventario, que además sirve de radio. Afuera, María Lucena Martínez, quien se encarga de la tienda de jueves a sábado, comenta que "lo que más se vende es arroz, panela, gaseosa", aunque uno de los clientes de paso se atreve a decir que la reina en ventas es "la agria (cerveza)". María Lucena vive en la vereda hace 19 años y en el 2003 salió desplazada hacia San Francisco. "La zona estaba minada. Dicen que por la parte de abajo venían los 'paracos' acabando con todo, entonces a uno le da miedo y se va", recuerda. Resalta que "la gente está muy contenta con la tienda, es el centro de reunión por las tardes. Es un proyecto muy bueno, pero más bueno va a quedar cuando podamos hacerle el techo, un piso en la entrada y así tener mesas". La tranquilidad y la esperanza que años atrás atravesaron las balas hoy las están recuperando no solo los habitantes de la vereda San Isidro, sino también los de Cocorná, San Francisco, San Luis y Granada, donde se replicó esta iniciativa. "Este tema va a jalonar muchas cosas, un tejido social importante alrededor de la tienda, un tema de trabajo en equipo, fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal, que son importantes para el desarrollo de las veredas", manifiesta Fernando Jaramillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, quien anunció un apoyo de 450 millones de pesos para una segunda fase, y no descartó que se extienda a otras regiones del país. Nicolás Congote GutiérrezEnviado especial de EL TIEMPO*