miércoles, febrero 22

"LOS JUECES ESTAN EN UNA TRAMPA MORAL"



Nota del editor: 

"un ojo por un ojo terminará dejando a todo el mundo ciego"   Gandhi

Por su pertinencia y por la trascendencia que pudiera tener los conceptos que incluyen, de una claridad meridiana y un notorio desapego ideológico,  en este caso es absolutamente necesario transcribir una entrevista al académico Iván Orozco, quien hace una radiografía en nuestro concepto de lo que está ocurriendo en la justicia colombiana. Coincide totalmente con los conceptos que hemos venido exponiendo en este blog, y deja ver el papel real que debe jugar la justicia en la reconciliación, y como no lo está haciendo. Resaltamos el criterio del profesor Orozco, quien será otra voz que clama en el desierto, pero que ya logró por lo menos decirlo publicamente y con valentia en un medio de trascendencia como la revista Semana, cuna de "la Verdad Abierta".


"LOS JUECES ESTÁN EN UNA TRAMPA MORAL" (ENTREVISTA A IVÁN OROZCO)
Sábado 18 Febrero 2012


El abuso de la figura de lesa humanidad, la sacralización de las víctimas y satanización de los victimarios, y el sesgo antiestatal de los derechos humanos son algunos de los problemas que tienen a la Justicia dando bandazos, según Iván Orozco. 


Iván Orozco es uno de los intelectuales más interesantes del país. Como profesor de la Universidad de los Andes y como miembro del grupo de memoria histórica ha puesto el dedo en la llaga sobre las encrucijadas de la Justicia, de los derechos humanos y de la guerra misma. Es políticamente incorrecto, pero sus reflexiones son tan controvertidas como pertinentes. SEMANA lo entrevistó a raíz del fallo reciente del Tribunal Superior que ratificó la condena al coronel Alfonso Plazas Vega, para saber qué tanta verdad se está reconstruyendo con estos fallos.



SEMANA: ¿Tiene pies o cabeza que el expresidente Belisario Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional como lo sugirió en su reciente fallo el Tribunal Superior de Bogotá?


Iván Orozco: Eso tiene que ver con el perrateo del concepto de lesa humanidad y es un error de la judicatura. Están calificando los crímenes como de lesa humanidad por su gravedad y eso no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma. La CPI califica los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y masivo. Nuestras cortes están haciendo un ejercicio de memoria infinita hacia adelante y hacia atrás que, en casos como este, lo único que se hizo fue echarle leña al fuego y favorecer la polarización.


SEMANA: ¿Hay una paradoja moral en el hecho de que Gustavo Petro sea alcalde y el Ejército tenga que pedir perdón?


I.O.: Lo que ocurre es que el discurso de los derechos humanos tiene un sesgo antiestatal, porque nace para controlar al Estado absolutista del Leviatán, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia del Estado totalitario, que era el gran victimario potencial. Los derechos humanos corrigen la asimetría entre el poder del Estado y el del ciudadano. Pero se paga un costo alto por eso porque se hacen muy visibles las responsabilidades del Estado y se vuelven invisibles las de los enemigos de este. 


SEMANA: ¿Eso es lo que se le puede criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?


I.O.: Yo creo que la CIDH es heredera de la tradición de Núremberg. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total en la que ninguno de los bandos respetó la distinción entre objetivos civiles y militares, donde hubo todo tipo de retaliaciones y un proceso de victimización horizontal. Sin embargo, en los juicios de Núremberg se separaron de manera radical los campos de la víctima y el victimario. Los actos de guerra se sacaron de su contexto y se presentaron como ocurridos en una dictadura. Fue una justicia de vencedores. Ese legado casó como anillo al dedo en la América Latina de las dictaduras militares donde el Estado tenía el monopolio de los instrumentos de barbarie, mientras la población estaba indefensa. Montada sobre esos dos pilares, la Corte Interamericana es punitiva en exceso. 


SEMANA: Entonces ¿es cierto que los jueces no entienden la guerra?


I.O.: En parte es cierto porque con la lupa de los derechos humanos no pueden ver el colapso del Estado y las múltiples responsabilidades en la victimización. Está bien que hablen de verdad, justicia y reparación y empoderen a las víctimas. Eso es un avance civilizatorio. Pero si se somete el Derecho Penal a esa lógica, se desbalancea el equilibro entre derechos de las víctimas y del reo. Se construye un derecho penal de enemigo. 


SEMANA: Por ese camino ¿está la Justicia cerrándole el camino a un eventual proceso de reconciliación?


I.O.: Los jueces están metidos en una especie de trampa moral. Tienen pánico moral porque los discursos humanitarios han ido demasiado lejos en la construcción de una víctima y de un victimario ideal. Prueba de ello es la incapacidad para trajinar con las víctimas políticamente complejas.


SEMANA: ¿Cuáles son esas?


I.O.: Víctimas que tienen una responsabilidad por ejemplo en los hechos que condujeron a su propia victimización. En el proceso de justicia y paz ha habido situaciones como que unas víctimas reconocieron que habían participado en el secuestro de uno de los jefes paramilitares imputados. El sistema deja a un lado esa complejidad. Trabaja con víctimas y victimarios puros, seguramente para lograr que funcione. Pero eso tiene un efecto brutal porque separa de manera radical la justicia de la verdad. 


SEMANA: Pero mostrar esa complejidad puede terminar por servirle de justificación al victimario… 


I.O.: Ese riesgo existe. Yo acepto que en un primer momento, con miras a empoderar a las víctimas, sin duda va a ser más fácil la restitución de tierras si tenemos una visión purificada de ellas. Pero en el mediano plazo eso se convierte en una trampa porque la sociedad está llena de zonas grises, que son la humanidad compartida entre victimarios y víctimas. 


SEMANA: ¿Y qué es exactamente una zona gris?


I.O.: Un ejemplo perfecto de figura de zona gris es Irma Franco, la guerrillera desaparecida en el Palacio de Justicia. Ella es victimaria porque hace parte del grupo que se toma el Palacio. Pero en la medida en que sobrevive a la batalla de la contratoma y queda en condición de indefensión se convierte en víctima. Un principio básico es que la víctima no lo es por inocente sino por indefensa. Para la sociedad es importante mandar el mensaje de que las víctimas complejas son víctimas. Pero la Justicia no ha sido capaz de representar a ese tipo de víctimas. 


SEMANA: ¿Ese es el caso por ejemplo de muchos miembros de la UP?


I.O.: Ahí puede haber una gran zona gris.


SEMANA: Con la tesis de la responsabilidad mediata que condenó a Plazas Vega, y en un país con tantos crímenes de guerra ¿se va a ir medio Ejército para la cárcel?


I.O.: Yo digo que en las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente al problema de la impunidad y una gran incapacidad de ser selectivos. Si hay algo patético es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que equipara el concierto para delinquir agravado con un crimen de lesa humanidad. Eso empantana la Justicia. ¿Qué puede hacer una Fiscalía a la cual le presentan la guerra colombiana como un bloque de acero constituido todo por un solo crimen de lesa humanidad?


SEMANA: ¿Qué consecuencias tendrá esto para un eventual proceso de paz?


I.O.: En el pasado, cuando se negociaba la paz se daba por descontado que la Justicia no alcanzaba las cúpulas porque era con ellas que se negociaba. La nueva conciencia humanitaria está interesada sobre todo en la responsabilidad de las cúpulas. Ese es el problema más serio para una negociación. 


SEMANA: En ese caso ¿tienen entonces razón los militares al buscar un fuero ampliado?


I.O.: Sentencias como la del Tribunal Superior, en la medida en que contienen despropósitos como lo de Belisario, dan papaya para quienes defienden el fuero ampliado. Personalmente no comparto eso. En la medida en que se prolongue la guerra, un fuero ampliado le quita control al Estado sobre la gestión militar y el precio que se paga en legitimidad internacional es muy alto. 


SEMANA: Pero si se trata de un Ejército vencedor… 


I.O.: Una guerra que se barbariza es una guerra en la cual el Ejército no puede mostrarse como el único que no incurrió en barbarie o que aquella fue cometida por cuatro manzanas podridas. Hubo momentos donde la ideología forzó la barbarie, como en los años setenta y ochenta, con la doctrina de seguridad nacional y que explica en buena medida que el Ejército se haya ensangrentado profundamente en la guerra. Quienes aquí piensan que pueden hacer una justicia de vencedores, de autoamnistía, donde ellos van arropados en la bandera como héroes y los enemigos son los únicos que cometieron barbaridades, están equivocados.


SEMANA: Pero el presidente Santos parece respaldar esa aspiración… 


I.O.: Él es el comandante en jefe del Ejército en un país en guerra. No tiene margen de maniobra y se expone a una fractura que ni yo quiero imaginar. Por eso la paz negociada es una fórmula necesaria aun en un contexto de victoria estratégica del Estado porque permite construir una verdad y una memoria del conflicto. 


SEMANA: Pero si no hay una negociación ¿cómo lidiar con el pasado?


I.O.: Estamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que las cortes deberían sacudirse un poco de la obediencia debida a la jurisprudencia del exterior. Debería ser una obediencia reflexiva. El viejo principio de soberanía debería ser retomado a la luz de la pertinencia. 


SEMANA: Pero es real que la CPI u otras cortes pueden llegar a intervenir en Colombia, y de hecho, cada día el Estado es condenado… 


I.O.: La CPI como tribunal penal que es, y a pesar de ser heredera de Núremberg, todavía recoge la tradición liberal y es capaz de pensar políticamente criterios de selectividad. De hecho, la Fiscalía de la CPI tiene una discrecionalidad para decidir si escoge o no un caso. Y ello indica que la selectividad es legítima. El sistema interamericano, en cambio, está creando un impacto terrible. Hoy el galimatías de las jurisprudencias para un futuro proceso de paz es inaudito. Hay contradicciones y enredos entre terrorismo, delito político y derechos humanos, es un paquete inmanejable y que configura un muro frente al que va a ser muy difícil negociar. 

jueves, febrero 9

LOS PREFIERO EN EL EXILIO (por Francisco Galán)

Nota del editor: Estamos completamente de acuerdo con que la dinamica del conflicto tiende a complicarlo y a  empeorar cada día, pero no con la conclusión: Colombia necesita saber la verdad para poder superar el conflicto y lograr entrar en un camino de reconciliación. En el exilio solo se logra mantener la impunidad. Hay que avanzar hacia los mecanismos transicionales de justicia, asi sea  sin carcel y compensando la perdida de la libertad con el develamiento de toda la verdad,  penas de caracter pecuniario, reparación y verdaderas garantías de no repetición.

Por Francisco Galán | Publicado el 9 de febrero de 2012
Después de casi año y medio de finalizado el gobierno del expresidente Uribe, se han abierto grandes debates sobre la política de su gobierno, de sus funcionarios y de él mismo. Se han iniciado más de una docena de procesos judiciales a reconocidos personajes de esta administración, a la par que se han generado brotes de un movimiento que muchos han llamado de extrema derecha, que se viene expresando abiertamente contra las políticas del gobierno del presidente Santos, de sus ministros, de las Cortes y de todo el aparato judicial. Todo mientras se anuncia un libro de alias 'don Berna' en donde dizque se van a hacer nuevas revelaciones sobre empresarios, militares y más políticos que estuvieron comprometidos con el paramilitarismo.

Dentro de este maremágnum de situaciones resalta la investigación preliminar contra el ex alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana; hecho de durísimos cuestionamientos y que solo parece ser resuelto en los estrados judiciales y disciplinarios, lo que vislumbra la posibilidad de que otro de los altos funcionarios del gobierno Uribe esté en vías de ser procesado y estar entre rejas. Mientras se anuncia que no ha comparecido a dos citaciones de la Fiscalía General.

Antes que verlo detenido en una prisión, prefiero verlo exiliado. No quisiera que los papeles hoy se cambiaran, mientras yo hoy defiendo el Estado Social de Derecho y sus instituciones a las cuales él me convocó en el proceso de diálogo con el ELN y por lo cual renuncié a transformarlas por el método violento y por ende a la guerrilla, Luis Carlos mañana desconozca el papel del Estado y sus instituciones y se levante no solo en oposición intransigente sino en beligerancia por la defensa de su verdad y de los que lo acompañan.

Todos estos llamados a juicio, más los que irán surgiendo por acción de nuevas imputaciones, pueden llevar a los implicados a agruparse y levantarse en armas por la recuperación del poder y su propia defensa.

La historia debe tener mecanismos que eviten los colapsos en sociedades tan alteradas periódicamente como nuestra patria. Tenemos que encontrar una salida a tiempo, creo que se está incubando un conflicto de mayores proporciones que el que hoy vivimos, un conflicto donde convergen, además de los anteriores, el problema de la tierra, el narcotráfico, las bandas criminales, las guerrillas de izquierda, las bandas urbanas, las judicializaciones de funcionarios, políticos y militares, además de la amenaza latente de una derecha beligerante.

¿Qué hacer? Es urgente convocar a la Nación a un diálogo de reconciliación dentro del Marco Legal para la Paz, que recupere su propósito de prevenir la violencia y encontrarle salida a toda esta barbarie y no solo como un mecanismo para resolver procesos de desmovilización.

No me imagino este país, además, con una guerrilla de derecha.

Es mejor que se vayan

martes, febrero 7

¿JUSTICIA TRANSICIONAL PARA TODOS?

TOMADO DE  EL ESPECTADOR.COM FEBRERO 06 2012 

Gobierno estudiaría posibilidad de suspensión de la pena a militares condenados

Marco legal para la paz, la clave

Por: Redacción Política

El acto legislativo, que cursa en el Congreso, cobijaría con la justicia transicional a todos los involucrados en el conflicto armado, incluyendo a los miembros de la Fuerza Pública.

Falta ver si los hechos del Palacio de Justicia serían cobijados por el acto legislativo.
Falta ver si los hechos del Palacio de Justicia serían cobijados por el acto legislativo.

La idea ahora es que este beneficio no sea sólo para quienes “hayan suscrito un acuerdo de paz”, sino para los “actores del conflicto interno”. La tesis que manejan en la Casa de Nariño es que así podrían beneficiarse los militares y, además, llevarse a cabo desmovilizaciones masivas de las Farc sin entrar en diálogo con el secretariado. Mejor dicho, el Gobierno podría entrar a negociar de forma directa con los comandantes de los frentes guerrilleros que quieran dejar las armas.


Según conoció El Espectador, el objetivo es modificar la actual redacción del proyecto que dice: “La aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, se limitará a los miembros de aquellos grupos que hayan suscrito un acuerdo de paz y a quienes se hayan desmovilizado de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional”.
De hecho, ya el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, —durante los debates del Marco legal para la paz en el pasado período legislativo— había dado lo que puede considerarse como las primeras señales en ese sentido. Durante el tercer debate en la Cámara de Representantes, el funcionario reconoció que, teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares sí forman parte del conflicto armado, eventualmente podrían ser cobijadas por la iniciativa. El meollo del asunto es aplicarlo con retroactividad.
Hoy es claro que la ratificación por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la condena a 30 años del coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985, ha abierto el debate sobre qué hacer con los miembros de la Fuerza Pública acusados y condenados por esos hechos, por los cuales además ya se ha perdonado e indultado a los miembros del M-19, el grupo guerrillero responsable del cruento ataque.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, puso ayer el dedo sobre la llaga al señalar, en entrevista para la FM Radio, que “sí debe haber una iniciativa de perdón para los militares del Palacio de Justicia” y que “nadie se puede escandalizar” por ello. Una postura que para muchos tiene que ver con un tema polémico, que ya se ha insinuado en el pasado: la implementación de una ley de punto final que abra la puerta a la solución definitiva del conflicto colombiano.
De hecho, la semana pasada en entrevista para CNN, el expresidente Álvaro Uribe habló de una reforma constitucional que implique la excarcelación de Plazas Vega, sin que se archive el proceso judicial. “Una especie de excarcelación sin levantar la condena y darle una nueva oportunidad judicial”, dijo. Y más recientemente el analista Alfredo Rangel conceptuó que es hora de comenzar a pensar “en un nuevo instrumento de justicia transicional, sea una ley de punto final o la reforma de la ley actual, que permita que miembros de las Fuerzas Militares, acusados de violaciones a los derechos humanos, puedan recibir un tratamiento equitativo por parte de la justicia a cambio de la verdad”.
Para la Comisión Colombiana de Juristas, una ley de perdón para delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, como es el de las desapariciones del Palacio de Justicia, sería ilegal a la luz del derecho internacional. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, cree que es posible crear un marco jurídico para la suspensión de la pena.
“No se puede pensar en la posibilidad de una ley de punto final o perdón y olvido, porque la jurisprudencia, en materia de conflicto, no lo permite, ya que exigen estándares de verdad, justicia y reparación que no son compatibles con la posibilidad de promover el perdón y el olvido. Pero podría haber un mecanismo de suspensión de la pena, que está más acorde con la normatividad y actualmente el Marco jurídico para la paz podría ser una norma que se adecuaría a la posibilidad de la cesación de la pena”, explicó Gaviria.
En 2007, cuando el gobierno Uribe buscaba un marco jurídico para la excarcelación de miembros de las Farc y de quienes hubiesen tenido vínculos con los paramilitares —como opción de buscar la paz— se habló también de excarcelación sin levantamiento de las responsabilidades penales. Según Uribe, en el proceso de paz de Irlanda del Norte, el gobierno británico aceptó excarcelar unas gentes del Ira condenadas por las mayores atrocidades, pero no les levantaron la responsabilidad final, lo que implica un antecedente importante.

sábado, febrero 4

El 30% de las muertes por cáncer puede evitarse con cambios en el estilo de vida

El 30% de las muertes por cáncer puede evitarse con cambios en el estilo de vida

El consumo de alcohol y tabaco es el factor de riesgo más importante y responsable del 20 por ciento de muertes por cáncer en general y del 71 por ciento de las causadas por tumores malignos de pulmón.
EFEEl consumo de alcohol y tabaco es el factor de riesgo más importante y responsable del 20 por ciento de muertes por cáncer en general y del 71 por ciento de las causadas por tumores malignos de pulmón.
SALUDEl 13 por ciento de los decesos en el mundo se atribuyen al cáncer. En el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la importancia de adoptar comportamientos saludables.
Viernes 3 Febrero 2012
El 30 por ciento de muertes por cáncer puede evitarse con un cambio en los estilos de vida y con comportamientos más saludables, aseguró la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la víspera del Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, celebrado cada 4 de febrero. 

Ese porcentaje corresponde a fallecimientos atribuidos al sobrepeso, el bajo consumo de frutas y verduras, la falta de actividad física y el consumo de alcohol y tabaco, siendo este último el factor de riesgo más importante y responsable del 20 por ciento de muertes por cáncer en general y del 71 por ciento de las causadas por tumores malignos de pulmón.

La OMS define el cáncer como un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Explica que también puede hablarse de tumores malignos o neoplasias malignas. 

“Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer”, precisa la organización. 

Conforme a las proyecciones difundidas por la OMS, el porcentaje total de muertes por cáncer aumentará hasta un 45 por ciento de aquí a puede evitarse con un cambio en los estilos de vida y con comportamientos más saludables, aseguró la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la víspera del Día 2030, con lo que los fallecimientos pasarán de 7,6 millones, según las cifras más recientes disponibles, a 13,1 millones ese año. 

De acuerdo con la OMS, el lema del Día Mundial contra el Cáncer este año “Juntos es posible”, subraya la idea de que la única forma de reducir las muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles, es la colaboración de todas las personas, organizaciones y gobiernos. 

En la actualidad, el cáncer es una de las causas de muerte más frecuentes al ser responsable del 13 por ciento de decesos en el mundo, de los que el 70 por ciento ocurre en países de ingresos medios y bajos. 

Los tipos de cáncer más habituales son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, aunque la incidencia varía mucho entre hombres y mujeres y entre países industrializados y en desarrollo. 

En el primer grupo, la primera causa de muerte es el cáncer de mama, pero en los países en desarrollo es el de cuello de útero. 

El cáncer se origina en una sola célula y el proceso que hace que una lesión precancerosa se convierta en un tumor maligno es el resultado de la interacción entre los factores genéticos de una persona y una serie de agentes externos, precisó la OMS. 

Esos agentes externos pueden ser cancerígenos físicos -como las radiaciones ultravioletas y ionizadas- o químicos, como asbesto, componentes del humo del tabaco, aflatoxina (contaminante de los alimentos) y arsénico (contaminante del agua). 

Asimismo, hay cancerígenos biológicos, como las infecciones causadas por ciertos virus, bacterias y parásitos. 

El envejecimiento es otra causa mayor del desarrollo de cáncer, cuya incidencia aumenta significativamente con la edad debido a la acumulación de factores de riesgo y a que, a más años, los mecanismos de reparación celular del organismo funcionan peor. 

Con EFE

domingo, enero 22

Los carroñeros del proceso de Justicia, Paz y Reparación



Nota del editor de Urabá-hoy: Siempre con el mayor respeto, proponemos la lectura de este articulo publicado en un blog de autoría del periodista Monteriano Toño Sánchez, a quien de antemano ofrecemos disculpas por apropiarnos de su escrito para difundirlo por este medio, pero nos parece muy pertinente su visión del proceso de Justicia y Paz.


Por TOÑO SÁNCHEZ JR.


Ya lo escribió Dan Brown en uno de sus libros, "no hay nada que venda más que la desgracia humana". Parafraseándolo, digamos que no hay nada que beneficie más, ¿o enriquezca?, a muchos en Colombia, incluidas unas vampirescas Ong's, que la inexistencia del perdón y la falta de reconciliación y reparación entre víctimas y victimarios.


El 18 de enero de 2012 pasará a la historia judicial de Colombia. Ese día, en Mampuján, Bolívar, en el mismo sitio en donde la noche del viernes 10 de marzo del año 2.000, un comando paramilitar, al mando del despiadado Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena', masacró a 13 campesinos y desplazó a más de mil personas, se sentaron más de mil 400 víctimas frente a sus victimarios. En cumplimiento de los postulados de la Ley que se conoce como Justicia y Paz. Son escasas en el mundo, por no decir que no existen, experiencias similares de este tipo de encuentros entre víctimas y victimarios.


Allí, ante un dolido auditorio integrado por niños, niñas, jóvenes, madres, padres, abuelos, viudas y huérfanos, Edward Cobo Téllez, 'Diego Vecino', pidió perdón a todas las víctimas en un sentido discurso. Luego, le tocó pararse y encontrarse, cara a cara, con familiares que le reclamaron por qué mataron a sus parientes y por qué desplazaron a la comunidad que quedó. Fueron escenas tristes, si se quiere desgarradoras para ambas partes.


Allí comenzó lo que debe ser el verdadero proceso de sanación de este conflicto. Primero el perdón, luego la reconciliación y enseguida debería venir la reparación.


Lo extraño de todo es que un acto de tanta importancia no haya tenido cabida en los medios de comunicación de este indolente y resentido país. Aquí lo que importa y vende son las masacres, la violencia, el odio y la desgracia ajena. El perdón, la reconciliación y la reparación es una letal medicina para los mezquinos intereses que mueve este 'enriquecedor' conflicto colombiano.


Aquí pareciera que es mejor mantener los fantasmas de la violencia vivos, para poder seguir beneficiándonos de este largo y sangriento conflicto, que no es más que una perversa guerra mata pobres y desplaza pobres.


Yo prefiero mil veces ver a los que antes eran un 'Diego Vecino', un 'Santander Lozada', un 'Julián Bolívar', un 'Alemán', por mencionar a algunos ex comandantes de las Autodefensas; ser hoy un Edward Cobos, un Salvatore Mancuso, un Rodrigo Pérez Alzate, un Freddy Rendón Herrera, pidiendo perdón, contando la verdad y pagando una pena en prisión, como lo estableció una Ley de la República, y no vestidos de camuflado nuevamente.


Esta gente está cumpliendo con la Ley de Justicia y Paz, al punto que hay Fiscales que en privado reconocen, que de no ser por el compromiso y la colaboración de estos comandantes, esclarecer miles de hechos delictivos hubiese sido imposible. Lástima que en público no lo reconozcan.


No hay nada más difícil en la vida que pedir perdón. Una interesantísima entrevista, publicada hace algunos días en El Tiempo, con Camilo Azcarate, abogado de la Universidad Javeriana, experto en resolución de conflictos de la Universidad de Massachusetts, conocedor del conflicto colombiano durante el tiempo en que fue miembro del Programa de Análisis y Resolución de Conflictos (Picar) de la Universidad de Harvard, dijo lo siguiente:


"Sin embargo, cambiar en el futuro no es suficiente. También hay que sanar el pasado si se quiere resolver el problema. Reconocer que se cometió un error, pedir perdón y tratar de resarcir el daño requiere mucha humildad, pero no hay otra salida de la trampa. El presidente, como representante del Estado, puede dar un gran ejemplo a los colombianos reconociendo que las fuerzas del Estado fueron usadas en el pasado de manera ilegitima y que eso fue un error. Eso no lo haría más débil; al contrario, el verdaderamente fuerte es aquel que reconoce errores y trata de enmendarlos. Hace más de una década alguien me preguntó qué podría hacer un Presidente de la República para empezar a bajar la intensidad del conflicto. Mi respuesta sería la misma hoy en día: reconocer que los medios del Estado fueron usados ilegítimamente en el pasado y asegurarse que en el futuro las necesidades de seguridad de los colombianos (que son su responsabilidad) no justifiquen el uso ilegitimo de esos medios. Si se pierde la legitimidad del Estado, se pierde el rumbo".


"Allí es cuando comienza el cambio. Muchos se preguntaran: ¿Por qué tiene el presidente que excusarse cuando las guerrillas o los paras no? Porque cuando uno comete un error uno pide perdón por lo que uno hizo, independientemente que otros lo hagan o no. Los otros tienen que vivir con sus conciencias. Ellos verán si tienen la fortaleza de también reconocer sus errores. Excusar nuestros errores por los errores ajenos es solo eso, una excusa".


¿Por qué nos cuesta aceptar que estas personas, que en un reciente pasado fueron protagonistas del conflicto colombiano, y que en ese momento lo criticábamos, ahora, que han dejado las armas y quieren reconciliarse con las víctimas y con el resto del país, le damos la espalda? ¿Será que hacemos parte de un determinismo violento?


Por otra parte, ¿será que el Inpec está en contra del proceso de justicia y paz? A la una de la madrugada del pasado miércoles un grupo especial del Inpec llegó al Patio 7B de la cárcel Las Mercedes y se llevó a 53 postulados de Justicia y Paz para Barranquilla. Y de ésta ciudad traerán 150 internos conocidos como delincuentes sociales (al interior de las cárceles los llaman despectivamente 'Chirretes').


A lo mejor, con este abusivo traslado, los postulados de Justicia y Paz no se presenten a versionar. Lo que traería más demora en el proceso. Muchos de estos internos ya habían trasladado para una pieza en Montería a su compañera e hijos. Estos últimos ya estaban matriculados en colegios.


Más hacinamiento y problemas vendrán para este centro penitenciario que está en Montería. Sería importante que Gobernador y Alcalde miraran para este sitio y no permitan este tipo de abusos. Con la llegada de estos nuevos delincuentes a la ciudad vienen también sus 'socios de trabajo' que están en la calle todavía.


Quiero terminar con lo que dijo en su discurso en Mampuján, Edward Cobo Téllez: "Señoras, señores, jóvenes y niños víctimas de Mampujan, Las Brisas, Haya, Pela el Ojo, San Cayetano, Yucalito y todas las veredas vecinas de los municipios de María la Baja y San Juan de Nepomuceno afectadas con nuestro accionar, con humildad y sinceridad les pido perdón, perdón por todo el daño causado y perdón por todo lo que pude haber hecho mejor y no hice. Si logran abrir sus corazones al perdón en el día de hoy, estaremos dando un paso inimaginable y único por la paz y la reconciliación de los colombianos. Si hoy algún corazón no puede conceder su perdón, sabré entender su sufrimiento y expresiones de dolor por el daño causado y créanme que seguiré luchando por alcanzarlo algún día, como no descansaré de trabajar por la paz y la reconciliación entre los hermanos colombianos, buscando con mis acciones presentes y futuras garantizar la NO repetición de los hechos sufridos por las comunidades, como así mismo con ello lograr el Perdón de Dios".


viernes, enero 13

EN DEFENSA DE LOS URABAENSES


N del Editor:  No puede generar sino desasón la actitud de personas como el hasta hace un poco mas de un año jefe supremo de las fuerzas militares de Colombia, el hoy expresidente Alvaro uribe Velez, quien propone bombardear a los "urabeños", banda criminal de desafortunado nombre y peor gestión, que ultimamente lanza desafios públicos al Estado. Esto aunado a sectores de la opinión publica y generadores de opinión como el señor Pascual Gaviria, quien no se  ha asomado por Urabá lo suficiente para sacar las conclusiones que expone en reciente articulo sobre nuestra región,  denominandola "tierra de condenados" y desconociendo que todo lo malo  que dice que ocurrió en Urabá, se repitió de igual manera por todo el continente americano  desde las épocas de la conquista.

Ese grupo se formó hace ya mas de seis años, ¿Por que el señor uribe no bombardeó los campamentos de ese grupo criminal cuando era Presidente y tenía todo el poder para hacerlo? ¿o era que lo tenia planeado para su tercer periodo presidencial? o es que se adhiere a la tesis del señor Gaviria y nos condena a todos los urabaenses.  No podemos sino pedir respeto para los cientos de miles de honestos habitantes de Urabá.

A modo de desagravio, transcribimos una columna de opinión del doctor Jaime Jaramillo Panesso, quien si ha ido a Urabá, la conoce y ha sufrido todos los males que sufren sus habitantes.


La banda de los hermanos Úsuga
Jaime Jaramillo Panesso

Para muchos colombianos Urabá debe parecerles al viejo oeste norteamericano, pero en vez de pielrojas, siux o apaches y bandidos blancos en cabalgatas, la escena se llena con paramilitares, guerrilleros y bandas narcotraficantes. Quizás otra sea la visión, una parecida a algún país africano de pequeños ejércitos privados que en vez de diamantes o coltan, luchan por tierras ganaderas, plataneras, bananeras o sembrados de coca. Están equivocados. Urabá es parte de Colombia, la mejor esquina en pequeño de otra esquina más grande que es nuestro país. Urabá es la tierra firme que rodea un golfo del mismo nombre donde llegaron los españoles, 1501, pocos años después de Colón encontrar la isla La Española, o sea, República Dominicana y Haití. Urabá perteneció al Estado del Cauca y luego a Antioquia que solo la incorporó a su economía y administración real hace unos sesenta años. Fue tierra de promisión y de colonización. La carretera al mar, Medellín-Turbo, se inauguró en 1955. Allí llegaron los desplazados de la guerra civil liberal-conservadora de los años cincuenta del siglo anterior. También ingresaron los negros del Chocó y los chilapos de Córdoba.  Es una Antioquia distinta a la andina.
Urabá tiene hoy medio millón de habitantes, once municipios, una capital regional, Apartadó, y una recuperación muy alta que no deja de ser intervenida por dos grupos armados al margen de la ley: la bacrim auto denominada Autodefensas Gaitanistas y las Farc. A la bacrim AG que fundara Mario Rendón, hoy en prisión, pertenecen los hermanos Úsuga, quienes la dirigen. Uno de ellos fue dado de baja por la policía en días recientes, Juan de Dios, alias Geovany, en el municipio chocoano de Acandí, hecho que desató un “homenaje” al occiso: las amenazas de violencia sobre la población civil que condujeron a un paro de actividades no solo en Urabá, sino que se amplió en forma de arco hacia el norte del país costanero hasta Riohacha.
Los Úsuga son oriundos del norte de Urabá, Pueblo Nuevo y Mulatos. Sobreviven a las tres guerras habidas en la región, porque aprendieron a vivirlas cada una de ellas. Territorio del EPL, una organización maoísta que dominó toda el área con la mejor y mayor capacidad de fuego y de organización social, en especial el sindicalismo bananero. Las FARC que la trajo, in vitro, con los primeros colonos trashumantes y que aún tiene presencia en el Nudo de Paramillo y en el Darién, a más de milicias urbanas. Los Úsuga militaron en el EPL desde muy jóvenes. Cuando esta organización se desmovilizó, 1991, los Úsuga quedaron al lado de los caraballistas que repudiaron el acuerdo, se aliaron con las FARC e iniciaron el exterminio de los desmovilizados que tomaron el nombre de Esperanzados (EPL con nueva traducción: Esperanza, Paz y Libertad). Posteriormente la guerra estuvo en manos de las ACU, Autodefensas de Córdoba y Urabá, al mando de los hermanos Castaño y a donde fueron a parar los Úsuga. Al crecer las autodefensas tomaron el nombre de AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, con cubrimiento nacional. En el 2002 se inicia la desmovilización y entrega de armas de las AUC, bajo la orientación del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a quien tanto le debemos y que los quintacolumnistas de la violencia y de la vindicta tratan ahora de enlodar. Los Úsuga se marginan de la desmovilización y hoy son los actores principales de las  Autodefensas Gaitanistas. En resumen: ellos configuran los individuos modelos de síntesis de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales y traficantes que han llegado hasta el siglo XXI, con el acumulado negativo de lo que no debe ser un ciudadano colombiano.
Pero los urabaenses no son los “urabeños”. En Urabá el homicidio está en muy bajo nivel de ocurrencia, la sociedad civil se ha fortalecido y las instituciones funcionan, los partidos tienen plena actividad y el sindicalismo actúa libre y protegido. La industria bananera cumple con las cargas y los pliegos laborales. Hay serios problemas de vivienda, pero existen las bases para un “pacto social” que integre los esfuerzos privados, públicos y sindicales para solucionar el déficit social de la región. Los urabaenses no son los “urabeños”.

Comienza "EL REVOLCÓN" de la tierra en colombia.

N. del Editor:    El esperado momento del inicio de la aplicación de tierras y víctimas, comenzó ya. ¿habrá justicia? No sabemos. Con los mejores votos para que las personas afectadas por tantos años de violencia y despojo puedan ser resarcidos al menos en parte de las perdidas sufridas, vemos con gran esperanza la aplicación de esta ley.  Pero la sociedad debe estar muy atenta y vigilante de la transparencia de estos procesos, por que la corrupción ya se asoma por ahi.  


tomado de semana.com



"Más de 700.000 hectáreas han sido robadas con trampas y violencia": Santos

Según el presidente Juan Manuel Santos sectores violentos de la izquierda y la derecha son los enemigos de la restitución de tierras.
Archivo SemanaSegún el presidente Juan Manuel Santos sectores violentos de la izquierda y la derecha son los enemigos de la restitución de tierras.

RESTITUCIÓN
Con la entrega de 4.600 hectáreas en el municipio de Ayapel, Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se inició todo un cambio en la restitución de tierras. También advirtió que una mano negra quiere sabotear el proceso.

Jueves 12 Enero 2012

El presidente Juan Manuel Santos pidió a los organismos de seguridad y a entidades del Estado hacer acompañamiento a los campesinos que han recuperado tierras en el país, pues, según él, existe una “mano negra” que va a querer reapropiarse de esos terrenos.
“Esos enemigos agazapados, esos violentos, que van a querer sabotear como ya hemos visto, amedrentando a los campesinos que, con todo el derecho, quieren reclamar esa tierra que les quitaron”, subrayó Santos.
“Es esa mano negra de la izquierda y la derecha que va a querer sabotear”, dijo el presidente Santos luego de asegurar que hubo enemigos que se interpusieron en el Congreso a la restitución.
Para evitar que las tierras caigan en manos de los ilegales, Santos les pidió a los integrantes de la fuerza pública y al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, trabajar en llave para detectar y judicializar esos casos.
En la finca ‘Las Catas’, que fue propiedad de lugartenientes del extinto narcotraficante Pablo Escobar, el presidente dijo que esperan que esas tierras no vuelvan a manos de los violentos.
Tras calificar como un gran “desafío” institucional este proceso de entrega de tierras, Santos anunció que va a presentar ante el Congreso un proyecto de ley de desarrollo rural para identificar tierras productivas o en las que se puedan realizar proyectos medioambientales.
El mandatario también dijo que se puso una “vara muy alta”, pues quiere, al final de su Gobierno, entregar cerca de tres millones de hectáreas a campesinos, esto con la ayuda legal que le dio la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Hasta ahora por vía administrativa el gobierno de Santos ha entregado 800.000 hectáreas.

Casos de notarios

El presidente dio a conocer que cerca de 700.000 hectáreas han sido hurtadas con la ayuda de notarios en todo el país.
En uno de los casos se detectó que varios terrenos en Sopó (Cundinamarca) pasaron a manos de la captadora ilegal de dinero DMG tras una venta ficticia y una hipoteca. “Este es un tema no sólo de despojo, sino de lavado de activos”, resaltó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.
También dijo que en el municipio de San Luis (Antioquia) una persona se apropió de un bien baldío del Estado de 700 hectáreas y creció al punto de llegar a ocupar 37.000 hectáreas.
El superintendente también mencionó el caso de la frontera con Venezuela, en donde, según él, las FARC se han apropiado terrenos para luego venderlos como minifundios.



lunes, enero 9

NUEVO ESTATUTO PROTEGE AL CONSUMIDOR COLOMBIANO



N. del E.: Ojalá no sea una inocentada populista del gobierno de Santos, que deje a los colombianos "chupando un palo  y sentados sobre una calabaza" como en la canción de Serrat. 


El estatuto del consumidor es un anhelo de los colombianos, que desde hace mucho tiempo esperaban un cambio en la protección de sus derechos frente a la avalancha de productos de pésima o regular calidad que inundan los mercados posteriormente a la apertura económica.  Pese a la globalización del mercado, la protección del consumidor se limitaba a algunas arcaicas normas del código de comercio y uno que otro decreto acomodado a conveniencias particulares.  Los colombianos seguimos a la espera de verdaderas instituciones de protección en materia financiera y de salud, que es donde mas se siente ahora la negligente desprotección del estado a los colombianos,  frente al abuso neoliberal.

EL CLIENTE SI TIENE LA RAZÓN  

(TOMADO DE SEMANA.COM)


CONSUMIDORES

Con el nuevo Estatuto del Consumidor los productores y vendedores tendrán que responder por productos defectuosos, se castigará la publicidad engañosa y los parqueaderos serán responsables por pérdidas o daños a vehículos.

Sábado 7 Enero 2012
Tres décadas después de su nacimiento, las normas para proteger a los consumidores y frenar los abusos de los productores o establecimientos comerciales, acaban de recibir un verdadero revolcón. 


El nuevo Estatuto del Consumidor aprobado por el Congreso el año pasado reconoce la urgencia de ajustar la legislación. Hace 30 años ni siquiera se hablaba de comercio electrónico ni de globalización. El Estatuto, de 1982, se había quedado totalmente obsoleto.

El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, dice que "esta ley hará valer los derechos de los consumidores, se ajustará a las nuevas realidades mundiales y permitirá que más colombianos presenten reclamos cuando los productos o servicios no correspondan a lo que les ofrecieron".


Muchos ciudadanos no se quejan porque no saben cómo hacerlo ni conocen cuáles son sus derechos. Actualmente se presentan solo 24.000 reclamos al año y esa cifra debería ser, según cálculos especializados, del orden de 100.000. SEMANA presenta ocho normas claves sobre el Estatuto del Consumidor que regirán a partir de abril, una vez termine la reglamentación de la ley. 



Multas más fuertes 



La Superintendencia de Industria y Comercio podrá sancionar drásticamente a quienes vayan en contra del régimen de protección a los consumidores. La entidad impondrá multas de hasta 2.000 salarios mínimos -más de 1.100 millones de pesos de hoy- a las empresas que violen las normas. Actualmente las sanciones llegan a 100 salarios mínimos (unos 56 millones de pesos), monto que no persuade a los infractores, pues muchas veces prefieren pagar la multa y seguir con las irregularidades. Para las personas naturales las sanciones ascenderán a 300 salarios mínimos. De esta manera se castiga a propietarios de establecimientos que cambian permanentemente de razón social y siguen infringiendo las normas. La Superintendencia podrá ordenar el cierre del establecimiento de comercio hasta por 180 días, o su cierre definitivo si es reincidente. También puede prohibir temporal o definitivamente la distribución de un producto. 



Parqueaderos tendrán que responder 



Estos establecimientos no quedan eximidos de su responsabilidad para responder por pérdidas o daños en los vehículos, así en el recibo se diga lo contrario. Quien preste el servicio de parqueadero, así como los talleres y servicios de mantenimiento de vehículos, deben asumir la custodia y la conservación adecuada del bien que reciben, así como de los elementos y equipos anexos. No será responsabilidad del conductor probar que el carro iba con los aditamentos normales, como una llanta de repuesto, en caso de una pérdida. Los establecimientos deberán demostrar el estado en que entró el vehículo, por lo que tendrán que tomar medidas para garantizar su seguridad. Sin embargo, al parqueadero no se le puede responsabilizar por la pérdida de objetos que no son inherentes al carro, como un maletín. 



Compras a distancia 



Se fija un plazo de cinco días hábiles para que el consumidor desista de una compra realizada a distancia (por internet, televisión o catálogo), así como en las ventas de planes turísticos de tiempo compartido. Esto se conoce como derecho de retracto. Muchas veces el ciudadano adquiere planes de tiempo compartido para pasar vacaciones en un sitio determinado por la presión que ejercen los vendedores o por los premios que se ofrecen. Una vez pasada la emoción del momento, y cuando se hacen cuentas con cabeza fría, puede desistir del plan, sin que sea objeto de multas o sanciones. Tiene derecho a que se le reintegre la totalidad de lo que haya abonado en un plazo no superior a 30 días calendario. 



Productos defectuosos 


Por primera vez se hace énfasis en la seguridad de los consumidores a la hora de comprar cualquier artículo. Los productores deben responder por los daños que ocasione un artículo defectuoso y esta responsabilidad es solidaria o compartida con el almacén o establecimiento comercial que lo vendió. Y las normas van más allá. Se responderá no solo por el valor del bien sino por los daños que ocasione. Por ejemplo, si un carro sale defectuoso, no solo debe responder por el valor del vehículo, sino por los riesgos que se presenten en caso de que haya un accidente directamente relacionado con ese defecto. Lo mismo sucede con juguetes que ocasionen algún problema a un niño, con maquillajes en mal estado o con los sonados implantes de silicona. La Superintendencia puede resolver algunos de estos problemas o trasladar a las entidades respectivas su solución.



Castigo a publicidad engañosa 



Se cerrarán establecimientos que utilicen publicidad engañosa, especialmente cuando se trata de productos 'milagrosos' (reducción de peso en pocos días o desaparición de las arrugas, cicatrices o celulitis). Si el producto no tiene un sustento científico no se podrán promocionar estos 'milagros'. También se pone freno a los cursos de inglés que anuncian el aprendizaje del idioma en pocas semanas sin que, en muchas ocasiones, el estudiante asista a clases ni a capacitación con profesores idóneos. Además, se crea la figura de la información engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente si se comprueba culpa grave en la difusión de la publicidad engañosa. 



Ojo con las ventas a plazos 



En las compras de bienes muebles para el hogar como electrodomésticos, computadoras y muebles en general, el precio por pago a crédito deberá ser igual al precio por pago de contado, adicionando el valor de la financiación. Es decir, si una lavadora vale un millón de pesos de contado, ese debe ser el mismo valor que se cobre por la venta a crédito, agregándole el costo de financiación, ya que de lo contrario se estaría cobrando un sobrecosto y sobrepasando el límite de usura. También se fija que el consumidor podrá pagar anticipadamente, de forma total o parcial, el precio pendiente de pago de cualquier producto, sin que se le exijan intereses no causados o sanciones económicas. 



Normas para compras por internet 



Se establecen normas para proteger a los consumidores que realicen compras electrónicas en el territorio nacional. Los proveedores de productos y servicios por medio electrónico deberán presentar información cierta y clara sobre lo que ofrecen, indicando características, propiedades, pesos, medidas y materiales. El proveedor deberá remitir, a más tardar al siguiente día calendario de haberse hecho el pedido, una notificación en la que informe el tiempo de entrega, precio exacto, incluidos gastos de envío y la forma en que se realizó el pago. El consumidor podrá pedir la reversión del pago cuando reciba un producto defectuoso o que no se ajuste al que le ofrecieron.



Freno a abusos en letra menuda 



En los contratos de adhesión, se le pone freno a las cláusulas abusivas que obligan a los consumidores a renunciar a los derechos que les corresponden por ley, que les trasladan responsabilidad que no tienen, que ponen muchas trabas cuando se quiere rescindir el contrato, o los que lo modifican unilateralmente. Se prohíbe presumir la voluntad del consumidor a la hora de adquirir un servicio o producto. Por ejemplo, que le envíen tarjetas de crédito o revistas a la casa sin que el cliente lo haya solicitado. Tampoco se podrán modificar unilateralmente los contratos o establecer cláusulas de renovación automática que impidan darlo por terminado.