Comienza "EL REVOLCÓN" de la tierra en colombia.

N. del Editor:    El esperado momento del inicio de la aplicación de tierras y víctimas, comenzó ya. ¿habrá justicia? No sabemos. Con los mejores votos para que las personas afectadas por tantos años de violencia y despojo puedan ser resarcidos al menos en parte de las perdidas sufridas, vemos con gran esperanza la aplicación de esta ley.  Pero la sociedad debe estar muy atenta y vigilante de la transparencia de estos procesos, por que la corrupción ya se asoma por ahi.  

tomado de semana.com

"Más de 700.000 hectáreas han sido robadas con trampas y violencia": Santos

Archivo SemanaSegún el presidente Juan Manuel Santos sectores violentos de la izquierda y la derecha son los enemigos de la restitución de tierras.

RESTITUCIÓN

Con la entrega de 4.600 hectáreas en el municipio de Ayapel, Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se inició todo un cambio en la restitución de tierras. También advirtió que una mano negra quiere sabotear el proceso.

Jueves 12 Enero 2012

El presidente Juan Manuel Santos pidió a los organismos de seguridad y a entidades del Estado hacer acompañamiento a los campesinos que han recuperado tierras en el país, pues, según él, existe una “mano negra” que va a querer reapropiarse de esos terrenos.

“Esos enemigos agazapados, esos violentos, que van a querer sabotear como ya hemos visto, amedrentando a los campesinos que, con todo el derecho, quieren reclamar esa tierra que les quitaron”, subrayó Santos.

“Es esa mano negra de la izquierda y la derecha que va a querer sabotear”, dijo el presidente Santos luego de asegurar que hubo enemigos que se interpusieron en el Congreso a la restitución.

Para evitar que las tierras caigan en manos de los ilegales, Santos les pidió a los integrantes de la fuerza pública y al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, trabajar en llave para detectar y judicializar esos casos.

En la finca ‘Las Catas’, que fue propiedad de lugartenientes del extinto narcotraficante Pablo Escobar, el presidente dijo que esperan que esas tierras no vuelvan a manos de los violentos.

Tras calificar como un gran “desafío” institucional este proceso de entrega de tierras, Santos anunció que va a presentar ante el Congreso un proyecto de ley de desarrollo rural para identificar tierras productivas o en las que se puedan realizar proyectos medioambientales.

El mandatario también dijo que se puso una “vara muy alta”, pues quiere, al final de su Gobierno, entregar cerca de tres millones de hectáreas a campesinos, esto con la ayuda legal que le dio la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Hasta ahora por vía administrativa el gobierno de Santos ha entregado 800.000 hectáreas.

Casos de notarios

El presidente dio a conocer que cerca de 700.000 hectáreas han sido hurtadas con la ayuda de notarios en todo el país.

En uno de los casos se detectó que varios terrenos en Sopó (Cundinamarca) pasaron a manos de la captadora ilegal de dinero DMG tras una venta ficticia y una hipoteca. “Este es un tema no sólo de despojo, sino de lavado de activos”, resaltó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

También dijo que en el municipio de San Luis (Antioquia) una persona se apropió de un bien baldío del Estado de 700 hectáreas y creció al punto de llegar a ocupar 37.000 hectáreas.

El superintendente también mencionó el caso de la frontera con Venezuela, en donde, según él, las FARC se han apropiado terrenos para luego venderlos como minifundios.

¿¿¿COMO TERMINAR ESTA FARC-SA????

No es así, Timochenko, no es así

   

N. del Editor de este blog. al momento de circular la revista con este comentario de opinión, no se sabía todavia de el asesinato de los prisioneros secuestrados por las Farc. estamos seguros que el contenido de esta columna hubiera sido mas categórico. 

de todas maneras nos sumamos a las voces de rechazo a ese acto infame, permanecerá en la memoria y algún dia sus autores tendrán que responder con verdad, justicia y reparación a los millones de víctimas que han generado en su cruzada de odio.

AJGF

Por: León Valencia, en semana.com 27 de noviembre de 2011

OPINIÓNCuando la población civil se vuelve el blanco preferido y nadie se detiene ante el estado de indefensión, cuando la guerra se degrada y el honor militar sucumbe ante la venganza, no hay epopeya posible. Es el momento en que el único acto heroico es la paz.

Sábado 26 Noviembre 2011

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Leí su carta. Su adolorido reclamo a Santos por el uso desproporcionado de la fuerza en la muerte de Alfonso Cano, por la exhibición de los cadáveres de los jefes de las Farc dados de baja y la fiesta que acompaña estos momentos de escarnio, por tomar la mano arrancada a Iván Ríos como testimonio para la recompensa.


Es un clamor humano que debía tener eco en una Nación que lleva en su alma un cristianismo compasivo y triste. Pero no lo tiene y eso debía suscitar un interrogante en su corazón. 

Quizá las imágenes de los secuestrados con la humillación pintada en su rostro, con la piel lacerada y los ojos anhelantes, con la voz desgarrada por el largo suplicio; esas visiones del horror que el país conoció hace pocos años a través de videos y de fotografías enviadas por los carceleros de las Farc desde las montañas lejanas; o el desgarrador desfile de soldados mutilados en los hospitales militares, han ahogado la compasión en nuestro pueblo.

Usted lo sabe bien. Esta larga guerra es un macabro juego de espejos en el que cada contendiente acosado por memorias vengativas, despojado de valores que la humanidad ha forjado en el abismo de sus grandes conflictos, ha dado en hacerle a su enemigo lo mismo que ha sufrido, lo mismo que en tantos momentos ha soportado. Los paramilitares han estado en eso; las guerrillas están en eso; sectores de la fuerza pública están ahí; la sociedad calla y de vez en cuando alza la voz para condenar o para disculpar, según las preferencias ideológicas. 

A estas alturas es inútil reclamar humanidad. Aunque las palabras estén cargadas de verdad y de dolor, suenan siempre a mascaradas. Ya no hay solución que no sea la paz para detener la infamia. Es así, Timochenko. No será prolongando la guerra como se puede parar la ignominia, la propia y la ajena. La persistente violencia ha entrado a saco en el corazón de los colombianos y se ha robado a jirones una porción grande del humanismo que anidaba en ellos. Tenemos que parar el desangre para que el país recupere el pudor y la bondad; para que nadie haga fiesta con la muerte o el secuestro. 

Invoca usted el heroísmo de sus hombres y mujeres para denostar al mismo tiempo el valor del contrario. Deténgase a pensar un poco y se dará cuenta de que cuando la población civil se vuelve el blanco preferido y nadie se detiene ante el estado de indefensión, cuando la guerra se degrada y el honor militar sucumbe ante la venganza, no hay epopeya posible. Es el momento en el que el único acto heroico es la paz. 

Eso ha sido así siempre, pero lo es más ahora. Hace poco se hizo una calificación de los presidentes de Colombia. Alberto Lleras quedó primero entre los mandatarios. Se ganó ese lugar, entre otras cosas, por haber liderado la paz de los años cincuenta. Difícilmente el porvenir entregará galardones por batallas ganadas o sacrificios realizados en la confrontación que nos aflige, en cambio tendrá un sitio de honor para quienes sean capaces de firmar una paz duradera.

Atrévase usted, Timochenko, a iniciar un proceso de reconciliación y sabrá del heroísmo. Tendrá que enfrentar primero a quienes en sus propias filas lo mirarán como un traidor y harán todo cuanto esté a su alcance para detener su propósito; luego se las verá con un sector de las élites del país que se siente más cómodo en la guerra que en la paz, con esa derecha ligada a las mafias y a la ilegalidad que ha acumulado dinero y poder en medio de la violencia y que se opondrá con uñas y dientes a un final negociado para el litigio; y después, cuando esté en la vida civil, tendrá el reto de defender las ideas sociales que proclama en medio de los halagos y las amenazas. Para estas batallas se necesita más serenidad y más valor que para enviar jóvenes campesinos al sacrifico o al deshonor en una guerra sin futuro.

La ley de victimas y tierras en diez puntos

SEMANA resume y explica el ABC del nuevo estatuto, compuesto por 208 artículos agrupados en nueve capítulos, algunos de los cuales todavía deben ser conciliados entre Cámara y Senado.

Sábado 28 Mayo 2011       

1. El objetivo: dejar atrás las secuelas de la violencia 

El proyecto recoge la experiencia de varios países que han sido golpeados por conflictos internos, regímenes autoritarios y guerras civiles, en los que el Estado ha llevado a cabo planes ambiciosos para reparar a los afectados por la violencia. La idea central es, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, "cicatrizar heridas del pasado". Esto es, voltear páginas violentas de tal manera que no se repitan, se desincentive la venganza y se creen condiciones para que las víctimas y sus allegados puedan llevar una vida digna sin estar marcados para siempre por las huellas del pasado. El texto recoge conceptos de otros países en los que se han implementado políticas para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Un principio clave que opera como columna vertebral es que los criterios para determinar los beneficiarios se fijan en el hecho de ser víctimas (los daños sufridos) y no en la naturaleza de los victimarios (no importa si fueron guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado u otros).

2. Quiénes son víctimas 

Uno de los aspectos más debatidos en el Congreso fue cómo definir el universo de beneficiarios de la ley. Estarán cobijadas las personas que, en forma individual o colectiva, hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (reglas adoptadas por la comunidad internacional para proteger a los civiles en casos de guerra) o a los derechos humanos. Con el fin de adoptar demarcaciones precisas, y después de un gran debate, el Congreso aprobó que serán consideradas víctimas del conflicto interno armado (el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado) aquellas personas afectadas por hechos posteriores al primero de enero de 1985 (según la versión aprobada por el Senado, que incluiría a las víctimas de la Unión Patriótica) o al primero de enero de 1991 (de acuerdo al texto que pasó en la Cámara). La Comisión de Conciliación del Congreso deberá escoger -probablemente esta semana- una de las dos fechas. Se calcula que cuatro millones de colombianos serán resarcidos. La vigencia de la ley será de diez años.

3. Las víctimas recibirán dinero y/o reparación moral 

Los beneficios contemplados en la ley son de dos tipos. Uno es pecuniario: dinero, entregado por el Estado, según la misma tabla establecida en el Decreto 1290 de 2008, que estableció la reparación individual por vía administrativa. Allí se contemplan cuantías que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos (aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos). En la nueva ley de víctimas también se establecen otros mecanismos de reparación no pecuniaria, o simbólica, entre los cuales sobresalen: la celebración del Día Nacional de las Víctimas -el 10 de diciembre-, la creación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, asistencia en salud, educación, ayuda humanitaria para los desplazados y un subsidio funerario para quienes mueren como consecuencia del conflicto armado. Las gabelas económicas solo cobijarán a las víctimas posteriores a la fecha que finalmente adopte la Comisión de Conciliación del Congreso. Las simbólicas favorecerán a todas, sin límite cronológico.

4. Se devolverán las tierras a los despojados 

Uno de los puntos más trascendentales de la ley de víctimas es la creación de una serie de instrumentos para que el Estado les devuelva las tierras a quienes se vieron obligados a abandonarlas como consecuencia del conflicto. Quienes fueron despojados o abandonaron sus tierras por la violencia, después del primero de enero de 1991, podrán reclamarlas a través de mecanismos judiciales más expeditos que los de la justicia ordinaria. Se calcula que actualmente hay tres millones de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños legítimos.

5. Se crea un censo único de víctimas 

Las personas que consideran que cumplen las condiciones previstas en la ley de víctimas para recibir beneficios de reparación se inscribirán en un registro único. Este tendrá el nombre de Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Incluirá a quienes ya están inscritos con base en normas anteriores y quienes se registren, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en alcaldías municipales con acompañamiento de las personerías. Con el objetivo de facilitar el proceso, la acreditación de la condición de víctima tendrá un carácter 'sumario': expedito, en el que se presume la buena fe y no se tendría que probar el cumplimiento de las condiciones.

6. Se crea nueva institucionalidad para atención de víctimas

La ley prevé un amplio conjunto de instrumentos del Estado diseñados para su ejecución. Algunos de ellos son nuevos, y para otros se contempla la redefinición o reestructuración de despachos ya existentes. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas estará conformado por todas las entidades públicas -nacionales, departamentales y municipales- encargadas de poner en marcha los planes y programas contemplados en esta ley. Su reglamentación, así como el diseño de un Plan Nacional, queda bajo la responsabilidad de un comité ejecutivo encabezado por el presidente de la República o su representante, los ministros del Interior, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 

7. Nuevas entidades liderarán la ejecución de la ley 

Entre los nuevos organismos creados por la ley se destacan: (1) la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía presupuestal y con el encargo de coordinar a las entidades que forman parte del Sistema Nacional. Responderá por la operación de la Red Nacional de Información; (2) la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas, la cual respaldará ante los jueces y los tribunales los casos de restitución de tierras; (3) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura, diseñará el registro de terrenos que podrán ser materia de restitución según esta ley y, en general, será la encargada de ejecutar las normas que tienen por objeto el regreso de las tierras a sus dueños legítimos; (4) el Centro de Memoria Histórica, que centralizará y recolectará todas las funciones de preservación de la memoria y liderará la construcción de un museo. En el plazo de un año asumirá el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

8. Inclusión de minorías étnicas 

La iniciativa contempla mecanismos extraordinarios para que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tengan derecho a los beneficios contemplados en la ley. También se crean mecanismos para que el Estado subsane la consulta previa que no se hizo para esta ley y que en caso de otros códigos han sido causal de que se declaren inexequibles. También se contemplan auxilios y apoyos para menores de edad afectados de diversas formas por el conflicto armado.

9. Se adoptan espacios de participación para las víctimas 

Así como el movimiento de víctimas desempeñó un papel fundamental en promover los debates públicos que condujeron a la ley, esta prevé espacios participativos en la ejecución y seguimiento de las nuevas normas. Será un deber del Estado proveer instrumentos en tal sentido. Se crea una comisión encargada de vigilar este punto, con presencia del procurador general, el defensor del Pueblo, el contralor y los representantes de las organizaciones de las víctimas.

10. Se evitará la repetición de las violaciones

La ley contempla disposiciones, inspiradas en normas de otros países, dirigidas a evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos contra las víctimas. Buscan darle sostenibilidad a la reparación y crear condiciones para la conciliación. Entre ellas figuran: programas de educación, derogatoria de leyes que permitan o facilitan la violación de derechos humanos y programas de participación del sector privado en proyectos como los que ya se han ensayado, por ejemplo, en El Salado, en los Montes de María.