Urabá pacta para la reconciliación

La región de Urabá le apuesta su futuro a un pacto social que concilie el progreso económico y la justicia social, en el que empresarios, sindicatos, trabajadores y hasta un sector de las víctimas de la violencia se comprometieron a trabajar unidos y con ánimo de reconciliación.

Ese es el acuerdo que quedó pactado en el papel al finalizar ayer el Foro Social por la Reconciliación de Urabá, que reunió entre jueves y viernes en Turbo y Apartadó a organizaciones sociales, sindicatos, gremios y autoridades de la región.

Este acuerdo, así como sus propuestas de solución a los problemas económicos y sociales como el mal estado de las vías, déficit de vivienda, falta de agua potable y los conflictos del Urabá antioqueño, como el surgido por la posesión de tierra (que reclaman los desplazados), serán presentados al Gobierno Nacional para orientar los proyectos en la zona.

Para concretar en la realidad las declaraciones de buena voluntad que se escucharon en el foro se propuso replicar la experiencia que permitió la firma de un acuerdo convencional entre el sector empresarial bananero y sus 18.000 trabajadores, sin huelgas y sin conflictos, por primera vez en mucho tiempo.

Así lo destacó Guillermo Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro: "los trabajadores y las empresas demostramos hace 20 días que se puede conciliar las diferencias con inteligencia y sin conflictos. Sacamos adelante en pocos días una convención que mejora garantías laborales, con incremento de salarios, cuando en el pasado la negociación era conflictiva y con semanas de huelgas y violencia".

Esta experiencia, agregó Rivera, puede servir para solucionar otros problemas como el de la posesión de las tierras, que reclaman los desplazados y que, según sus denuncias, terminaron concentradas en manos de empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos. "No queremos más violencia en Urabá, reconociendo que hubo despojo , pero con diálogo y concertación podemos resolver estos problemas".

Así también lo cree Elcy Rocío Galván, de la asociación de víctimas desplazadas de la vereda Tulapas, en Turbo. "Queremos que nos restituyan nuestras tierras, somos unas 150 familias desplazadas, pero no queremos entrar en más conflictos con los poseedores, sino dialogar para conseguir la reparación, porque muchos no deseamos retornar".

También se expuso como ejemplo de reconciliación el trabajo y el liderazgo de desmovilizados del Epl para sacar adelante proyectos como una urbanización que se construye en el sector de La Chinita, en Apartadó, para víctimas de la violencia y algunos desmovilizados.

Una de las preocupaciones expuestas en el evento fue el modelo de restitución de tierras contenido en el proyecto de ley de víctimas.

"Se estigmatiza al empresariado y se desconoce la trayectoria gremial y económica cuando se acusa sin distingo del despojo de tierras y vínculos con ilegales sin comprobar y exigiendo demostrar la propiedad de la tierra y los negocios", aseguró Adolfo León Zapata, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá.

» Contexto

Nuevos proyectos

Roberto Hoyos, presidente de Augura, destacó los nuevos proyectos agropecuarios como la producción de piña de exportación; de la que ya hay sembradas unas 100 hectáreas en Chigorodó, estudios sobre caña de azúcar para biocombustibles, además de la siembra de yuca, cacao y el repunte de la ganadería. "Pero necesitamos mejores vías como una doble calzada en la zona bananera, un gran puerto y a eso le apuntamos y unidos se lo decimos al Gobierno", aseguró Hoyos.

CONDENADO A MUERTE

Condenado a muerte

Fernando Londoño Hoyos. Columnista de EL TIEMPO.

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La historia es muy simple. El Ejército dio de baja a varios guerrilleros y les encontraron uncomputador y en el computador un largo documento en el que la comandancia de las Farc dice que debo morir, agrega el por qué y el para qué y, por supuesto, dedica largas páginas a la manera como ejecutará esa sentencia.

"... siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo." "... luego de su paso por el Ministerio del Interior dio a conocer sus verdaderos intereses y se convirtió en un enemigo abierto del pueblo y de las diferentes organizaciones populares y en especial de su ejército Farc-EP." "... se ha refugiado en un programa radial llamado La hora de la verdad, en la emisora Radio Súper, desde donde hace señalamientos impone posiciones absurdas contra el pueblo... manipulando la opinión pública, en definitiva haciendo su posición como palabra santa y siempre en contra del pueblo y las diferentes expresiones populares como la armada." "... es un representante de los gremios y de la clase dirigente".

La causa eficiente, se ve, es muy clara. La enemistad con los ejércitos populares que masacran, asaltan, secuestran, incendian, siembran minas y negocian cocaína es suficiente motivo para llevar al cadalso a quien la practica.

También es explícita la causa final que se propone: "... con esta acción le mostraremos al pueblo que su ejército está en pie de lucha y siempre reivindicaremos sus derechos y castigaremos a sus enemigos".

Tan alta finalidad, qué duda cabe, explica el itinerario sangriento de estos asesinos sobre la piel lacerada de Colombia.

No podía faltar la sentencia, inapelable e irredimible: "... y se ve la imperiosa necesidad de ajusticiarlo...". (Toda la cita es textual, por supuesto.)

Lo demás del documento no vale para comentarlo. Porque es la larga y tediosa narración de todos mis movimientos y los de mi escolta, expuestos por segundos y con tan primoroso detalle, que deja a las claras el tratamiento profesional de la materia. A los muertos en Colombia les queda la seguridad de que no han sido chambones sus verdugos.

Debo confesar que, obligado por las Farc y no por los ascetas que con tanta insistencia lo recomiendan, he tenido que hacer el ejercicio de presenciar mi propia muerte. Y he descubierto en ese proceso cosas tan maravillosas como jamás pensé encontrar. La primera, que la fe en Dios hace al hombre invulnerable al miedo y hasta insensible al dolor de la despedida. Es tan poco lo que dejo y tanto lo que espero, que siento defraudar a mis asesinos.

Porque ni les temo ni los odio y esa forma de desprecio será el más duro castigo para su iniquidad. He descubierto también que no hay nada en el universo que se parezca al amor. El que he sentido de los míos, de mis amigos y de gente que nunca conocí, no solo es consuelo suficiente sino premio inmerecido. He comprendido, igualmente, que la plena conciencia del deber y la justicia vuelve al hombre inútil para la fuga y aun para la súplica.

Tengo la esperanza de que al quedarme evitaré el destierro de muchos otros. Que al no silenciarme cobarde reemplazaré muchas voces que se apagan en silencios inútiles. Y que al prometerme la continuación de esta batalla hasta que Dios se sirva darme vida, no solo la dignificaré ante el mundo, sino que tal vez logre economizarla para otros. Así que no me derrota la condena, ni me ofende el tenaz silencio de los que la conocen y, conociéndola, callan. ¿Qué importa un muerto de lo que llaman la derecha?

Yo también le dejo a mi patria mis cenizas. Y a mi mujer, a mis hijos, a mi familia entera, a mis amigos y a quienes oren por mí, amor infinito. No tengo otra cosa. Pero sé que no es poco.


Fernando Londoño Hoyos

Siembra desconfianza y cosecharás caos elcolombiano 15 de agosto de 2007

No nos oponemos a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo: podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con la democracia.

Cierta angustia produce el hecho de que 1.200 miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados del servicio activo en los últimos doce meses.

Desde una perspectiva, podría ser una noticia positiva que indicaría que hay un proceso serio de depuración dentro de la institución armada encargada de controlar el orden público y propiciar la seguridad democrática.

Desde otra perspectiva, sin embargo, podría significar que hay una cacería de brujas que acabaría por debilitar la institucionalidad, desmotivar a las Fuerzas Armadas en su titánica y valerosa labor de lucha contra todos los agentes desestabilizadores de Colombia, y servir a oscuros intereses de quién sabe quién.

En el medio quedan los funcionarios que podrían hacer de idiotas útiles o pescar en el río revuelto del oportunismo, sin reflexionar en profundidad sobre el daño que les causan al país y a las instituciones.

Y los medios de comunicación que, preocupados por la chiva, no miden las consecuencias de lo que informan, tienen desconcertados a los ciudadanos y van acumulando en ellos un sentimiento de desconfianza y angustia que cierra todos los horizontes de futuro.

"Con ciertas delicadas informaciones de orden público -escribió Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2006- viene sucediendo lo mismo que con algunas estadísticas del Dane: la gente no sabe a ciencia cierta qué creer, ni tiene certeza de lo que está pasando. Y cuando esto acontece la gran damnificada es la democracia. Nada resulta tan perverso para la buena marcha de las instituciones que el escepticismo ciudadano sobre la información".

Bueno sería también que el presidente Uribe reflexionara con su gabinete las palabras que él mismo pronunció en septiembre de 2006, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, en las que les pide a los investigadores judiciales que no hagan más filtraciones a los medios porque afectan el curso de las investigaciones. Los militares "están condenados ante la opinión pública y no habían sido escuchados", dijo el Presidente.

Igualmente bueno sería que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordara sus propias palabras de octubre del año pasado, cuando en un debate en el Congreso por el mismo tema de los falsos positivos preguntó: "¿Qué hace una comisión del Senado reemplazando a la justicia?", y se las aplicara a sí mismo en bien del país.

Porque en el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, el ministro Santos se atribuyó funciones que sólo tiene el poder judicial, olvidó la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad y ese otro sagrado derecho a la fama, la honra y el buen nombre, tan difícil de restituir una vez ha sido lesionado. Amén del derecho a la legítima defensa. Además, nadie o casi nadie es capaz de desligar a los Santos del gobierno, de los Santos periodistas que dirigen casas editoriales que pretenden liderar la información y la opinión de Colombia.

No nos oponemos, no podríamos hacerlo, a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Sólo así el país entrará en la senda cierta de la democracia. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo, porque podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con esa misma democracia. Siembra desconfianza y cosecharás caos.

editorial EL MUNDO mayo 18 de 2007

Filtraciones y periodismo responsable




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Seguimiento de la noticia

El medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado.
Nos parece oportuno retomar el tema que El Colombiano trató ayer en su editorial, porque tenemos una identidad en el concepto de fondo acerca de la ética de las filtraciones, aunque nuestro análisis va un poco más allá, pues además de una violación a una norma prácticamente universal, porque las prohíben casi todos los Códigos de Ética de la profesión periodística en el mundo, nos parece que el medio que las publica termina, como mínimo, siendo cómplice de quien las produjo.

Frente a la filtración que nos llega de manera gratuita, la malicia indígena nos dice que “de eso tan bueno no dan tanto”.Lo primero que hay que poner en duda es la autenticidad de lo que nos están entregando y determinar qué tanta verdad hay en ello; y, en segundo lugar, como cualquier filtración implica para el que la ejecuta incurrir en unos costos económicos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿A título de qué nos ofrecen esto gratuito? ¿Acaso nos quieren utilizar como medio de divulgación de algo que beneficia directamente al gracioso concesionario o a sus cómplices? Pero si la alternativa es que nos la ofrecen comprada, al pagar por ella el medio está estimulando la comisión de un delito claramente definido y sancionado por la Ley colombiana.

Esto es bueno tenerlo presente, porque a veces, por el afán de la chiva, los periodistas servimos de idiotas útiles a los delincuentes y el principio universal es que la ignorancia de la Ley no nos excusa de su violación. Dice el Código Penal, Ley 599 de 2000, en su capítulo séptimo, “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”, Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Y agrega: “Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años”. La ley no dice que los periodistas, por cuenta de la libertad de información, están exentos de cumplirla. Por el contrario, la responsabilidad social de nuestra misión nos obliga a ser más cuidadosos incluso que el ciudadano común.

Caben, pues, perfectamente dentro de esas conductas punibles las grabaciones ilegales – que al parecer suman 8.000 horas de espionaje a lo largo de los últimos dos años - realizadas por personal de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional, como también su filtración y su publicación por parte de la revista Semana, que las utilizó para su gran bomba noticiosa de la semana pasada, desatando una de las más graves crisis al interior de esa institución y del propio Gobierno.

En términos de ética periodística – que es el aspecto en que hace énfasis el editorial de nuestro colega – nosotros coincidimos esencialmente en que no se debe publicar el producto de una filtración y que una vez se conozca su contenido debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Igualmente, en nuestro caso, también guardaríamos copia para precavernos de que sí se adelanten las investigaciones pertinentes e, incluso, para una eventual defensa pues, evidentemente, el medio que recibe la filtración queda de algún modo comprometido.

Pero, además de las implicaciones éticas, evidentes en el caso analizado, nosotros pensamos – como se desprende del Artículo citado del CP – que el medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado, porque si en la grabación ilegal de conversaciones privadas y en su filtración se configura un delito, el que las utilice para publicarlas inmediatamente, sin dar cuenta de ello a las autoridades, se hace cómplice de ese delito, tanto si las recibió a título gratuito como si pagó por ellas.

Con ánimo provocador, en un noticiero radial se le hacía al presidente Uribe el siguiente planteamiento falaz: “Volviendo al espionaje telefónico, gracias a Semana se supo, pero usted dice que ojalá la revista revelara la fuente. La protección de la fuente es una de las libertades fundamentales más importantes en un Estado de Derecho, lo que habría que mejorar es la inteligencia y la contra-inteligencia, no pedirle a los medios que revelen las fuentes”. El presidente, hábil polemista, no pisó la trampa, pero sí dijo, recordando el famoso verso de Sor Juan Inés de la Cruz, que están a la par, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Y dijo también una gran verdad y es que en este país, en aras de las libertades, se ha olvidado que la filtración de expedientes – como la filtración de cualquier conversación privada interceptada sin orden judicial - es un delito. Evidentemente, si se protege una fuente sin rostro y sin nombre, “el periodista hace suyas sus afirmaciones y por ellas debe responder”, como dicen María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo en su libro “Ética para periodistas”. Es decir, que el sigilo profesional en nuestro caso no es una patente de corso para encubrir a delincuentes, y quien divulgue filtraciones de escuchas ilegales debe estar dispuesto a responder por ello ante la justicia.

LA ETICA DE LAS FILTRACIONES

editorial el colombiano mayo 17 de 2007

La ética de las filtraciones

EL COLOMBIANO sabe qué haría frente a una filtración ofrecida. Cada medio de comunicación hace lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión pensando, no en la chiva sino en el bien supremo, el bien común.

Cuando se filtró el casete con las acusaciones al presidente Ernesto Samper por lo que luego se llamó popularmente el proceso 8000, el diario El Tiempo nos preguntó qué habríamos hecho en caso de haber sido los receptores de dicho casete. Le contestamos que lo habríamos copiado pero que, sin publicar su contenido, se lo habríamos entregado al alto gobierno en cabeza de César Gaviria, advirtiéndole que teníamos copia que divulgaríamos, si lo considerábamos pertinente, según el curso que tomaran las investigaciones respectivas.

Ya antes habíamos hecho algo semejante con el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, cuando EL COLOMBIANO hizo parte de una comisión investigadora de la sociedad civil para esclarecer la muerte en Blanquiceth, Urabá, de dos negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, grupo con el que el Gobierno había iniciado unas negociaciones de paz que estaban en vilo por dichas muertes.

El resultado y las pruebas de la investigación, con fotos incluidas, fueron entregados al Procurador General, diciéndole que guardábamos copia que podría ser hecha pública cuando lo consideráramos pertinente. La Procuraduría reorientó la investigación y cuando dio un concepto al respecto hicimos pública nuestra investigación, la que compartimos antes de publicarla con los medios de comunicación que quisieron manejarla noticiosamente. Se trataba de contribuir a un proceso de paz y, con tal de que no se frenara, renunciamos a la chiva periodística, habiendo conseguido por nuestro propio esfuerzo la prueba reina.

Ahora vuelve a haber filtraciones que han sido publicadas en aras de la libertad de prensa. Las últimas le costaron la estabilidad a toda la Policía Nacional, lesionando la gobernabilidad de un país frágil que intenta salir adelante de tantas violencias que ha padecido.

¿Qué habría hecho EL COLOMBIANO en caso de ser el destinatario de las filtraciones? Lo mismo que habría hecho en los tiempos del 8000: entregarlas al Gobierno, guardando copia para garantizar que no se desestimaran y que, por el contrario, se hiciera una investigación exhaustiva.

Hay quienes quieren comparar lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Estados Unidos en épocas del Watergate. Pero hay una gran diferencia, porque en el Watergate fueron los periodistas quienes investigaron e hicieron pública su investigación que afectaba seriamente a Richard Nixon y que le costó la Presidencia.

En el caso colombiano, quienes investigan son fuentes interesadas en uno u otro objetivo que puede llegar a ser tan grave como una conspiración y que de todos modos lesiona la institucionalidad y los procesos judiciales pues, en muchos casos, no respeta ni siquiera la reserva sumarial. Los medios no tienen control ni de las filtraciones ni del proceso investigativo. Además, la filtración de información podría llegar a ser un negocio sucio que los medios podrían estimular.

EL COLOMBIANO sabe qué haría, lo ha dicho públicamente y quizá por tal posición jamás somos destinatarios de filtraciones. Cada medio de comunicación hará lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión mediática pensando, no en la chiva sino en el bien supremo que es el bien común.

NO AL SECUESTRO

Por: Salud Hernández-Mora Tomado de El Tiempo.com
Rosi quiere recuperar su vida, y ni la guerrilla ni la incomprensión se lo impedirán.
Rosi siente que no aguanta más. La cerrazón de los guerrilleros, la indolencia del Estado, la avaricia de unos, la indiferencia de muchos, su lucha solitaria en todos los frentes. Querrían verla llorar desconsolada, morir en vida aguardando la llegada del rehén, sucumbir a la tristeza infinita.
Ha esperado cuatro años y dos meses, los mejores de su tercera década de existencia, a que liberen a su marido y se ha dicho: no más, suficiente, voy a vivir.
Lo dice duro pero aún sus pasos son inciertos. Tiene la impresión de que le reprochan todo y nada, no sabe bien qué, tal vez ser ella misma, una mujer diferente a la que presenció, horrorizada, cómo un grupo de hombres armados le arrebataban al marido hace una eternidad. La de hoy se ha recubierto de dureza y desconfianza, de rabias, pero también de ganas de ser algo más que un muerto viviente. Es como si su mundo olvidara sus noches de insomnio, los días amargos, los esfuerzos por mantener el barco a flote, el deterioro de su salud, su aprendizaje para transformarse en mujer independiente, solitaria.
Dos hijos del marido, habidos en uniones anteriores, ignorando sus padecimientos, su lucha diaria, le colocaron sendas demandas judiciales. El mayor le exige que reporte su gestión al frente de los bienes del cautivo; el segundo, residente en el exterior con su mamá y el esposo de esta, quiere saciar su inagotable apetito de caprichos de adolescente, amén de la cuota alimenticia mensual que Rosi no ha dejado de atender.
Ninguno pregunta cómo pueden ayudar, cómo lograr que no todo se hunda, con todo el mundo aprovechando la ausencia para caer encima como aves de rapiña.
Con el Estado también peleó y al menos le ganó una partida. Con la intervención de Harrison Velásquez, un joven y excelente abogado que ha llevado los casos de otros familiares de secuestrados, logró que le congelaran los impuestos del negocio hasta un año después de la liberación, el día que se produzca. No es la panacea, pero sí un respiro.
De la guerrilla, para qué hablar. Hasta ahora les han robado 1.530 días de sus vidas y los han cambiado a los dos, de una manera que Rosi teme que no puedan reconocerse. Muchas veces se pregunta qué marido le devolverán, si es que sale algún día, si podrán recuperar su relación, si creerá que ella no hace lo suficiente para que lo dejen libre y prefiere, como creen algunos, que se pudra en la selva.
Le da infinita ira pensar que si la guerrilla fuera razonable, si quisiera, ya estaría de vuelta, pero es imposible adivinar su estrategia del miedo. Hace tres años les entregó la cantidad convenida y las Farc no lo soltaron.
A esa primera frustración siguieron llamadas, exigencias absurdas, amenazas, intimidaciones. Ella las sorteó como pudo, sintiendo el respaldo de los amigos, de la familia. Pero el tiempo pasa y todos se fueron cansando. Primero los amigos, luego los hermanos. No es que no la quieran, es que gastaron las palabras de ánimo, los abrazos, la compañía y ya casi ni preguntan.
Cada viernes acudía sin falta a grabar mensajes de aliento en el programa de la Fundación País Libre y la Radiodifusora Nacional para secuestrados. Pero cerraron la emisora y desapareció el espacio. Le desmoralizó la indolencia del Estado, de sus compatriotas, y le pareció aún más duro seguir en la lucha. Ahora le manda de vez en cuando un mensaje por Caracol, solo de vez en cuando.
Es consciente de que más de un lector la tachará de egoísta, impaciente, desleal. Le da igual. Quiere recuperar su vida y ni la guerrilla ni una sociedad que ni le importa ni comprende la agonía del que espera se lo van a impedir.

GENERANDO CONFIANZA?

Incumplimiento preventivo POR ALFREDO RANGEL arangel@cambio.net.co

EL TRASLADO DE LOS JEFES paramilitares a la cárcel de Itagüí, arbitrario y por simples sospechas, ha ocasionado el fin del proceso de paz. Esta medida fue el acto culminante de la criminalización del proceso y de la pérdida del carácter político del desmonte de un fenómeno social y político que ha tenido un enorme alcance en el país.

Por buscar tal vez efectos inmediatos, como capear el escándalo de la para-política, el Gobierno terminó cediendo ante sus opositores, quienes han criticado lo que, según ellos, es un trato benigno a mafiosos. El argumento de que en La Ceja se estaba fraguando una fuga es bastante endeble. Es difícil imaginarse unos jefes paramilitares que en el momento cumbre de su poder político, económico y militar deciden voluntariamente desmovilizar y desarmar a miles de sus combatientes, sólo para fugarse al otro día del sitio donde esperaban ser juzgados por la Ley de Justicia y Paz que ya habían acatado. Pero en el caso de que hubiera habido pruebas de uno o varios jefes con planes de fuga o delinquiendo desde La Ceja, ellos, y sólo ellos, han debido ser trasladados a la cárcel. La responsabilidad penal es individual, no colectiva.

Pero el Gobierno optó por el incumplimiento preventivo de los acuerdos de paz. De hecho, el Gobierno se había comprometido a no recluir a los paramilitares en cárceles ordinarias, compromiso no firmado que nunca ha desmentido. Este es un pésimo precedente que evoca la lógica de la desacreditada doctrina de los ataques preventivos.

Después de este antecedente con los paramilitares, no sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.

Creo que fue la peor manera como el Gobierno pretendió recuperar la iniciativa política en esta coyuntura, pues dio al traste con el proceso. El Gobierno se dejó coger ventaja de sus críticos quienes de manera oportunista y mezquina han intentado sacar réditos políticos de los escándalos de la para-política, sin tener el valor ni la honestidad intelectual de reconocer que ese destape es posible precisamente porque los paramilitares ya están desmovilizados, de la misma forma como es inconcebible el destape de las relaciones de la guerrilla con la sociedad mientras aquella permanezca en armas.

Lo grave es que en el afán punitivo poco o nada se está haciendo para impedir que los nuevos grupos paramilitares que se están conformando vuelvan a apropiarse del Estado, a capturar la democracia local y a saquear los presupuestos municipales y departamentales. Es consecuencia de la despolitización del proceso ya que la verdad se está buscando más para castigar que para evitar que el fenómeno se repita.

Pero si el Gobierno quisiera tratar de reconstruir el proceso debería enmendar el error: cumplir sus compromisos con los jefes paramilitares que están cumpliendo los suyos, y recluir en la cárcel sólo a aquellos de quienes tenga pruebas de estar reincidiendo en el delito. Y también 'repolitizar' el proceso facilitando judicialmente la confesión de la verdad por parte de todo ciudadano decidido a hacerlo, para así iniciar un proceso de reformas institucionales que evite que el fenómeno del paramilitarismo se siga reproduciendo.

Pero el daño mayor ya está hecho y lo que está pasando tendrá una consecuencia muy grave hacia el futuro. El Gobierno está enviando la señal de que los acuerdos se cumplen y la palabra se respeta sólo mientras los grupos irregulares están armados, pero una vez desmovilizados y desarmados se puede justificar cualquier violación de los acuerdos.

Después de este antecedente no sería raro que el Eln sólo se desarme cuando los acuerdos estén firmados y haya todas las garantías internacionales para su cumplimiento. Tampoco sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.

CARTA ABIERTA AL SEÑOR FREDY RENDON (EX COMANDANTE ALEMÁN)

Cordial saludo.

en vista de la incomunicación del señor Fredy Rendón Herrera, miembro representante del exbloque Élmer Cárdenas de autodefensas campesinas en proceso de paz con el gobierno nacional, apelo a la difusión de esta carta por la red, con la esperanza de que pueda llegar a su conocimiento de alguna manera.

Urabá, Diciembre 2 de 2006.

Señor

FREDY RENDÓN HERRERA

Cárcel de Itaguí.

Muy querido y respetado amigo Fredy:

Te escribo esta carta ante la imposibilidad de comunicarnos por otro medio.

Verdaderamente lamentable la falta de seriedad del gobierno del presidente Uribe en el proceso de paz de las Autodefensas. Puede que esos actos de fuerza sirvan para mantener la imagen del doctor Uribe con un dos por ciento más a favor, y puede que cuando él se mire en el espejo después de esto se guste un poco más a sí mismo, pero es lamentable que se esté confundiendo autoridad con autoritarismo, pues la autoridad debe actuar por el interés de todos los autores del guión social, y con lo que se ha venido haciendo, se vulnera el interés del pueblo colombiano que anhela un proceso de paz serio y responsable que genere posibilidades, caminos y expectativas favorables frente a quienes aún persisten en el uso de la violencia como herramienta de lucha política. Un proceso donde el primer magistrado de la nación incumple arbitrariamente los acuerdos realizados por sus ministros y comisionados, para satisfacer a esos sectores de la opinión poco más informados que lo que alcanzan a creer entre risas y trovas al escuchar la muy banalizada realidad nacional que parecen entregarles los conductores radiales de toda suerte de insectos luminosos, dista mucho de ser constructivo para ese proyecto histórico e intergeneracional que llamamos sociedad colombiana. Hoy entiendo por qué el líder chino Chu En Lai manifestó, sobre el significado histórico de la revolución francesa (pasados casi 200 años), que habría que esperar, porque aún estaba muy reciente para juzgarla; Y aquí, los trovadores vespertinos ya están juzgando con socarronería irresponsable un proceso de paz que apenas comienza.

La verdad sea dicha, no se le ocurre a uno qué camino seguir, diferente de la desobediencia civil. Aconsejarte qué hacer o decir en estas circunstancias cuando los presionan a la delación de los políticos, los empresarios, los militares, los policías que los acompañaron el su proyecto político y militar, mientras ni les brindan las mínimas garantías para ustedes y sus familias que le brindan los programas de protección de testigos aún a quienes denuncian nimiedades, no es una oferta siquiera decente, y menos cuando el mismo gobierno les viene diciendo que al final del intrincado camino, parecido a una carrera de observación combinada con salto de obstáculos de la elegibilidad para la pena alternativa en los términos de la ley de justicia y paz, prácticamente ninguno podrá beneficiarse con la pena alternativa de entre cinco y ocho años.

Tú sabes que yo he sido el primer defensor y promotor de la necesidad de sacar toda la verdad a la luz en el proceso, pero tampoco puedo aconsejarte en contra de tus derechos fundamentales. Aceptar la obligación de confesar, es, a todas luces, renunciar a una conquista de la humanidad establecida desde la "declaración de los derechos del hombre" hace más de dos siglos. Pero bueno, hay que renunciar al derecho a la no autoincriminación, con tal de dar un paso adelante por la paz de nuestra amada Colombia. Pero igualmente, nuestra amada Colombia, por medio de sus poderes públicos les ofreció unas cárceles especiales de justicia y paz en las regiones, y el espejismo de la pena alternativa a cambio de esa confesión plena y de la colaboración para terminar con sus organizaciones armadas, romper el ciclo de la violencia e iniciar con la verdad, el de la reconciliación nacional. Pero si nada de esto se va a llevar a la práctica, pues queda el recurso a la desobediencia civil absolutamente pacífica. Si en todo caso los van a condenar a la máxima pena posible y los van a llevar a cárceles ordinarias, pues a callar, que es su derecho, y que sus abogados se batan en la arena de la justicia ordinaria donde al estado le cae la carga de la prueba. Mis padres, como buenos abogados, me enseñaron una respuesta universal para cualquier hecho imputado: "debe ser probado", y eso no implica el desconocimiento de la ley ni un pulso de fuerza con los poderes públicos, sino el ejercicio de un derecho.

Esta opción nos aleja de la esperanza de un camino de paz ejemplar y realizable que nos ha movido a todos quienes de una u otra manera hemos colaborado para sacar esto adelante, pero creo que los consejeros obsecuentes del señor presidente no están dejando más alternativa.

Trataré de acompañarte en esta nueva etapa, aunque no sin temores. Tendré que pedir protección de las autoridades para llegar hasta Itaguí a visitarte. Y créeme que no temo por tus compañeros de prisión, porque contrario a los informes que le hayan entregado al doctor Uribe los organismos de inteligencia, yo se que quienes quieren acabar con las posibilidades de paz están afuera, y aunque sean minoría, sí hacen mucho daño. Yo se que todos quienes se presentaron voluntariamente a las autoridades, quienes entregaron el mayor arsenal y el mayor ejército desmovilizado en este conflicto, quienes a pesar de las limitaciones siguen, como tú, trabajando por sacar adelante un proyecto de vida y reparación para esos miles de compatriotas pobres que un día empuñaron un arma ilegal o sufrieron sus efectos y que hoy luchan contra la apatía y la adversidad de una sociedad quejumbrosa, pero en realidad indolente, no son quienes representan un peligro. Los peligros están afuera, y no siempre en la clandestinidad de los grupos ilegales. Por eso ayer cuando los llevaban en el furgón del INPEC, llamé a Salvatore Mancuso y no a ti, para manifestarle a él, y por su intermedio a todos tus compañeros de viaje, que los estaba acompañando con mi solidaridad y mis oraciones. Tu sabes que algunos de ellos, en la guerra, le causaron a mi familia el mayor dolor posible, y que de ellos sólo uno nos pidió perdón, pero también sabes que ya desde antes los habíamos perdonado, y por eso hoy, aunque no comparta muchos de sus puntos de vista, posiciones y actitudes, soy solidario con todos, pues considero que el tratamiento que están recibiendo por parte del Estado es injusto e indigno, y que no hay que quererlos ni creerlos boy scoutspara reconocerlos como protagonistas de un importante proceso político que merecen un trato acorde con las circunstancias del mismo.

Espero que podamos superar las dificultades de comunicación. El gobierno te ofreció garantías para seguir trabajando por la reinserción y la pacificación de las regiones, y esa garantía debe incluir posibilidades fluidas de comunicación con quienes cooperan en este proceso, y eso me incluye. Los muchachos de Construpaz están muy angustiados con todo esto, pero seguramente los directivos de la cooperativa los acompañarán y les
ayudarán a mantener la calma.

Por el momento, apelaré a la Internet o a otros medios de comunicación públicos para tratar de hacerte llegar estas palabras de apoyo mías, de mis familiares y mis colaboradores en Fundapoyo. Esperemos que no tengamos que llegar hasta las señales de humo.

Con todo mi respeto, mi solidaridad y mi afecto,

Juan R. García F.

Director

Fundación para el Apoyo de la Democracia en Colombia, Fundapoyo

(EX VOCERO CIVIL DEL BEC-AC)

EL POLO Y LOS VIOLENTOS

El polo y los violentos
No basta con sostener que la guerrilla ya no tiene espacio. Se requiere la condena explìcita a la violencia y la ruptura de todo contacto con los guerrilleros.
Por Rafael Nieto
Antonio Navarro ha mostrado por estos días, en cuatro ocasiones distintas, la pasta de político moderno de la que está hecho y su compromiso con la democracia.

Primero, se mostró avergonzado por la toma del Palacio de Justicia por el M-19, a diferencia de otros antiguos guerrilleros que dieron toda suerte de espurias explicaciones frente al informe hecho por antiguos magistrados de la Corte.

Después, como secretario general del Polo, puso en marcha una consulta para la elección de delegados al primer congreso de esa organización. Aunque es cierto que los conservadores consiguieron más de un millón con ocasión de la conformación de sus directorios locales, los 500.000 votos polistas, para un movimiento que es aun muy nuevo, son un gran éxito. Un par de días más tarde, frenó en seco a Yesid Arteta, que apenas recién salido de prisión manifestó su intención de asistir al congreso del Polo para luchar contra los sectores que "representan una línea ajena a lo que debe ser una concepción de izquierda". La advertencia de Arteta, ex miembro de las Farc, se refería a Lucho Garzón y los demás miembros de la izquierda democrática, como ellos mismos se identifican para distinguirse de los radicales. Navarro no tuvo reparo en señalarle a Arteta que "no está invitado y si aparece no puede entrar". Y el día de la inauguración del congreso de su partido, Navarro dijo que "continuar alzado en armas (hoy) es una profunda equivocación".

Esa posición de Navarro, claro, no es necesariamente la del Polo, aunque algún jefe de redacción atribuyera a ese partido las palabras de su secretario general. Ese es el punto. Al igual que Navarro, en el Polo hay un número importante de dirigentes de izquierda que, como Garzón, Samuel Moreno, Parmenio Cuéllar o Jorge Robledo, tienen un compromiso sin ambigüedades con la democracia y un rechazo sin esguinces al uso de las armas como herramienta política.

Sin embargo, no todos en el Polo están en lo mismo. Hay algunos que no son claros en la ruptura con los violentos. Aunque por fortuna son cada día menos, hay todavía radicales que en el mejor de los casos no condenan a la guerrilla y en el peor mantienen vínculos con ella. Esa fracción minoritaria hace ruido y tiene fuerza. Y ha conseguido que algunos de quienes no comulgan con la "combinación de las formas de lucha" pasen agachados frente a los violentos, todo ello en aras de la "unidad de la izquierda". Porque no basta con sostener que la guerrilla ya no tiene espacio o que la historia los ha dejado atrás. Se requiere la condena explícita a la violencia y la ruptura de todo contacto con los guerrilleros, excepto que se trate de buscar institucionalmente su desmovilización y desarme.

Si quiere convertirse en alternativa seria de poder, la izquierda democrática necesita neutralizar de manera definitiva a los radicales y obtener que el Polo como partido, y no sólo algunos de sus dirigentes, condene la lucha armada y apueste definitivamente por conseguir el poder por vías democráticas. El congreso de la colectividad de esta semana y la definición de la plataforma ideológica de consenso, son la oportunidad histórica para ello.

A la hora de cierre de esta columna, aún no se sabe si se consiguió tal objetivo. Si así fue, la democracia en Colombia habrá dado un paso fundamental en su consolidación y el Polo será una alternativa seria para 2010. Si no ocurrió, los polistas habrán perdido toda autoridad moral para alzar la voz contra los vínculos de los dirigentes de derecha y los paramilitares y cerrarán los espacios para su triunfo en las próximas presidenciales.

Lo que es bueno para el ganso, lo es para la gansa. El Polo, que con razón condena los vínculos entre paras y políticos, como lo hacemos también quienes desde otras orillas estamos convencidos de que los fines no justifican los medios y que el narcotráfico y los violentos son las lacras que debemos dejar atrás, tiene que conseguir de manera voluntaria lo que habrán de obtener, por vía de las decisiones de la Corte, los partidos de la coalición de gobierno: depurar de sus filas a quienes tienen vínculos con los violentos. ?

Puntilla: es una vergüenza que ahora quieran posar de víctimas algunos de los políticos relacionados con los paras. Víctimas son los asesinados, los que fueron obligados al exilio, los despojados de sus tierras.

HERRAMIENTAS ANTICORRUPCION

HERRAMIENTAS LEGALES ANTICORRUPCIÓN

tomado de www.bernardoguerrahoyos.com


Fundamentos Normativos de la lucha contra La corrupción



Es un delito que implica ciertas características:
1. Es un delito de amplio espectro: Afecta a toda clase de regímenes políticos y con mayor frecuencia a los estados más burocratizados y centralistas.
2. Es un delito de alto nivel cultural , social y económico.
3. Es un Delito de narcisismo
4. Es un delito que cuenta con una alta tasa de impunidad.

Normas contra la corrupción en Colombia:

CONSTITUCION POLÍTICA

Muerte política de los corruptos

Artículo 122, inciso 5º, modificado por el acto legislativo número 01 de 2004 ":

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado ". Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, por su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño ".

Acción de Repetición:

Artículo 90, inciso 2º :
" En el evento de ser condenado el Estado a la reparación Patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste."

Título XV del Código Penal:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA

1. Articulo 397 Peculado por apropiación
2. Artículo 398: Peculado por uso
3. Artículo 399 Peculado por aplicación diferente
4. Artículo 400 Peculado culposo
5. Artículo 402. Omisión de Agente Retenedor
6. Artículo 404. Concusión
7. Artículo 405. Cohecho propio
8. Artículo 406.Cohecho impropio
9. Artículo 407.Cohecho por dar u ofrecer
10. Artículo 408.Violación del Régimen de inhabilidades e Incompatibilidades
11. Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos
12. Artículo 410.Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
13. Artículo 411. Tráfico de Influencias.
14. Artículo 412.Enriquecimiento ilícito
15. Artículo 413. Prevaricato por acción
16. Artículo 414. Prevaricato por omisión
17. Artículo 416.Abuso de autoridad
18. Artículo 418.Revelación de secretos
19. Artículo 419. Utilización de asuntos sometidos a reserva
20. Artículo 420.Utilización indebida de información privilegiada
21. Artículo 421..Asesoramiento ilegal.
22. Artículo 431.Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública.
23. Artículo 432. Utilización indebida de influencias
24. Artículo 433.Soborno transnacional
25. Artículo 434. Asociación indebida para la comisión de un delito contra la administración pública.

LEY 190 DE 1995.
ESTATUTO ANTICORRUPCION

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

LEY 850 DE 2003
-LEY DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Vigilancia de los ciudadanos de la administración pública

LEY 734 DE 2002
CODIGO DISCIPLINARIO UNICO

Código Disciplinario Unico para empleados públicos y trabajadores oficiales. Régimen de sanciones. inhabilidades.incompatibilidades.

LEY 678 DE 2001
ACCION DE REPETICION

Determinación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
Se fundamenta en la C. N. Artículo 90, inciso 2.

LEY 80 DE 1993.
ESTATUTO DE CONTRATACION

Artículo 3: Fines de la contratación estatal
Artículo 8. Inhabilidades e incompatibilidades.

LEY 142 DE 1994
RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Artículo 44. Conflicto de intereses. Inhabilidades e incompatibilidades.

Una interesante discusión semántica desde Urabá

Durante” o “en medio”
Juan Rodrigo García Fernández
Director, Fundación para el Apoyo de la Democracia en Colombia, FUNDAPOYO.
Columnista de URABÁ HOY


Hace años que muchos venimos insistiendo en la inconveniencia de amarrar los diálogos de paz o los tendientes hacia acuerdos especiales para la humanización del conflicto, a determinados índices de cese o disminución de las acciones violentas por parte de los actores armados ilegales del mismo. Reconocer al otro como sujeto para el diálogo desde ese presupuesto, se torna incluso contraproducente de varias maneras.
En determinado momento, como medida de ambientación de los acercamientos, los grupos armados pueden pasar a la ofensiva, como lo afirmaba hace 9 años Antonio García del ELN en respuesta a la revista Semana (agosto 31 de 1998): “Mire, si realmente existe una búsqueda de la paz hay que hacer conciencia de que estamos en guerra”.
En otros casos, las acciones militares pueden buscar precipitar el fin de las conversaciones. En todo caso, el condicionamiento a la disminución de las hostilidades, deja los procesos de paz a merced de sus opositores, que en todas partes los hay, así en la buena fe de la mayoría de los colombianos no tenga cabida la idea de que haya quienes, a diestra y siniestra, quieren mantenernos en guerra. La bomba del Cantón Norte nos ratifica en esta convicción.
La experiencia del Caguán nos dejó muchas lecciones, y una muy importante fue sobre los inconvenientes de negociar en medio del conflicto. Pero una cosa es negociar, “en medio” del conflicto, y otra muy distinta es hacerlo “durante” el conflicto.
El Gobierno Nacional y las FARC han pretendido volver a negociar en medio del conflicto, destinando a ese efecto una porción del territorio nacional, mediante difíciles fórmulas de acuerdo que ni las mismas partes parecen comprender, que la opinión pública dista mucho de aceptar de manera unánime, y con un objetivo que aunque abiertamente se dice, se limita al tema del canje, muchos quieren ver como la cuota inicial de un proceso de paz. Unos vemos allí una posibilidad de libertad para muchos seres humanos, pero también otros vemos allí un escenario más resbaloso que el del Caguán, puesto que se puede patentar la mercantilización de la vida humana con impredecibles consecuencias sobre el futuro del conflicto, toda vez que el canje de prisioneros por secuestrados se puede querer institucionalizar como práctica, trayendo como consecuencia un incremento de los secuestros con ese fin.
Creemos entonces que es mucho más adecuado abordar la búsqueda de la paz, dialogando “durante el conflicto”, tal como lo vienen haciendo el Gobierno y el ELN en Cuba.
Dialogar durante el conflicto no afecta el estatus de las partes ni obliga, hasta cuando se llegue a algún acuerdo de base para la negociación, a nada diferente a mantener la disposición para el acuerdo, sin alterar la naturaleza conflictiva de las partes. Dicho de otra manera, los subversivos siguen actuando en tal condición, y las fuerzas del Estado mantienen el deber constitucional de combatirlos, hasta tanto se llegue a un acuerdo en contrario, sin que cada ataque o contraataque ponga en peligro la continuidad de las conversaciones. Y el antídoto para las ventajas políticas inmerecidas que sabemos que se pueden obtener mediante conversaciones como las que se adelantan en Cuba, se obtiene mediante la participación de la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional en condición de garantes de la transparencia política de las conversaciones.
Buscar la posibilidad de dialogar con las FARC, durante el conflicto, en un escenario neutral y poniendo la paz en el horizonte, puede acercarnos antes a la liberación de presos y secuestrados, que pretender un acuerdo especial en medio de un conflicto tan complejo, y lo más importante, puede acercarnos antes al que debe ser el objetivo de todos los colombianos: una paz sostenible, fundada en la realización de la justicia social.

LA ERA DE LA HIPOCRESÍA (de El Colombiano agosto 02 2006)

La era de la hipocresía



Por
Diego Fernando Gómez

En los últimos años, y sobre todo en las pasadas tres semanas, el país se ha escandalizado cuando se convierte en asunto de debate público lo que ya era conocido. Resulta que en este momento sí es razón para rasgarse las vestiduras, ¿por qué no lo fue en el momento que ocurrían los hechos a la vista de todos, o en el momento en que todos lo sabíamos así no fuera un caso juzgado o juzgable?

Eso exactamente es lo que ocurrió con las declaraciones de personas que en 1990 ya aseguraban que Santofimio había participado en una reunión en la que se planeó el asesinato de Galán. Virginia Vallejo fue pareja de Pablo Escobar delante de todos los que ahora sí se escandalizan, Samper fue elegido presidente y permaneció en el cargo luego de una campaña a la que entraron miles de millones del narcotráfico. Horacio Serpa repartió dinero llevándolo personalmente a varias ciudades en una avioneta y luego fue tres veces candidato a la presidencia. Alfonso López recibió dinero de Pablo Escobar para su campaña de 1982 y en varias ocasiones se reunió con los narcotraficantes más buscados procurando armar arreglos "de paz". ¿Algo que usted no supiera? Una sociedad tan hipócrita solo puede ser presa de un destino tan cruel como el que nos correspondió a los nacidos en las décadas de los sesenta y los setenta.

La niñez a principios de los setenta era idílica. No existían esos guetos actuales que son los conjuntos cerrados y el "mundo" que recorríamos libremente era toda una ciudad segura y abierta. El índice de muertes por cien mil habitantes era similar al de los países desarrollados. Fue un instante de paz en una nación que parece no haberla conocido.

Pero el país se jodió en el gobierno de López, o más exactamente con López. Lástima que se murió tan rápido Klim, quien era el único colombiano capaz de decirle el tipo de nefasto engendro que era y todo el desastre que estaba creando. Desde ese momento se iniciaron unas terribles prácticas que pusieron este país al borde del colapso. Lo que antes eran estructuras de mercado democráticas se convirtieron en peligrosos y odiosos monopolios. Eso ocurrió con las gaseosas, con la cerveza, con los medios de comunicación, entre muchas otras. Allí se instituyó repartir el botín de la televisión entre los ex presidentes, los periodistas áulicos de turno y los grupos económicos. Allí empezó el declive de las ciudades intermedias y la "capital" se hipertrofió, pues allí, en el centro del tráfico de poder, se repartió la riqueza del país y se dejó de hacer empresa.

López y su séquito vieron emerger el narcotráfico y cohonestaron irresponsablemente con su consolidación y crecimiento. Luego vimos este cáncer crecer y permear la política, armar una Constitución a su amaño, poner presidentes y convulsionar la nación, enseñorearse de los campos y potenciar la guerrilla. Y hoy nos toca ver pasar caravanas de Hummers con los engendros amenazando si las leyes no quedan a su amaño. Ha camino que nos falta por recorrer, ...pero también terminarán mal como ha ocurrido sin excepción.

Uno de los epítetos favoritos para calificarse entre unos y otros, todos los protagonistas de estas terribles décadas, es el de ratas. "Es la rata más rastrera de las que he conocido", dijo Pablo Escobar, de una de ellas en particular, ¡y era un experto en el asunto! A él también se lo endilgaron. En 1989, al darle posesión a la gobernadora Helena Herrán de Montoya, el presidente del Tribunal Superior de Medellín dijo, "claro que sabemos quiénes son esas ratas inmundas de los narcotraficantes", y los mencionó uno a uno. Al día siguiente salieron en primera página de El Espectador su foto y sus palabras. Dos días después el ejército lo llevó a un lugar secreto para preservar su vida. Solo él sobrevivió, siete de sus compañeros de sala fueron asesinados en ese período.

Nos ha tocado vivir en la era de las ratas. Da risa y dolor escuchar decir que López pone a pensar al país. Lo que sí hace López y ese país que le sigue, es ponerse a bailar con las ratas al son que ellas le toquen. Son de la misma especie.

RECLAMO POR LA PESIMA VIA A URABÁ

POR: BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS





“Antioquia pasa por uno de los momentos más favorables: tiene presidente y ministro de Obras Públicas y Transporte. Recorriendo las vías del occidente y Urabá antioqueño, veo con preocupación el lamentable estado de la denominada vía al mar. Desde el boquerón del Toyo, en el municipio de Cañasgordas, hasta el municipio de Mutatá, el tránsito terrestre pasa por unas dificultades no pensables en una vía llamada a hacer eje estructurante de las exportaciones de Antioquia y de Colombia”, expresa el congresista Guerra en uno de los apartes de su misiva.



Al afirmar que: “Estamos ad portas de la firma del TLC y ya contamos con una economía globalizada”, el senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, solicita al ministro Gallego Henao, hacer todo lo posible para acelerar el trámite de los recursos y la contratación de la reconstrucción de la vía Santa Fe de Antioquia- Mutatá, para lo cual recomienda mirar antes los estudios del viaducto Uramita – Dabeiba.

SENADO DE LA REPÚBLICA

OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA

www.senado.gov.co



BOGOTÁ, D. C., 21 DE ABRIL DE 2006



Medellín, 18 de abril de 2006


Doctor

ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO

Ministro de Obras Públicas y Transporte

Bogotá D.C.


Distinguido Ministro.


Antioquia pasa por unos de los momentos más favorables: tiene Presidente y Ministro de Obras Públicas y Transporte. Recorriendo las vías del occidente y urabá antioqueño veo con preocupación el lamentable estado de la denominada vía al mar. Desde el boquerón del Toyo, en el municipio de Cañasgordas, hasta el municipio de Mutatá, el tránsito terrestre pasa por unas dificultades no pensable en una vía llamada a ser eje estructurante de las exportaciones de Antioquia y de Colombia. Estamos ad portas de la firma del TLC y ya contamos con una economía globalizada.

Por lo anterior, de la manera más atenta le estoy solicitando hacer todo lo posible para acelerar el trámite de los recursos y la contratación de la reconstrucción de la vía Santa fe de Antioquia - Mutatá, no sin antes mirar los estudios del viaducto Uramita - Dabeiba.


De la manera más atenta me despido de usted.


Cordialmente,


BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS

Senador de la República

Hay que ir a Urabá y abrir los ojos ( de El Colombiano)

Hay que ir a Urabá y abrir los ojos

Por
Héctor Mejía Restrepo

Yo sí fui a Urabá hace como dos meses. Lo que vi fue una región desarrollada, como pocas en Colombia, muy distinta a lo que era hace cuarenta años: Treinta y dos mil hectáreas de banano, cuarenta mil de plátano, cinco mil de palma, 700 mil de ganaderías, un millón de cabezas de ganado, cinco aeropuertos, multitud de industrias y micro industrias (de frutas deshidratadas, de confites, de pulpas de banano), carreteras pavimentadas, ciudades, comercio, comunicaciones, un puerto internacional, una numerosa población urbana (332.000 en cinco cabeceras), hospitales, colegios de bachillerato, una carretera pavimentada que va desde Medellín a todos los centros importantes de la región, apta para el transporte intenso de tractomulas (no la trochita estrecha de don Gonzalo Mejía).

La industria en Urabá crece rápidamente: dos fábricas grandes de cajas de cartón, una fábrica de plásticos, dos astilleros para construir barcazas y planchones, seis fábricas de estibas, una fábrica de alcoholes extraídos del banano, fábricas de banano deshidratado, tortas, confitería y chocolatinas, fábrica de carrocerías para camiones, fábricas de muebles de madera fina, dos embotelladoras de Postobón y Coca Cola. El potencial industrial es muy variado y de proporciones notables. Hay suficiente energía, en parte llevada desde Medellín.

Los habitantes urbanos del eje bananero llegan a más de 350.000 en cinco municipios (sólo Apartadó tiene unos 120.000) en donde hay buenos hoteles, hospitales, colegios de bachillerato, clínicas privadas, universidades, centros comerciales (Éxito, Carrefour), colegios bilingües. En la zona total de Urabá viven unos quinientos mil habitantes.

El puerto internacional mueve importaciones que llegan de muchos países del mundo (papel para periódicos, celulosa, automóviles, repuestos, fertilizantes, etc.). Los barcos antes se venían vacíos. Los puertos más modernos del mundo son planchas que flotan en alta mar con la capacidad de atender cincuenta barcos simultáneamente como mínimo. El de Urabá ha descargado en un solo día hasta siete barcos al mismo tiempo. Salen semanalmente quince barcos.

Los grandes puertos que se están construyendo en el mundo son superficies que flotan en alta mar. Las nuevas tecnologías de las enormes grúas para el cargue y el descargue, y las tecnologías de ascensores de carga, han permitido estos adelantos que salen más baratos y son más funcionales. Atrás quedaron esas estructuras rígidas de puertos en concreto, tan costosos y difíciles de operar.

La Carretera al Mar hoy en día no tiene nada que ver con aquella trocha de tierra de 1956. Es una cinta pavimentada desde Medellín hasta Arboletes (más allá Turbo y de Necoclí) cubierta por una fila de tractomulas que traen de todo desde el puerto. En un buen auto se puede recorrer en cinco horas, cuando antes se necesitaban catorce.

De todo Colombia, Antioquia es el segundo departamento en cuanto a kilómetros de playa (el primero es Guajira), lo cual abre un futuro importante para la industria del turismo, que ya tiene un comienzo pujante. Hay un aeropuerto internacional cerca de Apartadó.

En Urabá cada finca es una empresa como cualquier fábrica de Medellín. Una fábrica promedio de banano, plátano o palma tiene 100 hectáreas y necesita más o menos sesenta trabajadores. O sea hay unas mil fábricas que llevan contabilidad, siguen un presupuesto, y pagan impuestos.

Nada de la vieja agricultura de cultivos de pan-coger, atrasada y analfabeta. Nada de la miseria sin esperanza de hace cuarenta años. Urabá es otra Antioquia, otro orgullo. El sueño de don Gonzalo.

hectormr23@hotmail.com

EXPLOSION DE MINAS EN COLOMBIA (EL TIEMPO)

En 659 municipios de Colombia hay sembradas minas antipersona; 289 más que en el 2.000
En los últimos cinco años, 2.358 personas han sido víctimas de estos artefactos. Antioquia, Meta y Norte de Santander tuvieron la mayoría de casos.
Según las cifras del Observatorio de Minas, el número de poblaciones con minas antipersona aumentó un 46 por ciento entre el 2000 y febrero de este año, frente a los 338 que entre 1990 y 1999 estaban afectados por este problema.
Las víctimas más recientes fueron tres menores de la vereda La Palestina, de Vista Hermosa (Meta), quienes resultaron mutilados. Este lugar es uno de los municipios que se ha visto cercado por estos artefactos en los últimos años. La ofensiva del Ejército en esa zona llevó a las Farc a minar varios terrenos rurales, especialmente en la serranía de La Macarena, para proteger los cultivos de coca.Algo parecido ha ocurrido en el oriente de Antioquia donde la estrategia de las Farc ha convertido caminos veredales en intransitables.Precisamente en Antioquia, el departamento más afectado, 34 nuevos municipios entraron a formar parte de la lista. Lo siguen Cundinamarca (29) y Nariño (27).Según el Observatorio, de 4.575 víctimas, entre 1990 y el 2006, solo 40 eran de grupos armados ilegales. Más de 1.600 eran civiles, campesinos casi todos, y 476 eran niños. En ese lapso murieron por este motivo 1.125 personas.
Arte y deporte para sensibilizar
El Gobierno, junto con organismos internacionales como la OEA y Unicef, ha desarrollado varias campañas para sensibilizar a los colombianos sobre la problemática de las minas antipersona.El año pasado, un grupo de víctimas de estos artefactos participó en la Vuelta a Colombia en bicicleta llevando como lema ‘La otra vuelta a Colombia: No más minas antipersona’.El pasado mes de febrero, la Vicepresidencia lanzó la campaña ‘Más arte, menos minas’, que busca educar a los habitantes de los municipios con riesgos de accidentes por estos artefactos. La campaña contempla afiches y cuadernos con recomendaciones para protegerse de las minas.Además, varios artistas nacionales, como Maia, Andrés Soler y Andrea Echeverri, crearon canciones con mensajes para reforzar la prevención en las zonas de riesgo.
Desminado se tardaría 20 años
El reto del desminado, que el país tendrá que asumir luego de que supere su conflicto armado, representa un problema de enormes proporciones si se tiene en cuenta que, según estimativos del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, en el país hay sembradas unas 100 mil minas antipersona. La eliminación de estos artefactos, según el mismo Observatorio, tomaría entre 10 y 20 años.Pero lo más complicado es que su desaparición como arma de guerra parece estar lejos.Los grupos ilegales que las utilizan, principalmente las Farc, las consideran un método barato y efectivo (sembrar una mina tiene un costo de 80 centavos de dólar).Y se estima que desenterrarlas costaría entre 22 y 53 millones de dólares. Por sacar cada mina adicional se calcula que habría que desembolsar entre 300 y 600 dólares más.
476 es el número de menores de edad que han resultado afectados por las explosiones de las minas antipersona desde 1990. Casi todos eran niños campesinos.
Sin registro adecuado
"Más de la mitad de las víctimas de minas no son registradas en la Red de Solidaridad como víctimas de violencia”.Coordinación de Campaña contra las Minas.
Vidas truncadas
José Orfelí Martínez creyó que la vida se le acababa el 12 de noviembre del 2003, cuando por accidente pisó una mina en una finca de Tibú (Norte de Santander), donde trabajaba como jornalero. Pero el impacto más grande lo recibió cuando le amputaron su pierna izquierda. “Perdí el trabajo y me tuve que acostumbrar a las muletas”, dice el campesino, de 29 años, quien el año pasado volvió a sentirse útil luego de que el Gobierno le donó una prótesis.
El 2 de abril del 2005, en zona rural de Ituango, el sargento Óscar Sánchez y el cabo segundo Nelson Gálvez (foto) activaron una mina cuando patrullaban. A Sánchez le amputaron su pierna derecha y Gálvez, sufrió la fractura de su columna. Gálvez aún acude a exámenes médicos y sus movimientos son limitados. Sánchez es Jefe de la Sección Segunda de Inteligencia, pero dice que extraña los combates.
El lío de San Carlos
Mientras en diciembre pasado los municipios del oriente de Antioquia concentraron sus esfuerzos en pedir fiestas sin pólvora, en San Carlos el lema fue ‘Una Navidad sin minas’.La meta de tener cero víctimas de las minas ese mes no se cumplió: un soldado pisó una en el área rural.En este municipio, de 22 mil habitantes y 702 kilómetros cuadrados, la presencia del frente 9 de las Farc y el bloque Héroes de Granada de las Auc, ya desmovilizado, ha puesto a los campesinos en un riesgo continuo. El problema se advierte desde la entrada a la Alcaldía, donde su vigilante es sobreviviente de una mina. Además, del presupuesto municipal se destinan 50 millones de pesos para atender a los afectados.En los colegios, los niños reciben charlas sobre el tema y se realizan capacitaciones en zonas rurales con mapas de riesgo de los caminos veredales que están minados.
El problema en Nicaragua Una de las experiencias de desminado la realiza Nicaragua, en donde según los registros oficiales, 135.643 minas fueron instaladas durante el conflicto interno (1979-1990). Allí, ese trabajo le ha sido encargado al Ejército desde 1991. La táctica ha sido la remoción manual con detectores. Nicaragua se trazó como propósito eliminar esos explosivos d el país antes del 2005, pero falló. La nueva meta es hacerlo antes de finalizar este año.

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Archivo Robinson Sáenz
Los Objetivos de Desarrollo fueron adoptados por todos los estados miembros de la ONU en la llamada Cumbre del Milenio, celebrada en 2000. El país está comprometido a reducir los niveles de hambre y pobreza.

Calidad de vida mejoró tres puntos

(o podriamos decir ?calidad devida aumento tres puntos?)

En VIH Sida Antioquia tiene niveles superiores a los del país.

La pobreza en la zona pacífica sigue siendo elevada y preocupante.

El ICV del país pasó de 74 a 77 puntos en los últimos seis años.PorGustavo Gallo MachadoQue entre 1997 y 2003 Colombia haya subido tres puntos en el Índice de Calidad de Vida, ICV, no significa que la situación económica y social para sus habitantes sea la más adecuada, ya que de los 1.121 municipios evaluados, 789 no ofrecen a la población los bienes públicos básicos que garantiza la Constitución de 1991. Estos datos fueron recopilados en el análisis Los municipios colombianos hacia los objetivos de desarrollo del milenio, y según el Director de Planeación Nacional, Santiago Montenegro, son importantes para establecer las futuras políticas sociales. El funcionario dijo que es significativo el mejoramiento en la calidad de vida, ya que pasó de 74 a 77 puntos, sin embargo se deben elevar para el beneficio de los colombianos.Si bien las zonas urbanas se mantienen por encima del promedio nacional (84,6 contra 77,4 en 2003), la mejoría en el ICV total entre 1997 y 2003 estuvo catapultada por las rurales, las cuales elevaron su ranking en cinco puntos, mientras las áreas urbanas lo hicieron en 1,5 puntos. De acuerdo con el informe, dado a conocer ayer por el Departamento Nacional de Planeación, y elaborado en conjunto con Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la zona Pacífica, conformada por Chocó, Nariño y Cauca, es la que presenta la peor situación. Por ejemplo, Chocó no sólo muestra los más bajos niveles de calidad de vida (62 sobre 100), sino que disminuyó su desarrollo ocho puntos frente al estudio anterior."Si la plata se hubiera gastado bien en muchas regiones, seguramente no estaríamos en esta situación tan crítica", conceptuó Montenegro.Bogotá es la región con más alto ICV, (89 sobre 100), mientras que la más dinámica fue la Oriental (Cundinamarca, Santander, Meta y Boyacá, Norte de Santander decrece), que aumentó siete puntos.En cuanto a la educación, el estudio señala que si no se acelera el ritmo en años promedio de educación, Colombia gastaría 20 años en alcanzar, como país, los mínimos constitucionales de nueve grados.Si se mide el analfabetismo por la población que no sabe leer ni escribir, el país estaría en cerca del siete por ciento. Pero si se plantea el analfabetismo funcional, que según la Unesco es cuando se cursan menos de tres grados, en el país habría una tasa del 15.5 por ciento y en la región Pacífica alcanzaría el 18 por ciento."Los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan una reivindicación del papel activo del Estado en la promoción de políticas públicas de forma afirmativa, participativa y con capacidad de intervenir en la eliminación de barreras y balancear aquellas asimetrías que le impiden al ciudadano acceder a sus derechos", expresó Bruno Moro, representante del Pnud, al analizar el documento. El experto agregó que también son un instrumento de diálogo entre gobernantes y gobernados, y a través de ellos se puede hablar un mismo lenguaje entre las promesas del gobernante y el cumplimiento que esperan los ciudadanos. Montenegro consideró que es prioritario progresar en la construcción de una sociedad más equitativa, para lo que es necesario dar continuidad a las políticas de crecimiento económico y social.
Ayuda al lector
Antioquia preocupa en VIH-SidaEl informe también señala que los mayores índices de casos de VIH Sida se registran en las ciudades principales y sus áreas metropolitanas. Son principalmente Medellín, Barranquilla, Bogotá, Manizales, Cartagena, Valledupar, Soacha, Riohacha, Cúcuta y Santa Marta. También es preocupante que de los 29 municipios del país con rangos muy altos en la tasa de mortalidad por Sida, 16 están ubicados en Antioquia (tasa nacional: 4,88 por 100.000 habitantes). Las poblaciones con los niveles considerados muy altos son Maceo (12) y Puerto Triunfo (14,8).Respecto del Índice de Calidad de Vida, Antioquia tiene altas condiciones de vida que está tres puntos por encima del promedio nacional. El comportamiento del departamento, de acuerdo con el análisis fue bueno entre 1997 y 2003, pero la brecha urbano-rural sigue siendo grande ya que de los 125 municipios al menos 67 están por debajo del mínimo constitucional.

SEÑORA DENUNCIA.........

Tramoya judicial (TOMADO DE EL COLOMBIANO)

PorBernardo Alejandro Guerra Hoyos

Bello es el polo de desarrollo del Valle de Aburrá. En este municipio se radican actualmente una serie de grandes obras que han convertido el corredor que va entre el casco urbano y la estación Niquía del Metro en la "milla de oro" del norte.Esa circunstancia está haciendo que se despierten las ambiciones de algunos personajes ávidos de dinero rápido.Le está sucediendo ese caso a la familia Ferrer, empresarios de reconocida trayectoria en la ciudad, creadores de industrias tan importantes como Búfalo.Esta familia es dueña desde hace 44 años, con títulos irrefutables, de un predio de 15.000 metros de extensión, el cual es objeto de la codicia de un grupo de individuos que pretenden construir, a como dé lugar, en un bien ajeno, el centro comercial La Provincia.Para hacerse a este inmueble han acudido a subterfugios de dudosa legalidad y reñidos con la ética comercial. No han sido extrañas la simulación de matrículas inmobiliarias, declaraciones de mayor extensión que ensanchan los predios por arte de magia y sentencias de pertenencia obtenidas en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello.Este es un resumen de esas maniobras:Mediante sentencia proferida el 5 de noviembre de 2004 se declaró a Orlando Gómez Botero dueño de un lote de terreno de un poco menos de 24.000 metros cuadrados, con base, entre otras irregularidades, en una supuesta compra de una posesión a Ramiro Grisales Bermúdez.El señor Grisales fue poseedor, tal como lo señala la oficina de Catastro de Bello, de una pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados, construida dentro de un predio del Inurbe. Dicho sea de paso que la abogada de esta entidad ha tenido que batirse, con un inmenso valor civil, para defender los intereses de su representada y evitar que otros acuciosos "empresarios inmobiliarios", con vínculos familiares con el mayor interesado en la "Promotora La Provincia S. A.", logren también una declaración de pertenencia de un lote contiguo al de la familia Ferrer.¿Se le puede quitar al Inurbe un derecho sobre su inmueble cuando la propiedad estatal es imprescriptible? ¿Se puede alegar posesión sobre un bien público?Retornemos al negocio de Ramiro Grisales y Orlando Gómez, génesis del proceso de pertenencia. Mediante documento de marzo de 2004, Grisales "vendió" por 10 millones de pesos a Gómez la posesión que tenía. Pero sucede algo insólito. En el documento de venta de la posesión se expresa que lo "poseído" por el señor Grisales no era ya la pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados sino un lote de terreno de 33 mil metros cuadrados, para lo cual se crea ficticiamente un inmueble, compuesto por los tres lotes vecinos: uno de propiedad de la familia Ferrer y dos de los otros perjudicados, que a la postre sumaron realmente 24 mil metros cuadrados, según la medición que se hiciera a instancias del juzgado de marras.Para finalizar la actuación entra de nuevo a escena el juzgado. El proceso terminó con la sentencia 311 del día 5 de noviembre de 2004 (el expediente había entrado a despacho para fallo el día 3 de ese mes, dos días antes), en la que se accedió a la pretensión del señor Gómez Botero.Un comentario final que explica mejor la situación:En la "Promotora La Provincia S. A." tienen incumbencia importantes personajes del mundo político, que se mueven tras las bambalinas de la tramoya, y sólo surgen a la luz pública: Aurelio Aguirre Sanín, ex candidato a la Alcaldía de Medellín y al Senado de la República, quien figura como promotor del proyecto; Álvaro Pío Valencia, ex gerente de la Fábrica de Licores, que funge como abogado de tales intereses, testigo de excepción de la inscripción del ex gobernador Alberto Builes a la Cámara; además el ex contralor de Medellín y ex directivo de Coomeva, recientemente separado de su cargo, Gustavo Escobar Pérez, entre otros. Los mismos con las mismas. Han solicitado licencia de construcción ante el curador segundo de Bello, John Jairo Roldán, ex candidato perdedor a la Alcaldía de Bello por el Partido Liberal, vinculado al grupo de César Pérez y mientras tanto están en preventa de los locales.¿Qué dirá la Fiscalía al respecto?cerocorrupcion@epm.net.co

DESDE ACNUR

El conflicto civil deja este año 19.000 indígenas desplazados

Ginebra, Suiza
El conflicto armado en Colombia afecta de manera negativa al millón de indígenas que vive en el país y este año ha causado el desplazamiento de 19.000 personas, informó este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
"Estamos preocupados porque comunidades enteras de indígenas podrían desaparecer después de haber sido forzados a abandonar sus territorios tradicionales", dijo este viernes una portavoz de Acnur, Jennifer Pagonis.
Informó que más de 19.000 indígenas se vieron forzados a dejar sus casas y poblaciones desde que comenzó 2005, según un estudio de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic).
"Este verano hubo un desplazamiento de 14.000 miembros del grupo indígena de los nasa", indicó la portavoz y añadió que hay más de 80 grupos en situación de riesgo.
Según el estudio colombiano, en octubre cientos de quechuas tuvieron que abandonar el departamento del Putumayo y que algunos de ellos se refugiaron en Ecuador.
"La situación en Putumayo es muy preocupante debido a los enfrentamientos, que causan más desplazamientos", dijo la portavoz de ACNUR, que también se refirió a que en Choco, "cientos de emberas están bajo la constante amenaza de perder su hogar".
La portavoz subrayó que esta es la primera ocasión en que se dan a conocer cifras detalladas sobre el impacto que el conflicto civil de Colombia tiene sobre su población indígena y que en su elaboración, además del ONIC, participaron expertos de la agencia de la ONU para los Refugiados.
En Colombia hay dos millones de desplazados internos debido al conflicto que vive el país desde hace décadas.
La portavoz recordó que esa situación es "doblemente catastrófica" en el caso de las poblaciones indígenas, más apegadas a sus raíces territoriales, y los desplazamientos forzados conducen a que colapse la autoridad tradicional y los patrones culturales de esas poblaciones.
"Es una tragedia invisible. Las tierras de los indígenas suelen estar en lugares remotos y son consideradas estratégicas por los grupos armados irregulares con fuerte presencia en ellas", agregó la portavoz.
Asimismo, se refirió a que los delitos y los abusos de derechos humanos contra esas poblaciones a menudo no son castigados, y recordó que, según datos de la Onic, más de 1.600 indígenas fueron asesinados en los últimos 20 años, aunque el 60 por ciento lo fue desde 2000.
Como ejemplo indicó que los wiwa de Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, han perdido a 12 de sus miembros en los primeros ocho meses de este año y que su comunidad es de 1.850 personas.
El Acnur, preocupado por esa situación, tiene proyectos de colaboración con organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas para proporcionarles documentos de identificación, darles información sobre derechos humanos, apoyo psicológico y profesores que enseñen a los niños desplazados.

sin mordidas

Sin las mordidas del 15%



Por
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

La semana anterior, el señor alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, presentó el "Plan Municipal Parques Biblioteca", un proyecto que el funcionario señala como honesto y necesario, sin sobrecostos del 15 por ciento, con una inversión total de 68.500 millones de pesos, que pretende, a través de cinco centros culturales de ciencia, tecnología y encuentro comunitario, estratégicamente distribuidos en el municipio de Medellín, proporcionar a la ciudadanía el libre acceso a la cultura. Estarán ubicadas en San Javier (zona centro occidental), La Quintana (zona noroccidental), Santo Domingo (zona nororiental), La Ladera (zona centro oriental) y Belén (zona sur occidental), lo cual deberá darles una posición como polos de crecimiento".

Los Parques Biblioteca serán atractivos espacios públicos que contarán con una amplia gama de servicios, tales como colecciones bibliográficas para adultos y menores, salas de lectura, amplios espacios para el desarrollo infantil, salas para navegación en la internet, auditorios al aire libre y cubiertos, salones de exposiciones, talleres de capacitación, los llamados Cedezo -Centros de Desarrollo Empresarial Zonal-, además de ludotecas, áreas recreativas y locales comerciales.

Es importante resaltar el pronunciamiento de la Unesco sobre el tema de las bibliotecas públicas.

Medellín debería tener 1.5 a 2.5 libros por persona y actualmente sólo se ofrece en promedio un libro por cada cuatro habitantes. Se debe considerar también el hecho de la existencia de 10 bibliotecas para 249 barrios de la ciudad de Medellín y que 7 de las 16 comunas no cuentan con ellas. En la ciudad se lee poco porque las posibilidades de acceso a los libros son muy limitadas.

Los Parques Biblioteca implican una concepción novedosa de la Biblioteca Pública, diferente a la simple colección de libros, como punto de encuentro para toda la ciudadanía en un centro cultural y comunitario, con una dimensión más incluyente del espacio público y como portal de entrada a la información, al aprendizaje, al conocimiento y a la cultura.

De ahí lo interesante de esta inversión, la cual deberá ofrecer un mayor acceso al conocimiento, a la investigación y a la capacitación para la toma de decisiones; en lo cultural, propiciará el reconocimiento de la diversidad, impulsara dinámicas de creación, producción y disfrute, preservación del patrimonio cultural, ofrecerá espacios de calidad para las manifestaciones artísticas; en lo social, promoverá y apoyará a la comunidad en la participación y el diálogo, en el reconocimiento de su identidad, en el fortalecimiento del tejido social para la construcción de una ciudadanía democrática, cultural y plural.

El programa, en su obra física, implicara la intervención del espacio público con lo cual se mejorará la infraestructura urbana existente.

La cuantiosa inversión adicionalmente vigorizará también las centralidades barriales, unidas a los sistemas de movilidad pública.

Se contribuirá con nuevos parques a la recuperación ambiental, constituyéndose en los pulmones de los respectivos sectores, con grandes áreas verdes y finalmente complementarán los equipamientos deportivos, educativos y recreativos existentes, en sectores que realmente los necesitan, sin mordidas del 15 por ciento.

Post scriptum:
Expreso mis sentidas condolencias a los familiares, amigos y a la sociedad de la ciudad madre por la sensible desaparición de don Samuel Cano, dilecto hijo, líder cívico, religioso, político e ilustrado historiador de Santa Fe de Antioquia.

cerocorrupcion@epm.net.co

¡¡¡¡¡¡NO A LAS MINAS!!!!!!

Guerra sucia (tomado de Cambio)

Con materiales de difícil detección y una mayor carga explosiva, los alzados en armas están ahora sembrando más minas antipersonal en el país.
Cuando el Infante de Marina Hernández llegó al Hospital de Cartagena, luego de pisar una mina antipersonal tipo balón, los médicos determinaron que lo mejor era amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Ya en la cirugía, los cinco galenos que atendieron el caso quedaron sorprendidos por la agresividad del atentado y porque era la primera vez que veían la presencia de excrementos de animales en las extremidades afectadas.
Dos días después, pese a todos los esfuerzos , el soldado Hernández falleció porque su cuerpo no pudo resistir la mortífera infección.
El lamentable caso de Hernández, sin embargo, puso en evidencia una macabra modalidad de artefactos explosivos que grupos al margen de la ley están sembrando en toda Colombia. Se trata de unas minas antipersonal que, contrario a lo que el país conocía, tienen ahora una fabricación más casera y letal.
La nueva modalidad, utilizada fundamentalmente por los guerrilleros de las Farc y del Eln, consiste en balones de plástico rellenos con exageradas cantidades de explosivos, excretas y roca caliza que buscan no sólo pasar desapercibidos a los detectores de metal sino causar graves daños a quienes los pisen.
"La carga explosiva se ha multiplicado por 10 –dice el vicealmirante Fernando Román, inspector general de la Fuerzas Militares–. Hoy su poder es de tal magnitud que no sólo destruyen las piernas sino que comprometen otros órganos como los genitales. El objetivo es matar".
La nueva modalidad de minas es sembrada en caminos veredales, trochas, carreteras y a la sombra de los árboles, donde, con el más leve y sutil contacto, se activa.
Colombia es el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
"Es una verdadera tragedia nacional –agrega el vicealmirante Román–. Estos terroristas no tienen límites, y no les importa el Derecho Internacional Humanitario".
Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, respaldado por la OEA, el crecimiento de las minas antipersonal ha sido notorio, y hoy hay más de 100.000 sembradas en el país. Un número que convierte a Colombia en el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
Es tal la situación con las minas antipersonal que sólo en la región de Montes de María, y en corregimientos como El Salao, Zambrano, Hato Nuevo, Charquitas y Loma Central, las autoridades han detectado la presencia de 2.500 artefactos.
"Estas minas pueden durar activas durante medio siglo –señala Luz Piedad Herrera, coordinadora del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia–. Además para las comunidades los costos son muy altos, ya que afectan su movilidad, tranquilidad y productividad".
Para los expertos, más allá de los altos costos que acarrea desactivar una mina (10 veces más que construirla), el problema crítico es que cada mina enterrada en Colombia es un arma letal contra la población civil. En lo que va del año, estos artefactos han dejado 759 víctimas, y desde 1990 hasta hoy el número asciende a 4.000. Según los datos oficiales, cada día hay 2,6 nuevas víctimas de minas, y el 92% de los casos registrados ocurre en áreas rurales. Colombia, señalan los expertos, es el único país de América que todavía sigue sembrando minas en su territorio.
"Es muy triste esta situación –agrega Herrera–. Fuera del dolor humano, rehabilitar a cada víctima le cuesta al Estado cerca de 90.000 dólares".
Tras la firma de la Convención de Ottawa, en 1997, Colombia se comprometió a definir una política frente a esta problemática (ver recuadro). Una de las tareas más significativas que se realiza, con la colaboración de la OEA y países amigos, es la preparación de zapadores (expertos que desactivan minas) que son quienes se enfrentan cara a cara con el problema. Hoy hay 40 que han desactivado, con ayuda de los perros antiexplosivos, más de 2.400 minas en los últimos tres años. En 2003, las minas antipersonal neutralizadas fueron 380, el año pasado ascendieron a 858, y en lo que va corrido de este ya llegan a 1.176. "Con el respaldo de la OEA, estamos trabajando muy fuerte para contrarrestarlas –dice Roberto Padilla, uno de los zapadores–. La labor es en equipo y un error puede ser fatal".
Por ahora es claro que a los alzados en armas poco les interesan las víctimas y, por el contrario, cada vez crean nuevos tipos de minas que, además de ser aterradoras, son más difíciles de detectar.

Convención de Ottawa
Colombia firmó en 1997 y ratificó, mediante la ley 554 de 2000, la Convención de Ottawa que prohibe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. En ella el Estado se compromete a crear una estructura nacional encargada de destruir o asegurar todas las minas sembradas en el país. La Convención obliga a todos los grupos armados de oposición y a cualquier otra parte en un conflicto a no utilizar estos artefactos.

SI HAY CONFLICTO (editorial ) UrabaHoy

SI HAY CONFLICTO

“El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas. La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con armas fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos de nuestro pueblo.”
ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de Colombia.

Cuando un matemático en un proceso de resolución de un problema encuentra algo que no puede solucionar de inmediato, coloca una “X” en su ecuación y continúa, buscando mas adelante solucionar esa incógnita marcada anteriormente, con los elementos que recoja en su análisis. La “X” se convirtió universalmente en el símbolo de problemas por resolver.
Pareciera que nuestro Gobierno se cansó de buscarle al conflicto las soluciones no convencionales, transparentes e imaginativas que prometió en el discurso de posesión presidencial. Mas bien optó por la salida fácil, y en esa delicada ecuación de la fórmula que buscaba para encontrar el camino hacia la paz, encontró una dificultad mayor al definir la guerra que azota nuestro país, y en vez de marcar la “X” donde debería decir “CONFLICTO ARMADO” decidió utilizar la palabra “AMENAZA TERRORISTA”, denotando con ello la nueva solución que pretende darle a esa incógnita social.
Preocupa, por decir lo menos, la insistencia del Gobierno Nacional en desconocer la existencia de un conflicto armado dentro de Colombia. No solamente los efectos catastróficos que esto pudiera tener, al retirarse de nuestro país la ayuda y veeduría internacional humanitaria, que está aquí precisamente por que hay un conflicto; sino también por un perverso efecto que pocos analistas avizoran, pero que esta ahí, en latente peligro.
Es simple; si no hay conflicto, no hay causas del conflicto. Como no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. De la noche a la mañana resultará nuestro país sin pobreza, sin exclusión social, sin corrupción, sin desempleo, sin hambre, sin necesidades de ninguna índole que hubieran llevado a sus habitantes a conflictuar entre ellos y a favor o en contra del estado.
¿Será que por el hecho de que el gobierno niegue la existencia de un conflicto en Colombia, vamos a solucionar todos los problemas sociales de nuestro país, que han determinado la guerra fraticida permanente desde principios del siglo pasado?
¿A cual conflicto se refería entonces el presidente Uribe en su discurso de posesión, que citamos anteriormente?
No se puede desconocer que en nuestro país hay organizaciones y personas que ejercen el terrorismo y desde luego son terroristas. Algunos han demostrado que están entre los peores del mundo.
Pero; ¿Será que todos los alzados en armas son terroristas por que si? ¿Será que el simple hecho de pensar distinto, o el de rebelarse contra un sistema que se considera injusto, o de defenderse contra una agresión injusta que el Estado no fue capaz de contener, caerá bajo el dudoso “estatuto” del antiterrorismo?
Con el mayor respeto, pero con firmeza hay que recordarle a nuestro Gobierno, que se comprometió a hacer todo lo posible para solucionar el conflicto que existe en nuestro país y que sigue cobrando vidas de inocentes todos los días.
Ahora, todos los colombianos, forzados por las circunstancias a ser actores de ese conflicto, estamos esperando las soluciones entre las cuales seguramente estará una ley de verdad, justicia y reparación que asegure que no habrá impunidad pero que facilite un retorno digno a la civilidad para todos los combatientes. Claro está que el esfuerzo en este caso no es solo del gobierno, sino que la creatividad, transparencia e imaginación deberá provenir también del Congreso, de la clase política y dirigente y todos los estamentos interesados, tanto nacionales como internacionales.
Queremos pensar que se recapacitará sobre las amargas consecuencias que el no reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno Nacional pueda tener; que esta discusión innecesaria no es otro sofisma más y que tampoco es el principio de una salida por la puerta de atrás que evite llegar a las soluciones NO CONVENCIONALES, TRANSPARENTES E IMAGINATIVAS para esta guerra infame, prometidas a todos los colombianos. editor@urabahoy.com

DALE CON EL PROBLEMA DEL AGUA...... (de El Tiempo)

Octubre 6 de 2005

Defensoría del Pueblo alerta sobre pésima calidad de agua que reciben casi 10 millones de personas

Hoy presentará el estudio 'Diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua'.
El estudio, realizado durante el primer semestre del 2005, con información recopilada de diferentes secretarías de Salud de departamentos del país, muestra que los habitantes de 221 municipios, de los 1.013 que tiene el país, reciben agua de "muy mala calidad".
La investigación, que se llevó a cabo en sectores urbanos, contiene datos de 683 municipios. Entre estos, solamente 104 reciben agua potable y 579 (el 84,4 por ciento del total de la muestra) no disponen de agua apta para el consumo humano.
Este estudio se une a otra alarma que ya había dado el año pasado el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (Ideam), en el Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia.
Según este, se "muestran tendencias preocupantes actualmente, y no sostenibles en el abastecimiento de agua para los municipios y cabeceras del centro del país, particularmente en las regiones de más alta presión como la Andina y la Caribe".
De acuerdo con dicha investigación, las proyecciones muestran que dentro de 25 años, de no tomarse las medidas adecuadas, "cerca del 70 por ciento de la población se encontraría en riesgo de un desabastecimiento severo".
Ahora la Defensoría del Pueblo quiere llamar la atención sobre la potabilidad del agua.
De acuerdo con Fernando Vásquez, director general de la ONG Fundación Al Verde Vivo, el panorama del agua en el país es dramático. "No es que se acabe el agua, sino que se acaba el agua potable. Cada vez los costos de potabilizarla son más altos", señala.
Los más afectados
De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Nariño y Magdalena son los departamentos que tienen una mayor cantidad de municipios cuyos habitantes no reciben suministro de agua potable.
El mismo también indica que a 221 municipios se les suministra agua de "muy mala calidad", y señala que Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño y Vaupés "tienen los índices más preocupantes de calidad de agua", ya que en estos departamentos más de la mitad de los municipios analizados presentan esta condición.
La Defensoría destaca, por el contrario, que Caldas, Quindío y Valle prestan un buen servicio de agua potable.
De acuerdo con el informe, Nariño presenta "una situación crítica en cuanto a potabilidad del agua", al señalar que únicamente uno de los 64 municipios (se obtuvieron datos de 62), Samaniego, cumplió con la norma de calidad. El resto –asegura el estudio– "ni siquiera se acerca al 50 por ciento del cumplimiento de la norma, lo que muestra la pésima calidad del agua (en los aspectos físico-químicos y microbacteriológico)".
¿Y dónde está la plata?
Asímismo, el informe de la Defensoría señala que el Chocó, que figura entre los departamentos que peor calidad de agua tienen, ha recibido, en promedio, 12.804 millones de pesos anuales entre 1994 y el 2005 por concepto de las transferencias constitucionales.
De acuerdo con el estudio, ninguno de los ocho municipios chocoanos (allí hay 31) de los que se obtuvo información "cumplió con los índices legalmente establecidos para la materia".
El informe de la Defensoría, que no incluye información de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como el libro El derecho humano al agua, serán presentados hoy a las 10 de la mañana en el auditorio de la entidad, en Bogotá.

RECORDEMOS.... EDITORIAL 2 AGOSTO DE 2004

Editorial. URABAHOY segunda edición agosto 2004.

¿Y las soluciones de donde vienen?

Grande es el inventario de necesidades de nuestra región Urabaense. No podríamos tener espacio suficiente para siquiera inventariarlas, menos para mencionar las soluciones que se requieren, por lo que nos debemos concentrar en las sentidas, las urgentes, por que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano, factor que debe motivar a la acción a todas las manifestaciones del estado Colombiano que tienen que ver con el mejoramiento de la situación de nuestra región.

Si tuviéramos que priorizar para la acción, creemos que todos coincidiríamos en mencionar en primer lugar aquellas necesidades que tienen que ver directamente con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes en nuestra región; y diríamos, sin temor a equivocarnos, que requerimos salud, agua potable y abundante, mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, educación, vías y medios de transporte, medios de comunicación, seguridad, y acceso ágil y eficiente a la justicia.

¿Quien no quisiera vivir y trabajar en un pueblo, en una vereda o en una finca donde pudiera estar tranquilo, con fácil acceso a la salud en sus niveles esenciales? ¿Donde no tuviera que enviar sus hijos a estudiar a la lejana ciudad? ¿En un sitio que tenga agua limpia siempre disponible, con un techo sólido que lo cobije y donde se sienta bien, seguro y protegido por el estado? ¿Quién no quisiera vivir en un lugar que siempre le ofrezca una oportunidad de trabajo honesto y dignificante? ¿Quien no quisiera tener un sitio en nuestras feraces tierras, donde cosechar o producir, y poder sacar lo producido al mercado, rápidamente, para poder obtener el precio justo y para poder obtener lo que requiere para su sustento familiar? ¿A quien no le gustaría estar en un sitio donde sus vecinos son capaces de solucionar los conflictos de forma inteligente y productivamente, construyendo soluciones que a la vez mejoran las relaciones de la comunidad y avalan el tejido social?

Con seguridad la coincidencia en la respuesta es general. Todos quisiéramos tener una oportunidad de vivir así en un sitio parecido a lo que soñamos o a aquel que alguna vez describió Thomas Moro en su libro Utopía. De ahí que esos lugares paradisíacos, con las soluciones efectivas y a la mano se llaman así - utópicos- por que no existen, y lo peor de todo, ese término se ha vuelto sinónimo de irrealizable, de inalcanzable.

Volvemos los ojos a nuestra realidad y nos topamos con la ineficiencia estatal, y todo hay que decirlo, con la falta de compromiso de los ciudadanos y de la clase política con el futuro de su región. Lo que alguna vez llamaron con cierto desprecio “desgreño” se vive aquí en todos los niveles.

Se ve, se nota más en muchas zonas el esfuerzo de la empresa privada que la acción estatal en sus tres niveles, (nacional, departamental y municipal) en toda la región.

No es que no haya acción estatal, sino que la que hay no es suficiente o no está bien dirigida a obtener los resultados que requiere la región urgentemente. Y lo mas importante; debe hacerse explicita la coherencia de todas las acciones en los tres niveles para que las soluciones sean efectivas y rápidas.

Pero también hay que decirlo, aunque suene redundante: es a la ciudadanía a quien le corresponde en muy buena parte aportar para las soluciones. No podemos quedarnos esperando pasivamente que nos caigan las soluciones del cielo.

Lo mejor de todo, la buena noticia, es que el aporte que todos debemos hacer no es económico. Lo que necesitamos aportar es actitud constructiva, es aportar optimismo, es aportar buena voluntad, es aportar acción ciudadana, es contribuir a la construcción de nuestra democracia.

Hagámosle saber al estado que no está solo porque aquí estamos, los chocoanos, los antioqueños y los cordobeses, que somos los ciudadanos de Urabá, la más vibrante mezcla étnica y cultural de América, ubicados en el lugar más estratégico del continente, quienes con nuestra nueva actitud no solamente vamos a exigir soluciones, sino a ejercer el liderazgo y a participar activamente en la construcción de la Colombia en la que merecemos vivir.

¡Soñemos¡ vivamos lo que soñamos, trabajemos para volver nuestro sueño una realidad y construyamos el futuro de Urabá, todos unidos.