Este es el Blog de Urabá hoy, periódico regional del gran Urabá. Temporalmente, por problemas de intolerancia e inseguridad en la región esta suspendida la edición en papel, pero avanzamos hacia la electrónica.
jueves, septiembre 26
TRIGANÁ, UNA JOYA EN EL GOLFO DE URABÁ
viernes, julio 1
LUIS EDUARDO GOMEZ, PERIODISTA CON CRITERIO Y ETICA. PAZ EN SU TUMBA.
Lamentamos este hecho violento que segó la vida de un buen hombre y excelente periodista, quien murió inerme en manos de los sicarios, emisarios que envia la impunidad.
Siempre te recordaremos, quienes integramos este medio, hoy en diaspora forzada debido a la violencia que ahora te alcanzó a ti.
A.J.G.F.
Tomado de semana.com
Periodistas en riesgo
Judicial |2 Jul 2011 - 12:05 am
Crítica situación de seguridad
Terror en Arboletes (Antioquia)
Por: Natalia Herrera Durán
La gente en Arboletes tiene miedo. Los panfletos que sentencian “Muerte a los sapos” están a la vista.
El mismo que en el entierro del veedor José Vicente Botero, de 62 años, asesinado este lunes por sicarios, tomó la palabra para decir que el crimen de Botero fue producto de la alianza criminal que existe entre políticos y paramilitares en la región, el mismo al que silenciaron porque dentro de pocos días iba a testificar en la Fiscalía en contra de algunos políticos que se habrían aliado con el comandante paramilitar alias ‘El Alemán’.
Los pobladores de Arboletes que narran el episodio del entierro creen que esas temerarias palabras fueron la sentencia de muerte de Gómez, porque esos temas están vetados. Por eso los que mencionan el asunto suplican que no se mencionen sus nombres.
Este clima de terror empezó a sentirse con fuerza en el municipio de Arboletes (Antioquia) desde marzo de 2010, cuando las autoridades capturaron al actual alcalde, Gustavo Germán Guerra, junto con 24 políticos más de los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre ellos dos exalcaldes de este municipio. Todos investigados por presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, al mando de ‘El Alemán’.
Desde entonces las amenazas han sido permanentes. Por eso para nadie es casualidad la muerte del veedor José Vicente Botero, quien días antes había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Gustavo Germán Guerra por corrupción y parapolítica.
En cuanto al periodista independiente Luis Eduardo Gómez, asesinado cuando caminaba desprevenido junto a su esposa en el barrio El Deportista, era reconocida su pelea para aclarar el caso de su hijo Juan, asesinado el 13 de agosto de 2009, al parecer por paramilitares, y su lucha en contra de la corrupción de políticos de la región.
Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que aún no se tiene la certeza de que los asesinos de Botero y de Gómez hayan sido paramilitares. Sin embargo, reconoció que el asesinato del periodista Gómez muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad instaurado extraordinariamente no dieron resultados.
Lo cierto es que el terror reina en Arboletes. Por ahora, las autoridades no pueden descartar que los crímenes de Gómez y Botero sean asesinatos que se vienen cometiendo en contra de quienes han sido testigos en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica en esta región. Ya son tres los asesinados en el municipio en 15 días.
Asesinado, en arboletes, el periodista Luis Eduardo Gómez
Hacia las 8 de la noche en una cancha cerca de su vivienda, fue asesinado este periodista de 70 años de edad aproximadamente.
De acuerdo con personas de la comunidad las dos víctimas recibieron amenazas de grupos paramilitares, pero el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que hay grupos armados en la zona de los que no tienen información y no saben qué es realmente lo que ocurre en esa población.
Con información de RCNRadio.com
domingo, mayo 29
A PAGAR LA DEUDA HISTORICA
"Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para ustedes ser congresistas." Con estas contundentes palabras, Juan Manuel Santos radicó el pasado 27 de septiembre la ley de víctimas en el Congreso.
Ocho meses después, la Casa de Nariño logró la aprobación de un marco legislativo que, sin exagerar, merece el apelativo de "histórico". La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Primer Mandatario aspira a sancionar con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cubrirá a unos 4 millones de colombianos cuyos derechos se vulneraron en el conflicto interno.
Debido a la magnitud de su impacto inmediato, la extensión del número de sus beneficiarios y su poderoso simbolismo, la aprobación de este proyecto significa el logro más trascendental del primer año de gobierno de Santos. Un acierto que desborda los límites de la agenda legislativa para influir en la política agraria y fiscal, y se constituye en primer paso del camino hacia un eventual intento de reconciliación y paz.
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Cuatro años le tomó al Congreso, y en especial a un entusiasta promotor, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la discusión de un cuerpo normativo para reparar a los colombianos que habían sufrido daños a causa de la guerra. Ese accidentado trámite, que incluyó un dramático hundimiento de último minuto por cuenta de la coalición uribista, encontró en el gobierno Santos el aliado con el músculo suficiente para convertir el proyecto en realidad.
En los debates parlamentarios surgieron controversias que conforman un microcosmos de las diferentes interpretaciones ideológicas sobre el origen, la dinámica y el futuro de la violencia nacional.
Al bloque de origen liberal que impulsó una versión amplia del marco de reparación y restitución se contrapusieron las preocupaciones fiscales y conceptuales de los uribistas 'radicales', incluyendo su rechazo al reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia.
En los últimos ocho meses se adicionó un componente vital, que multiplica la capacidad reparadora de la ley: la restitución de tierras. Con esta inclusión, aquella aborda sin aspavientos uno de los motores del conflicto armado en Colombia: el sistemático despojo y abandono de unos seis millones de hectáreas. Como lo afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Barrancabermeja, con ocasión del lanzamiento del Premio Nacional de Paz 2011, "la paz duradera pasa por la búsqueda de soluciones modernas y audaces a los conflictos agrarios del país".
La norma, que espera la conciliación para pasar a la firma presidencial, contiene una serie de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para que los desplazados puedan reclamar, en cuestión de meses y no de años, sus predios perdidos. Asimismo, diseña una nueva institucionalidad desde la Presidencia de la República para comandar el ambicioso proceso de reparación.
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Por más complicado que haya sido el tránsito en el Legislativo, es justo decir que no se comparará con el inmenso desafío de su ejecución. Un primer reto está en el manejo de las grandes expectativas que la ley ha generado. Le corresponde al Gobierno proveer a los potenciales beneficiarios, que se calculan en millones, de montos, procedimientos y tiempos claros para la entrada en operación de las restituciones e indemnizaciones. Confusiones, falsas ilusiones y desorden administrativo son la antesala de la frustración colectiva.
El proceso de reglamentación, por ende, no solo debe realizarse de manera transparente, sino también con celeridad.
Incertidumbres que quedaron en el aire tras los debates, como el impacto fiscal de las reparaciones, deben ser resueltas rápidamente por la Casa de Nariño.
Dentro de las primeras tareas también se incluye la integración de las nuevas unidades administrativas, así como el fortalecimiento de las jurisdicciones agrarias, a cargo de tramitar las reclamaciones.
Otro factor de riesgo en la aplicación de esta legislación está en el uso proselitista de las víctimas en las elecciones regionales de octubre próximo. Las autoridades de vigilancia electoral y las organizaciones de observación necesitan prestar especial atención a las zonas donde los despojos fueron más extendidos.
Al mismo tiempo, la recién lanzada Política Integral de Seguridad deberá incluir en sus estrategias de protección a las asociaciones de víctimas y demás reclamantes de predios. Como ya ha sucedido, la violencia contra los líderes campesinos puede echar por la borda la legitimidad de este titánico esfuerzo institucional.
El presidente Santos tenía claro desde septiembre que no bastaba con pasar un articulado. Una implementación exitosa de la Ley de Víctimas no solo cimentará su legado como mandatario, sino que desatará una transformación en nuestro rasgado tejido social.
El regreso de cientos de miles de familias al campo y la posibilidad de reparar inmensos daños a otras tantas tendrán un impacto positivo que hoy es aún difícil de calcular. El pago de la deuda apenas comienza.
Urabá pacta para la reconciliación
La región de Urabá le apuesta su futuro a un pacto social que concilie el progreso económico y la justicia social, en el que empresarios, sindicatos, trabajadores y hasta un sector de las víctimas de la violencia se comprometieron a trabajar unidos y con ánimo de reconciliación.
Ese es el acuerdo que quedó pactado en el papel al finalizar ayer el Foro Social por la Reconciliación de Urabá, que reunió entre jueves y viernes en Turbo y Apartadó a organizaciones sociales, sindicatos, gremios y autoridades de la región.
Este acuerdo, así como sus propuestas de solución a los problemas económicos y sociales como el mal estado de las vías, déficit de vivienda, falta de agua potable y los conflictos del Urabá antioqueño, como el surgido por la posesión de tierra (que reclaman los desplazados), serán presentados al Gobierno Nacional para orientar los proyectos en la zona.
Para concretar en la realidad las declaraciones de buena voluntad que se escucharon en el foro se propuso replicar la experiencia que permitió la firma de un acuerdo convencional entre el sector empresarial bananero y sus 18.000 trabajadores, sin huelgas y sin conflictos, por primera vez en mucho tiempo.
Así lo destacó Guillermo Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro: "los trabajadores y las empresas demostramos hace 20 días que se puede conciliar las diferencias con inteligencia y sin conflictos. Sacamos adelante en pocos días una convención que mejora garantías laborales, con incremento de salarios, cuando en el pasado la negociación era conflictiva y con semanas de huelgas y violencia".
Esta experiencia, agregó Rivera, puede servir para solucionar otros problemas como el de la posesión de las tierras, que reclaman los desplazados y que, según sus denuncias, terminaron concentradas en manos de empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos. "No queremos más violencia en Urabá, reconociendo que hubo despojo , pero con diálogo y concertación podemos resolver estos problemas".
Así también lo cree Elcy Rocío Galván, de la asociación de víctimas desplazadas de la vereda Tulapas, en Turbo. "Queremos que nos restituyan nuestras tierras, somos unas 150 familias desplazadas, pero no queremos entrar en más conflictos con los poseedores, sino dialogar para conseguir la reparación, porque muchos no deseamos retornar".
También se expuso como ejemplo de reconciliación el trabajo y el liderazgo de desmovilizados del Epl para sacar adelante proyectos como una urbanización que se construye en el sector de La Chinita, en Apartadó, para víctimas de la violencia y algunos desmovilizados.
Una de las preocupaciones expuestas en el evento fue el modelo de restitución de tierras contenido en el proyecto de ley de víctimas.
"Se estigmatiza al empresariado y se desconoce la trayectoria gremial y económica cuando se acusa sin distingo del despojo de tierras y vínculos con ilegales sin comprobar y exigiendo demostrar la propiedad de la tierra y los negocios", aseguró Adolfo León Zapata, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá.
» Contexto
Nuevos proyectos
Roberto Hoyos, presidente de Augura, destacó los nuevos proyectos agropecuarios como la producción de piña de exportación; de la que ya hay sembradas unas 100 hectáreas en Chigorodó, estudios sobre caña de azúcar para biocombustibles, además de la siembra de yuca, cacao y el repunte de la ganadería. "Pero necesitamos mejores vías como una doble calzada en la zona bananera, un gran puerto y a eso le apuntamos y unidos se lo decimos al Gobierno", aseguró Hoyos.