lunes, agosto 1
jueves, julio 21
CONDENADO A MUERTE, ES DEFENDIDO POR UNA DE SUS VICTIMAS.
TOMADO DE SEMANA.COM
En los nueve años que ha pasado esperando el cumplimiento de su condena a muerte en Texas, Mark Stroman dice que ha visto a 208 personas pasar junto a él, camino a ser ejecutados.
Este miércoles le toca el turno a él, pero un hombre al que Stroman le disparó en la cara y dejó tuerto está luchando para salvarlo.
En los días posteriores al 11 de septiembre de 2001, Stroman atacó a tres personas, matando a dos de ellos.
Apuntaba a cualquiera que a él le pareciese un "árabe", calificando sus acciones como una venganza por los ataques del 11-S.
"Lo que Mark Stroman hizo fue un crimen de odio y los crímenes de odio provienen de la ignorancia", dijo Rais Bhuiyan, de 37 años, el único hombre que sobrevivió a los disparos.
"Su ejecución no va a erradicar los crímenes de odio de este mundo, simplemente nos limitaremos a perder otra vida humana."
Este miércoles le toca el turno a él, pero un hombre al que Stroman le disparó en la cara y dejó tuerto está luchando para salvarlo.
En los días posteriores al 11 de septiembre de 2001, Stroman atacó a tres personas, matando a dos de ellos.
Apuntaba a cualquiera que a él le pareciese un "árabe", calificando sus acciones como una venganza por los ataques del 11-S.
"Lo que Mark Stroman hizo fue un crimen de odio y los crímenes de odio provienen de la ignorancia", dijo Rais Bhuiyan, de 37 años, el único hombre que sobrevivió a los disparos.
"Su ejecución no va a erradicar los crímenes de odio de este mundo, simplemente nos limitaremos a perder otra vida humana."
"Un idiota sin educación"
Era un viernes a la hora del almuerzo, cuando un hombre armado entró a una gasolinera y apuntó con una escopeta de dos cañones a Rais.
Le habían robado antes y sabía qué hacer. Él ofreció el dinero de la caja registradora, pero eso no parecía ser lo que Mark Stroman buscaba. "Él me preguntó: ¿de dónde eres? y eso es una pregunta extraña para hacer durante un robo. Tan pronto como le dije ¿Perdón?, escuché una explosión y sentí la sensación de un millón de abejas picando mi cara".
Rais Bhuyian, un ciudadano estadounidense nacido en Bangladesh, se hizo el muerto hasta que su atacante huyó.
Bhuyian necesitó muchas operaciones, ha perdido la visión en su ojo derecho y todavía tiene perdigones de escopeta en la cara, pero ahora es parte de una vigorosa campaña para evitar que su agresor sea ejecutado.
Mark Stroman mató a dos hombres de una manera similar - Vasudev Patel, un inmigrante indio de religión hindú, y Waqar Hasan, un musulmán nacido en Pakistán. Fueron baleados mientras estaban detrás de un mostrador.
"Yo era un idiota ignorante en ese entonces y ahora soy un ser humano que entiende mejor las cosas", dijo Stroman a través del auricular del teléfono, detrás de un grueso panel de vidrio en la sala de visitas del pabellón de los condenados a muerte en la Unidad Polunsky, de Livingston, Texas.
Entrevista final
Mi reunión con Stroman tuvo lugar una semana antes de la fecha asignada para el cumplimiento de su sentencia de muerte y fue su última oportunidad de hablar públicamente sobre lo que hizo, por qué lo hizo y lo que piensa acerca del hombre al que le disparó, el mismo que ahora estaba luchando por su salvar vida.
"En ese tiempo aquí en Estados Unidos todo el mundo decía 'vamos por ellos'- pero no sabíamos por quién debíamos ir, apenas estábamos aplicando los estereotipos. Yo consideraba a todos los musulmanes como terroristas y en eso estaba equivocado".
Stroman tiene la cabeza rapada y el cuerpo lleno de tatuajes. Puso una pequeña bandera estadounidense en el mostrador detrás del cristal en el momento en que la cámara empezó a rodar para la entrevista. A los 41 años, ha perdido parte de la musculatura que tenía cuando apareció en la corte, hace nueve años, cuando levantó con orgullo una bandera de Estados Unidos ante las cámaras.
"Tuve una mala educación y agarré algunas ideas ignorantes, ya sabes, y el odio es pura ignorancia…", dijo.
"No importa lo que haga o diga, nada va a cambiar el hecho de que incluso usted va a ver a los musulmanes como sospechosos", me dijo.
"Si usted se sube al avión y ubica a uno, es posible que no quiera hacerlo, pero usted va a terminar vigilando a esa persona. Vivimos en una época diferente ahora, pero no está bien encasillarlos en estereotipos y soy el primero en admitir que yo hice eso".
Ofreciendo el perdón
Rais Bhuyian es musulmán y en lo que él temía era su lecho de muerte, prometió a Alá que haría una peregrinación a La Meca. Ahí pensó más profundamente acerca de lo que había sucedido y lo que él quería hacer.
"Esta campaña tiene que ver con la pasión, el perdón, la tolerancia y la curación. No debemos quedarnos en el pasado, tenemos que seguir adelante", dijo.
"Si yo puedo perdonar a mi agresor que trató de quitarme la vida, todos podemos trabajar juntos para perdonarnos unos a otros y seguir adelante y tomar una nueva narrativa en el 10º aniversario del 11 de septiembre".
Él había estado en contacto con Stroman, a quien le gustaría ver como "un portavoz, un educador, enseñando a un montón de gente tan ignorante como él lo que está mal".
Stroman dice que él mismo se ha hecho la pregunta una y mil veces. ¿Sería capaz de perdonar al hombre que le disparó en la cara? Él dijo que lo encontraría muy difícil.
"Traté de matar a este hombre y este hombre está tratando de salvar mi vida. Este hombre me inspira".
"Aquí está, el atacante y el atacado. El odio tiene que parar. Un segundo de odio causará toda una vida de miseria".
En paz
Es muy poco probable que el gobernador de Texas suspenda la ejecución - el estado es conocido por su uso cotidiano de la pena de muerte - pero Stroman parece resignado a ello.
"Para ser honesto, mientras más me acerco a la muerte más en paz estoy", dijo.
El deseo de Rais Bhuiyan por perdonar y por detener esta ejecución es un pequeño paso hacia la integración de las comunidades.
"Él hizo lo que hizo, pero ahora es una persona diferente y puede hablar con la gente - los que son tan ignorantes como él - así que hay una posibilidad de que podamos vivir en una sociedad mejor. La ejecución no es una solución en este caso".
Stroman enfrenta la ejecución por inyección letal el miércoles 20 de julio a las 18:00 hora de Texas (00:00 GMT del jueves).
Rais Bhuyian, un ciudadano estadounidense nacido en Bangladesh, se hizo el muerto hasta que su atacante huyó.
Bhuyian necesitó muchas operaciones, ha perdido la visión en su ojo derecho y todavía tiene perdigones de escopeta en la cara, pero ahora es parte de una vigorosa campaña para evitar que su agresor sea ejecutado.
Mark Stroman mató a dos hombres de una manera similar - Vasudev Patel, un inmigrante indio de religión hindú, y Waqar Hasan, un musulmán nacido en Pakistán. Fueron baleados mientras estaban detrás de un mostrador.
"Yo era un idiota ignorante en ese entonces y ahora soy un ser humano que entiende mejor las cosas", dijo Stroman a través del auricular del teléfono, detrás de un grueso panel de vidrio en la sala de visitas del pabellón de los condenados a muerte en la Unidad Polunsky, de Livingston, Texas.
Entrevista final
Mi reunión con Stroman tuvo lugar una semana antes de la fecha asignada para el cumplimiento de su sentencia de muerte y fue su última oportunidad de hablar públicamente sobre lo que hizo, por qué lo hizo y lo que piensa acerca del hombre al que le disparó, el mismo que ahora estaba luchando por su salvar vida.
"En ese tiempo aquí en Estados Unidos todo el mundo decía 'vamos por ellos'- pero no sabíamos por quién debíamos ir, apenas estábamos aplicando los estereotipos. Yo consideraba a todos los musulmanes como terroristas y en eso estaba equivocado".
Stroman tiene la cabeza rapada y el cuerpo lleno de tatuajes. Puso una pequeña bandera estadounidense en el mostrador detrás del cristal en el momento en que la cámara empezó a rodar para la entrevista. A los 41 años, ha perdido parte de la musculatura que tenía cuando apareció en la corte, hace nueve años, cuando levantó con orgullo una bandera de Estados Unidos ante las cámaras.
"Tuve una mala educación y agarré algunas ideas ignorantes, ya sabes, y el odio es pura ignorancia…", dijo.
"No importa lo que haga o diga, nada va a cambiar el hecho de que incluso usted va a ver a los musulmanes como sospechosos", me dijo.
"Si usted se sube al avión y ubica a uno, es posible que no quiera hacerlo, pero usted va a terminar vigilando a esa persona. Vivimos en una época diferente ahora, pero no está bien encasillarlos en estereotipos y soy el primero en admitir que yo hice eso".
Ofreciendo el perdón
Rais Bhuyian es musulmán y en lo que él temía era su lecho de muerte, prometió a Alá que haría una peregrinación a La Meca. Ahí pensó más profundamente acerca de lo que había sucedido y lo que él quería hacer.
"Esta campaña tiene que ver con la pasión, el perdón, la tolerancia y la curación. No debemos quedarnos en el pasado, tenemos que seguir adelante", dijo.
"Si yo puedo perdonar a mi agresor que trató de quitarme la vida, todos podemos trabajar juntos para perdonarnos unos a otros y seguir adelante y tomar una nueva narrativa en el 10º aniversario del 11 de septiembre".
Él había estado en contacto con Stroman, a quien le gustaría ver como "un portavoz, un educador, enseñando a un montón de gente tan ignorante como él lo que está mal".
Stroman dice que él mismo se ha hecho la pregunta una y mil veces. ¿Sería capaz de perdonar al hombre que le disparó en la cara? Él dijo que lo encontraría muy difícil.
"Traté de matar a este hombre y este hombre está tratando de salvar mi vida. Este hombre me inspira".
"Aquí está, el atacante y el atacado. El odio tiene que parar. Un segundo de odio causará toda una vida de miseria".
En paz
Es muy poco probable que el gobernador de Texas suspenda la ejecución - el estado es conocido por su uso cotidiano de la pena de muerte - pero Stroman parece resignado a ello.
"Para ser honesto, mientras más me acerco a la muerte más en paz estoy", dijo.
El deseo de Rais Bhuiyan por perdonar y por detener esta ejecución es un pequeño paso hacia la integración de las comunidades.
"Él hizo lo que hizo, pero ahora es una persona diferente y puede hablar con la gente - los que son tan ignorantes como él - así que hay una posibilidad de que podamos vivir en una sociedad mejor. La ejecución no es una solución en este caso".
Stroman enfrenta la ejecución por inyección letal el miércoles 20 de julio a las 18:00 hora de Texas (00:00 GMT del jueves).
domingo, julio 17
Nadaísmo, 50 años de un sacrilegio
Se cumplen 50 años de la entrada en "sociedad" de Gonzalo Arango y sus nadaístas. Lo hicieron con una herejía. El escándalo fue general y el grupo se llenó de fieles de la nada.
Nadaísmo, 50 años de un sacrilegio
José Guillermo Palacio el colombiano.com | Medellín | Publicado el 17 de julio de 2011
En sus comienzos, la vida para los nadaístas era apenas una ilusión y Gonzalo Arango su profeta. En esa orilla de sus sueños el movimiento tuvo personería con el Manifiesto Nadaísta, que convocaba a los jóvenes a la haraganería. Falto de publicidad, precisaba de un acto, casi sagrado, que lo potenciara social e históricamente y nada más perfecto para salir del anonimato que ser protagonista de un sacrilegio en una sociedad católica, apostólica y romana.
La historia labra los caminos y cada hombre escoge el suyo. A la medianoche del sábado 9 de julio de 1961 (se cumplen 50 años del escándalo que sacudió a la ciudad) creyentes y profanos acudieron a un mismo acto a la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín.
Los católicos, representados por lo más selecto de la sociedad, ocuparon puestos de honor en la nave central de la Catedral para clausurar la Gran Misión, que congregó a Antioquia toda.
Fueron 30 días de oraciones, penitencias, ayunos, recogimientos, sacrificios, misas campales, vía crucis, rosarios de aurora y horas santas.
El máximo exponente de la Gran Misión fue el Nuncio de su Santidad, el excelentísimo señor José Paupini, quien en los actos masivos, impresionado por el fervor paisa, gritaba vivas al Papa y cantaba algo que se sabía del Himno Antioqueño. La multitud impresionada respondía con vivas al cielo, a Dios y a sus representantes.
En la Catedral, camuflados entre los creyentes, los confabuladores nadaístas acechaban y armaban su trama. Como judas, sabían que tenían el camino marcado, recibieron la hostia en sus labios y luego cometieron la infamia: la escupieron, la cogieron con sus manos sucias, la guardaron en sus bolsillos para actos peores y uno de ellos la pisó.
El horror en el templo fue general. Los cristianos respondieron airados y en plena Catedral no faltaron las navajas y el filo amenazante de los cuchillos de cocina. Los nadaístas tenían sellado el fin de sus días aquella noche, pero Dios fue grande con ellos.
Monseñor Tulio Botero, arzobispo de Medellín, les arrebató a la turba a dos de ellos cuando estaba a punto de lincharlos; la Policía, que también fue golpeada, salvó a dos más del sacrificio en pleno templo. Al quinto lo salvó Dios en persona y hasta hoy no se sabe cómo salió vivo.
El nadaísmo que no tenía principio ni fin, la nada ni empieza ni acaba, por fin logró el reconocimiento social que necesitaba. Sus discípulos y seguidores se multiplicaron con delegaciones de lo más "réprobo" de la sociedad.
Los más convencidos creyeron el cuento sin digerirlo y se suicidaron, pues en este mundo no había nada qué hacer, distinto a fornicar en burdeles, debajo de las lámparas del alumbrado público y en los cementerios para no dejar en paz a las almas; esperar el fin del mundo, consumir naturaleza alucinante, quemar libros, beber trago mezclado para desafiar resacas de miedo y practicar la filosofía del vivo para vivir de los demás.
El profeta Gonzalo se sumergió en un mundo entre la santidad y la locura; mostrando una rosada ola de maldad que no tenía; moviéndose sin ninguna dirección para huir de sí mismo, conspirando a favor del hampa, invocando el regreso de Atila, Nerón, Judas y todos los asesinos de la historia y desafiando a rusos y americanos para que dejaran su cobardía y tiraran la bomba atómica.
En esas y muchas otras andaba el poeta de Andes cuando, en un cruce de destinos, encontró a una mujer con sus brazos cargados de palomas de amor blanco. Sin escrúpulo abandonó la lectura, a los nadaístas y dejó al mismísimo nadaísmo tirado en la mitad de la nada. Se dedicó a ser lo que siempre soñó: un amante del amor, de las enseñanzas de Cristo y a pastorear el mundo con su amada Angelita.
Muy enamorado andaba cuando lo sorprendió la muerte como nació y vivió: atropellado.
El suceso ocurrió en 1976. El poeta viajaba a Bogotá como pasajero de un viejo taxi. El choque fue de frente y contra las latas de un vetusto camión.
Medio país descansó con su deceso, mientras cientos de seguidores quemaron incienso y mirra; practicaron el sexo y fumaron la pipa extraña para tributarle su adiós.
En una sociedad donde lo único que ni la justicia ni nadie cree es la verdad, sus seguidores glorificaron su muerte. Quisieron llevarlo hasta la cruz para elevarlo a la categoría de redentor, pero sus discípulos ateos consideraron que no daba para tanto y, en una decisión final, los pablos convencieron a los judas y lo elevaron a mito del automovilismo.
Como el accidente fue cerca al autódromo de Tocancipá, se patentó que Gonzalo había muerto en una carrera automovilística cuando su bólido, a una velocidad jamás alcanzada, se salió del circuito y quedó anclado en la vía láctea.
Por los hechos de la Catedral, toda la responsabilidad cayó sobre Gonzalo, pero él siempre lo negó y dijo que jamás autorizó el sacrilegio. Uno tras otro, sus discípulos fueron muriendo en el olvido social. Del único que hay certificado de defunción real, muerto como nadaísta, fue Darío Lemús.
Murió en manos de un chamán en Bello, quien le creyó que toda su historia pasada fue real y lo alimentó hasta el último segundo. Lemus llegó al cementerio sin una pierna que se le gangrenó. Dicen que él contaba que el mal empezó la medianoche que pisó la hostia.
A otros nadaístas los graduaron de poetas y profesores universitarios, otro con gran reconocimiento social cambió de mundo y de trinchera y se convirtió al uribismo.
Hoy seguramente ni la Iglesia recuerda aquel sacrilegio que sacudió a Medellín hace 50 años. Gonzalo Arango descansa en paz.
La historia labra los caminos y cada hombre escoge el suyo. A la medianoche del sábado 9 de julio de 1961 (se cumplen 50 años del escándalo que sacudió a la ciudad) creyentes y profanos acudieron a un mismo acto a la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín.
Los católicos, representados por lo más selecto de la sociedad, ocuparon puestos de honor en la nave central de la Catedral para clausurar la Gran Misión, que congregó a Antioquia toda.
Fueron 30 días de oraciones, penitencias, ayunos, recogimientos, sacrificios, misas campales, vía crucis, rosarios de aurora y horas santas.
El máximo exponente de la Gran Misión fue el Nuncio de su Santidad, el excelentísimo señor José Paupini, quien en los actos masivos, impresionado por el fervor paisa, gritaba vivas al Papa y cantaba algo que se sabía del Himno Antioqueño. La multitud impresionada respondía con vivas al cielo, a Dios y a sus representantes.
En la Catedral, camuflados entre los creyentes, los confabuladores nadaístas acechaban y armaban su trama. Como judas, sabían que tenían el camino marcado, recibieron la hostia en sus labios y luego cometieron la infamia: la escupieron, la cogieron con sus manos sucias, la guardaron en sus bolsillos para actos peores y uno de ellos la pisó.
El horror en el templo fue general. Los cristianos respondieron airados y en plena Catedral no faltaron las navajas y el filo amenazante de los cuchillos de cocina. Los nadaístas tenían sellado el fin de sus días aquella noche, pero Dios fue grande con ellos.
Monseñor Tulio Botero, arzobispo de Medellín, les arrebató a la turba a dos de ellos cuando estaba a punto de lincharlos; la Policía, que también fue golpeada, salvó a dos más del sacrificio en pleno templo. Al quinto lo salvó Dios en persona y hasta hoy no se sabe cómo salió vivo.
El nadaísmo que no tenía principio ni fin, la nada ni empieza ni acaba, por fin logró el reconocimiento social que necesitaba. Sus discípulos y seguidores se multiplicaron con delegaciones de lo más "réprobo" de la sociedad.
Los más convencidos creyeron el cuento sin digerirlo y se suicidaron, pues en este mundo no había nada qué hacer, distinto a fornicar en burdeles, debajo de las lámparas del alumbrado público y en los cementerios para no dejar en paz a las almas; esperar el fin del mundo, consumir naturaleza alucinante, quemar libros, beber trago mezclado para desafiar resacas de miedo y practicar la filosofía del vivo para vivir de los demás.
El profeta Gonzalo se sumergió en un mundo entre la santidad y la locura; mostrando una rosada ola de maldad que no tenía; moviéndose sin ninguna dirección para huir de sí mismo, conspirando a favor del hampa, invocando el regreso de Atila, Nerón, Judas y todos los asesinos de la historia y desafiando a rusos y americanos para que dejaran su cobardía y tiraran la bomba atómica.
En esas y muchas otras andaba el poeta de Andes cuando, en un cruce de destinos, encontró a una mujer con sus brazos cargados de palomas de amor blanco. Sin escrúpulo abandonó la lectura, a los nadaístas y dejó al mismísimo nadaísmo tirado en la mitad de la nada. Se dedicó a ser lo que siempre soñó: un amante del amor, de las enseñanzas de Cristo y a pastorear el mundo con su amada Angelita.
Muy enamorado andaba cuando lo sorprendió la muerte como nació y vivió: atropellado.
El suceso ocurrió en 1976. El poeta viajaba a Bogotá como pasajero de un viejo taxi. El choque fue de frente y contra las latas de un vetusto camión.
Medio país descansó con su deceso, mientras cientos de seguidores quemaron incienso y mirra; practicaron el sexo y fumaron la pipa extraña para tributarle su adiós.
En una sociedad donde lo único que ni la justicia ni nadie cree es la verdad, sus seguidores glorificaron su muerte. Quisieron llevarlo hasta la cruz para elevarlo a la categoría de redentor, pero sus discípulos ateos consideraron que no daba para tanto y, en una decisión final, los pablos convencieron a los judas y lo elevaron a mito del automovilismo.
Como el accidente fue cerca al autódromo de Tocancipá, se patentó que Gonzalo había muerto en una carrera automovilística cuando su bólido, a una velocidad jamás alcanzada, se salió del circuito y quedó anclado en la vía láctea.
Por los hechos de la Catedral, toda la responsabilidad cayó sobre Gonzalo, pero él siempre lo negó y dijo que jamás autorizó el sacrilegio. Uno tras otro, sus discípulos fueron muriendo en el olvido social. Del único que hay certificado de defunción real, muerto como nadaísta, fue Darío Lemús.
Murió en manos de un chamán en Bello, quien le creyó que toda su historia pasada fue real y lo alimentó hasta el último segundo. Lemus llegó al cementerio sin una pierna que se le gangrenó. Dicen que él contaba que el mal empezó la medianoche que pisó la hostia.
A otros nadaístas los graduaron de poetas y profesores universitarios, otro con gran reconocimiento social cambió de mundo y de trinchera y se convirtió al uribismo.
Hoy seguramente ni la Iglesia recuerda aquel sacrilegio que sacudió a Medellín hace 50 años. Gonzalo Arango descansa en paz.
jueves, julio 14
DE CORRUPTOS A CORROMPIDOS
NOTA DEL EDITOR de URABAHOY: Convencidos como estamos que el mayor problema de nuestro pais es la CORRUPCIÓN, transcribimos a continuación un articulo de Semana.com que da cuenta de esto.
Ya lo veiamos venir, desde los editoriales del periodico URABAHOY, lo anunciabamos y lo preveiamos, pero el pais estaba ensimismado en medio del "embrujo autoritario" que tenía unos costos que pagar y era, entre otros, el permitir la exponenciación de el fenómeno de la corrupción, con el manido argumento de que "todo vale" y la gente guardaba silencio y lo asumia como el costo necesario de la "seguridad democrática". Consideraba mejor un gobierno de mano dura asi se tuviera que tragar "sapos" del tamaño de los que se han evidenciado a menos de un año de su finalización. Lo cierto del caso es que en Colombia hasta la corrupción se corrompe y los corruptos se corrompen hata tal punto que ya no son corruptos sino corrompidos.
Queda la inquietud de si a este problema se le va a aplicar la "formula" de reducirlo a un problema de Percepción, que es finalmente en lo que se fundamenta el Estado de opinión.
ANÁLISISCon el escándalo de la DIAN ya son más de 30 los grandes casos de corrupción y de robo a los recursos públicos desde 1998. ¿Cuántos más faltan? ¿Por qué la corrupción se tomó el país?
Cinco razones por las que la corrupción no para de crecer
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Jueves 14 Julio 2011
La cuenta del número de escándalos de corrupción sigue creciendo. Hoy está de moda hablar de ‘carruseles’, ‘pulpos’, ‘carteles’, ‘mafias’, ‘venas rotas’ y ‘ollas podridas’. El de la salud, el de las pensiones, el del polémico programa Agro Ingreso Seguro, por solo nombrar algunos, cada caso es más grave que el anterior. Ahora el turno es para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El presidente Juan Manuel Santos confirmó este jueves el hallazgo de falsas devoluciones del IVA por exportaciones ficticias que se reclamaron con facturas falsas y con la complicidad de funcionarios y exfuncionarios de la dirección de impuestos. El desfalco a los recursos del Estado alcanzaría el billón de pesos.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó este jueves el hallazgo de falsas devoluciones del IVA por exportaciones ficticias que se reclamaron con facturas falsas y con la complicidad de funcionarios y exfuncionarios de la dirección de impuestos. El desfalco a los recursos del Estado alcanzaría el billón de pesos.
Pocos se atreven a decir cuánto pierde el país por corrupción, más cuando nuevas ‘ollas podridas’ comienzan a destaparse. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su defensa del proyecto del Estatuto Anticorrupción que ya fue sancionado por el presidente, estimaba que las pérdidas alcanzaban los 6 billones de pesos. Sin embargo, es la punta del iceberg.
Sólo en el desfalco por recobros en el sector de la salud, el presidente Juan Manuel Santos habló de 300.000 millones de pesos, pero advirtió que serían “billones” los saqueados al Estado. Falta ver cuántos recursos más se han perdido por los 116 puntos de alto riesgo de fuga que tiene detectados la Contraloría. Las cifras son sorprendentes y vergonzosas.
Para entender el impacto social que tiene el robo de los recursos públicos, basta mirar los resultados de una encuesta que la Universidad Externado realizó a 530 empresarios, quienes admitieron que, en promedio, el 13 por ciento del valor de un contrato se destina al soborno o las ‘mordidas’, un equivalente a 3,9 billones de pesos.
Según Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, con ese dinero se podrían construir 2.000 alcantarillados o 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarles la universidad a 80.000 jóvenes (a 5’000.000 el semestre) o construir 200.000 viviendas de interés social.
Para el presidente Juan Manuel Santos, ese billón de pesos que está en el bolsillo de los corruptos por devoluciones ilegales del IVA es construir “un transmilenio al año”.
Pero son varias las razones para que la corrupción sea el pan de cada día en Colombia y en todos los niveles: desde la casa, hasta las más altas instancias de un país. Todos los expertos advierten que la corrupción es más sofisticada y que va unos pasos adelante a la capacidad de previsión y de reacción de los entes de control.
Es un negocio rentable. Para Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, los recientes casos de corrupción demuestran la “perversa red de delitos entre el sector público y privado. Son un triste ejemplo de que es corresponsabilidad de todos”, asegura Elizabeth Úngar.
¿Por qué hay corrupción?
Son varios los factores que alimentan la corrupción. Y en todos ellos hay un elemento común: la tendencia de buen número de colombianos para aceptar, inculcar y ayudar a perpetuar la cultura del vivo.
- Instituciones débiles
Marcela Restrepo, socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, explica que los individuos, por naturaleza, compiten para satisfacer intereses, como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y es en este escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave, porque son las encargadas de regular que ese comportamiento humano no pase los límites.
En este punto se ha fallado. “En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos (como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) siguen siendo débiles. Es complejo: en un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue, es un círculo perverso”.
Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse, y en todos los niveles. Para mencionar algunos, están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de la Contraloría y de los ministerios de Agricultura y de la Protección Social.
Hay cifras que demuestran la debilidad en las instituciones. La Fiscalía tiene 700 investigaciones, sólo por temas relacionados por salud, 157 de ellas por delitos cometidos desde la administración pública.
Y aquí también entra la reflexión para las escuelas, colegios y universidades. ¿Qué tanto contribuyen a que la cultura del atajo, del todo vale, siga pasando de generación en generación?
- Se acepta y no se denuncia
Pero además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es para la sociedad, que convive con la corrupción. “Se acepta cuando busco y soborno al concejal o al funcionario para tener un subsidio o un favor. La aceptamos y la encubrimos”, agrega Restrepo.
Es tan aceptada, que en la reciente encuesta que Transparencia por Colombia les realizó a 611 empresarios, el 61 por ciento de ellos admitió que los sobornos ayudaban a agilizar los procesos para contratar con el Estado, y no pagarlos implicaba perder el negocio. Además, justificaron este comportamiento en que “la competencia paga sobornos”.
Las bajas penas, los vacíos de las leyes y la dispersión de la mismas (que el Estatuto Anticorrupción intentó agrupar) y las pocas y bajas condenas a los corruptos de cuello blanco no solo desestimulan la denuncia, como lo reconoció la fiscal General, Vivian Morales, sino que alimenta la cultura de la corrupción.
“Se cree que si los demás cometen actos de corrupción y sacan beneficio, por qué yo no puedo hacerlo. Es un problema que viene de cuna, pero también de un aparato de justicia que no funciona, de un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito, sino por ser vivo y porque se denuncia y no pasa nada. Mientras no se combata la impunidad, mientras la corrupción no sea efectiva, oportuna y eficazmente sancionada, va a ser difícil combatirla”, asegura Elizabeth Úngar.
- Falta de protección a testigos
El miedo y el estigma hacia quien denuncia es un punto a favor de los corruptos. “Los funcionarios no denuncian porque piensan que no va a pasar nada, también porque les da miedo a perder el puesto y al desprestigio, porque una forma de hacer quedar mal al denunciante es desprestigiándolo. También, por el miedo a poner en riesgo su vida”, recalca Úngar.
La protección de testigos y denunciantes en el país está avanzando en temas relacionados con el conflicto armado, pero no ocurre con quienes denuncian casos de corrupción. “La protección de testigos es un tema grueso –afirma Marcela Restrepo–. La OEA diseña el marco de protección a testigos, porque nadie denuncia si no tiene mecanismos de protección. En Colombia eso no está claro”.
Ejemplos sobran. Está el atentado, con puñal, contra la funcionaria de la DIAN que denunció el desfalco, una situación que contó el mismo presidente Santos este jueves. También están las amenazas contra la trabajadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes que contó las irregularidades en la entrega de bienes incautados a la mafia o las amenazas contra el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez, involucrado en el caso del carrusel de la contratación y quien intenta negociar con la Fiscalía.
No se pueden dejar atrás los líderes asesinados por denunciar corrupción en la reclamación de tierras. Ya van 39 en el último año.
- Falta de educación
La denuncia es vital para luchar contra la corrupción, pero uno de los graves problemas es que, para los expertos, el país no tiene un canal claro para denunciar. Al ciudadano le cuesta saber dónde puede denunciar e identificar si determinado delito es competencia de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía.
La corrupción también evoluciona y tanto para los entes de control, como para el ciudadano de a pie, es cada vez más difícil identificar un hecho ilegal que ponga en riesgo los recursos públicos.
En este sentido, para el exzar de anticorrupción, Óscar Ortiz, un reto del Estado es lograr que la ciudadanía aprenda a identificar los delitos y, además, se capaciten a los funcionarios de los entes de control encargados de hacer las investigaciones.
Para el procurador delegado de entes territoriales, Carlos Augusto Mesa, es importante no detectar el delito cuando se ha cometido, sino aprender a identificar los riesgos, antes de que ocurra y se pierdan los recursos. Para él, los corruptos conocen muy bien las leyes, saben blindarse y saben actuar para que la comisión de estos delitos pase por “correcta” ante la ley.
Según la Procuraduría, “las asociaciones criminales orientadas a la corrupción se caracterizan por su elevada complejidad organizativa, que adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta, con flujos de sus recursos complejos y altamente especializados”.
- Falta de información
Es otra deficiencia. En el análisis de riesgo de corrupción que emitió Transparencia por Colombia hizo una alerta sobre la falta de transparencia en la contratación pública y advirtió que las entidades del Estado no cumplen con su obligación de hacer públicos todos los procesos de contratación que realizan.
Solo el 0,5 por ciento de las 158 entidades estatales usó la licitación pública para adjudicar contratos, un indicador “bajo, alarmante y preocupante”, según Restrepo. Lo que pone en duda sobre qué tan transparentes son los contratos que el Estado adjudica.
Las instituciones también están en deuda con la divulgación de su información para que el ciudadano conozca cuántas licitaciones se convocaron, cuántos se postularon y a quiénes se eligieron. Sin el acceso a la información, es muy difícil enfrentar y acabar con este problema, asegura Óscar Ortiz, exzar anticorrupción.
Sólo en el desfalco por recobros en el sector de la salud, el presidente Juan Manuel Santos habló de 300.000 millones de pesos, pero advirtió que serían “billones” los saqueados al Estado. Falta ver cuántos recursos más se han perdido por los 116 puntos de alto riesgo de fuga que tiene detectados la Contraloría. Las cifras son sorprendentes y vergonzosas.
Para entender el impacto social que tiene el robo de los recursos públicos, basta mirar los resultados de una encuesta que la Universidad Externado realizó a 530 empresarios, quienes admitieron que, en promedio, el 13 por ciento del valor de un contrato se destina al soborno o las ‘mordidas’, un equivalente a 3,9 billones de pesos.
Según Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, con ese dinero se podrían construir 2.000 alcantarillados o 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarles la universidad a 80.000 jóvenes (a 5’000.000 el semestre) o construir 200.000 viviendas de interés social.
Para el presidente Juan Manuel Santos, ese billón de pesos que está en el bolsillo de los corruptos por devoluciones ilegales del IVA es construir “un transmilenio al año”.
Pero son varias las razones para que la corrupción sea el pan de cada día en Colombia y en todos los niveles: desde la casa, hasta las más altas instancias de un país. Todos los expertos advierten que la corrupción es más sofisticada y que va unos pasos adelante a la capacidad de previsión y de reacción de los entes de control.
Es un negocio rentable. Para Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, los recientes casos de corrupción demuestran la “perversa red de delitos entre el sector público y privado. Son un triste ejemplo de que es corresponsabilidad de todos”, asegura Elizabeth Úngar.
¿Por qué hay corrupción?
Son varios los factores que alimentan la corrupción. Y en todos ellos hay un elemento común: la tendencia de buen número de colombianos para aceptar, inculcar y ayudar a perpetuar la cultura del vivo.
- Instituciones débiles
Marcela Restrepo, socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, explica que los individuos, por naturaleza, compiten para satisfacer intereses, como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y es en este escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave, porque son las encargadas de regular que ese comportamiento humano no pase los límites.
En este punto se ha fallado. “En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos (como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) siguen siendo débiles. Es complejo: en un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue, es un círculo perverso”.
Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse, y en todos los niveles. Para mencionar algunos, están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de la Contraloría y de los ministerios de Agricultura y de la Protección Social.
Hay cifras que demuestran la debilidad en las instituciones. La Fiscalía tiene 700 investigaciones, sólo por temas relacionados por salud, 157 de ellas por delitos cometidos desde la administración pública.
Y aquí también entra la reflexión para las escuelas, colegios y universidades. ¿Qué tanto contribuyen a que la cultura del atajo, del todo vale, siga pasando de generación en generación?
- Se acepta y no se denuncia
Pero además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es para la sociedad, que convive con la corrupción. “Se acepta cuando busco y soborno al concejal o al funcionario para tener un subsidio o un favor. La aceptamos y la encubrimos”, agrega Restrepo.
Es tan aceptada, que en la reciente encuesta que Transparencia por Colombia les realizó a 611 empresarios, el 61 por ciento de ellos admitió que los sobornos ayudaban a agilizar los procesos para contratar con el Estado, y no pagarlos implicaba perder el negocio. Además, justificaron este comportamiento en que “la competencia paga sobornos”.
Las bajas penas, los vacíos de las leyes y la dispersión de la mismas (que el Estatuto Anticorrupción intentó agrupar) y las pocas y bajas condenas a los corruptos de cuello blanco no solo desestimulan la denuncia, como lo reconoció la fiscal General, Vivian Morales, sino que alimenta la cultura de la corrupción.
“Se cree que si los demás cometen actos de corrupción y sacan beneficio, por qué yo no puedo hacerlo. Es un problema que viene de cuna, pero también de un aparato de justicia que no funciona, de un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito, sino por ser vivo y porque se denuncia y no pasa nada. Mientras no se combata la impunidad, mientras la corrupción no sea efectiva, oportuna y eficazmente sancionada, va a ser difícil combatirla”, asegura Elizabeth Úngar.
- Falta de protección a testigos
El miedo y el estigma hacia quien denuncia es un punto a favor de los corruptos. “Los funcionarios no denuncian porque piensan que no va a pasar nada, también porque les da miedo a perder el puesto y al desprestigio, porque una forma de hacer quedar mal al denunciante es desprestigiándolo. También, por el miedo a poner en riesgo su vida”, recalca Úngar.
La protección de testigos y denunciantes en el país está avanzando en temas relacionados con el conflicto armado, pero no ocurre con quienes denuncian casos de corrupción. “La protección de testigos es un tema grueso –afirma Marcela Restrepo–. La OEA diseña el marco de protección a testigos, porque nadie denuncia si no tiene mecanismos de protección. En Colombia eso no está claro”.
Ejemplos sobran. Está el atentado, con puñal, contra la funcionaria de la DIAN que denunció el desfalco, una situación que contó el mismo presidente Santos este jueves. También están las amenazas contra la trabajadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes que contó las irregularidades en la entrega de bienes incautados a la mafia o las amenazas contra el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez, involucrado en el caso del carrusel de la contratación y quien intenta negociar con la Fiscalía.
No se pueden dejar atrás los líderes asesinados por denunciar corrupción en la reclamación de tierras. Ya van 39 en el último año.
- Falta de educación
La denuncia es vital para luchar contra la corrupción, pero uno de los graves problemas es que, para los expertos, el país no tiene un canal claro para denunciar. Al ciudadano le cuesta saber dónde puede denunciar e identificar si determinado delito es competencia de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía.
La corrupción también evoluciona y tanto para los entes de control, como para el ciudadano de a pie, es cada vez más difícil identificar un hecho ilegal que ponga en riesgo los recursos públicos.
En este sentido, para el exzar de anticorrupción, Óscar Ortiz, un reto del Estado es lograr que la ciudadanía aprenda a identificar los delitos y, además, se capaciten a los funcionarios de los entes de control encargados de hacer las investigaciones.
Para el procurador delegado de entes territoriales, Carlos Augusto Mesa, es importante no detectar el delito cuando se ha cometido, sino aprender a identificar los riesgos, antes de que ocurra y se pierdan los recursos. Para él, los corruptos conocen muy bien las leyes, saben blindarse y saben actuar para que la comisión de estos delitos pase por “correcta” ante la ley.
Según la Procuraduría, “las asociaciones criminales orientadas a la corrupción se caracterizan por su elevada complejidad organizativa, que adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta, con flujos de sus recursos complejos y altamente especializados”.
- Falta de información
Es otra deficiencia. En el análisis de riesgo de corrupción que emitió Transparencia por Colombia hizo una alerta sobre la falta de transparencia en la contratación pública y advirtió que las entidades del Estado no cumplen con su obligación de hacer públicos todos los procesos de contratación que realizan.
Solo el 0,5 por ciento de las 158 entidades estatales usó la licitación pública para adjudicar contratos, un indicador “bajo, alarmante y preocupante”, según Restrepo. Lo que pone en duda sobre qué tan transparentes son los contratos que el Estado adjudica.
Las instituciones también están en deuda con la divulgación de su información para que el ciudadano conozca cuántas licitaciones se convocaron, cuántos se postularon y a quiénes se eligieron. Sin el acceso a la información, es muy difícil enfrentar y acabar con este problema, asegura Óscar Ortiz, exzar anticorrupción.
miércoles, julio 6
Los retos de la aplicación de la Ley de Víctimas
Por César Paredes, periodista de Semana.com
La seguridad de los reclamantes, las presiones económica y armada, los conflictos entre reclamantes y la creación de una institucionalidad especial, son algunos de los desafíos que supone la restitución efectiva. ¿Por qué?
Martes 5 Julio 2011
No obstante, de su promulgación a su aplicación hay una gran distancia. La aplicación de la ley supone varios retos, que de no superarse podrían constituir el comienzo de un nuevo capítulo de violencia, según lo han dicho algunos analistas.
Esos retos son: la seguridad de los reclamantes de las tierras, la conciliación entre poseedores y campesinos, las tensiones entre los reclamantes, y la adecuación de la institucionalidad, entre otros.
La seguridad
Desde el 7 de agosto hasta la fecha ha habido más de 10 casos de asesinatos de líderes que representan comunidades desplazadas. En cerca de siete casos, según las autoridades, no está claro aún si los móviles fueron delitos comunes.
Entre ellos se cuentan los de la líder de desplazados Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio pasado en Medellín, mientras viajaba en un bus; el del concejal del Polo Democrático Antonio Mendoza, asesinado el pasado viernes y el de la líder indígena Carmen Fuentes asesinada en Montelíbano, Córdoba, este martes. Las autoridades intentan establecer cuáles fueron las razones por las que los asesinaron. No obstante, el solo hecho de que se presenten esos asesinatos pone al descubierto la dificultad de la protección de las personas que defienden los derechos humanos.
Para Yamile Salinas, abogada consultora del Grupo de Memoria de la CNRR y analista de Razonpublica.com, “sin la existencia de una política competente para resolver la impunidad no es posible una restitución de tierras”.
La abogada enfatizó el hecho de que la ley no dejó explícita la posibilidad de que la información que arrojen los procesos de reclamación de tierras pueda ser usada para abrir investigaciones, “ni siquiera disciplinarias” contra los funcionarios públicos que participaron en la cadena del despojo.
Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “si se tiene en cuenta que, entre el 2002 y el 2011, 49 personas que estaban reivindicando su derecho a la tierra han sido asesinadas, se prevé un panorama de exacerbación de la violencia una vez inicien los procesos de restitución. Máxime si se tiene en cuenta que las medidas de protección que contempla la ley no son suficientes”.
La organización consultada por Semana.com se refería al hecho de que la ley establece medidas de protección contenidas en otras leyes, “que han demostrado ser ineficaces”.
A propósito, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha dicho que el Gobierno está comprometido con la seguridad de los líderes de los desplazados. “No vamos a hacerles el juego a quienes buscan crear desazón con la violencia. No van a parar el empeño político, que ya está comprometido y en marcha, de esta política de restitución”, dijo en una entrevista con Semana.com, una vez se aprobó la norma.
La presión económica y armada
La violencia para algunos ha sido la oportunidad para sacar provecho, pues cuando se ejerce contra una comunidad y esta se desplaza, se disminuye el precio de la tierra. La Ley de víctimas aceptó tácitamente que las tierras han cambiado de dueño, a partir de 1991, por la violencia. Por eso, en el artículo 77 estableció las “presunciones”, que en criterio de Andrés Celis, Coordinador de la Unidad de Protección de ACNUR, son herramientas que se incluyeron para salvaguardar los derechos de las víctimas.
Así, por ejemplo, se presume que en donde actuaron grupos armados hay tierras que posiblemente fueron usurpadas; lo mismo ocurre si se comprueba que hubo alteraciones significativas de los usos de la tierra, como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial; si se realizó negociación de tierras en lugares amparados por medidas de protección por desplazamiento o por riesgo que ocurriera, o donde la venta de los predios fue inferior al cincuenta por ciento del valor real.
Para Celis, la inclusión de esas presunciones es el reconocimiento de “una historia del conflicto”. No obstante, la ley prevé mecanismos para que los actuales poseedores de la tierra puedan demostrar que adquirieron los predios “de buena fe”. Esos poseedores en algunos casos han hecho inversiones grandísimas o se han endeudado. De hecho, la ley contempla la posibilidad de que esas inversiones sean en cultivos que se demoran varios años en producir. Desde ya se advierte que se podrían generar tensiones que pueden responder a dos posibilidades, según el representante de ACNUR: “presiones económicas o armadas, o una combinación de ambas”.
La ley establece el contrato de uso, una figura que le permite al inversionista arrendarle a la víctima el terreno, en los casos en los que demuestre que adquirió el predio de buena fe. Sin embargo, para la abogada Salinas, “las empresas siempre van a tener mejores abogados y dinero para tergiversar los procesos. Y un campesino, que muchos casos no tiene educación, gracias a esa norma va a terminar aceptando las condiciones de la empresa”.
“En estos casos se le restituye a la víctima el título sobre la tierra, pero se menoscaba su posibilidad real de decidir y disponer de ella en función de sus planes de vida”, dijo el ICTJ. , como contempla el derecho integral a la restitución.
“Esta figura podría resultar beneficiando a los victimarios del despojo, pues parte de las tierras usurpadas o apropiadas por los grupos paramilitares fueron utilizadas para desarrollar este tipo de negocios a través de testaferros, que les daban apariencia de legalidad”, agregó.
El reto que tiene el Estado Colombiano es lograr una conciliación en un escenario en el que hay intereses económicos, pero en el que los grupos ilegales podrían entrar a jugar un papel determinante.
Las tensiones entre reclamantes
En los territorios donde hay procesos de restitución en curso se van a generar expectativas entre los vecinos. Alguien se podría preguntar por qué un proceso se abrió y por qué el suyo no avanza, por ejemplo.
Esa tensión, supone un desafío “para que no se convierta en un factor de conflicto en la convivencia”, dijo Celis. El reto es establecer procedimientos claros, con suficiente información para que personas que tienen igual derecho puedan reclamar y la aplicación de la ley no se convierta en factor de conflicto.
La institucionalidad y la capacidad de respuesta
En muchos casos, antes de que los inversionistas obtuvieran las tierras, hubo autoridades locales implicadas en la usurpación o en el desplazamiento. Así lo demuestran las recientes denuncias del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien ha dicho que con la ayuda de funcionarios públicos algunos predios han ido a parar a manos de narcotraficantes como el extinto Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
La institucionalidad local tiene a su cargo decisiones importantes frente a la propiedad de la tierra. También es la encargada de otorgar los permisos para la explotación de recursos y de entregar las licencias ambientales, entre otras. Los mandatarios locales (gobernadores y alcaldes) inciden en el nombramiento de inspectores de policía, registradores, entre otros funcionarios que intervienen en los procesos de desalojo o de acceso a la tierra.
Por eso, Celis advierte que es muy importante estar atento al proceso electoral que se avecina, “porque se trata de la configuración del poder local”.
Salinas, por su parte, anotó que la ley estableció una institucionalidad especial para su aplicación. No obstante, recordó que la ley de Justicia y Paz también señaló los plazos para culminar los procesos a los paramilitares desmovilizados, que no se cumplieron, pues se generó un cuello de botella en el tribunal. “Porque la ley estableció la institucionalidad pero no los recursos económicos y logísticos, entre otros, para hacer efectivo su cumplimiento”, explicó.
En su criterio, la falta de respuesta podría “agravar más el problema” y la ley, como otras que se han expedido para resolver el problema de la tierra, podría terminar siendo inocua.
El presidente Juan Manuel Santos, el pasado 10 de junio durante el acto de sanción de la ley, comprometió a su gobierno para que la institucionalidad esté lista al finalizar este año. “Este mismo año se pondrá en marcha una puerta de entrada ágil y digna con el Registro Único de Víctimas, se divulgarán los beneficios de la ley, y comenzará la orientación a las víctimas, al tiempo que creamos la nueva institucionalidad”, dijo. “Todo esto debe estar listo antes de terminar el 2011”, agregó.
No obstante, la preparación de los defensores y los jueces toma tiempo. ¿Por qué?
El chip de los jueces
Esta es una ley que incluye medidas de justicia transicional, porque se aplican en un escenario en el cual se admite la existencia de un conflicto armado. Es decir, la norma parte del reconocimiento de que hay una situación anómala. Por esta razón, los abogados y jueces, para su aplicación, no deberían tener los mismos criterios del derecho que se utilizan en los juicios de casos en estados de normalidad.
De hecho, el propio Ministro Restrepo indicó que se creará un cuerpo élite de jueces agrarios. “Obviamente, habrá que escogerlos, formarlos y apoyarlos con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura. De esa manera, en lo posible se está precaviendo que haya un buen cuerpo de jueces que acompañe estos procesos de restitución”, dijo.
Muestra de que la ley es de una naturaleza distinta es que invierte “la carga de la prueba”. Es decir, que no son las víctimas las que tienen que demostrar que les arrebataron las tierras, sino los actuales poseedores que las adquirieron de buena fe. Entonces, en criterio de los expertos, los abogados y jueces tienen que “cambiar el chip”, pues lo que era considerado una prueba en un proceso normal, funciona de manera distinta en un proceso como este.
Para Salinas, quien ha sido asesora de abogados en diferentes organismos, el problema es mucho más estructural. “Mi percepción es que la mayoría de los jueces y magistrados somos preconstitucion del 91. Fuimos formados en la constitución del 86”, dijo. Además, indicó que en los procesos penales la norma en la que fueron formados los penalistas es el Código Civil, que también es anterior a la Constitución y ha sido reformado mas no sustituido.
En su criterio, en el país tampoco se ha desarrollado el derecho agrario. “Con una formación decimonónica y sin especialización en derecho agrario, la aplicación del capítulo de restitución de tierras va a ser muy complicado”, dijo.
Antes que el Estado, en este caso, las primeras que tienen qué abordar el reto son las universidades.
Lo que le espera a la sociedad y al Estado es un largo camino.
Esos retos son: la seguridad de los reclamantes de las tierras, la conciliación entre poseedores y campesinos, las tensiones entre los reclamantes, y la adecuación de la institucionalidad, entre otros.
La seguridad
Desde el 7 de agosto hasta la fecha ha habido más de 10 casos de asesinatos de líderes que representan comunidades desplazadas. En cerca de siete casos, según las autoridades, no está claro aún si los móviles fueron delitos comunes.
Entre ellos se cuentan los de la líder de desplazados Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio pasado en Medellín, mientras viajaba en un bus; el del concejal del Polo Democrático Antonio Mendoza, asesinado el pasado viernes y el de la líder indígena Carmen Fuentes asesinada en Montelíbano, Córdoba, este martes. Las autoridades intentan establecer cuáles fueron las razones por las que los asesinaron. No obstante, el solo hecho de que se presenten esos asesinatos pone al descubierto la dificultad de la protección de las personas que defienden los derechos humanos.
Para Yamile Salinas, abogada consultora del Grupo de Memoria de la CNRR y analista de Razonpublica.com, “sin la existencia de una política competente para resolver la impunidad no es posible una restitución de tierras”.
La abogada enfatizó el hecho de que la ley no dejó explícita la posibilidad de que la información que arrojen los procesos de reclamación de tierras pueda ser usada para abrir investigaciones, “ni siquiera disciplinarias” contra los funcionarios públicos que participaron en la cadena del despojo.
Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “si se tiene en cuenta que, entre el 2002 y el 2011, 49 personas que estaban reivindicando su derecho a la tierra han sido asesinadas, se prevé un panorama de exacerbación de la violencia una vez inicien los procesos de restitución. Máxime si se tiene en cuenta que las medidas de protección que contempla la ley no son suficientes”.
La organización consultada por Semana.com se refería al hecho de que la ley establece medidas de protección contenidas en otras leyes, “que han demostrado ser ineficaces”.
A propósito, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha dicho que el Gobierno está comprometido con la seguridad de los líderes de los desplazados. “No vamos a hacerles el juego a quienes buscan crear desazón con la violencia. No van a parar el empeño político, que ya está comprometido y en marcha, de esta política de restitución”, dijo en una entrevista con Semana.com, una vez se aprobó la norma.
La presión económica y armada
La violencia para algunos ha sido la oportunidad para sacar provecho, pues cuando se ejerce contra una comunidad y esta se desplaza, se disminuye el precio de la tierra. La Ley de víctimas aceptó tácitamente que las tierras han cambiado de dueño, a partir de 1991, por la violencia. Por eso, en el artículo 77 estableció las “presunciones”, que en criterio de Andrés Celis, Coordinador de la Unidad de Protección de ACNUR, son herramientas que se incluyeron para salvaguardar los derechos de las víctimas.
Así, por ejemplo, se presume que en donde actuaron grupos armados hay tierras que posiblemente fueron usurpadas; lo mismo ocurre si se comprueba que hubo alteraciones significativas de los usos de la tierra, como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial; si se realizó negociación de tierras en lugares amparados por medidas de protección por desplazamiento o por riesgo que ocurriera, o donde la venta de los predios fue inferior al cincuenta por ciento del valor real.
Para Celis, la inclusión de esas presunciones es el reconocimiento de “una historia del conflicto”. No obstante, la ley prevé mecanismos para que los actuales poseedores de la tierra puedan demostrar que adquirieron los predios “de buena fe”. Esos poseedores en algunos casos han hecho inversiones grandísimas o se han endeudado. De hecho, la ley contempla la posibilidad de que esas inversiones sean en cultivos que se demoran varios años en producir. Desde ya se advierte que se podrían generar tensiones que pueden responder a dos posibilidades, según el representante de ACNUR: “presiones económicas o armadas, o una combinación de ambas”.
La ley establece el contrato de uso, una figura que le permite al inversionista arrendarle a la víctima el terreno, en los casos en los que demuestre que adquirió el predio de buena fe. Sin embargo, para la abogada Salinas, “las empresas siempre van a tener mejores abogados y dinero para tergiversar los procesos. Y un campesino, que muchos casos no tiene educación, gracias a esa norma va a terminar aceptando las condiciones de la empresa”.
“En estos casos se le restituye a la víctima el título sobre la tierra, pero se menoscaba su posibilidad real de decidir y disponer de ella en función de sus planes de vida”, dijo el ICTJ. , como contempla el derecho integral a la restitución.
“Esta figura podría resultar beneficiando a los victimarios del despojo, pues parte de las tierras usurpadas o apropiadas por los grupos paramilitares fueron utilizadas para desarrollar este tipo de negocios a través de testaferros, que les daban apariencia de legalidad”, agregó.
El reto que tiene el Estado Colombiano es lograr una conciliación en un escenario en el que hay intereses económicos, pero en el que los grupos ilegales podrían entrar a jugar un papel determinante.
Las tensiones entre reclamantes
En los territorios donde hay procesos de restitución en curso se van a generar expectativas entre los vecinos. Alguien se podría preguntar por qué un proceso se abrió y por qué el suyo no avanza, por ejemplo.
Esa tensión, supone un desafío “para que no se convierta en un factor de conflicto en la convivencia”, dijo Celis. El reto es establecer procedimientos claros, con suficiente información para que personas que tienen igual derecho puedan reclamar y la aplicación de la ley no se convierta en factor de conflicto.
La institucionalidad y la capacidad de respuesta
En muchos casos, antes de que los inversionistas obtuvieran las tierras, hubo autoridades locales implicadas en la usurpación o en el desplazamiento. Así lo demuestran las recientes denuncias del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien ha dicho que con la ayuda de funcionarios públicos algunos predios han ido a parar a manos de narcotraficantes como el extinto Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
La institucionalidad local tiene a su cargo decisiones importantes frente a la propiedad de la tierra. También es la encargada de otorgar los permisos para la explotación de recursos y de entregar las licencias ambientales, entre otras. Los mandatarios locales (gobernadores y alcaldes) inciden en el nombramiento de inspectores de policía, registradores, entre otros funcionarios que intervienen en los procesos de desalojo o de acceso a la tierra.
Por eso, Celis advierte que es muy importante estar atento al proceso electoral que se avecina, “porque se trata de la configuración del poder local”.
Salinas, por su parte, anotó que la ley estableció una institucionalidad especial para su aplicación. No obstante, recordó que la ley de Justicia y Paz también señaló los plazos para culminar los procesos a los paramilitares desmovilizados, que no se cumplieron, pues se generó un cuello de botella en el tribunal. “Porque la ley estableció la institucionalidad pero no los recursos económicos y logísticos, entre otros, para hacer efectivo su cumplimiento”, explicó.
En su criterio, la falta de respuesta podría “agravar más el problema” y la ley, como otras que se han expedido para resolver el problema de la tierra, podría terminar siendo inocua.
El presidente Juan Manuel Santos, el pasado 10 de junio durante el acto de sanción de la ley, comprometió a su gobierno para que la institucionalidad esté lista al finalizar este año. “Este mismo año se pondrá en marcha una puerta de entrada ágil y digna con el Registro Único de Víctimas, se divulgarán los beneficios de la ley, y comenzará la orientación a las víctimas, al tiempo que creamos la nueva institucionalidad”, dijo. “Todo esto debe estar listo antes de terminar el 2011”, agregó.
No obstante, la preparación de los defensores y los jueces toma tiempo. ¿Por qué?
El chip de los jueces
Esta es una ley que incluye medidas de justicia transicional, porque se aplican en un escenario en el cual se admite la existencia de un conflicto armado. Es decir, la norma parte del reconocimiento de que hay una situación anómala. Por esta razón, los abogados y jueces, para su aplicación, no deberían tener los mismos criterios del derecho que se utilizan en los juicios de casos en estados de normalidad.
De hecho, el propio Ministro Restrepo indicó que se creará un cuerpo élite de jueces agrarios. “Obviamente, habrá que escogerlos, formarlos y apoyarlos con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura. De esa manera, en lo posible se está precaviendo que haya un buen cuerpo de jueces que acompañe estos procesos de restitución”, dijo.
Muestra de que la ley es de una naturaleza distinta es que invierte “la carga de la prueba”. Es decir, que no son las víctimas las que tienen que demostrar que les arrebataron las tierras, sino los actuales poseedores que las adquirieron de buena fe. Entonces, en criterio de los expertos, los abogados y jueces tienen que “cambiar el chip”, pues lo que era considerado una prueba en un proceso normal, funciona de manera distinta en un proceso como este.
Para Salinas, quien ha sido asesora de abogados en diferentes organismos, el problema es mucho más estructural. “Mi percepción es que la mayoría de los jueces y magistrados somos preconstitucion del 91. Fuimos formados en la constitución del 86”, dijo. Además, indicó que en los procesos penales la norma en la que fueron formados los penalistas es el Código Civil, que también es anterior a la Constitución y ha sido reformado mas no sustituido.
En su criterio, en el país tampoco se ha desarrollado el derecho agrario. “Con una formación decimonónica y sin especialización en derecho agrario, la aplicación del capítulo de restitución de tierras va a ser muy complicado”, dijo.
Antes que el Estado, en este caso, las primeras que tienen qué abordar el reto son las universidades.
Lo que le espera a la sociedad y al Estado es un largo camino.
domingo, julio 3
!!!EL PROBLEMA NO ERA DON MARIO¡¡¡
N. del Editor: Vale la pena hoy que los habitantes y amigos de Uraba nos preguntemos acerca de la realidad del conflicto exacerbado que vive la región, si realmente, con todo el despliegue militar y policial que se realizó para capturar a Daniel Rendón Herrera, conocido como "Don Mario", y con el hecho mismo de su captura se solucionó el problema de violencia que tanto se predicó era originado y dirigido por esta persona.
Y la pregunta vale, por que dia a dia vemos caer personas por doquier, asesinadas por los grupos ilegales y "manos negras" de izquierda y derecha, y siguen muriendo asesinadas personas en una de las regiones mas protegidas militar y policialmente de Colombia. Nada mejor para mostrar en forma ilustrada la estrategia fracasante de la "seguridad democrática" y sus legados en Urabá. Tenemos una Brigada del ejercito, y multiples batallones y bases militares por toda la región, Comando regional de policia Urabá y Chocó, con comandos de policia en todos los municipios, además de puestos de policia en corregimientos y sitios estratégicos y base de policia antinarcoticos en Necoclí, complementado con un control del golfo por la Armada Nacional, con capitanía de puerto enTurbo, y apostadero naval en punta de las vacas en el costado occidental y replicado con apostadero naval en Matuntugo, en la margen oriental del golfo de Urabá controlando todo el Atrato y sus afluentes y desembocaduras, todo esto para no referirnos al Das, a los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, las empresas de Vigilancia privada, los departamentos de seguridad de las multinacionales y los vestigios de las Convivir que todavian quedan por allí. es bueno anotar que todas estas instituciones armadas de defensa y seguridad hacen presencia permanente en la región y desde hace muchisimos años y ya estaban cuando comenzó el Alzamiento en Armas de Don Mario.
Capturan a este señor, a quien señalaban de ser el responsable de todos los males del pais en su momento, y ¿que pasó en Urabá? Nada distinto a lo que venia ocurriendo antes y sigue ocurriendo dos años despues: eso si, cada vez es peor, y las autoridades siguen ahi, en silencio complice y permitiendo que la situación se agrave.
Ya es hora de que cobremos conciencia del fenómeno violento que azota nuestra región y de la inacción de las autoridades y de la indolencia del Estado Colombiano.
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el siguiente articulo, que da cuenta de una filtracion de wikileaks relacionada con Urabá, fué tomado de elespectador.com
Wikileaks |3 Jul 2011 - 6:30 am
Por sus ríos, zonas costeras, montañas y densa vegetación
'Urabá, destino del narcotráfico'
Por: Elespectador.com
Embajada de EE.UU. en Bogotá documenta la importancia que el gobierno colombiano daba a la captura de 'Don Mario' para finalizar con el tráfico de estupefacientes en la región.
En abril de 2008, después de que 400 personas murieran como consecuencia de las guerras de las bandas criminales en el Urabá antioqueño y cordobés, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo en Montería un Consejo de Seguridad con el fin de hallar una solución efectiva para el brote de violencia que estaba generando el narcotráfico. Uribe, tras aceptar que los programas de reintegración de desmovilizados en la zona habían sido ineficientes, decidió proponer la creación de una unidad especial para dar con la captura del capo Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien finalmente fue detenido en abril de 2009. Tres años después, la situación en la región sigue siendo devastadora.
Este panorama de violencia quedó retratado en un cable que envió la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington en abril de 2008 y que establece la razón por la cual el Urabá era y sigue siendo un destino ideal para el tráfico de estupefacientes. Así, según un oficial de la Policía, “los ríos de la región, zonas costeras, montañas, densa vegetación y en especial la frontera que comparte con Panamá” hacen de la región “la zona más segura para las rutas de narcotráfico”.
La Embajada americana también documentó que la gran presencia de paramilitares desmovilizados, así como los amplios cultivos de coca, eran de los atractivos más llamativos para las bandas criminales que comenzaban a asentarse en el Urabá. Por ejemplo, el exalcalde de Tierralta (Córdoba), Aníbal Ortiz Naranjo, dijo que el Gobierno colombiano le había perdido la pista a 600 de los 825 ‘paras’ desmovilizados que habían llegado a la región. Ortiz se quejó de que el Gobierno les había dejado de pagar los estipendios prometidos desde 2007, razón por la cual era fácil concluir que los desmovilizados se habían unido a la banda criminal de ‘Los Urabeños’, entonces comandada por ‘Don Mario’.
En el cable quedó establecido que la violencia en el Urabá había crecido 37% comparado con el año previo y que esta cifra era atribuida mayormente a ‘Don Mario’. Según la Embajada, el capo se encontraba reclutando desmovilizados a sus filas, buscando apoyo de la guerrilla y fomentando la pelea por el territorio con la banda criminal ‘Los Paisas’. Así mismo, y como les contó un carabinero de la Policía, ‘Don Mario’ tenía la intención de extender sus operaciones a Medellín, razón por la cual los asesinatos en la capital antioqueña estaban aumentando.
Y aunque el Consejo de Seguridad del 7 de abril de 2008 dio aval a la creación de una unidad especial de búsqueda de Rendón Herrera, en el informe quedó documentado que la prioridad del gobierno no era combatir las bandas criminales, puesto que, según las autoridades del Gobierno, no representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Esta apreciación se hizo a pesar de que el entonces presidente Uribe manifestara la ineficacia de los programas de reintegración para la región, factor que en el cable se desglosa como un factor imprescindible para el regreso de los desmovilizados al crimen organizado.
Entonces, y contra la postura del gobierno colombiano, algunos oficiales de la Policía insistieron en que los militares debían jugar un rol más contundente en el combate a las bacrim. Sin embargo, el entonces director de Operaciones del Ejército, Carlos Ovidio Saavedra, dejó claro que el Urabá continuaba siendo de baja prioridad para el Ejército debido a que los militares estaban enfocados en combatir a las Farc en los departamentos de Tolima, Meta, Guaviare y el sur del país.
Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá establece que aunque la Policía haya llevado a cabo esfuerzos importantes para la captura de ‘Don Mario’ y en contra de las bandas criminales en general, no se puede negar la penetración del narcotráfico en los gobiernos locales, el sistema judicial o las fuerzas de seguridad.
Hoy, con ‘Don Mario’ recluido en la cárcel de Itagüí y rindiendo cuentas a Justicia y Paz, el Urabá sigue siendo zona de permanente conflicto entre bandas criminales que ahora buscan evitar la recuperación de tierras por parte de las víctimas que se están viendo representadas en el ambicioso proyecto del presidente Juan Manuel Santos, la denominada Ley de Víctimas. No en vano el pasado siete de junio se prendieron de nuevo las alarmas dentro del Gobierno después de que asesinaran en Medellín a la líder de tierras Ana Fabricia Córdoba.
Este panorama de violencia quedó retratado en un cable que envió la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington en abril de 2008 y que establece la razón por la cual el Urabá era y sigue siendo un destino ideal para el tráfico de estupefacientes. Así, según un oficial de la Policía, “los ríos de la región, zonas costeras, montañas, densa vegetación y en especial la frontera que comparte con Panamá” hacen de la región “la zona más segura para las rutas de narcotráfico”.
La Embajada americana también documentó que la gran presencia de paramilitares desmovilizados, así como los amplios cultivos de coca, eran de los atractivos más llamativos para las bandas criminales que comenzaban a asentarse en el Urabá. Por ejemplo, el exalcalde de Tierralta (Córdoba), Aníbal Ortiz Naranjo, dijo que el Gobierno colombiano le había perdido la pista a 600 de los 825 ‘paras’ desmovilizados que habían llegado a la región. Ortiz se quejó de que el Gobierno les había dejado de pagar los estipendios prometidos desde 2007, razón por la cual era fácil concluir que los desmovilizados se habían unido a la banda criminal de ‘Los Urabeños’, entonces comandada por ‘Don Mario’.
En el cable quedó establecido que la violencia en el Urabá había crecido 37% comparado con el año previo y que esta cifra era atribuida mayormente a ‘Don Mario’. Según la Embajada, el capo se encontraba reclutando desmovilizados a sus filas, buscando apoyo de la guerrilla y fomentando la pelea por el territorio con la banda criminal ‘Los Paisas’. Así mismo, y como les contó un carabinero de la Policía, ‘Don Mario’ tenía la intención de extender sus operaciones a Medellín, razón por la cual los asesinatos en la capital antioqueña estaban aumentando.
Y aunque el Consejo de Seguridad del 7 de abril de 2008 dio aval a la creación de una unidad especial de búsqueda de Rendón Herrera, en el informe quedó documentado que la prioridad del gobierno no era combatir las bandas criminales, puesto que, según las autoridades del Gobierno, no representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Esta apreciación se hizo a pesar de que el entonces presidente Uribe manifestara la ineficacia de los programas de reintegración para la región, factor que en el cable se desglosa como un factor imprescindible para el regreso de los desmovilizados al crimen organizado.
Entonces, y contra la postura del gobierno colombiano, algunos oficiales de la Policía insistieron en que los militares debían jugar un rol más contundente en el combate a las bacrim. Sin embargo, el entonces director de Operaciones del Ejército, Carlos Ovidio Saavedra, dejó claro que el Urabá continuaba siendo de baja prioridad para el Ejército debido a que los militares estaban enfocados en combatir a las Farc en los departamentos de Tolima, Meta, Guaviare y el sur del país.
Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá establece que aunque la Policía haya llevado a cabo esfuerzos importantes para la captura de ‘Don Mario’ y en contra de las bandas criminales en general, no se puede negar la penetración del narcotráfico en los gobiernos locales, el sistema judicial o las fuerzas de seguridad.
Hoy, con ‘Don Mario’ recluido en la cárcel de Itagüí y rindiendo cuentas a Justicia y Paz, el Urabá sigue siendo zona de permanente conflicto entre bandas criminales que ahora buscan evitar la recuperación de tierras por parte de las víctimas que se están viendo representadas en el ambicioso proyecto del presidente Juan Manuel Santos, la denominada Ley de Víctimas. No en vano el pasado siete de junio se prendieron de nuevo las alarmas dentro del Gobierno después de que asesinaran en Medellín a la líder de tierras Ana Fabricia Córdoba.
viernes, julio 1
LUIS EDUARDO GOMEZ, PERIODISTA CON CRITERIO Y ETICA. PAZ EN SU TUMBA.
No sé si le daba miedo o no, pero no lo demostraba. Le decía de frente lo bueno y lo malo a quien fuera. Critico duro y frentero, siempre respetuoso pero con firmeza. Fue uno de los primeros columnistas de URABA HOY, proyecto periodístico que acompaño desde su inicio, en 2004, ejerciendo durante algún tiempo la corresponsalía desde Arboletes. Luis Eduardo expresaba su opinión sin ataduras en cuanto medio escrito le prestaba un espacio. La mayoría de los medios escritos de Urabá (y algunos regionales y nacionales) lo tuvieron entre sus asiduos colaboradores. Un ejemplo del periodismo humilde que se enamora de este oficio hermoso que cuesta tanto que hasta cuesta la vida. Hará falta en Urabá, donde pocas personas se atreven a hablar o escribir claro y de frente, como lo hacia este hombre. Ha muerto, desprotegido, expósito por la comunidad a la que sirvió sin contraprestación.
Lamentamos este hecho violento que segó la vida de un buen hombre y excelente periodista, quien murió inerme en manos de los sicarios, emisarios que envia la impunidad.
Siempre te recordaremos, quienes integramos este medio, hoy en diaspora forzada debido a la violencia que ahora te alcanzó a ti.
Lamentamos este hecho violento que segó la vida de un buen hombre y excelente periodista, quien murió inerme en manos de los sicarios, emisarios que envia la impunidad.
Siempre te recordaremos, quienes integramos este medio, hoy en diaspora forzada debido a la violencia que ahora te alcanzó a ti.
A.J.G.F.
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Tomado de semana.com
Periodistas en riesgo
Tomado de semana.com
Periodistas en riesgo
El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia.
Sábado 2 Julio 2011
El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia. Fue asesinado mientras se dirigía a su casa, acompañado de su esposa, y dos hombres en una moto le dispararon. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luis Eduardo estaba desarrollando una investigación sobre la corrupción en la zona y otra sobre el asesinato de su hijo, que ocurrió el año pasado. A este grave episodio se suman las denuncias sobre amenazas de muerte en su contra que hizo la periodista Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín. Según la FLIP, 55 periodistas han sido víctimas de amenazas en este primer semestre de 2011, mientras el año pasado se registraron, en total, 57. De continuar así, el número de víctimas de 2011 doblaría el de 2010, lo que muestra que es cada vez más difícil ejercer el periodismo en las regiones.
Judicial |2 Jul 2011 - 12:05 am
Crítica situación de seguridad
Terror en Arboletes (Antioquia)
Por: Natalia Herrera Durán
La gente en Arboletes tiene miedo. Los panfletos que sentencian “Muerte a los sapos” están a la vista.
A las seis de la tarde nadie sale de su casa. Los grupos paramilitares –que un día estuvieron al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y hoy están bajo las órdenes de Roberto Vargas, alias ‘El Gavilán’, conocidos actualmente como las ‘Águilas Negras’ o Autodefensas Gaitanistas de Córdoba y Urabá– amenazan y cumplen. En la noche del jueves fue asesinado a tiros el periodista Luis Eduardo Gómez, de 70 años, testigo en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica.
El mismo que en el entierro del veedor José Vicente Botero, de 62 años, asesinado este lunes por sicarios, tomó la palabra para decir que el crimen de Botero fue producto de la alianza criminal que existe entre políticos y paramilitares en la región, el mismo al que silenciaron porque dentro de pocos días iba a testificar en la Fiscalía en contra de algunos políticos que se habrían aliado con el comandante paramilitar alias ‘El Alemán’.
Los pobladores de Arboletes que narran el episodio del entierro creen que esas temerarias palabras fueron la sentencia de muerte de Gómez, porque esos temas están vetados. Por eso los que mencionan el asunto suplican que no se mencionen sus nombres.
Este clima de terror empezó a sentirse con fuerza en el municipio de Arboletes (Antioquia) desde marzo de 2010, cuando las autoridades capturaron al actual alcalde, Gustavo Germán Guerra, junto con 24 políticos más de los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre ellos dos exalcaldes de este municipio. Todos investigados por presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, al mando de ‘El Alemán’.
Desde entonces las amenazas han sido permanentes. Por eso para nadie es casualidad la muerte del veedor José Vicente Botero, quien días antes había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Gustavo Germán Guerra por corrupción y parapolítica.
En cuanto al periodista independiente Luis Eduardo Gómez, asesinado cuando caminaba desprevenido junto a su esposa en el barrio El Deportista, era reconocida su pelea para aclarar el caso de su hijo Juan, asesinado el 13 de agosto de 2009, al parecer por paramilitares, y su lucha en contra de la corrupción de políticos de la región.
Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que aún no se tiene la certeza de que los asesinos de Botero y de Gómez hayan sido paramilitares. Sin embargo, reconoció que el asesinato del periodista Gómez muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad instaurado extraordinariamente no dieron resultados.
Lo cierto es que el terror reina en Arboletes. Por ahora, las autoridades no pueden descartar que los crímenes de Gómez y Botero sean asesinatos que se vienen cometiendo en contra de quienes han sido testigos en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica en esta región. Ya son tres los asesinados en el municipio en 15 días.
El mismo que en el entierro del veedor José Vicente Botero, de 62 años, asesinado este lunes por sicarios, tomó la palabra para decir que el crimen de Botero fue producto de la alianza criminal que existe entre políticos y paramilitares en la región, el mismo al que silenciaron porque dentro de pocos días iba a testificar en la Fiscalía en contra de algunos políticos que se habrían aliado con el comandante paramilitar alias ‘El Alemán’.
Los pobladores de Arboletes que narran el episodio del entierro creen que esas temerarias palabras fueron la sentencia de muerte de Gómez, porque esos temas están vetados. Por eso los que mencionan el asunto suplican que no se mencionen sus nombres.
Este clima de terror empezó a sentirse con fuerza en el municipio de Arboletes (Antioquia) desde marzo de 2010, cuando las autoridades capturaron al actual alcalde, Gustavo Germán Guerra, junto con 24 políticos más de los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre ellos dos exalcaldes de este municipio. Todos investigados por presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, al mando de ‘El Alemán’.
Desde entonces las amenazas han sido permanentes. Por eso para nadie es casualidad la muerte del veedor José Vicente Botero, quien días antes había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Gustavo Germán Guerra por corrupción y parapolítica.
En cuanto al periodista independiente Luis Eduardo Gómez, asesinado cuando caminaba desprevenido junto a su esposa en el barrio El Deportista, era reconocida su pelea para aclarar el caso de su hijo Juan, asesinado el 13 de agosto de 2009, al parecer por paramilitares, y su lucha en contra de la corrupción de políticos de la región.
Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que aún no se tiene la certeza de que los asesinos de Botero y de Gómez hayan sido paramilitares. Sin embargo, reconoció que el asesinato del periodista Gómez muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad instaurado extraordinariamente no dieron resultados.
Lo cierto es que el terror reina en Arboletes. Por ahora, las autoridades no pueden descartar que los crímenes de Gómez y Botero sean asesinatos que se vienen cometiendo en contra de quienes han sido testigos en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica en esta región. Ya son tres los asesinados en el municipio en 15 días.
Asesinado, en arboletes, el periodista Luis Eduardo Gómez
Hay temor y tensión en la comunidad de Arboletes, Urabá antioqueño, por el asesinato anoche del periodista independiente Luis Eduardo Gómez y el asesinato el pasado lunes del veedor José Vicente Botero.
Hacia las 8 de la noche en una cancha cerca de su vivienda, fue asesinado este periodista de 70 años de edad aproximadamente.
De acuerdo con personas de la comunidad las dos víctimas recibieron amenazas de grupos paramilitares, pero el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que hay grupos armados en la zona de los que no tienen información y no saben qué es realmente lo que ocurre en esa población.
El funcionario público agregó que el asesinato del periodista muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad, luego del asesinato del Veedor, no dieron resultados.
El secretario de Gobierno de Arboletes manifestó que por seguridad no da a conocer las medidas de ese consejo de seguridad, pero muy seguramente hoy a las 8 de la mañana inicie un nuevo consejo.
Con información de RCNRadio.com
Con información de RCNRadio.com
Nacional |1 Jul 2011 - 3:42 pm el espectador.com
Asesinato de periodistas
SIP condena el asesinato del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez
Por: Elespectador.com
El periodista independiente, testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones por parapolítica.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repulsa por el asesinato a tiros del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez y pidió una investigación inmediata para deslindar responsabilidades.
Luis Eduardo Gómez, de 70 años, fue asesinado este jueves por desconocidos que se desplazaban en una moto y le interceptaron mientras éste se dirigía a su domicilio en el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia.
Gómez era un periodista independiente que testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones contra funcionarios o políticos del noroeste de Colombia acusados de mantener vínculos con grupos paramilitares.
Según la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia, Gómez, que trabajaba para varias revistas institucionales del municipio, indagaba sobre el asesinato de testigos en un supuesto pacto entre políticos y paramilitares de la zona y en el que trabajan actualmente las autoridades judiciales.
Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó sus condolencias a los familiares del periodista y exhortó a las autoridades colombianas a "investigar el asesinato de manera inmediata para deslindar responsabilidades y evitar que este asesinato caiga, como tantos otros, en la impunidad".
El asesinato ocurrió tres días después de que fuera asesinado José Vicente Botero, líder comunitario de Arboletes, quien había recibido con anterioridad amenazas de grupos paramilitares de la zona y había rechazado la protección ofrecida por el ministerio público.
Ambos eran testigos en procesos relacionados con la penetración en la clase política del desaparecido Bloque "Elmer Cárdenas" (BEC) de la disuelta organización paramilitar Autodefensas.
Debido a la agitación política que vive esa zona del país, las autoridades de la región (Urabá) han provisto de protección a ocho dirigentes políticos y dos funcionarios de la Alcaldía, entre ellos el alcalde municipal de Arboletes.
lunes, mayo 30
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: es mucho, pero no es todo
tomado de RAZONPUBLICA.COM
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| POLITICA Y GOBIERNO | |
| Domingo, 29 de Mayo de 2011 23:18 | |
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Intervención de FREDY RENDÓN HERRERA en foro del ODDR U. Nacional de Colombia
“LA VERDAD EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS AUTODEFENSAS”
ALCANCES Y RETOS
Asistentes:
“No podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que pensábamos cuando lo creamos”
Albert Einstein
Asistentes:
Observatorio de Desmovilización Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional De Colombia (convocante)
Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación
Procuraduría Delegada de Justicia y Paz
Defensoría Pública de Postulados y de Víctimas
Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia
Alta Consejería para la Seguridad
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Mapp/OEA
Entidades multilaterales de Cooperación Internacional, ONU, embajadas, Usaid.
Buenos días. Se nos ha invitado muy amablemente por parte del Observatorio de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, a intervenir en este foro denominado “la verdad en los procesos de Justicia y Paz con los postulados de las Autodefensas Alcances y retos” que pretende dar salida al muy acertado trabajo del observatorio, en cuanto a su objeto de estudio, así como encontrar propuestas constructivas, en una forma amplia y participativa, incluyendo a todos los actores del conflicto armado en Colombia, y particularmente a quienes hoy nos encontramos inmersos en el proceso de “Justicia y Paz”, que fuimos actores armados y que en virtud de una afirmativa voluntad de paz accedimos a la desmovilización masiva, a la dejación de las armas y al acogimiento motu proprio del imperio de la ley, en un gesto humilde y sincero de contribución a la Paz como supremo interés de la nación.
Ofrezco de antemano mis disculpas si involuntariamente hiero susceptibilidades, habida cuenta que estos temas son demasiado sensibles y de manera respetuosa solicito que se me entienda en la mejor disposición, no sólo de cumplir con el objetivo de este evento, sino también de aportar un grano de arena a la reconciliación de mis compatriotas colombianos, circunstancia que coincide con mi mayor anhelo
Celebro al tiempo que agradezco esta irrepetible oportunidad que se nos brindan de escaparnos del contexto meramente jurídico, para pasar al plano en el que todos queremos estar que es el de idear de modo constructivo salidas coherentes, viables y sostenibles para la superación del conflicto que aún hoy afecta a nuestro país. El logro de la reconciliación nacional y la conquista de la paz es el más grande tributo a las generaciones venideras, a quienes no les podemos legar, de ninguna manera, el horror de la historia de los tiempos violentos de la nación exacerbados con mayor ímpetu desde mediados del siglo pasado. Paso entonces a hacer la breve exposición, de acuerdo con los derroteros que ha ofrecido el observatorio para el desarrollo de esos temas, los cuales pudieran ser demasiado extensos pero que en razón de la limitación del tiempo vamos a ser lo más concisos posible.
TEMA 1:
La reconstrucción de la verdad a partir de los diversos actores.
¿Cuál es la verdad que necesita el proceso de Justicia y Paz? Esta pregunta nos la hacemos insistentemente, cuando nos vemos abocados a las diligencias de versión libre y a los testimonios ante las entidades judiciales. Se plantea entonces por parte de los abogados si la verdad que se busca en Justicia y Paz es la verdad procesal, la que se puede probar o la verdad histórica o sea el relato de los hechos tal como ocurrieron. Es necesario responder entonces que la verdad que exige conocer el país y la humanidad es la verdad verdadera, y por eso estamos en un proceso de Justicia transicional y no en un proceso penal ordinario, ciertamente a los postulados nos corresponde decir la verdad de lo ocurrido y a la Justicia corroborar nuestro dicho. No es procedente pretender que el interés de nuestra parte sea el de procurar que se otorgue crédito a nuestra propia verdad, y que a la sociedad y las víctimas se les excluya del debate sobre la realidad de lo versionado, máxime cuando están en juego tantos sentimientos y cuando la realidad supera dolorosamente cualquier expectativa que se tenía frente a los hechos.
¿Está Colombia preparada para conocer la verdad? Es claro que ante la sensible y angustiosa realidad que entrañan los hechos declarados en las versiones, no es posible estar lo suficientemente preparados para afrontarlos. No hay protocolos psicológicos ni nada que predisponga a las víctimas para abordar el conocimiento de estos temas, pero, hay que contarlos y estos son los momentos oportunos para que el país los conozca. Por tanto esta pregunta ha de ser respondida con un SÍ rotundo. Esta es la hora las víctimas y de su derecho a conocer la verdad sin dilación alguna. No pueden esperar respuesta de un libro de historia dentro de 15, 20 o 100 años, ellas exigen respuesta inmediata, tienen derecho a ella, y por lo tanto es el momento para contar la verdad, y la sociedad debe estar preparada para ello, y dispuesta a escuchar y a enfrentar la responsabilidad que quepa.
¿Está Colombia realmente preparada para afrontar las consecuencias de la verdad? La respuesta a esta pregunta es condicionada, desde nuestro punto de vista. Considero que el país no ha dimensionado realmente las consecuencias de la verdad. Peor aún, se ha quedado corto en el alcance que le ha querido dar al tema de la verdad. Las consecuencias de la verdad se han querido dejar en el nivel nuestro, no se quiere, no se puede, no se debe y en cambio se obstruye el llegar a otros niveles y menos afrontar la responsabilidad en otras instancias.
¿La verdad facilita la reconciliación? Si rotundo. Desde nuestro punto de vista contar la verdad no sólo es catártico, sino que genera también procesos de catarsis en la sociedad en cuanto son liberadores, pues, el conocimiento de lo que realmente aconteció libera la tensión social que de otro modo estaría destinada a potenciar el conflicto. Una vez entendido esto no puede ser otro nuestro compromiso en el proceso en que estamos, si asumimos el reto de contar la verdad el resultado que esperamos no puede ser otro que lograr avanzar hacia la firme reconciliación.
¿Cómo puede lograrse la recomposición de contextos y la reconstrucción de hechos? Los contextos históricos no se pueden recomponer plenamente, mientras que los hechos sí se pueden reconstruir, de acuerdo con el pensamiento y conocimiento de cada actor. Así, aunque el contexto histórico no se puede variar si se debe generar hacia el futuro escenarios y contextos de acuerdo a lo que se quiere para el país, eso sí por la vía del consenso.
Se nos ha querido endosar la reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, a los actores armados que hoy, desde la condición civil de desmovilizados concurrimos a los estrados judiciales a dar cuenta de nuestra actuación. La sociedad colombiana tiene que ser consciente que de nuestra parte la verdad es sólo una fracción de todo lo que realmente aconteció. Debemos contar nuestra verdad, pero esa verdad constituye una parte de un todo que en la mayoría de los casos escapa a nuestro propio conocimiento. En este punto fuerza admitir que también la verdad recae sobre otros actores que promovieron nuestro accionar, y se beneficiaron de ello, estos agentes deben concurrir, de igual forma como lo estamos haciendo los desmovilizados, a entregar esa parte de la verdad que aún falta y que el país debe conocer
El país debe responder a este desafío diseñando e implementando otros mecanismos de justicia transicional, que permita a esos actores del conflicto concurrir a exponer su verdad, a develar su actuación, y desde luego obtener una pena, llamémosla alternativa, y a contraer la obligación de reparar a la sociedad y a las víctimas por el daño causado. En tanto esto no se dé, no sólo la verdad será incompleta sino que se generará un clima de mayor violencia, pues, la evasión de la responsabilidad por los delitos cometidos, se traducirá en más guerra, más impunidad y desde luego en absoluta imposibilidad de evitar la repetición de los horrores
Sólo habrá verdaderas garantías de no repetición el día en que todos los actores hayan pasado por la justicia, contando su verdad y reparado en debida forma a sus victimas
¿Cómo concurren las diversas voces? La verdad sólo es una, pero tiene tantas percepciones cuantos actores participen en su construcción. Celebramos el muy importante paso que ha dado el Estado Colombiano al reconocer la ocurrencia de un conflicto armado interno. El avance fundamental que implica esta determinación es de hecho un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes en el enfoque bastante extraño del gobierno anterior, no existían, puesto que no se puede ser víctima de un conflicto que no existe y en el que tiene tanta responsabilidad el estado
Tema 2:
Confianzas e inseguridades al proceso penal especial.
Hay que mirar el tema desde dos escenarios temporales: Antes y después. Parto de la base de que el proceso de negociación que adelantó el extinto bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas, fue un proceso de negociación independiente del que adelantaron otros bloques de autodefensas que conformaban las AUC. Los temas de la negociación con el Gobierno Nacional discurrieron alrededor de dos conceptos fundamentales: en primer lugar el de la seguridad de las regiones donde teníamos presencia, y el beneficio de las comunidades con las que a su vez interactuamos. Dado que siempre consideramos que el origen del conflicto colombiano partía del abandono de las regiones por parte del Estado, era necesario asegurar la gestión permanente del citado Estado en esas regiones. En segundo lugar, el otro tema de interés por parte nuestra en la negociación, fue el de poder tender lazos de reinserción de los ex combatientes, es decir que el proceso fuera incluyente, que los tuviera en cuenta no solamente a los desmovilizados sino a las comunidades dentro de las cuales siempre hicieron parte como campesinos, y en las cuales iban a actuar nuevamente como civiles. En fin que también se tuviera en cuenta las poblaciones vulnerables, las víctimas, los desplazados, los campesinos desposeídos, y a otro tipo de población desarraigada por el conflicto en la región de Urabá.
Evidentemente los acercamientos y la negociación con el Gobierno Nacional se dieron con fundamento en el interés nacional de alcanzar la Paz, y que en esa medida existía confianza de que por parte del Estado representado en el Gobierno Nacional, se iba a tener mecanismos legales que nos permitieran dentro de nuestro paso a la civilidad, dar cabida a los preceptos universales de verdad, Justicia y reparación, así como obtener una pena alternativa, que nos redimiera frente a la sociedad y a la vez permitiera nuestra reincorporación plena a la vida civil. Esto era lo que creíamos, aquellos que nos propusimos dar el paso de desmovilizarnos y asumir como comandantes el ir voluntariamente a la cárcel a responder por nuestras actuaciones, bajo el marco de Justicia y Paz. Alrededor de 30 comandantes que en ese momento no teníamos ningún requerimiento judicial, no éramos parte de algún proceso judicial, ni tampoco teníamos condenas, pero que a conciencia sabíamos que debíamos responder por nuestras acciones, fuimos llegando voluntariamente a la cárce,l nos presentamos a la fiscalía, nos entregamos a las autoridades, y por nuestros propios medios nos acercamos al sitio donde iríamos a ser recluidos para afrontar el proceso Justicia y Paz.
Para ese momento ya existía una gran incertidumbre, la ley de Justicia y Paz había sido modificada por la Honorable Corte Constitucional, y se avanzaba en desarrollos jurisprudenciales que recortaban cada vez más algunos aspectos fundamentales de la ley y nos ponían en una situación compleja frente al escenario futuro. Sin embargo pudo más nuestra voluntad de Paz y por tanto persistimos en ella, pese a tan adversas circunstancias que ya se prefiguraban en esos momentos.
¿Cómo afrontamos hoy el proceso de Justicia y Paz? La percepción generalizada entre todos los que hoy somos sujetos al proceso Justicia y Paz es de incertidumbre. No hay confianza en el Estado, la cantidad de problemáticas no resueltas dentro del marco de la ley no permiten tener una percepción distinta, el sólo hecho de no haberse solucionado por parte del Gobierno Nacional el tema de la fecha límite de aplicación de la ley, a pesar de haber sido su compromiso solemne dentro de la negociación con casi todos los grupos que se movilizaron con posterioridad al 25 julio 2005, genera esa percepción negativa, desestimula el proceso, frena completamente la voluntad de participar en el proceso, puesto que la mayor garantía es tener un marco legal aplicable con claridad, y este marco no se ha dado. Esta es la mayor dificultad que encuentran los desmovilizados hoy, para contar su verdad frente a sus actuaciones en el conflicto. Lo otro, es el problema de las consecuencias de contar la verdad que deben afrontar tanto los desmovilizados en las cárceles, como sus familias en donde se encuentren radicadas. Los señalamientos, la estigmatización, La cantidad de amenazas, las intimidaciones, que pasan de simple palabras a realidades, los asesinatos de familiares, los asesinatos de desmovilizados, de abogados e incluso de postulados a los procesos de Justicia y Paz dentro de las cárceles, desde luego desestimulan cualquier voluntad de contar la verdad. Nuestras familias están escondidas, muchas de ellas se han tenido que exiliar, en países que no los quieren recibir, existen listas negras, que circulan unas por debajo de cuerdas y otras abiertamente en las cuales se estigmatizan y discriminan a los desmovilizados y a sus familias, no hay oportunidades de empleo para ellos. Siendo así las cosas, ¿habrá reconciliación posible?
Y eso que estamos en un escenario donde aún no se ha tocado a las altas esferas del poder económico, político ni a las fuerzas armadas, inclusive, en los algunos de los pocos casos en que se han ventilado nombres de personas de las mencionadas esferas, no se ha provocado ninguna actuación judicial que conduzca a determinaciones en contra de esos individuos, La impunidad y la inmunidad siguen campeando en la Justicia. En otros casos, se ha observado cómo las acciones contra tales personas proceden de conformidad con la conveniencia de algunos poderes políticos o económicos, pero lo cierto es que no existe una respuesta sistemática y generalizada del Estado para judicializar a quienes han resultado, en múltiples menciones, referenciados en las diligencias de versión. Todo ello ocurre mientras nosotros y nuestras familias quedamos en evidencia y expuestos ante aquellos a quienes desenmascaramos ante la Justicia, entorpeciendo aún más nuestras posibilidades de reinserción a la vida productiva del país.
Hemos insistido públicamente a todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que nuestro papel no es solamente de victimarios, el de ser los malos del paseo, sino que nuestro rol es hoy por hoy el de fungir como testigos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 20 o 30 años. Somos testigos de excepción. En esa medida, también somos blancos de excepción. La prioridad de las fuerzas oscuras en este momento no puede ser otra que callarnos, sacarnos del panorama, desaparecernos de cualquier forma, así sea recurriendo a manipular y a utilizar recursos legales y gobiernos extranjeros para extraditarnos y hacernos callar a cualquier costo.
El genocidio de los autodefensas desmovilizados.
De esta situación de testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia, se ha derivado lo que hemos dado en llamar el genocidio de los desmovilizados de la autodefensa. La Justicia debe documentar las estadísticas de cuántos y quiénes de los miembros representantes desmovilizados han sido asesinados, cuántos y quiénes de los comandantes en proceso de negociación o de acercamiento con el Gobierno Nacional fueron asesinados, cuántos desmovilizados han sido asesinados y si sus casos de alguna forma han sido relacionados con lo que se denomina "falsos positivos". Cuántos familiares de desmovilizados han sido eliminados, y finalmente cuántos abogados encargados de la defensa técnica han sido desplazados, amenazados y asesinados. En fin cuantas personas relacionadas directa o indirectamente con las extintas autodefensas, con el proceso de paz y con la ley de Justicia y Paz, se han convertido en personas altamente vulnerables y desprotegidas por el estado…., un genocidio.
¿Qué confianzas ha brindado el proceso especial de Justicia y Paz? En el proceso de Justicia y Paz hemos encontrado situaciones positivas que permiten valorarlas de tal forma que nos llevan a permanecer en el proceso. Entre ellas:
· Nuestra voluntad de colaborar y aportar nuestro grano de arena al proceso de paz en Colombia
· El entendimiento por las partes involucradas del proceso como constructivo y no controversial
· La actitud de las victimas que ha madurado.
¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? La inseguridad y sus efectos sobre la reconstrucción de la verdad. Como anunciamos anteriormente, existen algunos puntos que pudiéramos ver como fortalezas dentro del proceso y que permiten continuar en él, pero existen una gran cantidad de debilidades y amenazas que inciden directamente en el proceso y que determinan que haya muchísima más desconfianza, e incluso más temor, que optimismo y credibilidad. Pudiéramos ubicar entonces las mayores debilidades del proceso en las incertidumbres jurídicas que existen y que afectan necesariamente el proceso de la verdad. Son ellas, a las que ya nos hemos referido, la inseguridad jurídica, y la seguridad física.
Implicaciones de la pervivencia de organizaciones armadas ilegales. No quisiéramos tenernos que referir concretamente a organizaciones armadas ilegales que superviven al proceso de negociación que adelantamos con el Gobierno Nacional, puesto que nuestra voluntad ha sido inquebrantable en cuanto a el desmonte total del fenómeno de autodefensas respecto de lo que nosotros dirigimos. Personalmente tengo que dar fe al país de que el bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas que lideré, se desmovilizó totalmente, de cara al Estado y frente a las comunidades en las que actuó, y que a partir del 15 agosto de 2006 nuestra voluntad y dedicación está exclusivamente dirigida a la reintegración y a sacar avante el proceso de Justicia y Paz.
El país debe reflexionar e identificar los fenómenos que subyacen en el fondo de nuevos grupos armados ilegales. Mina la confianza en la desmovilización y restan credibilidad al proceso de Justicia y Paz. Los actores armados ilegales, que no son otro simple fenómeno delincuencial, tienen como precedentes los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país; Sin embargo queremos llamar la atención sobre ese fenómeno, puesto que si bien nuestra voluntad de paz ha sido y será firme, nos duele profundamente ver el esfuerzo que estamos haciendo mientras el Estado se mantiene ajeno a la atención de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo.
Espero que esta exposición haya cumplido con las expectativas que se tenían frente a los alcances y retos del proceso Justicia y Paz en lo referente a nuestra intervención como postulados frente a la construcción de la verdad de lo acontecido principalmente con las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en Colombia a partir de la acción de los grupos de autodefensas.
Muchas gracias por su amable atención, muchas gracias al Observatorio por su valiosa invitación, pues no sabe cuánto valoramos desde el encierro a que nos vemos sometidos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento en ese espacio académico que ustedes han abierto y que sólo puede producir efectos de paz para nuestra atribulada patria. De todo el auditorio, con el mayor respeto,
FREDY RENDÓN HERRERA.
Representante de la Comunidad de desmovilizados de la cárcel de Itagüí
Mayo 20 de 2011.
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