lunes, febrero 25

LA RESTITUCIÓN: UNA NUEVA FACETA DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO


23 febrero 2013

Restitución: el nuevo conflicto



ORDEN PÚBLICOCon casi 700 reclamantes de tierras amenazados en un año, el proceso de restitución puede ser el nuevo motivo del conflicto en las zonas agrarias.


Restitución: el nuevo conflicto. Manuel Ruiz, líder de un proceso de restitución colectiva en el Chocó fue uno de los dos  líderes asesinados en 2012. Lo mataron junto a su hijo.
Autor: Archivo particular
Manuel Ruiz, líder de un proceso de restitución colectiva en el Chocó fue uno de los dos líderes asesinados en 2012. Lo mataron junto a su hijo.
Una alarma silenciosa se extiende por Colombia. A un año escaso de iniciado el proceso de restitución de tierras, hay 683 reclamantes de tierras amenazados. La cifra es verdaderamente alarmante. Hasta ahora, apenas se ha emitido una docena de sentencias que devuelven a sus dueños las fincas despojadas por la violencia. ¿Qué puede pasar en los próximos meses, cuando los jueces de restitución van a producir cientos de fallos más?

En este caso, el Estado ha respondido. Los asesinatos, en marzo pasado, de Manuel Ruiz y su hijo Samir, que reclamaban tierras colectivas en Chocó; y de Jairo Mejía, líder del Carmen de Bolívar, en junio, cerca de Montería, encendieron las alarmas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de proveer seguridad a personas en riesgo, tomó decisiones extraordinarias. Mediante un procedimiento de emergencia ha cobijado con medidas de protección, aun antes de hacerles el estudio de riesgo, a 425 líderes y participantes del proceso de restitución de tierras. 

“En 2012 no nos han matado a nadie”, afirma el director de la UNP, Andrés Villamizar. “Basta con que una entidad en el terreno nos ponga por escrito un riesgo inminente (para un reclamante) y se le ponen medidas.”

Si bien la protección parece estar funcionando, la magnitud del recurso a las amenazas de todo tipo para frenar los procesos de restitución es tal, que la UNP calcula que para finales de 2013 tendrá 1.000 participantes de procesos de restitución bajo su cuidado, dos veces y media los que tiene hoy. Solo en lo que va de este año se han entregado medidas de protección a 50 reclamantes más. Panfletos y sufragios, algunos firmados por el Comando Central Antirrestitución, visitas amenazantes a las casas, mensajes de texto y recados vienen en aumento en varias de las regiones que la Unidad de Tierras ha priorizado para adelantar la restitución.

Pese a la prelación que se ha dado a atender a los reclamantes de tierras en riesgo, hay quejas por casos de lentitud en las medidas y dudas de hasta dónde son efectivas para proteger a personas que viven en zonas rurales apartadas y entornos donde un celular, un chaleco blindado y hasta una escolta armada no son a menudo las fórmulas más adecuadas.

SEMANA estuvo en el Cesar y pudo constatar allí la gravedad del problema. En muchos de los procesos de restitución en curso hay amenazados. Líderes con los que habló esta revista afirman que, además, son muchos los que han desistido de reclamar sus tierras por miedo.

Justo cuando salía la primera sentencia para devolver tierras despojadas en el departamento, en el predio El Toco,  uno de los líderes del proceso, Miguel Antonio Ricardo Serna debió huir del municipio de Codazzi por amenazas. “Aquí hay una cantidad de gente que estamos en el mismo problema”, dijo Pompilio Herrera, participante del proceso para recuperar el predio Mechoacán, en La Jagua de Ibirico. José Luis Peralta, que lidera a desplazados del poblado de Minas de Iracal, en Pueblo Bello, está amenazado, como lo está Sifredy Culma, desplazado de la finca Santa Fe, en Becerril, y muchos más.
En total, 51 reclamantes del Cesar están en la mira. A 44 se les pusieron medidas de protección. La mayoría de aquellos con los que habló SEMANA tiene un nivel de riesgo evaluado como extraordinario. La Defensoría del Pueblo local y otras organizaciones humanitarias han promovido tres reuniones de los reclamantes amenazados, la última de ellas, la semana pasada.

Muchos se quejan de lentitud en la implementación de las medidas de la UNP para protegerlos, de que les entregan vehículos con problemas mecánicos o avanteles en zonas sin cobertura y de que los pagos para auxilio de transporte se tardan mucho tiempo. La Defensoría, incluso, ofició a la Procuraduría, exponiendo estos problemas. En Bogotá, en la UNP aceptan que  esos líos se presentan, pero señalan que los reclamantes de tierras tienen una atención prioritaria e insisten en que la protección ha funcionado.

El Cesar es emblemático. Con 2.600 solicitudes para restituir 170.000 hectáreas de tierras, casi todas despojadas por los paramilitares del Bloque Norte de Jorge 40, el departamento es un crisol de los problemas que enfrenta la restitución. Aunque los paras se desmovilizaron, los mandos medios siguen activos y muchos terratenientes y políticos que los apoyaron conservan su influencia y su poder. Estos sectores y grupos sucesores de los paramilitares, como los Rastrojos, no solo estarían tras las amenazas sino que orquestan campañas para señalar como guerrilleros a los reclamantes de tierras o, en algunos casos, para montarles procesos judiciales que los hagan desistir.

El cuadro del Cesar dista de ser el único. Hace poco, siete congresistas estadounidenses le enviaron una carta al presidente Santos en la que manifestaban su preocupación por el crecimiento de las amenazas contra líderes del proceso de restitución de territorios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, y contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que los acompaña, diciendo que 45 personas están amenazadas (allí mataron a Manuel Ruiz y su hijo). Antioquia, donde 75 reclamantes tienen medidas de protección, Chocó, con 65, y Bolívar, con 49 encabezan la lista de los departamentos donde hay más líderes de tierras en riesgo.

Allí y en otras regiones, el patrón del Cesar se reproduce. El sustrato político y social que respaldó al fenómeno paramilitar nunca se afectó de manera irreversible y ahora asoma la cabeza, en entornos en los que nuevos y viejos grupos armados están dispuestos a proveer la ‘mano de obra’ para atacar la restitución y en los que la institucionalidad local es débil para defenderla. El ambicioso proyecto de restitución de tierras del gobierno enfrenta el gigantesco desafío no solo de proteger a sus participantes, sino de prevenir los ataques contra ellos y de investigar las amenazas en su contra. Más allá de los esfuerzos que se están haciendo en protección, estos son dos de los flancos débiles en la política oficial para lidiar con un reto que puede incendiar el campo colombiano si no se toman medidas de fondo.

sábado, febrero 23

HITLER, GENOCIDA Y CORRUPTO


NOTA DEL EDITOR: Este oscuro personaje, tal vez el peor que ha conocido la historia de la humanidad, tambien tenia otras facetas "humanas" como esta en la cual se muestra el nivel de corrupción que se alcanzó y la forma como se enriqueció a consta del pueblo alemán y el despojo a sus víctimas.


Adolfo Hitler

Los pecados de Hitler

Por: El País reseña de elespectador.com febrero 22 de 2013

.Adolf Hitler, presidente de Alemania de 1934 a 1945, fue el instigador del Holocausto judío. sus finanzas permanecieron en la sombra, otro tanto ocurrió con su familia y sus relaciones 

amorosas.Adolf Hitler, presidente de Alemania de 1934 a 1945, fue el instigador del Holocausto judío.



foto: Niños judios sujetos a experimentos medicos por parte de los nazis en el campo de concentración de auchwitz. 

El 30 de abril de 1945, cuando se suicidó a los 56 años disparándose un tiro, Adolf Hitler era un líder derrotado. Y multimillonario. Ante los alemanes se había presentado siempre como un ser austero y abnegado. Un político que renunció a su sueldo de canciller, cargo que ocupó desde el 30 de enero de 1933. Pocos llegaron a saber que revocó la decisión al año siguiente, embolsándose desde entonces su sueldo (29.200 marcos anuales y 18.000 más en concepto de dietas) y el de jefe de Estado al morir, en agosto de 1934, el presidente Hindenburg. Este salario era de 37.800 marcos al año más 120.000 en dietas. El sueldo medio de un alemán: 1.500.

Son detalles de la vida del líder nazi recogidos en el libro Secretos del Tercer Reich, del periodista alemán Guido Knopp. El libro mezcla investigaciones propias con entrevistas a especialistas, biógrafos y familiares de algunos de los protagonistas. El texto llega a las librerías españolas (Crítica) coincidiendo con el 80º aniversario del ascenso de Hitler al poder.

Los autores cifran en 700 millones de marcos la fortuna que amasó el hombre que se presentaba como el salvador de Alemania. Solo una parte de ese dinero tenía un origen claro: su salario y sus incursiones dogmático-literarias. Aunque su autobiografía, Mi lucha, publicado en 1924 por la editorial del partido nazi, vendió más de 10 millones de ejemplares hasta el final de la guerra, el león de su fortuna procedía de donaciones. Desde junio de 1933, los principales industriales del país destinaban trimestralmente un porcentaje de sus costes salariales (0,5%) a un fondo privado al que Hitler tenía acceso ilimitado. La lista la encabezaban Gustav Krupp o Fritz Thyssen pero no faltaban extranjeros.
El estadounidense Henry Ford no olvidó enviar al Führer todos los años el equivalente en dólares a 50.000 marcos como regalo de cumpleaños. El dinero para el dictador y el que iba al Partido Alemán del Trabajo Nacional Socialista se confundían a veces, como si se guardaran en vasos comunicantes. Su riqueza no erosionó el mito de la austeridad porque todo era desconocido para las masas, igual que la exención de pagar impuestos, situación que se hizo oficial en 1939. Esta disposición fiscal extraordinaria es un detalle de la devoción patológica que el nacionalsocialismo desarrolló hacia su líder.

Si sus finanzas permanecieron en la sombra, otro tanto ocurrió con su familia y sus relaciones amorosas. Los rumores sobre su origen judío partieron del error de un especialista en genealogía pero, aun así, no todo estaba claro. Su padre, Alois, nacido en un pueblecito de la zona de Waldviertel (Austria), en junio de 1837, fue inscrito en el registro parroquial con el apellido de la madre, Schcklgruber, y pasaron años hasta que se rectificó su partida de nacimiento por expreso deseo del pariente que lo crió.
Ante notario, tres testigos confirmaron que era hijo legítimo de Georg Hiedler, marido de su madre. Apellido que el funcionario copió erróneamente como Hitler. Pese a la rectificación, que resultó crucial (en 1933 comenzó a exigirse a los alemanes el ariernachweis o certificado de ascendencia aria), la sombra de la duda sobre la identidad real de su abuelo paterno le persiguió.

Su familia era importante para Hitler. En primer lugar, tras la anexión de Austria, en 1938, compró las casas en las que había vivido. También dedicó sumas fabulosas a acumular obras de arte con destino a un museo en Linz. Un proyecto en el que embarcó al director de la pinacoteca de Dresde, Hans Posse. El museo nunca vio la luz. Tras la guerra, la fortuna del hombre que había llevado a Alemania a la ruina pasó a manos del Estado bávaro (salvo una parte lograda por su hermana tras larga batalla judicial).De las 4.353 piezas adquiridas para el museo nunca creado, solo el 37% (según el historiador Hanns-Christian Löhr, que se cita en el libro) procede del comercio regular y pasaron al Estado federal. El resto fueron devueltas a los herederos de sus dueños o están a la espera de que sean localizados.
También la vida amorosa de Hitler se adaptó al personaje. Quería dedicarse en cuerpo y alma al elevado destino de una Alemania líder de los pueblos del mundo, por lo que era primordial que se mantuviera soltero. La estudiada escenografía de sus intervenciones públicas le confería un gran poder de seducción sobre las masas, especialmente en las mujeres, que habían sido, desde el principio, las sostenedoras del partido.
De ahí la reserva con la que condujo sus relaciones privadas. Las mujeres que le sedujeron, casi todas jovencísimas, se mantuvieron en la sombra. Como Maria Reiter, que tenía 16 años cuando conoció a Hitler en 1926. La relación fue más bien platónica y el enamorado desapareció enseguida llamado por más importantes tareas. Tampoco se dejó ver inicialmente con Eva Braun, a la que había conocido en el estudio de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann, y que se convirtió en su amante a principios de 1932. Ambos formalizarían su matrimonio poco antes de suicidarse.

Quien también intentó quitarse la vida fue una admiradora del Führer, la británica Unity Valkyrie Mitford, hermana de la amante del líder fascista británico, Oswald Mosley. Unity se disparó un tiro cuando Reino Unido declaró la guerra a Alemania y, aunque no falleció en el acto, quedó malherida. Murió en su país en 1948. La suerte de los parientes más lejanos de Hitler, que vivían aún en Waldviertel (Austria), no fue mucho mejor. El Ejército Rojo se ocupó de rastrear su pista para detenerlos. Cinco primos lejanos del Führer fueron arrestados, sometidos a intensos interrogatorios y más tarde encarcelados. Solo sobrevivió uno de ellos, llamado, por cierto, Adolf.

jueves, febrero 21

¿Por qué mataron a los niños?

N. del E.: reproducimos articulo de Semana. com, de 2009 en el que da cuenta de la escabrosa matanza de San Fose de Apartadó. Otro opertativo conjunto de sectores corruptos del Ejercito Nacional con la aterradora "oficina de Envigado", en este caso fungiendo como "bloque heroes de tolová" comandada por el narcotraficante "don berna".
Dolorosa página de la historia demostrativa de donde ha llegado la corrupción oficial en nuestro país, aliandose con el narcotráfico.


Tomado de semana.com

Cuatro años después (2009) de la masacre de San José de Apartadó, donde tres niños fueron degollados y descuartizados, SEMANA reconstruye esos días de horror y el encubrimiento que siguió.
La masacre de San José de Apartadó estremeció al país, especialmente por los niños que fueron asesinados. Cuando ocurrió, el gobierno cerró filas en defensa de los militares y hubo muchos intentos de desviar a la justicia. Actitud que contrasta con la que el año pasado tomó el gobierno con los falsos positivos, cuando destituyó a los responsables
En febrero de 2005 Armando Gordillo conoció el paraíso y el corazón de las tinieblas en menos de una semana. El capitán del Ejército estaba en las exuberantes playas de Capurganá, en el mar Caribe, cuidando a las estrellas de televisión que grababan el reality Desafío 2005, cuando recibió una llamada en la que se le ordenaba que saliera para Nueva Antioquia, un paraje cerca de Apartadó, porque se daría inicio a la operación 'Fénix', programada por la Brigada XVII de Urabá. Era el comienzo de uno de los episodios más sangrientos de la guerra en Colombia: la masacre de Mulatos y La Resbalosa. 

Cuando Gordillo recibió la llamada, hacía apenas una semana que la Brigada había recibido el golpe más duro de los últimos años, y el peor en la era del presidente Álvaro Uribe. En la vereda El Porroso, de Mutatá, un oficial y 18 soldados habían muerto en un cerco tendido por las Farc. La Brigada no había podido explicar lo ocurrido. Se dijo que hubo problemas de comunicación, que se trató de una emboscada; en todo caso, el general Héctor Fandiño y todos los altos oficiales de la Brigada estaban adoloridos y humillados por este golpe, que incluso le valió una sanción al General.

Por eso a Gordillo no le extrañó que lo llamaran para hacer parte de una acción envolvente de varios batallones sobre el cañón del río Mulatos, donde se sabía tenían su guarida los guerrilleros de los frentes 5 y 58 de las Farc, especialmente 'Samir', un temido insurgente que acampaba con frecuencia en la zona. Cuando llegó a Nueva Antioquia el 17 de febrero, tampoco le extrañó encontrar reunidos a los miembros de su batallón, oficiales y soldados, con un grupo paramilitar. No era la primera vez que esto ocurría. Todos sabían que el Bloque Héroes de Tolová, que pertenecía a 'Don Berna', tenía su centro de operaciones en el cerro de la Hoz, donde se estaba planeando los detalles de la operación. Dos meses atrás se había desmovilizado el Bloque Bananeros de Urabá, y se suponía que sus hombres estaban en plena reincorporación a la civilidad, bajo el mando de Ever Veloza, 'H. H.'. 

Gordillo dice que cuando llegó a Nueva Antioquia sus superiores del Batallón Vélez, el teniente coronel Orlando Espinoza y el mayor José Fernando Castaño, tenían todo coordinado con los paramilitares del Héroes de Tolová. De hecho, la compañía Alacrán de otro batallón, el de Contraguerrilla 33, ya había partido en dirección a la vereda Las Nieves. Este grupo iba guiado por un paramilitar recién desmovilizado conocido como 'Melaza', viejo conocido de los militares, asiduo visitante de la Brigada XVII y quien no tuvo problema en vestir un camuflado y portar un fusil oficial, mientras se comunicaba por radio con las demás compañías que estaban en el terreno. 

A Gordillo le asignaron un grupo paramilitar coordinado por alias '44', del que hacían parte varios esbirros como 'Kiko', 'Cobra' y 'Pirulo'. "Ellos dijeron que conocían el terreno, sabían de campamentos y caletas de las Farc hacia el cañón de Mulatos… que esa operación ya se había hablado con mandos superiores", le dijo Gordillo a la Fiscalía. 

Los acontecimientos que siguieron muestran que la operación tenía el sello de la venganza. Las víctimas de la incursión iban a ser civiles, varios de ellos niños, que morirían degollados y descuartizados, en un acto de barbarie al mejor estilo de las matanzas de 'chulavitas' de la época de La Violencia. 

Las tropas avanzaban lentamente, deteniendo a su paso a los pocos campesinos que transitaban esos caminos. 'Melaza' guiaba a los hombres del Batallón 33 y con frecuencia ponía en contacto al oficial que comandaba el grupo con las tropas que habían quedado atrás. Adriano José Cano, Melaza', tenía en ese entonces 25 años y trabajaba para el Ejército con frecuencia. "Ganaba 15.000 pesos diarios y bonificaciones, dependiendo de los resultados que tuviera la operación", dice. Así lo había hecho desde cuando ingresó a los paramilitares en 1997, y así lo hizo varias veces después de entregar las armas, "previa autorización del centro de referencia para desmovilizados", explica. 

Desde niño había sido arriero y conocía como la palma de su mano los caminos de Urabá. En particular había estado en varias ocasiones en San José de Apartadó. Cómo no iba a conocer esas trochas si en el año 2001 participó en la masacre de seis campesinos en esta región. Esa vez iba encapuchado, pero muchos lo reconocieron. 'Melaza' era un nombre asociado con muerte. 

Las tropas tenían información de que había un miliciano en la vereda Las Nieves y al amanecer del 20 de febrero cercaron el humilde rancho. "Llegamos como a las 6 de la mañana. Era un ranchito en medio del monte. Rodeamos la casa y el teniente Rodríguez metió la boquilla del fusil por la ventana. El miliciano le echó mano a un AK-47. Entonces disparamos todos contra el rancho. La casa quedó como un colador y aun herido de muerte, el miliciano seguía disparando. Cuando todo se calmó, vimos a un niño negrito y a la esposa del miliciano que salió con una niña de 2 años en los brazos completamente ensangrentada. 'Me mataron la niña', dijo. No se había dado cuenta siquiera de que estaba completamente desnuda. Yo me le acerqué y le dije: 'señora, vaya póngase algo'". 

Efectivamente, Marcelino Moreno, 'Macho Rucio', era un miliciano y, al parecer, su muerte ocurrió en combate. La niña estaba herida, pero le dieron primeros auxilios y fue evacuada en un helicóptero y sobrevivió. Suerte que no tuvieron los hijos de Luis Eduardo Guerra y Alfonso Tuberquia, cuyo encuentro fue con la patrulla que venía rezagada.

Sin piedad 

Ese domingo, cuando Luis Eduardo Guerra escuchó a lo lejos los disparos y el helicóptero del Ejército, se disuadió de salir a coger cacao. Guerra era el más destacado líder campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esta comunidad había nacido una década atrás como un experimento de resistencia civil frente a la guerra, bajo la tutela especial del cura jesuita Javier Giraldo y de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas. La comunidad había sido blanco de todo tipo de críticas y señalamientos por parte del gobierno de una supuesta tolerancia con las Farc. También había sido víctima de innumerables atropellos y asesinatos selectivos. Luis Eduardo Guerra, a pesar de haberse formado en el campo, era un hombre con el don de la palabra, con un pensamiento tan estructurado que generaba sospecha en sus adversarios, que lo consideraban un ideólogo de la guerrilla. Era uno de aquellos casos excepcionales del hombre con talento y autodidacta. "Se levantaba a las 4 de la mañana a escuchar noticias y después de las jornadas en el campo, se ponía a leer historia, filosofía, era muy disciplinado", cuenta uno de los líderes de la comunidad. De hecho, Guerra era una especie de canciller de la comunidad de paz. 

Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, Guerra decidió salir por fin hacia su cultivo, con su compañera, Bellanira, de 17 años, su hijo Deiner ,de 11, quienes iban a lomo de mula, y su hermano medio Darío. Después de un corto recorrido, a eso de las 8 de la mañana, un grupo de militares salió entre la maleza y los detuvo. Desde un principio Darío temió lo peor. Se dio cuenta de que la actitud de los uniformados era taimada y extraña. Tuvo el presentimiento -al parecer correcto- de que con los militares había paramilitares. Entonces cuando vio que toda la atención de los soldados se centró en Luis Eduardo, se fue escabullendo detrás de la mula y, como pudo, salió corriendo entre la maraña. Poco después escuchó gritos de dolor y de espanto. Y ningún disparo. Los habían matado a garrote y con machete. Y degollados. Y aunque Gordillo dice que no sabe nada sobre estas primeras muertes, los investigadores tienen la hipótesis de que fueron sus tropas combinadas de militares y paramilitares, quienes estaban en ese lugar.

Hacia el mediodía, en la vereda La Resbalosa, a cuatro horas de allí, la escena se repitió con mayor sevicia. Según varios testimonios en poder de la justicia, y el del propio capitán Gordillo, los paramilitares, al mando de '44', le tomaron la delantera unos 500 metros al Ejército. Los paramilitares llegaron a la casa de Alfonso Bolívar, otro destacado líder de la comunidad de paz, cuando la familia estaba almorzando. Se inició un intercambio de disparos con un hombre llamado Alejandro Pérez -guerrillero de las Farc, según ha comprobado la Fiscalía-, quien alcanzó a correr unos cuantos metros antes de caer acribillado. Los paramilitares detonaron varias cargas explosivas contra la casa y vieron cómo cinco hombres salieron corriendo hacia el monte. Eran Bolívar y sus trabajadores. Lo que siguió es indescriptible. 

Jorge Luis Salgado, alias 'Kiko', paramilitar del Bloque Héroes de Tolová, ahora en prisión, la contó a la Procuraduría lo que ocurrió esa tarde: "…vi que había una mujer muerta en el piso… de repente reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa… creo que estaban debajo de la cama… fueron sacados de allí al patio… se le preguntó al comandante que qué se hacía con estos niños y llegaron a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros… por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio… fue cuando en esos instantes apareció el papá de ellos, con una rula en la mano… los peladitos gritaron ¡papá!... él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a los comandantes que por favor no fueran a matar a los niños… entonces él se arrodilla con las manos en la nuca… los niños corrieron hacia él… y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar… entonces la niña le busca al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano…". 

Bolívar había logrado correr y protegerse donde una vecina, pero al cabo de una hora, se sintió mal por haber dejado abandonada a su esposa, Sandra Milena, de 24 años, y a sus pequeños hijos, Natalia, de 5, y Santiago, de 18 meses, y regresó a su casa, a enfrentar la muerte. Todos murieron y fueron enterrados por sus victimarios en una fosa cerca de la casa. Los vecinos que al día siguiente pasaron por allí, una vez se habían ido los uniformados, dijeron que sólo se veía el rastro de sangre, la tierra removida y "un machete amellado de picar huesos". 

Según los testimonios de los paramilitares, desde ese mismo instante el capitán Gordillo se enteró de lo que había ocurrido. La operación conjunta siguió, sin embargo, tres días más. Prácticamente hasta cuando el escándalo de la masacre ya estaba en la prensa de todo el mundo. A lo largo de esa semana la Fiscalía no pudo ir a levantar los cadáveres. El padre Javier Giraldo dice que el argumento que le dieron las autoridades judiciales es que necesitaban la protección y el transporte el Ejército, y la Brigada había dicho que "no tenía helicópteros disponibles". No obstante, en los testimonios que reposan en el proceso se dice que el general Héctor Fandiño y el coronel Néstor Iván Duque viajaron en un helicóptero el jueves de esa semana hasta donde estaban las tropas. De qué se enteraron ese día o qué decisiones tomaron es un misterio. Se sabe, eso sí, que esa misma fecha los paramilitares abandonaron la zona.

Para entonces, ya unas 110 personas de la comunidad y observadores internacionales había salido a pie a recuperar los cuerpos, habían llegado a la casa de Tuberquia y rodeado las fosas en espera de la Fiscalía. Uno de los primeros en llegar al lugar fue un oficial, quien se le presentó con su rostro altivo y su mirada fría ante los dolientes: "Soy el capitán Gordillo y vengo a brindarles protección". Ese viernes 25 de febrero en la tarde se inició la exhumación. Al día siguiente encontrarían junto al río los cuerpos de Luis Eduardo y su familia, devorados por los animales. Tan infames como estos crímenes resultaron los actos posteriores para encubrirlos. 

¿Obstrucción a la justicia?

Desde el primer momento, el padre Javier Giraldo levantó su dedo señalando al Ejército como culpable. "Había hablado con muchos campesinos y sus versiones me convencieron de ello", dice. Pero le llovieron críticas. ¿Quién podía imaginar que el Ejército estuviera involucrado en un crimen en el que las principales víctimas eran niños? 

No habían reposado en sus tumbas los muertos cuando los medios de comunicación empezaron a emitir los testimonios de dos supuestos desmovilizados de las Farc que acusaban a la comunidad de San José de Apartadó de tener vínculos con la guerrilla, y aseguraban que era ésta la que había cometido la atroz masacre. Los ex guerrilleros eran Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra, quienes estaban bajo la tutela del coronel Néstor Iván Duque, comandante entonces del Batallón Bejarano, adscrito a la Brigada XVII. Sus versiones eran demasiado inverosímiles, pero confundieron enormemente al principio.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina, se esforzó en explicar con mapas en la mano que las coordenadas de ubicación de los militares demostraban que estaban lejos de la zona de los hechos. Se ha conocido que un oficial había ordenado alterar la ubicación desde el mismo momento en que se desarrolló la operación. Como si fuera poco, el propio gobierno, antes que lamentar la masacre e instar porque se aclarara, salió a enjuiciar a la comunidad por su negativa a la presencia de militares y policías en la zona. 

La justicia estaba en la encrucijada de que era evidente que la masacre había sido acto de militares y paramilitares, pero no había por dónde empezar, pues la comunidad de paz se negaba a hablar. Vino a ser el testimonio de 'Melaza' el que empezó a desenredar la madeja. 

La justicia actúa 

Todo pudo haber quedado en la sombra de la impunidad de no ser por la diligente acción de una fiscal. Como la comunidad de paz, embargada por la desconfianza, no quiso hablar con la justicia, los fiscales y los investigadores de la Procuraduría empezaron a arañar evidencias de un lado y de otro. Hace dos años la Fiscalía, en un acto inusual y hasta insólito, llamó a indagatoria a 60 militares de la Brigada XVII que habrían participado en los hechos, para intentar romper el pacto de silencio que, al parecer, se había hecho. 

A finales de 2007 la historia tendría un giro definitivo. 'Melaza' había sido capturado dentro de la investigación que se seguía por la muerte de Carlos Castaño. Aunque en un principio él iba a participar en el asalto al máximo jefe de las AUC, luego fue relevado y finalmente no asistió. Ya había sido absuelto y cuando ya prácticamente tenía la boleta de libertad en sus manos para volver a la calle, un fiscal recordó que en un libro de Germán Castro Caycedo se mencionaba a un 'Melaza' asociado a la masacre de San José de Apartadó. Y lo llamaron a declarar por este caso. 'Melaza' sólo atinó a decir: "Yo no maté a esos niños". 

Desde la cárcel de Itagüí, donde habló con SEMANA, el ex paramililtar ratifica su versión: "El Estado pide la verdad, pero para qué, si no puede aguantarla". El testimonio de 'Melaza' incriminó desde el primer momento al capitán Gordillo. Y éste a su vez ha involucrado a sus superiores, pues dice que en noviembre de 2007 "me encontré con mi general (Fandiño) en un apartamento de la 106. Me mostró la declaración de alias 'Melaza' y dijo que lo más probable era que me llamaran a indagatoria... me dijo que en ningún momento debía decir que iban guías civiles con armamento, ni otro personal diferente a soldados… que ya había declaraciones de dos informantes de las Farc (Tuberquia y Guerra) que habían dicho que a esa gente la habían matado los del frente 58".

Pero la suerte de Gordillo estaba echada. A finales de ese mes fue capturado. Poco después, al conocer la acusación en su contra, se dio cuenta de que no tenía nada qué hacer. Se declaró culpable y se acogió a sentencia anticipada. Confesó que sus tropas patrullaban con los paramilitares, y la entendió que lo hicieron para cometer actos de terror y barbarie. Por eso hoy 10 militares están llamados a juicio, entre ellos el coronel Espinosa y el mayor Castaño. El fiscal Mario Iguarán anunció que también se investigará al general Héctor Fandiño, el comandante de la Brigada en aquel entonces.

Por lo menos seis de los paramilitares que participaron en la masacre han muerto. Alias '44', quien conocía piezas clave de lo que ocurrió, fue asesinado en Valencia, Córdoba, el año pasado. 'Melaza' y 'Kiko' están fuertemente custodiados en la cárcel, por las amenazas que han sufrido. 

La historia le ha dado la razón al vituperado sacerdote Javier Giraldo. Su tesis, parecía inconcebible, poco a poco se confirma. Aunque él mismo está a las puertas de la cárcel por una denuncia por calumnia que le interpuso el coronel Duque, y a la que Giraldo ha respondido con una radical objeción de conciencia, negándose a presentarse ante el tribunal y rendir testimonio. 

Por esas paradojas de la guerra, el hombre fuerte de las Farc en San José de Apartadó, 'Samir', al que los propios militares culpaban de la masacre, se desmovilizó en diciembre y desde entonces acompaña a la Brigada XVII en operaciones en todo Urabá. Su testimonio será clave en este caso. 

La justicia trata de desentrañar los interrogantes que aún deja planteada esta compleja investigación. ¿Quién planeó la operación conjunta? ¿Se trató de una venganza contra la comunidad por las acciones de las Farc? ¿Hubo intención de desviar a la justicia? 

Mientras tanto, Gordillo, sin sombra de remordimiento en los ojos, espera su condena en una cárcel militar. Desde otra prisión castrense, los 10 militares que irán a juicio niegan hasta el momento todo lo ocurrido.

viernes, febrero 15

GOBIERNO NACIONAL OFENDE A LAS VICTIMAS DEL CHOCO

 


13 febrero 2013


Gobierno Nacional ofende a víctimas del Chocó

Por Juan Diego Restrepo E.*




OPINIÓN
Defender la legitimidad de la Operación Génesis, ejecutada en las selvas chocoanas en febrero de 1997, va en contravía de los principios de reparación de las personas afectadas por el proyecto paramilitar.

Los alegatos finales por parte de la defensa del Estado colombiano durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del asesinato del labriego Marino López Mena, a manos de grupos paramilitares en las selvas del Chocó, son una ofensa para las víctimas y estarían demostrando que las versiones vertidas por los exparamilitares postulados a los beneficios de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, han perdido todo sentido y carecen de validez jurídica e histórica.



Rafael Nieto Loaiza, representante del Estado ante ese tribunal y Viceministro de Justicia durante dos años del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, expuso varias tesis que sorprenden cuando se leen de manera comparada con los hechos que no sólo ocasionaron la muerte de López Mena, quien fue decapitado, sino el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá, Urabá antioqueño, a finales de febrero de 1997.



Para defender al Estado de una posible sanción en su contra, Nieto Loaiza expuso ante la Corte en Costa Rica que el desplazamiento forzado fue ocasionado por la guerrilla de las Farc una vez se enteró que la Brigada XVII del Ejército preparaba una incursión militar aérea y terrestre de por lo menos de mil hombres a las cuencas de los caños Salaquí, Truandó y Cacarica, con el fin de atacar campamentos del Frente 57.



Según informaron agencias internacionales de prensa, el ex viceministro basó sus puntos de vista en "versiones libres de desmovilizados de las Farc y dos sentencias contra miembros de las Farc donde se da cuenta que planearon el desplazamiento masivo en el área". No obstante, esa visión de los hechos es sesgada y obedece a la manera cómo hombre de su talante, defensor a ultranza del Uribismo, enfoca su interpretación del conflicto.



Pero los hechos dicen otra cosa. Buena parte del desplazamiento al que se vieron sometidos los campesinos y colonos de esas cuencas chocoanas se debió a dos circunstancias concretas; la primera de ellas, debido a la llamada Operación Cacarica, una incursión río arriba por el Atrato de 60 hombres de dos frentes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) hacia las mismas zonas donde tropas del Ejército desarrollaban la Operación Génesis; y la segunda, por efecto del bombardeo que efectuaron los aviones del Ejército durante varios días.



En su camino hacia el Truandó y Salaquí, los paramilitares ingresaron el 27 de febrero de 1997 al caserío Bijao, donde hallaron a López Mena y tras acusarlo de ser miliciano de las Farc procedieron a cercenar su cuerpo y a decapitarlo, como un ejercicio de violencia aleccionadora contra las comunidades allí asentadas, las que no tuvieron otra opción que abandonar sus bienes y buscar refugio en otros poblados. ¿Tal crueldad y sus efectos son responsabilidad de las Farc?



Los hechos que acabaron con la muerte de López Mena y las afectaciones a las comunidades de Bijao y sus alrededores han sido narrados, con lujo de detalles, por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Ahora bien, ¿esas versiones no son válidas y pesan más las de algunos guerrilleros de las Farc, algunos de ellos consentidos en guarniciones militares?



Nieto Loaiza alegó además, según despachos de prensa procedentes de Costa Rica, que "la operación militar Génesis estuvo bien planeada, bien ejecutada sobre objetivos militares claros. Se llevó adelante sin afectación de población civil y bienes civiles, a más de 30 kilómetros de la cuenca del Cacarica" y fue realizada únicamente por fuerzas estatales. No obstante, hay otra versión, la de los exparamilitares.



De acuerdo con alias ‘El Alemán’, la Operación Génesis fue planeada, discutida y concertada semanas antes de su ejecución en una oficina de la Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. En esa reunión participaron además de él, los jefes paramilitares Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, y Elmer Cárdenas. Por parte de las Fuerzas Armadas estuvo el Jefe de Inteligencia de la época, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, hoy prófugo de la justicia por su responsabilidad en la muerte del humorista Jaime Garzón. Uno de los acuerdos en esa reunión fue el empleo de guías conocedores de la región, para lo cual dispusieron de doce experimentados paramilitares, cuya coordinación estuvo a cargo del paramilitar Julio Cesar Arce Graciano.



Alías ‘El Alemán’ también aseveró que en algún momento del desarrollo de las operaciones Génesis y Cacarica tropas del Ejército y de las Accu se encontraron en un lugar conocido como Boca Chica: "De ahí los comandantes superiores organizan un operativo conjunto con el Ejército al Alto de Teguerre, donde los comandantes superiores, alias ‘Pantera’, ‘Ramiro’ y ‘Catori’ se van con 15 hombres y el Ejército".



En el Alto de Teguerre las tropas combinadas atacaron un campamento del Frente 57 de las Farc, donde tenían secuestrados a tres extranjeros, dos hombres y una mujer. Según lo han contado a Justicia y Paz algunos paramilitares, en el intercambio de disparos murió la mujer y los dos hombres fueron rescatados. Como premio a la participación en ese operativo, los paramilitares recibieron del Ejército los fusiles recuperados a la guerrilla a cambio de los que tenían, viejos y desgastados.



Se le olvida también al exviceministro de Justicia que en agosto del año pasado el Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó al exgeneral Rito Alejo Del Río a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de Marino López Mena. Si bien el fallo fue apelado y está en trámite la decisión en segunda instancia, se sentó un precedente sobre su responsabilidad en la coordinación de fuerzas legales e ilegales para atacar a la guerrilla.



Así las cosas, si el Gobierno Nacional, a través de su abogado representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ofende a las víctimas chocoanas al defender la legitimidad de la Operación Génesis. Ahora bien, si persiste en esa tesis, la acción lógica a seguir debería ser la de promover la exclusión de los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz a los exparamilitares que han sostenido que fue una acción militar conjunta, por cuanto le han mentido al país durante varios años. Eso se llama coherencia.



* Periodista y docente
 
 
 


miércoles, noviembre 21

Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba por despojo


Investigan a Incoder, notarías y Fondo Ganadero de Córdoba por despojo
Martes, 20 de Noviembre de 2012 12:57


Fiscalía investiga a miembros del Fondo Ganadero y a funcionarios del Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó, por el despojo de tierras en el Urabá antioqueño y cordobés.

La Fiscalía investiga el despojo de miles de hectáreas de tierra en Córdoba y Urabá. VerdadAbierta.com




Durante el juicio que se adelanta contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de Justicia y Paz, Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de persecución de bienes, anunció que se están adelantando investigaciones penales y disciplinarias en contra de varios funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y de notarias de Montería y de Apartadó que colaboraron con los paramilitares en el despojo de tierras en Córdoba y Antioquía.

Así mismo, Donado informó ante los magistrados de Justicia y Paz, que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando a miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes presuntamente se aliaron con las autodefensas de Salvatore Mancuso y de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para usurpar tierras a campesinos a finales de la década de los noventa. (Leer El fraude de los Castaño para despojar)

Dentro de los investigados se encuentra Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien para la fecha de los hechos participaba como representante del Ministerio de Agricultura dentro del Fondo.

Cabe aclarar que el Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad de economía mixta que tiene un 20 por ciento de participación del Estado a través del Ministerio de Agricultura, hecho que explica la presencia de Sotomayor en el Fondo para la época de los hechos.

Estas investigaciones son resultado de las versiones del extraditado Salvatore Mancuso y de Benito Osorio Villadiego, quien fuera durante diez años gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y quien ha sido investigado por sus nexos con los paramilitares hasta que un juez de Montería anuló su proceso.

Al final, la fiscalía será la encargada de establecer cómo, con la complicidad del Incoder y de las Notarias de Montería y Apartadó, el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de 6.500 hectáreas de tierra de las que habían sido desplazadas por los paramilitares, al menos 60 familias de campesinos cordobeses y antioqueños.

Según Salvatore Mancuso, la complicidad del Fondo Ganadero con los paramilitares fue tal, que “dentro de los predios de los que se apropió el fondo con complicidad del Incoder y de las notarias, Carlos Castaño tenía un inmueble que le servía como refugio. En esta finca también se firmó el acuerdo donde se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc”.

Así funcionó la confabulación para despojar
Detrás del despojo de más de diez mil hectáreas y del desplazamiento de miles de campesinos de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, existió una maquinaria de corrupción en la que participaron funcionarios de la notaria 3 de Montería, la notaria de Apartadó, el Incoder y el Fondo Ganadero de Córdoba.

Según las investigaciones adelantadas por la fiscalía y la información aportada por ex jefes paramilitares, todas estas entidades se confabularon con la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una ong creada por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño para facilitar el despojo de tierras en la región.

Funpazcor, que era representada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño - hoy prófuga de la justicia- era la encargada de coordinar con las distintas entidades la maquinaria del despojo paramilitar que facilitó que el Fondo Ganadero de Córdoba hiciera compras masivas de tierras a precios irrisorios. “Mientras la hectárea de tierra en la zona se comercializaba a 300 mil pesos aproximadamente, el Fondo Ganadero pagó cerca de 50 mil pesos por cada hectárea a los campesinos”, aseguró la Fiscal Liliana Donado.

“Sor Teresa Gómez actuó como intermediaria entre las víctimas del despojo y el Fondo Ganadero de Córdoba a través de poderes falsos de los campesinos”, señaló la fiscal Donado, quien agregó que estos poderes tenían graves vicios legales e inconsistencias en las firmas y en las huellas de los campesinos que supuestamente estaban vendiendo sus tierras de manera voluntaria al Fondo Ganadero.

En las escrituras que resultaron de las compras masivas en las que aparece la firma de Benito Osorio, para entonces presidente del Fondo como comprador, la Superintendencia de Notariado y Registró encontró que las irregularidades también salpicaban a funcionarios de la notaria tres de Montería y la única notaría de Apartadó, por esta razón, según la Fiscal donado, la Superintendencia adelanta una investigación disciplinaria y la fiscalía una penal.

Según Benito Osorio quien fuera el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue la junta directiva del Fondo Ganadero la que aprobó entre el 97 y el 98, la compra masivas de entre 100 y 109 predios de los que los paramilitares habían desplazado a miles de campesinos. Allí, el Fondo sustituyó con ganadería extensiva, los pequeños cultivos de los campesinos.

“La junta directiva (entre la que se encontraba Benito Molina, Víctor León Fernández, Luis Gallo Restrepo y Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo, según Benito Osorio), había aprobado estas compras para asegurar el dominio de los paramilitares en la región”, aseguró la Fiscal Donado, quien basándose en las declaraciones Osorio y de Mancuso compulsó copias en agosto de este año para que se iniciaran las correspondientes investigaciones.

De acuerdo con la exposición de Donado, “el Fondo Ganadero se dio cuenta que las tierras no eran buenas para la ganadería extensiva y por eso en su momento hicieron contratos de de arrendamiento con cooperativas de proyectos productivos manejados por desmovilizados, relacionados con la Casa Castaño y los ‘paras’ de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.

Finalmente la fiscal Donado aseguró que el Fondo Ganadero de Córdoba anunció su intención de devolver estas tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo paramilitar.
Última actualización el Martes, 20 de Noviembre de 2012 15:11

jueves, noviembre 8

Los acuerdos por la verdad con los desmovilizados rasos de las AUC

Por César Paredes, periodista de SEMANA

ENTREVISTAEn diálogo con SEMANA, Álvaro Villarraga, de la Dirección de Acuerdos por la Verdad, explicó cómo avanza el proceso para que los desmovilizados rasos salgan del limbo jurídico.
Jueves 8 Noviembre 2012
Más de 10.000 desmovilizados de las AUC se han comprometido a contribuir con la verdad histórica sobre su participación en el conflicto armado. Ellos hacen parte del cuerpo de combatientes que no están cobijados por la Ley de Justicia y Paz, que sirvió para la desmovilización de este grupo ilegal. Ahora podrán disfrutar de los beneficios jurídicos que les otorgó otra ley, la 1424 de 2010, que tiene por objetivo resolver su situación jurídica, a cambio de contar a un grupo de expertos cuáles fueron los hechos que permitieron el nacimiento y consolidación del paramilitarismo. Aunque estos testimonios no serán parte de procesos judiciales en contra de estos desmovilizados, sí podrán servir como parte de la verdad judicial contra terceros.

A propósito de esta nueva etapa que vive el proceso de desmovilización de los paramilitares, SEMANA habló con Álvaro Villarraga, jefe de la Dirección de los Acuerdos por la Verdad (DAV), el equipo de expertos que recibirá los testimonios de los desmovilizados.

SEMANA: ¿Qué son los acuerdos por la verdad?
Álvaro Villarraga: Los desmovilizados (a quienes no se les pudo aplicar un indulto porque fue declarado inconstitucional por las cortes), que no han cometido crímenes graves, que no han cometido delitos a partir de su reinserción y que han logrado una reintegración efectiva, tienen la posibilidad de ir al Centro de Memoria Histórica para aportar a los informes de la verdad y obtener un beneficio penal: se suspenden los procesos judiciales en su contra, si los tienen.

SEMANA: ¿Esa información tiene que ser verificada y verificable o es un aporte que no tiene un efecto jurídico para otras investigaciones?

Á.V.: Nosotros como Centro de Memoria Histórica recogemos su versión, la cotejamos y valoramos con fuentes de distinto tipo que exista. Además la contrastamos como lo considera la ley con valiosa información que podrá llegar de las victimas y con todo el que quiera aportar. Se trata de construir unos informes y en la medida en que se pueda detectar que existen aportes significativos, el centro hará una certificación de que el desmovilizado cumplió con su aporte a la verdad. Los desmovilizados que participen en este ejercicio y que entreguen aportes a la verdad y sean certificados , no podrán tener consecuencias penales por los hechos revelados. Es la regla de juego de los ejercicios de memoria histórica y su esclarecimiento. Pero como bien lo aclaró la Corte Constitucional en la sentencia de revisión, sí tiene efectos para terceras personas que puedan ser mencionadas en testimonios.

SEMANA: ¿Es un beneficio para los combatientes rasos?
A.V.: Sí, el artículo uno de la ley dice que no pueden participar quienes hayan cometido graves delitos, sino delitos relacionados con la pertenencia al grupo ilegal.

SEMANA. ¿Qué beneficios tiene para la memoria del país este proceso?
A.V: Hay en marcha un esfuerzo por dilucidar la verdad. Construir esa verdad ha implicado ya un aporte de diferente orden: las mismas víctimas con sus organizaciones, informes de la comunidad internacional, los procesos judiciales ordinarios como los de Justicia y Paz, han aportado a la verdad. No obstante, lo obtenido con la Ley de Justicia y Paz es una revelación parcial, no están todos los hechos. Con el nuevo proceso hay una oportunidad en aras de completar la verdad de lo sucedido con el fenómeno del paramilitarismo.

SEMANA: ¿Los desmovilizados tienen que acudir al Centro de Memoria?
A.V.: La ley le entrega la responsabilidad de ubicar a los desmovilizados a la Agencia para la Reintegración, la misma entidad es la que recibe la información de manera directa de la Fiscalía, de los organismos de seguridad y de la Policía para verificar si los delitos efectivamente no son graves y si no ha habido reincidencia del delito. Y es la misma agencia la que constata si se está cumpliendo una ruta positiva de reintegración. Con todo este paquete de requisitos la Agencia de Reintegración, en representación del gobierno nacional ha procedido a firmar con los desmovilizados unos acuerdos. Ya hay 10 mil que han firmado acuerdos. Después los remiten al Centro de Memoria Histórica

SEMANA: ¿Cuántos serían los beneficiados?
A.V.: El año pasado se inscribieron 24.000 desmovilizados. Este año han sido descartados más de 3 mil y han sido considerados como posibles participantes 15.000. De ellos han firmado compromisos con la verdad cerca de 10.000.

SEMANA: Esto debió empezar hace rato, ¿no se ha perdido tiempo valioso?
A.V. Este es un proceso que viene desde 2006 y que ha sido muy traumático. Es de recordar que inicialmente se aplicó masivamente un indulto a los combatientes. A juicio de las cortes esa fue una figura inconstitucional porque el delito político —al que se aplica el indulto— no obedecía a la naturaleza del paramilitarismo. Luego vino la ley 1312 de 2009 que les otorgó el principio de oportunidad y que también la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Después surgió la ley 1424. Ha sido un proceso de varios años, tiempo que ha estado en contra de los desmovilizados.

SEMANA: La semana pasada se hicieron las capacitaciones de quienes van a recibir los testimonios de los desmovilizados. ¿En qué consistió el proceso?
A.V.: El Centro de Memoria Histórica nos ha encargado este ejercicio con los desmovilizados. En los últimos meses se estructuró un equipo nacional y otros regionales, en seis departamentos, que hemos estado capacitándonos e investigando lo sucedido con cada una de las estructuras paramilitares. La semana pasada nos reunimos 79 personas de las regiones para culminar ese proceso intenso de capacitación y diseño de los instrumentos para recibir los testimonios.

SEMANA: ¿Ese instrumento podría aplicarse con las Farc, en una eventual desmovilización de ese grupo guerrillero?
A.V.: En la construcción de la verdad histórica que necesita el país, frente a la grave crisis de derechos humanos, deben concurrir múltiples esfuerzos. El grupo de memoria histórica ha hecho un trabajo privilegiando la voz de las víctimas, pero la verdad también necesita del aporte de los victimarios. Con relación a los integrantes de la guerrilla, de las Farc y del ELN hay expectativas para que, producto de ese proceso de paz, puedan existir canales de contribución a la verdad histórica.

Estamos en una coyuntura importante para que la verdad se construya con todos los actores implicados en este conflicto.

SEMANA: ¿Las víctimas van a participar en estos ejercicios?

A.V.: Se harán unas reuniones en las que ellas pueden participar.

SEMANA: ¿Cómo será el manejo de esa información?
A.V.: La información se va a procesar de manera muy discreta. En 2013 se van a producir dos informes regionales alusivos a estructuras paramilitares y en el 2014 otros informes.

SEEMANA: ¿Qué se resuelve con esto?
Á.V.: Este esfuerzo permite resolver tres cosas: contribuye a construir verdad, en segundo lugar, permitiría culminar con el proceso de desmovilización. Y si tiene éxito., ayudaría a conocer el fenómeno del paramilitarismo.

SEMANA: Y finalmente, ¿cuál es el plazo para recoger los testimonios?
A.V.: Está previsto este semestre y los dos años siguientes para cumplir la meta.

jueves, septiembre 20

UN CAMINO HACIA EL FUTURO: SAN CARLOS Y LA RESILIENCIA

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viernes, septiembre 14

CONTRATO PLAN PARA EL GRAN DARIEN


Nace alianza para frenar pobreza en el Gran Darién
NOTA DEL EDITOR DE URABAHOY: Ojalá y funcione, por que mientras siguen actuando con saña en la población de Urabá, todas las formas de la miseria, y principalmente el Hambre y la Violencia.


Tomado de elcolombiano.
Tres departamentos y 25 municipios se unieron por primera vez en la historia del país para frenar la pobreza extrema y lograr que un millón de personas tengan, entre otras cosas, servicios públicos, educación y salud. 

Esta alianza, denominada contrato plan Gran Darién, pondrá a disposición de los municipios un billón de pesos que los alcaldes podrán utilizar presentando proyectos que se enmarquen en las prioridades ya establecidas como desarrollo social, vivienda y servicios públicos y desarrollo productivo.

En cifras, el proyecto ya está diseñado. El presupuesto inicial será cercano al billón de pesos de los cuales la Nación financiará cerca del 68 por ciento, con recursos por el orden de los 697.518 millones de pesos. Mientras que los tres departamentos financiarán el 32 por ciento restante por 330.398 millones de pesos. 

Este dinero también está dividido por prioridades. En desarrollo productivo se invertirán 57 mil millones de pesos, en vivienda 305 mil millones, en desarrollo social aproximadamente 520 mil millones, en salud 96,5 mil millones, en inclusión social 379 mil millones, en educación 47 mil millones y en infraestructura serán 142 mil millones de pesos.

La expectativa 
Es gracias a estas inversiones, que el alcalde de Unguía, Chocó, Víctor Gómez, tiene la esperanza de que en tres años su municipio tenga el servicio de energía las 24 horas del día. “Este proyecto lo que tiene es bondades. Ahora lo que debemos hacer es comenzar a presentar los proyectos, para que las obras comiencen a llegar”.
El mismo sueño de tener energía todo el día, lo tiene su vecino, el alcalde de Acandí, Gabriel José Olivares , quien además de esto espera la ampliación del aeropuerto de Capurganá. “La inversión es algo histórico para el departamento, es un proyecto muy bondadoso y todos estamos comprometidos”. 

Por su parte, el alcalde de El Carmen de Atrato, Chocó, Alexander Echavarría, explicó que su municipio resultará favorecido con proyectos productivos y con la construcción de una vía que los comunicará con Urrao, en Antioquia. Sostuvo además que están buscando iniciativas que ayuden a gestionar la integración regional y así fortalecer las áreas de educación, vivienda y salud. 

“Vemos en el contrato plan una esperanza. Sin embargo, hay cierto escepticismo porque nos preocupa qué tan efectivo será, qué tanta celeridad van a tener los recursos”, dijo el mandatario. 

Por su parte, el alcalde de Tierralta, Córdoba, Carlos Arturo Cogollo, dijo que su preocupación se centra en que la organización funcione siempre y la sintonía inicial no se pierda. “Tenemos muchas expectativas y esto va a funcionar si nos organizamos, si hay una verdadera planeación. La preocupación nuestra es que aún no sabemos cómo se va acceder finalmente y cómo priorizamos lo inmediato. La intención es buena, tenemos ya el mecanismo”, dijo Cogollo.

El alcalde de Apartadó, Antioquia, Luis Gonzalo Giraldo , quien actúo durante la firma del contrato como el vocero de los mandatarios, sostuvo que en el grupo de 25 alcaldes hay voluntad y que esperan que con esta iniciativa “se acabe con las fronteras que han marginado los territorios y por eso estamos comprometidos para que estos proyectos lleguen a nuestras regiones”.

¡Histórico! 
El presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en la firma del contrato que se realizó en Quibdó, Chocó, calificó como “histórica” esta alianza e indicó que este es “un paso importantísimo para el desarrollo del país”. 

Sostuvo, además, que desde ya los alcaldes deben comenzar a ejecutar los recursos y que esta alianza es una herramienta de coordinación interinstitucional que lo que busca es desarrollo territorial. 

“Cuando dos instituciones trabajan conjuntamente y coinciden es cuando se da el desarrollo. Una sola no puede, la ley por si sola no se traduce en resultados concretos si no hay trabajo mancomunado de mucha gente y el interés y el liderazgo”, puntualizó

Y es histórica la firma de este contrato no sólo porque se enfoca en invertir una suma de dinero jamás vista en esta región, sino porque está visibilizando el rosario de necesidades que tienen estos municipios, que contrasta con los dotes que tienen en recursos naturales. Así lo dejaron ver los gobernadores, quienes son también los más interesados en que la iniciativa funcione en armonía, por el futuro de la región. 

Por lo menos así lo expresó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo , quien destacó que este proceso se ha hecho con todo el rigor y bajo el marco de la igualdad. “Esto no es una improvisación, este es el fruto de un trabajo consagrado de mucha gente que lo ha hecho muy bien. Lo que nosotros hagamos acá va a marcar un rumbo especial dentro de la configuración de nuestro territorio en el tema de la descentralización”.

El gobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo , manifestó que esta es una “inmejorable oportunidad para llevar prosperidad a los habitantes de un territorio que tanto lo necesita como el del Atrato y el Gran Darién”.

Alejandro Lyons , gobernador de Córdoba, reconoció que articular no será fácil, pero que, como ya se ha dicho, hay corresponsabilidad. “La gente tiene la esperanza de que estos proyectos lleguen lo más pronto y deben entender que esta no es una solución inmediata y no con abrir y cerrar de ojos vamos a cambiar la realidad”.

ANÁLISIS

Hay que darles juego a los alcaldes de la región

Adolfo Eslava 
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit

La firma del contrato plan es un hecho bastante positivo porque demuestra que están trabajando en una dirección que en algunas ocasiones nuestros gobernantes descuidan y es en la coordinación institucional. Esa coordinación actúa en varios frentes, uno es el que puede existir entre el Gobierno Nacional y un gobierno local y el otro el que debe existir entre territorios distintos, como en este caso. Ahora, hay un asunto central y es la región en la que está enfocado el proyecto, en la que se desarrollará el contrato plan, ya que esta es una región fundamental para el desarrollo del país. Tenemos una región golpeada por fenómenos de violencia y de pobreza en contraste con las riquezas naturales y con su biodiversidad que, sin duda, pone el contrato plan en la dirección adecuada. 

Lo que no puede pasar con esta iniciativa es que el centralismo que tanto le criticamos al gobierno de Juan Manuel Santos, se traslade a Medellín a Montería o a Quibdó. No. Hay que darle la importancia que tiene a estos alcaldes. Hay que darles juego a sus propias necesidades. Esto tiene que ser desde una mirada de acompañamiento, no una mirada de imposición. Debe tener juego la dinámica local, los actores locales. Estamos empezando desde cero, en muchos de estos municipios ni siquiera es fortalecer la institucional, sino la creación de la institucionalidad y ahí lo que hay que hacer es una apuesta política para llegar a estas regiones. En síntesis, hay que apostarle a la coordinación institucional, al desarrollo económico y social alrededor de estas comunidades que tradicionalmente hemos olvidado, no solo Quibdó. En Antioquia tenemos municipios como Murindó y Vigía del Fuerte que están en el completo olvido, ellos tienen con este contrato plan la oportunidad de desarrollo que les han negado durante tanto tiempo”.

PARA SABER MÁS

ATACAR LA MINERÍA ILEGAL Y CUIDAR LAS VÍAS, METAS EN SEGURIDAD

Luego de firmar el Contrato Plan del Gran Darién, el presidente, Juan Manuel Santos realizó un Consejo de Seguridad en Quibdó para revisar la situación de orden público del departamento del Chocó. Al final de la reunión, Santos señaló que se reforzará la acción contra la minería ilegal, “porque esa forma de delinquir está realmente trayendo perjuicios de todo tipo”. También anunció la construcción de un nuevo Comando de Policía en la capital del departamento, con un costo cercano a 20 mil millones de pesos. Además de la inversión en infraestructura se espera tener lugar para aumentar el pie de fuerza en 150 policías. 

Así mismo, se espera que en noviembre lleguen vehículos blindado y motos para fortalecer el Plan Meteoro, que pretende proteger las carreteras y sobre todo las obras que están realizando en la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Finalmente, el Presidente señaló los avances de acciones contra la guerrilla. “Tres cabecillas del Eln y las Farc han muerto en combate y se han desmovilizado o capturado a 65 más”. Reconoció que contra las bandas criminales hay que “fortalecer la ofensiva”.

OPINIONES

FORMULACION DE PROYECTOS

María Eugenia Ramos
Directora de Planeación Antioquia

“Un contrato plan es un mecanismo que se creó a través de la Ley 1454 de 2011. Esta ley propende por la asociatividad y las articulaciones en los territorios y busca fundamentalmente que los departamentos y las distintas instancias territoriales aunemos esfuerzos de manera coordinada para intervenir territorios que son conjuntos. A partir de la suscripción de este acuerdo se procederá a la formulación detallada de cada uno de los proyectos priorizados y la asignación de recursos, incluido el trámite presupuestal por parte de los entes territoriales”.

DESDE ADENTRO

¿QUÉ ES UN CONTRATO PLAN?

Es una unión de diferentes departamentos con sus municipios con situaciones comunes para ponerse de acuerdo y crear sinergias en temas que sean de interés de esa región. “Identifican los corredores de desarrollo, las zonas donde hay posibilidades de progreso, y en forma conjunta hacen los planes y ejecutan esos planes”, dijo el presidente Santos. La idea es sumar esfuerzos para hacer inversiones conjuntas en cadenas de producción, servicios públicos y obras de infraestructura, entre otros temas. El del Gran Darién es el primero de seis contratos plan para el país.

COLOMBIAN HEADLINES

A PARTNERSHIP TO FIGHT POVERTY IS BORN

Chocó, Antioquia and Córdoba are joining forces with the National Government to fight poverty with the Gran Darien contract plan, which puts one billion pesos at the disposal of 25 municipalities. Mayors must make proposals focused on pre-established priorities, like housing or productive development, to receive funds. A ‘contract plan’ is a tool outlined in the 2010-2014 National Development Plan and, according to the President, is “what development is about (...) so resources reach those who need them the most and there is more equitable distribution of development.”

EN DEFINITIVA

La unión de 25 municipios en tres departamentos es la primera iniciativa que se plantea en el país para frenar la pobreza en el Gran Darién. El presupuesto de la alianza es de un billón de pesos.