Gobierno intervendrá municipios azotados por corrupción
Norbey Quevedo H.
Cerca de treinta municipios que afrontan líos de corrupción serán intervenidos administrativamente por el Gobierno. La propuesta hace parte de un plan de choque que el Ejecutivo hará público en agosto, cuando presente su nueva política estatal para la lucha contra la corrupción.
La iniciativa, que se viene estructurando desde comienzos del año pasado por la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción, ya tiene en la mira los casos de dos municipios: Tumaco (Nariño) y Tolú (Sucre). Sin embargo, miembros de la Comisión de Moralización aseguraron que otros 28 municipios, principalmente de los departamentos de Arauca, Casanare, La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, Caquetá y Nariño, podrían ser intervenidos.
En su mayoría estos municipios presentan problemas de gobernabilidad, como el caso de Tumaco, que en un término de dos años tuvo 70 alcaldes; otros entes territoriales presentan líos en el manejo de las transferencias y fallas en la asignación de dineros del régimen subsidiado.
El mecanismo de intervención objeto de los últimos ajustes jurídicos contempla que aquellos entes territoriales en dificultades severas de corrupción serán controlados a través de municipios cercanos, de la Gobernación o de la misma Nación. Adicionalmente, la nueva política anticorrupción del Gobierno destaca la conformación de una comisión temporal de todos los poderes y áreas de la administración pública, a fin de que se tomen drásticas medidas en el ámbito penal, disciplinario y fiscal.
Es tal la preocupación del Gobierno por lo que está sucediendo en la regiones con el tema, que la idea es que se retome la experiencia de Hong Kong, un país que en la década pasada se convirtió en el de mayores índices de corrupción, pero que gracias a medidas de choque similares a las que se aplicarán en Colombia, mejoró sustancialmente sus indicadores.
Otra de las directrices que contempla la nueva política estatal implica un nuevo control al manejo de las regalías de los municipios. En esencia, a partir de agosto, se buscará que el uso de estos recursos no lo haga exclusivamente el municipio beneficiario. Por el contrario, se les dará mayor participación a los departamentos y en algunos casos, como Meta, Arauca y Casanare, se tratará de que el dinero se maneje a través de sociedades fiduciarias.
De manera complementaria, se busca que en aquellos municipios pequeños en donde existan sobrantes de recursos por regalías, se redistribuyan a los departamentos, de tal manera que los dineros no se inviertan en insumos y obras innecesarias, como lo registran de manera recurrente los organismos de control.
Y para invertir los dineros se propondrá la actualización de la información de coberturas, no obstante las cifras que existen del último censo de población.
La justicia
La divulgación de la iniciativa es producto del análisis de las cifras, que muestran que la mayor cantidad de recursos se maneja en las regiones; de las recientes encuestas que sobre el tema produjeron el Banco Mundial y Transparencia Internacional, y también de los registros de los organismos de control, la rama judicial y de talleres efectuados en once ciudades, reuniones con 32 comisiones de moralización y aportes de la sociedad civil. De esta manera, se identificaron problemas, causas y se definieron las líneas de acción, consultadas a expertos nacionales e internacionales en el tema.
En este sentido, se detectó que el tema de mayor asociación a la corrupción (aprovechamiento de recursos públicos en beneficio particular) es la impunidad. Por esta razón, la naciente política oficial establece la obligatoriedad a los organismos de control y de la rama judicial de hacer rendición periódica de cuentas a los ciudadanos. Esta medida obedece a que en las páginas web, por ejemplo, no se informa cuánto dinero reciben y cuánto gastan esas entidades en su labor.
De la misma manera, en materia de información se les solicitará a los organismos judiciales que diseñen un mecanismo para que el ciudadano pueda consultar el estado o hacer seguimiento a las investigaciones. Igualmente, se busca que la rama judicial entregue de manera constante al público información estadística sobre los procesos.
También se busca optimizar los recursos de la justicia. En este sentido se aglutinarán los esquemas necesarios para articular los procesos judiciales desde el momento en que se inician. La idea es tener un sistema unificado que les permita a los organismos de control, a los abogados y a la ciudadanía, tener mayor control, optimizar el trabajo y acceder a la información.
La formulación de la política frente a la justicia también señala la puesta en marcha de la ley de carrera administrativa, por concurso, para los funcionarios de la rama judicial y los organismos de control. Además, con recursos de la cooperación internacional se empezará a capacitar a los funcionarios públicos en asuntos de corrupción. Al respecto, se recuerda el caso del manejo de subsidios en los municipios de Soledad y Malambo (Atlántico), en donde una vez los funcionario entendieron el asunto, los responsables ya habían huido del país.
Sistema electoral
Con recursos de la cooperación internacional, específicamente del Plan Colombia, desde el gobierno pasado se diseñó un modelo de control interno en las entidades públicas. En este sentido se unificó el esquema de control y con la nueva iniciativa se busca que, por mandato legal, en 2006 todas las entidades tengan este sistema.
En materia electoral, se determinó acceso a la información sobre partidos políticos, revisión del régimen electoral, verificación del sistema de financiación de campañas y la implementación del voto electrónico.
La política estatal anticorrupción será presentada en agosto y está por verse si lo planteado no queda en el papel, como ha sucedido en los últimos gobiernos.
Cinco asuntos a tener en cuenta
Con el nuevo Sistema Acusatorio seis funcionarios públicos han sido condenados por casos de corrupción.- Una investigación deTransparencia Internacional en Colombia indica que la mayor demanda de tutelas en la Corte Constitucional obedece a la no respuesta de derechos de petición o acceso a la información.
- Pese a que se han invertido varias decenas de millones de dólares en portales web de información en contratos.gov.co y el Cise, aún no funcionan cabalmente.
- En las entidades públicas no se permite el libre acceso a documentos por parte de los ciudadanos o la prensa, excepto el algunos casos en donde se debe elevar un derecho de petición.
- Se estima que la corrupción le costó a Colombia el año pasado aproximadamente $2,5 billones.
OPINIONES:
María Margarita Zuleta G.
“Hay varios casos”
¿En el diseño de esta nueva política anticorrupción se plantea algo frente al sector privado?
No, partimos de la base de que estamos hablando únicamente del sector público colombiano.
¿En qué consiste la adaptación de la experiencia de Hong Kong?
Es una propuesta que se va a hacer. En Hong Kong lo que se hizo fue una comisión especial que todavía funciona con varias estrategias: la concientización, la investigación, el juzgamiento y la sanción.
¿Qué tanta corrupción considera que hay en el nivel central?
Preguntar eso es como preguntar qué tantas personas cree usted que hay en el universo.
¿Por qué una de las críticas que se le hace a su programa es que usted solamente mira a las regiones y no vigila al nivel central?
Eso no es cierto. Nosotros tenemos unas personas dedicadas al nivel central y unas dedicadas a las regiones.
Y entonces, ¿en qué casos en el nivel central han trabajado?
Hay unos que conocen los organismos de control, hay otros en los que hemos informado inmediatamente a los superiores. En esos casos nos han oído y rápidamente se ha interrumpido un proceso o se suspendieron personas, incluso se han presentado casos en que se han desvinculado personas de la administración.
¿En qué casos?
Yo no le voy a decir los casos, ya que son sujeto de investigación.
Conceptos
Rafael Pardo
Senador
Creo que hay dos grandes categorías. Una general que se debe combatir a través de acciones penales y hechos ejemplarizantes. La otra es política que depende de acciones fuertes, una ética pública y partidos políticos sólidos para evitar la politiquería.
Gilberto Toro
Presidente Federación Colombiana de Municipios
La lucha anticorrupción no se debe hacer con escándalos cuando inicia la investigación. Menos del 10% de los funcionarios terminan sancionados. Se deben atacar las causas, por ejemplo, financiar las campañas políticas a nivel local, mejores salarios para los funcionarios, reelección de alcaldes y gobernadores y más transparencia aprovechando las nuevas tecnologías. Intervenir los municipios podría ser una reproducción de viejas prácticas políticas para meterse en la administración local.
Virgilio Hernández
Ex jefe Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía
Se requiere que los controles dispuestos en la Ley se pongan en práctica. También, promover la participación ciudadana como mecanismo de control social a los actos de la administración. Promover una cultura cimentada en valores de respeto por lo público desde las aulas escolares. Castigar y perseguir con igual severidad la corrupción privada y que las sanciones administrativas y/o judiciales contra los actos de corrupción no sólo sean drásticas sino efectivas.
Eugenio Marulanda
Presidente de Confecámaras
Hay que hacer del presupuesto participativo una realidad que las diferentes etapas de gestión estén en permanente control y vigilancia. Se le debe permitir a la ciudadanía una activa participación, de esta forma se podrán reducir las oportunidades de hechos de corrupción. De otra parte, los mandatarios tienen que ratificar su compromiso con unos sólidos principios éticos en materia contractual.
Francisco Santos
Vicepresidente de la República
Frente al tema, la semana pasada en un foro organizado por la asociación de ex alumnos de la Universidad de los Andes señaló: “Nuestro programa de lucha contra la corrupción redujo dramáticamente la recepción y trámite de denuncias, porque la frustración y los reclamos de los denunciantes por la falta de resultados en los organismos era una carga insostenible”.
Myriam Bustos
Directora Red de Veedurías Ciudadanas
Se debe promover un debate nacional y generar una política no sólo para la Rama Ejecutiva sino para todas las ramas del poder público. También implementar la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. La gente se debe sentir respaldada por los órganos de vigilancia y control.
Resultados de Uribe
En materia de lucha contra la corrupción, los indicadores de organismos internacionales muestran una aceptable gestión del gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El Banco Mundial desde 1996 realiza un estudio sobre gobernabilidad en 209 países con base en seis indicadores, entre ellos el control a la corrupción. El último reporte divulgado por la entidad hace cerca de cuatro meses destaca que desde 2002 hasta la fecha el país mejoró en cinco de los seis indicadores. La calificación más significativa se registró en el tema de corrupción. Al respecto, el estudio mostró que Colombia está por encima del promedio latinoamericano y de 52,2% de todos los países encuestados.
Según la medición del Banco Mundial para medir el éxito o el fracaso de las iniciativas que pretenden combatir la corrupción, los indicadores que utiliza son participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad de gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control a la corrupción.
Como se señaló en cinco de los seis, la medición mejoró, pero sigue siendo el talón de aquiles en el caso colombiano la calidad regulatoria.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario