Agosto 28 de 2005
EDITORIAL
Bomba B contra la ONU
Los que conocen a John Bolton, nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU, apretaron los dientes cuando George W. Bush lo nombró hace poco valiéndose de un atajo constitucional para sortear la oposición en el Senado. Dadas sus reiteradas declaraciones contra la ONU y su propuesta de que Estados Unidos se retirase de ella, había razones para temer que al cabo de pocos meses Bolton empezara a atravesar palos en la rueda de la organización.
Pero se equivocaban. Tardó apenas tres semanas y, en vez de palos en la rueda, soltó una verdadera bomba atómica. Su propuesta de reformas de la estructura de las Naciones Unidas, que filtraron The Washington Post y The Independent (Londres), dinamita el borrador oficial que estudiaba las enmiendas al sistema y plantea nada menos que 750 modificaciones, agregados y supresiones. El documento es toda una declaración imperial de principios sobre el Weltanschaung o visión del mundo del gobierno de Estados Unidos: que todo gire en torno a sus necesidades y al ritmo de sus pretensiones.
Bolton dijo, al posesionarse, que sería "un abogado de los valores e intereses de Estados Unidos en la ONU". Solo le faltó agregar que se trata de los intereses según los definen los ideólogos neoconservadores de Bush.
Sus 750 puntos incluyen, entre otros:
Supresión de toda referencia concreta a los planes de las ‘Metas del Milenio’, cuyo fin es combatir las enfermedades y el hambre.
Cancelación de los esfuerzos para conseguir que los países ricos inviertan 0,7 por ciento de su PIB en ayuda al desarrollo.
Rechazo a todo compromiso concreto para reducir la contaminación global.
Sustitución de los planes de desarme nuclear por vagas recomendaciones que no afectan los proyectos de Estados Unidos.
Eliminación de toda mención a la Corte Internacional de Justicia, de la que Bush retiró a los Estados Unidos.
Giro absoluto en materia de comercio internacional: en vez de ayudar a los países pobres a entrar a la Organización Mundial de Comercio, elevar los requisitos de ingreso.
En suma, ningún compromiso concreto de cifras ni plazos con los grandes problemas planetarios –el hambre, la miseria, el sida, la contaminación– y un sinnúmero de condiciones para que hasta el último tornillo de la ONU se apriete de acuerdo con los intereses del país más rico y poderoso de la Tierra.
Una vez conocido el documento, los diplomáticos se dividen en dos grupos. Por una parte, los que creen que el gran nuevo impulso que se proponía recibir la ONU al cumplir su sexagésimo aniversario en una cumbre planeada para septiembre se reducirá a una difícil negociación con Estados Unidos para ver qué muebles se salvan. Por otra, los que piensan, como bien dice la especialista británica Ann Penketh, que "estamos asistiendo al final de la diplomacia".
Por los problemas que podrían acarrear el temperamento, las ideas y la proverbial antipatía de Bolton por la ONU, un bloque de senadores de su país se opuso a su designación, hasta cuando las asuetos parlamentarios dieron a Bush la oportunidad de hacer uso de un inciso constitucional que le permite proveer ciertos cargos hasta la elección de un nuevo Congreso. Así se allanó el paso de Bolton hacia ese edificio del que una vez dijo que "merecería ser demolido sin contemplaciones".
En vano supusieron algunos que ese ingreso por la puerta de atrás iba a morigerar su actitud. Pero está claro que el mismo día que entró a la sede de la ONU en medio de una silbatina de los empleados ya llevaba la bomba en el maletín.
Mala manera de mejorar las relaciones de Washington con una organización cuyos mandatos ha desconocido flagrantemente y con una comunidad internacional cada vez más inquieta por la arrogancia y egoísmo del gobierno estadounidense. Sus colegas tomarán la arrolladora actuación de Bolton como un insulto, y los países pobres poco menos que como una declaración de guerra.
editorial@eltiempo.com.co
lunes, agosto 29
viernes, agosto 12
¿Tendencias Inexorables?
¿Tendencias inexorables? (1)
PorMoritz Akerman
Las consideraciones que he hecho, en las columnas anteriores, sobre la influencia paramilitar y sobre la falta de gobernabilidad y decisión política para que se aplique efectivamente la Ley a su creciente poder en la vida civil, buscan llamar la atención sobre la "nueva" democracia que se está impetrando. Con su reinserción-transformación en actor decisorio en la vida del país, proceso que culmina y estimula la Ley de Justicia y Paz, se estarían acentuando tendencias que parecen inexorables en la época. ¿Qué he querido significar? Que pese a ser un actor de particular violencia e ilegalidad, la sociedad tiene cierto nivel de tolerancia, o si se quiere, de aceptación sobre el paramilitarismo. Son múltiples las denuncias de los Medios y de sectores políticos sobre su ilegalidad supérstite, pero no hay ciertamente una reacción nacional que les imponga una reinserción transparente. A riesgo de sesgar el análisis, debiésemos preguntar qué pasaría si esto sucediese con una reinserción guerrillera. Hago esta comparación en el entendido de que el lector sabe que no tengo ninguna simpatía por unas organizaciones igualmente despreciables y condenables. Pero entonces, debemos preguntarnos ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué la tolerancia con los paras?Una respuesta facilista sería que esta tolerancia la genera el Gobierno. No creo que ese sea el asunto. En el Gobierno ha habido debate sobre que sería mejor para la democracia y para la herencia política de este Gobierno, que estas fuerzas no entraran en la vida civil y legal con tal poder de deformación de la política y la economía. Luego, la diferencia está más allá. En mi modesta opinión, la diferencia surge de ciertas tendencias de la época que no son sólo nacionales. Y de antemano advierto que no trato de exculpar la responsabilidad del Gobierno, con una salida de "mal de todos, consuelo de tontos". No. De lo que se trata es de encontrar causas más intrínsecas. Me parece que en el mundo se nota cierta tendencia al fortalecimiento de regímenes de autoridad y seguridad, gobiernos del 'hegemonismo autoritario'. Siendo el Gobierno caudillista de seguridad y las fuerzas paramilitaristas expresiones distintas y de origen totalmente diferente, coinciden en proveer sensación de seguridad para el discurrir económico del país. Por lo tanto, en el imaginario popular aparecen como parte de la misma tendencia y repuesta social. Ante la creciente incertidumbre en la vida contemporánea, se hace central y determinante la búsqueda de seguridad, aún a costa del sacrificio de ciertos niveles de libertad y democracia. Parecería que la ansiedad de seguridad impulsa a los hombres, a la Política y a la misma sociedad a sacrificar esa libertad y democracia en "beneficio" de obtener esta sensación. Sería esta tendencia la que le abre caminos a los gobiernos más verticalistas y autoritarios. Estos gobiernos tienden a aparecer como no-intervencionistas en lo económico, pero son en efecto, más dirigistas en la imposición de las relaciones que dan seguridad al capitalismo como condición de estabilidad, sensación de seguridad para el capital pero también el empleo. En Colombia, la izquierda guerrillera y sectores de la izquierda legal anarco-sindicalista abonaron el camino a las expresiones autoritarias que los paramilitares supieron capitalizar para la derechización de la política y las formas de conciencia social. Pero por otras causas o factores pasa algo semejante en E.U., en China o en India que aquí en Colombia. Y si me preguntan por Europa sólo puedo decir que, dada su tradición democrática y social, Europa ha quedado perpleja frentes a estas tendencias.
PorMoritz Akerman
Las consideraciones que he hecho, en las columnas anteriores, sobre la influencia paramilitar y sobre la falta de gobernabilidad y decisión política para que se aplique efectivamente la Ley a su creciente poder en la vida civil, buscan llamar la atención sobre la "nueva" democracia que se está impetrando. Con su reinserción-transformación en actor decisorio en la vida del país, proceso que culmina y estimula la Ley de Justicia y Paz, se estarían acentuando tendencias que parecen inexorables en la época. ¿Qué he querido significar? Que pese a ser un actor de particular violencia e ilegalidad, la sociedad tiene cierto nivel de tolerancia, o si se quiere, de aceptación sobre el paramilitarismo. Son múltiples las denuncias de los Medios y de sectores políticos sobre su ilegalidad supérstite, pero no hay ciertamente una reacción nacional que les imponga una reinserción transparente. A riesgo de sesgar el análisis, debiésemos preguntar qué pasaría si esto sucediese con una reinserción guerrillera. Hago esta comparación en el entendido de que el lector sabe que no tengo ninguna simpatía por unas organizaciones igualmente despreciables y condenables. Pero entonces, debemos preguntarnos ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué la tolerancia con los paras?Una respuesta facilista sería que esta tolerancia la genera el Gobierno. No creo que ese sea el asunto. En el Gobierno ha habido debate sobre que sería mejor para la democracia y para la herencia política de este Gobierno, que estas fuerzas no entraran en la vida civil y legal con tal poder de deformación de la política y la economía. Luego, la diferencia está más allá. En mi modesta opinión, la diferencia surge de ciertas tendencias de la época que no son sólo nacionales. Y de antemano advierto que no trato de exculpar la responsabilidad del Gobierno, con una salida de "mal de todos, consuelo de tontos". No. De lo que se trata es de encontrar causas más intrínsecas. Me parece que en el mundo se nota cierta tendencia al fortalecimiento de regímenes de autoridad y seguridad, gobiernos del 'hegemonismo autoritario'. Siendo el Gobierno caudillista de seguridad y las fuerzas paramilitaristas expresiones distintas y de origen totalmente diferente, coinciden en proveer sensación de seguridad para el discurrir económico del país. Por lo tanto, en el imaginario popular aparecen como parte de la misma tendencia y repuesta social. Ante la creciente incertidumbre en la vida contemporánea, se hace central y determinante la búsqueda de seguridad, aún a costa del sacrificio de ciertos niveles de libertad y democracia. Parecería que la ansiedad de seguridad impulsa a los hombres, a la Política y a la misma sociedad a sacrificar esa libertad y democracia en "beneficio" de obtener esta sensación. Sería esta tendencia la que le abre caminos a los gobiernos más verticalistas y autoritarios. Estos gobiernos tienden a aparecer como no-intervencionistas en lo económico, pero son en efecto, más dirigistas en la imposición de las relaciones que dan seguridad al capitalismo como condición de estabilidad, sensación de seguridad para el capital pero también el empleo. En Colombia, la izquierda guerrillera y sectores de la izquierda legal anarco-sindicalista abonaron el camino a las expresiones autoritarias que los paramilitares supieron capitalizar para la derechización de la política y las formas de conciencia social. Pero por otras causas o factores pasa algo semejante en E.U., en China o en India que aquí en Colombia. Y si me preguntan por Europa sólo puedo decir que, dada su tradición democrática y social, Europa ha quedado perpleja frentes a estas tendencias.
jueves, agosto 4
SI HAY POSIBLILIDADES HACIA EL FUTURO
Un caso de esperanza
Por Saúl Hernández Bolívar
Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, y la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en 20años.--------------------------------------------------------------------------------Un conflicto guerrillero de más de 40 años, más de la mitad de lapoblación sumida en la pobreza *20 por ciento en la indigencia*, conuna alta tasa de analfabetismo, con un incipiente desarrollo industrialy unas pobres tasas de crecimiento, con un ingreso per cápita miserable*No estamos hablando de Colombia, es el panorama que se vivía en Malasiahace más de 20 años cuando llegó al poder Mahatir bin Mohamad, elarquitecto de la transformación de ese país, quien recientemente estuvoen Colombia.Hoy el panorama es distinto. La mano fuerte del ex primer ministro obligó a la guerrilla a capitular en 1990. El país se industrializó otorgando inigualables exenciones de impuestos a los inversionistas extranjeros. No sólo se fortaleció la agricultura con extensos sembrados de caucho (tercer productor mundial), cacao (quinto productor mundial),palma de aceite (primer productor mundial) y maderables, sino que se dio un salto tecnológico gracias al cual Malasia es hoy el tercer productor de componentes electrónicos después de EE.UU. y Japón. También tiene industria automotriz propia aunque no tan avanzada como la de sus vecinos del sudeste asiático. Igualmente incrementó la explotación desus recursos naturales como el estaño, el gas y el petróleo.
Abriéndose al exterior, con una formidable visión de futuro, Malasia pasó de exportar 8 mil millones de dólares anuales a 126 mil millones(Colombia apenas exporta 16 mil); incrementó su ingreso per cápita de300 dólares anuales a 4200 (el de Colombia apenas ronda los 2 mil);crece al 7 por ciento sostenido anual (Colombia a menos del 4 por cientoe n los últimos años, que han sido los mejores); redujo la pobreza al 5 por ciento (la de Colombia supera el 50 por ciento) y eliminó elanalfabetismo. Hoy ese país (que apenas tiene un cuarto del territorio de Colombia y la mitad de su población) invierte el 25 por ciento delPIB en educación y capacitación, lo que señala a las claras hacia dónde va Malasia. No es un gigante como China o India pero escucharemos mucho de ese país en el futuro.¿Cómo logró Mohamad sacar su nación adelante? Las respuestas están en la misma receta que han usado muchos países exitosamente y que en Colombia genera tanta resistencia. Mohamad decidió combatir a la guerrilla, manteniendo la iniciativa militar, y atraer la inversión extranjera libre de impuestos por diez años con la facilidad de sacar las ganancias del país también sin impuestos. Al mismo tiempo privatizó todo lo que generaba un lastre innecesario para el Estado y los particulares harían mejor: las carreteras, las comunicaciones, los aeropuertos, etc. Hubo tal seguridad jurídica por la estabilidad política del país, que todas esas medidas se mantienen hoy.
Contrasta lamentablemente la situación de Colombia donde resuenan las voces que tratan de acallar el accionar valiente de las tropas delEstado; donde la inversión extranjera es vista por muchos como invasión;donde las privatizaciones y concesiones son vejadas con demagogia y donde no hay seguridad jurídica porque las reglas se cambian en cada gobierno.Hay cosas que Mahatir consiguió derrotar para imponer su visión de país y que se deben imitar si se quiere seguir la misma senda: el miedo alcambio, los grandes privilegios de los poderosos, los pequeños privilegios de los burócratas, la ignorancia de las clases bajas, la desidia de quienes sólo esperan la asistencia del Estado, la demagogia dogmática de reaccionarios y revolucionarios por igual. Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, es la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en poco tiempo. Allá contaron con la fortuna de tener un gran mandatario durante 22 años consecutivos, lo que sin duda es clave fundamental de su éxito.De eso debemos tomar nota. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, está aplicando la receta correcta y la continuidad de sus políticas es necesaria. Ya que no puede gobernar 20 años conformémonos con ocho, si la bendita Corte Constitucional permite la reelección de un presidente con 80 por ciento de favorabilidad y no obliga al pueblo a cambiarlo porquienes no tienen propuestas y han sido castigados en las encuestas: apenas son un margen de error.
Por Saúl Hernández Bolívar
Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, y la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en 20años.--------------------------------------------------------------------------------Un conflicto guerrillero de más de 40 años, más de la mitad de lapoblación sumida en la pobreza *20 por ciento en la indigencia*, conuna alta tasa de analfabetismo, con un incipiente desarrollo industrialy unas pobres tasas de crecimiento, con un ingreso per cápita miserable*No estamos hablando de Colombia, es el panorama que se vivía en Malasiahace más de 20 años cuando llegó al poder Mahatir bin Mohamad, elarquitecto de la transformación de ese país, quien recientemente estuvoen Colombia.Hoy el panorama es distinto. La mano fuerte del ex primer ministro obligó a la guerrilla a capitular en 1990. El país se industrializó otorgando inigualables exenciones de impuestos a los inversionistas extranjeros. No sólo se fortaleció la agricultura con extensos sembrados de caucho (tercer productor mundial), cacao (quinto productor mundial),palma de aceite (primer productor mundial) y maderables, sino que se dio un salto tecnológico gracias al cual Malasia es hoy el tercer productor de componentes electrónicos después de EE.UU. y Japón. También tiene industria automotriz propia aunque no tan avanzada como la de sus vecinos del sudeste asiático. Igualmente incrementó la explotación desus recursos naturales como el estaño, el gas y el petróleo.
Abriéndose al exterior, con una formidable visión de futuro, Malasia pasó de exportar 8 mil millones de dólares anuales a 126 mil millones(Colombia apenas exporta 16 mil); incrementó su ingreso per cápita de300 dólares anuales a 4200 (el de Colombia apenas ronda los 2 mil);crece al 7 por ciento sostenido anual (Colombia a menos del 4 por cientoe n los últimos años, que han sido los mejores); redujo la pobreza al 5 por ciento (la de Colombia supera el 50 por ciento) y eliminó elanalfabetismo. Hoy ese país (que apenas tiene un cuarto del territorio de Colombia y la mitad de su población) invierte el 25 por ciento delPIB en educación y capacitación, lo que señala a las claras hacia dónde va Malasia. No es un gigante como China o India pero escucharemos mucho de ese país en el futuro.¿Cómo logró Mohamad sacar su nación adelante? Las respuestas están en la misma receta que han usado muchos países exitosamente y que en Colombia genera tanta resistencia. Mohamad decidió combatir a la guerrilla, manteniendo la iniciativa militar, y atraer la inversión extranjera libre de impuestos por diez años con la facilidad de sacar las ganancias del país también sin impuestos. Al mismo tiempo privatizó todo lo que generaba un lastre innecesario para el Estado y los particulares harían mejor: las carreteras, las comunicaciones, los aeropuertos, etc. Hubo tal seguridad jurídica por la estabilidad política del país, que todas esas medidas se mantienen hoy.
Contrasta lamentablemente la situación de Colombia donde resuenan las voces que tratan de acallar el accionar valiente de las tropas delEstado; donde la inversión extranjera es vista por muchos como invasión;donde las privatizaciones y concesiones son vejadas con demagogia y donde no hay seguridad jurídica porque las reglas se cambian en cada gobierno.Hay cosas que Mahatir consiguió derrotar para imponer su visión de país y que se deben imitar si se quiere seguir la misma senda: el miedo alcambio, los grandes privilegios de los poderosos, los pequeños privilegios de los burócratas, la ignorancia de las clases bajas, la desidia de quienes sólo esperan la asistencia del Estado, la demagogia dogmática de reaccionarios y revolucionarios por igual. Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, es la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en poco tiempo. Allá contaron con la fortuna de tener un gran mandatario durante 22 años consecutivos, lo que sin duda es clave fundamental de su éxito.De eso debemos tomar nota. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, está aplicando la receta correcta y la continuidad de sus políticas es necesaria. Ya que no puede gobernar 20 años conformémonos con ocho, si la bendita Corte Constitucional permite la reelección de un presidente con 80 por ciento de favorabilidad y no obliga al pueblo a cambiarlo porquienes no tienen propuestas y han sido castigados en las encuestas: apenas son un margen de error.
VICTIMARIOS EN NOMBRE DE LAS VICTIMAS
Asociaciones de víctimas
Eduardo Pizarro Leongómez(El Tiempo, 1 de agosto de 2005)
Están bloqueando las posibilidades de una salida negociada.
Los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de José Luis RodríguezZapatero para alcanzar una salida negociada con el grupo terrorista PaísVasco y Libertad (Eta) enfrenta un desafío inesperado: la Asociación deVíctimas del Terrorismo (AVT), creada en 1981 y conformada por más de6.000 víctimas.En un manifiesto que circula en España ('Memoria, dignidad yjusticia'), la Asociación sostiene que "la libertad y la dignidadhumana son innegociables. A las bandas terroristas se les combate y setermina con ellas mediante la aplicación de la ley".Esta piedra en el zapato que enfrenta el gobierno del Psoe para unasalida negociada se está viendo agravada por la politización que estásufriendo la Asociación debido al apoyo del derechista Partido Popular(PP), cuyos líderes están participando en las marchas públicas contra elproceso de paz.Lo que está ocurriendo en España deja importantes lecciones. Lasasociaciones de víctimas merecen todo el reconocimiento y apoyo, como hareclamado María Jimena Duzán. Pero la alteración de sus fines puedeproducir efectos perversos.En Colombia estamos ante un panorama de riesgo extremo debido, como enEspaña, a la politización indebida de estas organizaciones. Por un lado,se está creando una Asociación de Víctimas de los Paramilitares y porotro, una de Víctimas de la Guerrilla. Me parece repugnante en el campoético y peligroso en el terreno político.Para los unos, sólo merecen ser lloradas y reivindicadas las víctimasde los paramilitares. Para los otros, por el contrario, las víctimas dela guerrilla son las únicas que ameritan dolor y apoyo. Pero, en elfondo, las víctimas no importan. Su dolor es un arma política ya seapara deslegitimar al Estado, ya sea para deslegitimar a la guerrilla.Pero, más allá de la indignación moral que produce esta politización(todo colombiano asesinado produce dolor), los riesgos para el futuro dela paz en Colombia son incalculables.Los miembros de la Asociación de Víctimas de los Paramilitares, bajo laconsigna de "ni perdón, ni olvido", están exigiendo que la CorteConstitucional declare inexequible la Ley de Justicia y Paz con elargumento de que no se acomoda a unos supuestos estándaresinternacionales en verdad, justicia y reparación para crímenes de lesahumanidad.Si la Corte Constitucional se pronunciara en ese sentido, simple yllanamente no podría haber negociaciones de paz con las Farc y el Eln enel futuro. De inmediato, la Asociación de Victimas de la Guerrillasacaría a la luz pública hechos como el secuestro, la toma derehenes, la utilización de minas antipersonales o de "pipas de gas",para argumentar que no es posible dictar medidas alternativas dejusticia para las cúpulas guerrilleras responsables, igualmente, decrímenes de lesa humanidad.En pocas palabras, lo que estas actitudes indebidas le están regalandoa Colombia es una guerra sin fin. Están bloqueando las posibilidades deuna salida negociada que, como lo muestra la experiencia internacional,exige encontrar un punto de equilibrio entre paz y justicia. Perspectivaque será pronto apoyada, a mi modo de ver, por la Unión Europea.En la Ley de Justicia y Paz se contempla la creación de una ComisiónNacional de Reparación y Reconciliación (artículo 52), un Fondo para laReparación de las Víctimas (artículo 55) e, igualmente, unas comisionesregionales para la restitución de bienes (artículo 53) con ampliaparticipación de las asociaciones de víctimas.Ojalá las asociaciones aprovechen estas instancias para luchar por lasvíctimas y no para adelantar sus agendas políticas.
Eduardo Pizarro Leongómez(El Tiempo, 1 de agosto de 2005)
Están bloqueando las posibilidades de una salida negociada.
Los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de José Luis RodríguezZapatero para alcanzar una salida negociada con el grupo terrorista PaísVasco y Libertad (Eta) enfrenta un desafío inesperado: la Asociación deVíctimas del Terrorismo (AVT), creada en 1981 y conformada por más de6.000 víctimas.En un manifiesto que circula en España ('Memoria, dignidad yjusticia'), la Asociación sostiene que "la libertad y la dignidadhumana son innegociables. A las bandas terroristas se les combate y setermina con ellas mediante la aplicación de la ley".Esta piedra en el zapato que enfrenta el gobierno del Psoe para unasalida negociada se está viendo agravada por la politización que estásufriendo la Asociación debido al apoyo del derechista Partido Popular(PP), cuyos líderes están participando en las marchas públicas contra elproceso de paz.Lo que está ocurriendo en España deja importantes lecciones. Lasasociaciones de víctimas merecen todo el reconocimiento y apoyo, como hareclamado María Jimena Duzán. Pero la alteración de sus fines puedeproducir efectos perversos.En Colombia estamos ante un panorama de riesgo extremo debido, como enEspaña, a la politización indebida de estas organizaciones. Por un lado,se está creando una Asociación de Víctimas de los Paramilitares y porotro, una de Víctimas de la Guerrilla. Me parece repugnante en el campoético y peligroso en el terreno político.Para los unos, sólo merecen ser lloradas y reivindicadas las víctimasde los paramilitares. Para los otros, por el contrario, las víctimas dela guerrilla son las únicas que ameritan dolor y apoyo. Pero, en elfondo, las víctimas no importan. Su dolor es un arma política ya seapara deslegitimar al Estado, ya sea para deslegitimar a la guerrilla.Pero, más allá de la indignación moral que produce esta politización(todo colombiano asesinado produce dolor), los riesgos para el futuro dela paz en Colombia son incalculables.Los miembros de la Asociación de Víctimas de los Paramilitares, bajo laconsigna de "ni perdón, ni olvido", están exigiendo que la CorteConstitucional declare inexequible la Ley de Justicia y Paz con elargumento de que no se acomoda a unos supuestos estándaresinternacionales en verdad, justicia y reparación para crímenes de lesahumanidad.Si la Corte Constitucional se pronunciara en ese sentido, simple yllanamente no podría haber negociaciones de paz con las Farc y el Eln enel futuro. De inmediato, la Asociación de Victimas de la Guerrillasacaría a la luz pública hechos como el secuestro, la toma derehenes, la utilización de minas antipersonales o de "pipas de gas",para argumentar que no es posible dictar medidas alternativas dejusticia para las cúpulas guerrilleras responsables, igualmente, decrímenes de lesa humanidad.En pocas palabras, lo que estas actitudes indebidas le están regalandoa Colombia es una guerra sin fin. Están bloqueando las posibilidades deuna salida negociada que, como lo muestra la experiencia internacional,exige encontrar un punto de equilibrio entre paz y justicia. Perspectivaque será pronto apoyada, a mi modo de ver, por la Unión Europea.En la Ley de Justicia y Paz se contempla la creación de una ComisiónNacional de Reparación y Reconciliación (artículo 52), un Fondo para laReparación de las Víctimas (artículo 55) e, igualmente, unas comisionesregionales para la restitución de bienes (artículo 53) con ampliaparticipación de las asociaciones de víctimas.Ojalá las asociaciones aprovechen estas instancias para luchar por lasvíctimas y no para adelantar sus agendas políticas.
martes, agosto 2
!!!!!QUE MARAVILLA¡¡¡¡
ABC DE RECOMPENSAS A DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Las personas, tanto naturales como jurídicas, que colaboren con las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Servicios Públicos contra las empresas de servicios que incurran en cobros irregulares, aplicación indebida de tarifas o facturación incorrecta, serán recompensadas.
Así lo estableció la Superservicios al señalar que las empresas de servicios públicos multadas deberán pagar a las personas que denuncien el 1 por ciento de la sanción si es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mínimos.
¿TODAS LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DAN LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INCENTIVO?
No. Únicamente si cumplen los requisitos señalados en la Resolución 0668 de febrero de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que son:
- Solicitud expresa del incentivo.
- Oportunidad de la solicitud.
- Prueba de los costos, gastos, tiempo y perjuicios que haya generado su participación durante el trámite de la investigación administrativa.
- Sanción a la empresa investigada con la imposición de una multa.
¿ LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DAN LUGAR AL INCENTIVO?
No, porque estos recursos no implican el inicio de investigaciones administrativas con las empresas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL INCENTIVO?
El incentivo consiste en la adjudicación de una parte de la multa que la Superintendencia impone a las empresas de servicios públicos como sanción por haber incurrido en conductas contrarias a la ley, como es el caso del uso indebido de facturación, competencia desleal, aplicación indebida de tarifas y caso omiso a las quejas de los usuarios.
La Superintendencia adjudicará una parte de la multa impuesta a las empresas a aquellas personas –naturales o jurídicas-- que inicien, impulsen o colaboren con la investigación administrativa a manera de retribución por esfuerzos, gastos y tiempo invertidos en la investigación.
¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE LA MULTA QUE SE ADJUDICA COMO INCENTIVO?
La Superintendencia adjudicará hasta el 1 por ciento si la multa es igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mensuales.
¿EL INCENTIVO SE COMPARTE SI SON VARIAS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN UNA MISMA INVESTIGACIÓN?
No. El incentivo se otorga de forma independiente a cada una de las personas que los solicitaron, pero la sumatoria de los valores adjudicados no puede exceder los porcentajes establecidos.
¿QUIÉN PAGA EL INCENTIVO AL BENEFICIARIO?
La empresa multada es la que pagará directamente al beneficiario el valor del incentivo adjudicado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
¿EXISTE ALGÚN RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL RECURSO?
Sí. El solicitante del incentivo puede interponer recurso de reposición.
¿SI EL SOLICITANTE DEL INCENTIVO ES UN VOCAL DE CONTROL O MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE UN COMITÉ DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, EL INCENTIVO SE OTORGA A TÍTULO PERSONAL?
No. En este caso el incentivo se otorga al Comité respectivo, el cual debe darle al dinero percibido la destinación que corresponda según el reglamento expedido por el mismo comité.
¿ LA RESOLUCIÓN 6672 DE DICIEMBRE DE 2004 SIGUE VIGENTE? No. Con la expedición de la Resolución 0668 de febrero de 2004 queda derogada la Resolución 6672. Por lo tanto, la única reglamentación vigente en materia de adjudicación de incentivos en servicios públicos es la 0668 del 12 de febrero de 2004, que entró a regir el 18 de febrero del presente año, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial.
Las personas, tanto naturales como jurídicas, que colaboren con las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Servicios Públicos contra las empresas de servicios que incurran en cobros irregulares, aplicación indebida de tarifas o facturación incorrecta, serán recompensadas.
Así lo estableció la Superservicios al señalar que las empresas de servicios públicos multadas deberán pagar a las personas que denuncien el 1 por ciento de la sanción si es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mínimos.
¿TODAS LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DAN LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INCENTIVO?
No. Únicamente si cumplen los requisitos señalados en la Resolución 0668 de febrero de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que son:
- Solicitud expresa del incentivo.
- Oportunidad de la solicitud.
- Prueba de los costos, gastos, tiempo y perjuicios que haya generado su participación durante el trámite de la investigación administrativa.
- Sanción a la empresa investigada con la imposición de una multa.
¿ LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DAN LUGAR AL INCENTIVO?
No, porque estos recursos no implican el inicio de investigaciones administrativas con las empresas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL INCENTIVO?
El incentivo consiste en la adjudicación de una parte de la multa que la Superintendencia impone a las empresas de servicios públicos como sanción por haber incurrido en conductas contrarias a la ley, como es el caso del uso indebido de facturación, competencia desleal, aplicación indebida de tarifas y caso omiso a las quejas de los usuarios.
La Superintendencia adjudicará una parte de la multa impuesta a las empresas a aquellas personas –naturales o jurídicas-- que inicien, impulsen o colaboren con la investigación administrativa a manera de retribución por esfuerzos, gastos y tiempo invertidos en la investigación.
¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE LA MULTA QUE SE ADJUDICA COMO INCENTIVO?
La Superintendencia adjudicará hasta el 1 por ciento si la multa es igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mensuales.
¿EL INCENTIVO SE COMPARTE SI SON VARIAS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN UNA MISMA INVESTIGACIÓN?
No. El incentivo se otorga de forma independiente a cada una de las personas que los solicitaron, pero la sumatoria de los valores adjudicados no puede exceder los porcentajes establecidos.
¿QUIÉN PAGA EL INCENTIVO AL BENEFICIARIO?
La empresa multada es la que pagará directamente al beneficiario el valor del incentivo adjudicado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
¿EXISTE ALGÚN RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL RECURSO?
Sí. El solicitante del incentivo puede interponer recurso de reposición.
¿SI EL SOLICITANTE DEL INCENTIVO ES UN VOCAL DE CONTROL O MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE UN COMITÉ DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, EL INCENTIVO SE OTORGA A TÍTULO PERSONAL?
No. En este caso el incentivo se otorga al Comité respectivo, el cual debe darle al dinero percibido la destinación que corresponda según el reglamento expedido por el mismo comité.
¿ LA RESOLUCIÓN 6672 DE DICIEMBRE DE 2004 SIGUE VIGENTE? No. Con la expedición de la Resolución 0668 de febrero de 2004 queda derogada la Resolución 6672. Por lo tanto, la única reglamentación vigente en materia de adjudicación de incentivos en servicios públicos es la 0668 del 12 de febrero de 2004, que entró a regir el 18 de febrero del presente año, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial.
TOMADO DE ELTIEMPO.COM
POR DENISE DRESSER *
UNIDOS POR EL DERECHO AL VOTO, PERO DIVIDIDOS POR LA POBREZA
La democracia disfuncional de América Latina (Agosto 01 de 2005)
En América Latina, mucha gente vive con las manos extendidas.
Los gobiernos paternalistas acostumbran a sus pueblos a recibir apenas lo suficiente para sobrevivir, en lugar de participar en la sociedad. Los políticos que alguna vez Octavio Paz llamara los “ogros filantrópicos” crean clientes en vez de ciudadanos, pueblos que esperan en lugar de exigir.América Latina cojea a un costado porque no puede correr decididamente hacia adelante. De partida, hay demasiadas barreras para los pobres, los innovadores y quienes no tienen acceso al crédito. Existen demasiados muros erigidos contra la movilidad social, la competencia y la equidad en la política y los negocios.Como resultado, aunque los latinoamericanos pueden votar en un ambiente más democrático, no pueden competir en un mundo globalizado. Los estándares de vida han caído, los ingresos se han estancado y se ha perdido la fe. La gente marcha por las calles de Bolivia. O cree las promesas del presidente populista Hugo Chávez en Venezuela. O piensa en un retorno al pasado unipartidista en México. O ansía un “que se vayan todos”, como hoy parece estar arraigándose en Brasil.La región es más democrática y desigual que hace diez años. Unidos por el derecho al voto, los latinoamericanos siguen divididos por la pobreza. Las economías están organizadas de un modo que concentra la riqueza en pocas manos y a continuación le permite no pagar impuestos, privando a los gobiernos de los recursos para invertir en capital humano. Pocos gobiernos se han comprometido a hacer esta inversión. En su lugar, lo que el pueblo latinoamericano ha obtenido en la era democrática es un montón de obras públicas: puentes, carreteras y estructuras diseñadas para generar apoyo político de corto plazo.Esta democracia parece incapaz de desmantelar las viejas redes de clientelismo y sus tradicionales arreglos para compartir el poder. Las élites siguen resguardadas en vecindarios protegidos, dejando fuera a los pobres y sin incentivo para darles poder.Esto significa que amplios porcentajes de la población no terminan la secundaria, no tienen acceso a la universidad ni se convierten en ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos . Siguen al servicio de sistemas donde las relaciones personales importan más que las calificaciones y las habilidades, y en donde los puestos se asignan con base en la lealtad, no en el mérito. Las puertas se abren para los que tienen el apellido y los contactos correctos, y los contratos se adjudican con un guiño. Los monopolios estatales se venden a amigos que se convierten en multimillonarios, como el mexicano Carlos Slim.A pesar de los desórdenes en Bolivia y el avance de políticos populistas, América Latina no está a punto de sufrir un desastre económico. La región se mantiene en gran parte estable. Pero eso no es suficiente para hacer que la gente pase de una fábrica de tortillas a una compañía de software, para crear una clase media amplia y asegurar así movilidad social.La democracia puede estar funcionando lo suficientemente bien en términos de elecciones libres y justas. Pero otra cosa no lo está. La democracia disfuncional de América Latina es el resultado de un patrón de comportamiento político y económico que la condena al estancamiento, independientemente de quien gobierne. Tiene su raíz en reformas estructurales pospuestas o realizadas a medias, de privatizaciones que benefician a las élites pero perjudican a los consumidores.Esto ha dado sustento a un modelo que pone más valor en la extracción de recursos que en la educación y potenciación de la gente. Recursos abundantes, como el petróleo, son una maldición para la democracia en los países en desarrollo, ya que cuando un gobierno obtiene los ingresos que necesita mediante su venta, no siente necesidad de cobrar impuestos. Los gobiernos que no necesitan ampliar su base de contribuyentes tienen menos incentivos para responder a las necesidades de sus pueblos.De hecho, los gobiernos que se basan en el clientelismo en lugar de la plena ciudadanía no necesitan dar respuesta alguna. Producen democracias superficiales, donde las personas tienen voto pero no participan realmente en la toma de decisiones, en donde la riqueza está cada vez más concentrada y la brecha en los ingresos es más difícil de cerrar.Peor aún, tales gobiernos, ya sea autoritarios o nominalmente democráticos, convierten a sus ciudadanos en destinatarios de dádivas, en lugar de participantes. Crean gente que vive con las manos extendidas y no con las manos alzadas.* Profesora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
UNIDOS POR EL DERECHO AL VOTO, PERO DIVIDIDOS POR LA POBREZA
La democracia disfuncional de América Latina (Agosto 01 de 2005)
En América Latina, mucha gente vive con las manos extendidas.
Los gobiernos paternalistas acostumbran a sus pueblos a recibir apenas lo suficiente para sobrevivir, en lugar de participar en la sociedad. Los políticos que alguna vez Octavio Paz llamara los “ogros filantrópicos” crean clientes en vez de ciudadanos, pueblos que esperan en lugar de exigir.América Latina cojea a un costado porque no puede correr decididamente hacia adelante. De partida, hay demasiadas barreras para los pobres, los innovadores y quienes no tienen acceso al crédito. Existen demasiados muros erigidos contra la movilidad social, la competencia y la equidad en la política y los negocios.Como resultado, aunque los latinoamericanos pueden votar en un ambiente más democrático, no pueden competir en un mundo globalizado. Los estándares de vida han caído, los ingresos se han estancado y se ha perdido la fe. La gente marcha por las calles de Bolivia. O cree las promesas del presidente populista Hugo Chávez en Venezuela. O piensa en un retorno al pasado unipartidista en México. O ansía un “que se vayan todos”, como hoy parece estar arraigándose en Brasil.La región es más democrática y desigual que hace diez años. Unidos por el derecho al voto, los latinoamericanos siguen divididos por la pobreza. Las economías están organizadas de un modo que concentra la riqueza en pocas manos y a continuación le permite no pagar impuestos, privando a los gobiernos de los recursos para invertir en capital humano. Pocos gobiernos se han comprometido a hacer esta inversión. En su lugar, lo que el pueblo latinoamericano ha obtenido en la era democrática es un montón de obras públicas: puentes, carreteras y estructuras diseñadas para generar apoyo político de corto plazo.Esta democracia parece incapaz de desmantelar las viejas redes de clientelismo y sus tradicionales arreglos para compartir el poder. Las élites siguen resguardadas en vecindarios protegidos, dejando fuera a los pobres y sin incentivo para darles poder.Esto significa que amplios porcentajes de la población no terminan la secundaria, no tienen acceso a la universidad ni se convierten en ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos . Siguen al servicio de sistemas donde las relaciones personales importan más que las calificaciones y las habilidades, y en donde los puestos se asignan con base en la lealtad, no en el mérito. Las puertas se abren para los que tienen el apellido y los contactos correctos, y los contratos se adjudican con un guiño. Los monopolios estatales se venden a amigos que se convierten en multimillonarios, como el mexicano Carlos Slim.A pesar de los desórdenes en Bolivia y el avance de políticos populistas, América Latina no está a punto de sufrir un desastre económico. La región se mantiene en gran parte estable. Pero eso no es suficiente para hacer que la gente pase de una fábrica de tortillas a una compañía de software, para crear una clase media amplia y asegurar así movilidad social.La democracia puede estar funcionando lo suficientemente bien en términos de elecciones libres y justas. Pero otra cosa no lo está. La democracia disfuncional de América Latina es el resultado de un patrón de comportamiento político y económico que la condena al estancamiento, independientemente de quien gobierne. Tiene su raíz en reformas estructurales pospuestas o realizadas a medias, de privatizaciones que benefician a las élites pero perjudican a los consumidores.Esto ha dado sustento a un modelo que pone más valor en la extracción de recursos que en la educación y potenciación de la gente. Recursos abundantes, como el petróleo, son una maldición para la democracia en los países en desarrollo, ya que cuando un gobierno obtiene los ingresos que necesita mediante su venta, no siente necesidad de cobrar impuestos. Los gobiernos que no necesitan ampliar su base de contribuyentes tienen menos incentivos para responder a las necesidades de sus pueblos.De hecho, los gobiernos que se basan en el clientelismo en lugar de la plena ciudadanía no necesitan dar respuesta alguna. Producen democracias superficiales, donde las personas tienen voto pero no participan realmente en la toma de decisiones, en donde la riqueza está cada vez más concentrada y la brecha en los ingresos es más difícil de cerrar.Peor aún, tales gobiernos, ya sea autoritarios o nominalmente democráticos, convierten a sus ciudadanos en destinatarios de dádivas, en lugar de participantes. Crean gente que vive con las manos extendidas y no con las manos alzadas.* Profesora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
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