Condenado a muerte
Fernando Londoño Hoyos. Columnista de EL TIEMPO.
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La historia es muy simple. El Ejército dio de baja a varios guerrilleros y les encontraron uncomputador y en el computador un largo documento en el que la comandancia de las Farc dice que debo morir, agrega el por qué y el para qué y, por supuesto, dedica largas páginas a la manera como ejecutará esa sentencia.
"... siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo." "... luego de su paso por el Ministerio del Interior dio a conocer sus verdaderos intereses y se convirtió en un enemigo abierto del pueblo y de las diferentes organizaciones populares y en especial de su ejército Farc-EP." "... se ha refugiado en un programa radial llamado La hora de la verdad, en la emisora Radio Súper, desde donde hace señalamientos impone posiciones absurdas contra el pueblo... manipulando la opinión pública, en definitiva haciendo su posición como palabra santa y siempre en contra del pueblo y las diferentes expresiones populares como la armada." "... es un representante de los gremios y de la clase dirigente".
La causa eficiente, se ve, es muy clara. La enemistad con los ejércitos populares que masacran, asaltan, secuestran, incendian, siembran minas y negocian cocaína es suficiente motivo para llevar al cadalso a quien la practica.
También es explícita la causa final que se propone: "... con esta acción le mostraremos al pueblo que su ejército está en pie de lucha y siempre reivindicaremos sus derechos y castigaremos a sus enemigos".
Tan alta finalidad, qué duda cabe, explica el itinerario sangriento de estos asesinos sobre la piel lacerada de Colombia.
No podía faltar la sentencia, inapelable e irredimible: "... y se ve la imperiosa necesidad de ajusticiarlo...". (Toda la cita es textual, por supuesto.)
Lo demás del documento no vale para comentarlo. Porque es la larga y tediosa narración de todos mis movimientos y los de mi escolta, expuestos por segundos y con tan primoroso detalle, que deja a las claras el tratamiento profesional de la materia. A los muertos en Colombia les queda la seguridad de que no han sido chambones sus verdugos.
Debo confesar que, obligado por las Farc y no por los ascetas que con tanta insistencia lo recomiendan, he tenido que hacer el ejercicio de presenciar mi propia muerte. Y he descubierto en ese proceso cosas tan maravillosas como jamás pensé encontrar. La primera, que la fe en Dios hace al hombre invulnerable al miedo y hasta insensible al dolor de la despedida. Es tan poco lo que dejo y tanto lo que espero, que siento defraudar a mis asesinos.
Porque ni les temo ni los odio y esa forma de desprecio será el más duro castigo para su iniquidad. He descubierto también que no hay nada en el universo que se parezca al amor. El que he sentido de los míos, de mis amigos y de gente que nunca conocí, no solo es consuelo suficiente sino premio inmerecido. He comprendido, igualmente, que la plena conciencia del deber y la justicia vuelve al hombre inútil para la fuga y aun para la súplica.
Tengo la esperanza de que al quedarme evitaré el destierro de muchos otros. Que al no silenciarme cobarde reemplazaré muchas voces que se apagan en silencios inútiles. Y que al prometerme la continuación de esta batalla hasta que Dios se sirva darme vida, no solo la dignificaré ante el mundo, sino que tal vez logre economizarla para otros. Así que no me derrota la condena, ni me ofende el tenaz silencio de los que la conocen y, conociéndola, callan. ¿Qué importa un muerto de lo que llaman la derecha?
Yo también le dejo a mi patria mis cenizas. Y a mi mujer, a mis hijos, a mi familia entera, a mis amigos y a quienes oren por mí, amor infinito. No tengo otra cosa. Pero sé que no es poco.
Fernando Londoño Hoyos
martes, septiembre 11
miércoles, agosto 15
Siembra desconfianza y cosecharás caos elcolombiano 15 de agosto de 2007
No nos oponemos a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo: podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con la democracia.
Cierta angustia produce el hecho de que 1.200 miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados del servicio activo en los últimos doce meses.
Desde una perspectiva, podría ser una noticia positiva que indicaría que hay un proceso serio de depuración dentro de la institución armada encargada de controlar el orden público y propiciar la seguridad democrática.
Desde otra perspectiva, sin embargo, podría significar que hay una cacería de brujas que acabaría por debilitar la institucionalidad, desmotivar a las Fuerzas Armadas en su titánica y valerosa labor de lucha contra todos los agentes desestabilizadores de Colombia, y servir a oscuros intereses de quién sabe quién.
En el medio quedan los funcionarios que podrían hacer de idiotas útiles o pescar en el río revuelto del oportunismo, sin reflexionar en profundidad sobre el daño que les causan al país y a las instituciones.
Y los medios de comunicación que, preocupados por la chiva, no miden las consecuencias de lo que informan, tienen desconcertados a los ciudadanos y van acumulando en ellos un sentimiento de desconfianza y angustia que cierra todos los horizontes de futuro.
"Con ciertas delicadas informaciones de orden público -escribió Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2006- viene sucediendo lo mismo que con algunas estadísticas del Dane: la gente no sabe a ciencia cierta qué creer, ni tiene certeza de lo que está pasando. Y cuando esto acontece la gran damnificada es la democracia. Nada resulta tan perverso para la buena marcha de las instituciones que el escepticismo ciudadano sobre la información".
Bueno sería también que el presidente Uribe reflexionara con su gabinete las palabras que él mismo pronunció en septiembre de 2006, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, en las que les pide a los investigadores judiciales que no hagan más filtraciones a los medios porque afectan el curso de las investigaciones. Los militares "están condenados ante la opinión pública y no habían sido escuchados", dijo el Presidente.
Igualmente bueno sería que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordara sus propias palabras de octubre del año pasado, cuando en un debate en el Congreso por el mismo tema de los falsos positivos preguntó: "¿Qué hace una comisión del Senado reemplazando a la justicia?", y se las aplicara a sí mismo en bien del país.
Porque en el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, el ministro Santos se atribuyó funciones que sólo tiene el poder judicial, olvidó la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad y ese otro sagrado derecho a la fama, la honra y el buen nombre, tan difícil de restituir una vez ha sido lesionado. Amén del derecho a la legítima defensa. Además, nadie o casi nadie es capaz de desligar a los Santos del gobierno, de los Santos periodistas que dirigen casas editoriales que pretenden liderar la información y la opinión de Colombia.
No nos oponemos, no podríamos hacerlo, a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Sólo así el país entrará en la senda cierta de la democracia. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo, porque podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con esa misma democracia. Siembra desconfianza y cosecharás caos.
Cierta angustia produce el hecho de que 1.200 miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados del servicio activo en los últimos doce meses.
Desde una perspectiva, podría ser una noticia positiva que indicaría que hay un proceso serio de depuración dentro de la institución armada encargada de controlar el orden público y propiciar la seguridad democrática.
Desde otra perspectiva, sin embargo, podría significar que hay una cacería de brujas que acabaría por debilitar la institucionalidad, desmotivar a las Fuerzas Armadas en su titánica y valerosa labor de lucha contra todos los agentes desestabilizadores de Colombia, y servir a oscuros intereses de quién sabe quién.
En el medio quedan los funcionarios que podrían hacer de idiotas útiles o pescar en el río revuelto del oportunismo, sin reflexionar en profundidad sobre el daño que les causan al país y a las instituciones.
Y los medios de comunicación que, preocupados por la chiva, no miden las consecuencias de lo que informan, tienen desconcertados a los ciudadanos y van acumulando en ellos un sentimiento de desconfianza y angustia que cierra todos los horizontes de futuro.
"Con ciertas delicadas informaciones de orden público -escribió Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2006- viene sucediendo lo mismo que con algunas estadísticas del Dane: la gente no sabe a ciencia cierta qué creer, ni tiene certeza de lo que está pasando. Y cuando esto acontece la gran damnificada es la democracia. Nada resulta tan perverso para la buena marcha de las instituciones que el escepticismo ciudadano sobre la información".
Bueno sería también que el presidente Uribe reflexionara con su gabinete las palabras que él mismo pronunció en septiembre de 2006, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, en las que les pide a los investigadores judiciales que no hagan más filtraciones a los medios porque afectan el curso de las investigaciones. Los militares "están condenados ante la opinión pública y no habían sido escuchados", dijo el Presidente.
Igualmente bueno sería que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordara sus propias palabras de octubre del año pasado, cuando en un debate en el Congreso por el mismo tema de los falsos positivos preguntó: "¿Qué hace una comisión del Senado reemplazando a la justicia?", y se las aplicara a sí mismo en bien del país.
Porque en el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, el ministro Santos se atribuyó funciones que sólo tiene el poder judicial, olvidó la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad y ese otro sagrado derecho a la fama, la honra y el buen nombre, tan difícil de restituir una vez ha sido lesionado. Amén del derecho a la legítima defensa. Además, nadie o casi nadie es capaz de desligar a los Santos del gobierno, de los Santos periodistas que dirigen casas editoriales que pretenden liderar la información y la opinión de Colombia.
No nos oponemos, no podríamos hacerlo, a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Sólo así el país entrará en la senda cierta de la democracia. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo, porque podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con esa misma democracia. Siembra desconfianza y cosecharás caos.
sábado, mayo 19
editorial EL MUNDO mayo 18 de 2007
Filtraciones y periodismo responsable
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El medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado.
Nos parece oportuno retomar el tema que El Colombiano trató ayer en su editorial, porque tenemos una identidad en el concepto de fondo acerca de la ética de las filtraciones, aunque nuestro análisis va un poco más allá, pues además de una violación a una norma prácticamente universal, porque las prohíben casi todos los Códigos de Ética de la profesión periodística en el mundo, nos parece que el medio que las publica termina, como mínimo, siendo cómplice de quien las produjo.
Frente a la filtración que nos llega de manera gratuita, la malicia indígena nos dice que “de eso tan bueno no dan tanto”.Lo primero que hay que poner en duda es la autenticidad de lo que nos están entregando y determinar qué tanta verdad hay en ello; y, en segundo lugar, como cualquier filtración implica para el que la ejecuta incurrir en unos costos económicos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿A título de qué nos ofrecen esto gratuito? ¿Acaso nos quieren utilizar como medio de divulgación de algo que beneficia directamente al gracioso concesionario o a sus cómplices? Pero si la alternativa es que nos la ofrecen comprada, al pagar por ella el medio está estimulando la comisión de un delito claramente definido y sancionado por la Ley colombiana.
Esto es bueno tenerlo presente, porque a veces, por el afán de la chiva, los periodistas servimos de idiotas útiles a los delincuentes y el principio universal es que la ignorancia de la Ley no nos excusa de su violación. Dice el Código Penal, Ley 599 de 2000, en su capítulo séptimo, “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”, Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Y agrega: “Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años”. La ley no dice que los periodistas, por cuenta de la libertad de información, están exentos de cumplirla. Por el contrario, la responsabilidad social de nuestra misión nos obliga a ser más cuidadosos incluso que el ciudadano común.
Caben, pues, perfectamente dentro de esas conductas punibles las grabaciones ilegales – que al parecer suman 8.000 horas de espionaje a lo largo de los últimos dos años - realizadas por personal de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional, como también su filtración y su publicación por parte de la revista Semana, que las utilizó para su gran bomba noticiosa de la semana pasada, desatando una de las más graves crisis al interior de esa institución y del propio Gobierno.
En términos de ética periodística – que es el aspecto en que hace énfasis el editorial de nuestro colega – nosotros coincidimos esencialmente en que no se debe publicar el producto de una filtración y que una vez se conozca su contenido debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Igualmente, en nuestro caso, también guardaríamos copia para precavernos de que sí se adelanten las investigaciones pertinentes e, incluso, para una eventual defensa pues, evidentemente, el medio que recibe la filtración queda de algún modo comprometido.
Pero, además de las implicaciones éticas, evidentes en el caso analizado, nosotros pensamos – como se desprende del Artículo citado del CP – que el medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado, porque si en la grabación ilegal de conversaciones privadas y en su filtración se configura un delito, el que las utilice para publicarlas inmediatamente, sin dar cuenta de ello a las autoridades, se hace cómplice de ese delito, tanto si las recibió a título gratuito como si pagó por ellas.
Con ánimo provocador, en un noticiero radial se le hacía al presidente Uribe el siguiente planteamiento falaz: “Volviendo al espionaje telefónico, gracias a Semana se supo, pero usted dice que ojalá la revista revelara la fuente. La protección de la fuente es una de las libertades fundamentales más importantes en un Estado de Derecho, lo que habría que mejorar es la inteligencia y la contra-inteligencia, no pedirle a los medios que revelen las fuentes”. El presidente, hábil polemista, no pisó la trampa, pero sí dijo, recordando el famoso verso de Sor Juan Inés de la Cruz, que están a la par, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Y dijo también una gran verdad y es que en este país, en aras de las libertades, se ha olvidado que la filtración de expedientes – como la filtración de cualquier conversación privada interceptada sin orden judicial - es un delito. Evidentemente, si se protege una fuente sin rostro y sin nombre, “el periodista hace suyas sus afirmaciones y por ellas debe responder”, como dicen María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo en su libro “Ética para periodistas”. Es decir, que el sigilo profesional en nuestro caso no es una patente de corso para encubrir a delincuentes, y quien divulgue filtraciones de escuchas ilegales debe estar dispuesto a responder por ello ante la justicia.
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El medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado.
Nos parece oportuno retomar el tema que El Colombiano trató ayer en su editorial, porque tenemos una identidad en el concepto de fondo acerca de la ética de las filtraciones, aunque nuestro análisis va un poco más allá, pues además de una violación a una norma prácticamente universal, porque las prohíben casi todos los Códigos de Ética de la profesión periodística en el mundo, nos parece que el medio que las publica termina, como mínimo, siendo cómplice de quien las produjo.
Frente a la filtración que nos llega de manera gratuita, la malicia indígena nos dice que “de eso tan bueno no dan tanto”.Lo primero que hay que poner en duda es la autenticidad de lo que nos están entregando y determinar qué tanta verdad hay en ello; y, en segundo lugar, como cualquier filtración implica para el que la ejecuta incurrir en unos costos económicos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿A título de qué nos ofrecen esto gratuito? ¿Acaso nos quieren utilizar como medio de divulgación de algo que beneficia directamente al gracioso concesionario o a sus cómplices? Pero si la alternativa es que nos la ofrecen comprada, al pagar por ella el medio está estimulando la comisión de un delito claramente definido y sancionado por la Ley colombiana.
Esto es bueno tenerlo presente, porque a veces, por el afán de la chiva, los periodistas servimos de idiotas útiles a los delincuentes y el principio universal es que la ignorancia de la Ley no nos excusa de su violación. Dice el Código Penal, Ley 599 de 2000, en su capítulo séptimo, “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”, Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Y agrega: “Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años”. La ley no dice que los periodistas, por cuenta de la libertad de información, están exentos de cumplirla. Por el contrario, la responsabilidad social de nuestra misión nos obliga a ser más cuidadosos incluso que el ciudadano común.
Caben, pues, perfectamente dentro de esas conductas punibles las grabaciones ilegales – que al parecer suman 8.000 horas de espionaje a lo largo de los últimos dos años - realizadas por personal de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional, como también su filtración y su publicación por parte de la revista Semana, que las utilizó para su gran bomba noticiosa de la semana pasada, desatando una de las más graves crisis al interior de esa institución y del propio Gobierno.
En términos de ética periodística – que es el aspecto en que hace énfasis el editorial de nuestro colega – nosotros coincidimos esencialmente en que no se debe publicar el producto de una filtración y que una vez se conozca su contenido debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Igualmente, en nuestro caso, también guardaríamos copia para precavernos de que sí se adelanten las investigaciones pertinentes e, incluso, para una eventual defensa pues, evidentemente, el medio que recibe la filtración queda de algún modo comprometido.
Pero, además de las implicaciones éticas, evidentes en el caso analizado, nosotros pensamos – como se desprende del Artículo citado del CP – que el medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado, porque si en la grabación ilegal de conversaciones privadas y en su filtración se configura un delito, el que las utilice para publicarlas inmediatamente, sin dar cuenta de ello a las autoridades, se hace cómplice de ese delito, tanto si las recibió a título gratuito como si pagó por ellas.
Con ánimo provocador, en un noticiero radial se le hacía al presidente Uribe el siguiente planteamiento falaz: “Volviendo al espionaje telefónico, gracias a Semana se supo, pero usted dice que ojalá la revista revelara la fuente. La protección de la fuente es una de las libertades fundamentales más importantes en un Estado de Derecho, lo que habría que mejorar es la inteligencia y la contra-inteligencia, no pedirle a los medios que revelen las fuentes”. El presidente, hábil polemista, no pisó la trampa, pero sí dijo, recordando el famoso verso de Sor Juan Inés de la Cruz, que están a la par, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Y dijo también una gran verdad y es que en este país, en aras de las libertades, se ha olvidado que la filtración de expedientes – como la filtración de cualquier conversación privada interceptada sin orden judicial - es un delito. Evidentemente, si se protege una fuente sin rostro y sin nombre, “el periodista hace suyas sus afirmaciones y por ellas debe responder”, como dicen María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo en su libro “Ética para periodistas”. Es decir, que el sigilo profesional en nuestro caso no es una patente de corso para encubrir a delincuentes, y quien divulgue filtraciones de escuchas ilegales debe estar dispuesto a responder por ello ante la justicia.
LA ETICA DE LAS FILTRACIONES
editorial el colombiano mayo 17 de 2007
La ética de las filtraciones
EL COLOMBIANO sabe qué haría frente a una filtración ofrecida. Cada medio de comunicación hace lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión pensando, no en la chiva sino en el bien supremo, el bien común.
Cuando se filtró el casete con las acusaciones al presidente Ernesto Samper por lo que luego se llamó popularmente el proceso 8000, el diario El Tiempo nos preguntó qué habríamos hecho en caso de haber sido los receptores de dicho casete. Le contestamos que lo habríamos copiado pero que, sin publicar su contenido, se lo habríamos entregado al alto gobierno en cabeza de César Gaviria, advirtiéndole que teníamos copia que divulgaríamos, si lo considerábamos pertinente, según el curso que tomaran las investigaciones respectivas.
Ya antes habíamos hecho algo semejante con el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, cuando EL COLOMBIANO hizo parte de una comisión investigadora de la sociedad civil para esclarecer la muerte en Blanquiceth, Urabá, de dos negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, grupo con el que el Gobierno había iniciado unas negociaciones de paz que estaban en vilo por dichas muertes.
El resultado y las pruebas de la investigación, con fotos incluidas, fueron entregados al Procurador General, diciéndole que guardábamos copia que podría ser hecha pública cuando lo consideráramos pertinente. La Procuraduría reorientó la investigación y cuando dio un concepto al respecto hicimos pública nuestra investigación, la que compartimos antes de publicarla con los medios de comunicación que quisieron manejarla noticiosamente. Se trataba de contribuir a un proceso de paz y, con tal de que no se frenara, renunciamos a la chiva periodística, habiendo conseguido por nuestro propio esfuerzo la prueba reina.
Ahora vuelve a haber filtraciones que han sido publicadas en aras de la libertad de prensa. Las últimas le costaron la estabilidad a toda la Policía Nacional, lesionando la gobernabilidad de un país frágil que intenta salir adelante de tantas violencias que ha padecido.
¿Qué habría hecho EL COLOMBIANO en caso de ser el destinatario de las filtraciones? Lo mismo que habría hecho en los tiempos del 8000: entregarlas al Gobierno, guardando copia para garantizar que no se desestimaran y que, por el contrario, se hiciera una investigación exhaustiva.
Hay quienes quieren comparar lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Estados Unidos en épocas del Watergate. Pero hay una gran diferencia, porque en el Watergate fueron los periodistas quienes investigaron e hicieron pública su investigación que afectaba seriamente a Richard Nixon y que le costó la Presidencia.
En el caso colombiano, quienes investigan son fuentes interesadas en uno u otro objetivo que puede llegar a ser tan grave como una conspiración y que de todos modos lesiona la institucionalidad y los procesos judiciales pues, en muchos casos, no respeta ni siquiera la reserva sumarial. Los medios no tienen control ni de las filtraciones ni del proceso investigativo. Además, la filtración de información podría llegar a ser un negocio sucio que los medios podrían estimular.
EL COLOMBIANO sabe qué haría, lo ha dicho públicamente y quizá por tal posición jamás somos destinatarios de filtraciones. Cada medio de comunicación hará lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión mediática pensando, no en la chiva sino en el bien supremo que es el bien común.
La ética de las filtraciones
EL COLOMBIANO sabe qué haría frente a una filtración ofrecida. Cada medio de comunicación hace lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión pensando, no en la chiva sino en el bien supremo, el bien común.
Cuando se filtró el casete con las acusaciones al presidente Ernesto Samper por lo que luego se llamó popularmente el proceso 8000, el diario El Tiempo nos preguntó qué habríamos hecho en caso de haber sido los receptores de dicho casete. Le contestamos que lo habríamos copiado pero que, sin publicar su contenido, se lo habríamos entregado al alto gobierno en cabeza de César Gaviria, advirtiéndole que teníamos copia que divulgaríamos, si lo considerábamos pertinente, según el curso que tomaran las investigaciones respectivas.
Ya antes habíamos hecho algo semejante con el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, cuando EL COLOMBIANO hizo parte de una comisión investigadora de la sociedad civil para esclarecer la muerte en Blanquiceth, Urabá, de dos negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, grupo con el que el Gobierno había iniciado unas negociaciones de paz que estaban en vilo por dichas muertes.
El resultado y las pruebas de la investigación, con fotos incluidas, fueron entregados al Procurador General, diciéndole que guardábamos copia que podría ser hecha pública cuando lo consideráramos pertinente. La Procuraduría reorientó la investigación y cuando dio un concepto al respecto hicimos pública nuestra investigación, la que compartimos antes de publicarla con los medios de comunicación que quisieron manejarla noticiosamente. Se trataba de contribuir a un proceso de paz y, con tal de que no se frenara, renunciamos a la chiva periodística, habiendo conseguido por nuestro propio esfuerzo la prueba reina.
Ahora vuelve a haber filtraciones que han sido publicadas en aras de la libertad de prensa. Las últimas le costaron la estabilidad a toda la Policía Nacional, lesionando la gobernabilidad de un país frágil que intenta salir adelante de tantas violencias que ha padecido.
¿Qué habría hecho EL COLOMBIANO en caso de ser el destinatario de las filtraciones? Lo mismo que habría hecho en los tiempos del 8000: entregarlas al Gobierno, guardando copia para garantizar que no se desestimaran y que, por el contrario, se hiciera una investigación exhaustiva.
Hay quienes quieren comparar lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Estados Unidos en épocas del Watergate. Pero hay una gran diferencia, porque en el Watergate fueron los periodistas quienes investigaron e hicieron pública su investigación que afectaba seriamente a Richard Nixon y que le costó la Presidencia.
En el caso colombiano, quienes investigan son fuentes interesadas en uno u otro objetivo que puede llegar a ser tan grave como una conspiración y que de todos modos lesiona la institucionalidad y los procesos judiciales pues, en muchos casos, no respeta ni siquiera la reserva sumarial. Los medios no tienen control ni de las filtraciones ni del proceso investigativo. Además, la filtración de información podría llegar a ser un negocio sucio que los medios podrían estimular.
EL COLOMBIANO sabe qué haría, lo ha dicho públicamente y quizá por tal posición jamás somos destinatarios de filtraciones. Cada medio de comunicación hará lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión mediática pensando, no en la chiva sino en el bien supremo que es el bien común.
lunes, febrero 5
NO AL SECUESTRO
Por: Salud Hernández-Mora Tomado de El Tiempo.com
Rosi quiere recuperar su vida, y ni la guerrilla ni la incomprensión se lo impedirán.
Rosi siente que no aguanta más. La cerrazón de los guerrilleros, la indolencia del Estado, la avaricia de unos, la indiferencia de muchos, su lucha solitaria en todos los frentes. Querrían verla llorar desconsolada, morir en vida aguardando la llegada del rehén, sucumbir a la tristeza infinita.
Ha esperado cuatro años y dos meses, los mejores de su tercera década de existencia, a que liberen a su marido y se ha dicho: no más, suficiente, voy a vivir.
Lo dice duro pero aún sus pasos son inciertos. Tiene la impresión de que le reprochan todo y nada, no sabe bien qué, tal vez ser ella misma, una mujer diferente a la que presenció, horrorizada, cómo un grupo de hombres armados le arrebataban al marido hace una eternidad. La de hoy se ha recubierto de dureza y desconfianza, de rabias, pero también de ganas de ser algo más que un muerto viviente. Es como si su mundo olvidara sus noches de insomnio, los días amargos, los esfuerzos por mantener el barco a flote, el deterioro de su salud, su aprendizaje para transformarse en mujer independiente, solitaria.
Dos hijos del marido, habidos en uniones anteriores, ignorando sus padecimientos, su lucha diaria, le colocaron sendas demandas judiciales. El mayor le exige que reporte su gestión al frente de los bienes del cautivo; el segundo, residente en el exterior con su mamá y el esposo de esta, quiere saciar su inagotable apetito de caprichos de adolescente, amén de la cuota alimenticia mensual que Rosi no ha dejado de atender.
Ninguno pregunta cómo pueden ayudar, cómo lograr que no todo se hunda, con todo el mundo aprovechando la ausencia para caer encima como aves de rapiña.
Con el Estado también peleó y al menos le ganó una partida. Con la intervención de Harrison Velásquez, un joven y excelente abogado que ha llevado los casos de otros familiares de secuestrados, logró que le congelaran los impuestos del negocio hasta un año después de la liberación, el día que se produzca. No es la panacea, pero sí un respiro.
De la guerrilla, para qué hablar. Hasta ahora les han robado 1.530 días de sus vidas y los han cambiado a los dos, de una manera que Rosi teme que no puedan reconocerse. Muchas veces se pregunta qué marido le devolverán, si es que sale algún día, si podrán recuperar su relación, si creerá que ella no hace lo suficiente para que lo dejen libre y prefiere, como creen algunos, que se pudra en la selva.
Le da infinita ira pensar que si la guerrilla fuera razonable, si quisiera, ya estaría de vuelta, pero es imposible adivinar su estrategia del miedo. Hace tres años les entregó la cantidad convenida y las Farc no lo soltaron.
A esa primera frustración siguieron llamadas, exigencias absurdas, amenazas, intimidaciones. Ella las sorteó como pudo, sintiendo el respaldo de los amigos, de la familia. Pero el tiempo pasa y todos se fueron cansando. Primero los amigos, luego los hermanos. No es que no la quieran, es que gastaron las palabras de ánimo, los abrazos, la compañía y ya casi ni preguntan.
Cada viernes acudía sin falta a grabar mensajes de aliento en el programa de la Fundación País Libre y la Radiodifusora Nacional para secuestrados. Pero cerraron la emisora y desapareció el espacio. Le desmoralizó la indolencia del Estado, de sus compatriotas, y le pareció aún más duro seguir en la lucha. Ahora le manda de vez en cuando un mensaje por Caracol, solo de vez en cuando.
Es consciente de que más de un lector la tachará de egoísta, impaciente, desleal. Le da igual. Quiere recuperar su vida y ni la guerrilla ni una sociedad que ni le importa ni comprende la agonía del que espera se lo van a impedir.
Rosi quiere recuperar su vida, y ni la guerrilla ni la incomprensión se lo impedirán.
Rosi siente que no aguanta más. La cerrazón de los guerrilleros, la indolencia del Estado, la avaricia de unos, la indiferencia de muchos, su lucha solitaria en todos los frentes. Querrían verla llorar desconsolada, morir en vida aguardando la llegada del rehén, sucumbir a la tristeza infinita.
Ha esperado cuatro años y dos meses, los mejores de su tercera década de existencia, a que liberen a su marido y se ha dicho: no más, suficiente, voy a vivir.
Lo dice duro pero aún sus pasos son inciertos. Tiene la impresión de que le reprochan todo y nada, no sabe bien qué, tal vez ser ella misma, una mujer diferente a la que presenció, horrorizada, cómo un grupo de hombres armados le arrebataban al marido hace una eternidad. La de hoy se ha recubierto de dureza y desconfianza, de rabias, pero también de ganas de ser algo más que un muerto viviente. Es como si su mundo olvidara sus noches de insomnio, los días amargos, los esfuerzos por mantener el barco a flote, el deterioro de su salud, su aprendizaje para transformarse en mujer independiente, solitaria.
Dos hijos del marido, habidos en uniones anteriores, ignorando sus padecimientos, su lucha diaria, le colocaron sendas demandas judiciales. El mayor le exige que reporte su gestión al frente de los bienes del cautivo; el segundo, residente en el exterior con su mamá y el esposo de esta, quiere saciar su inagotable apetito de caprichos de adolescente, amén de la cuota alimenticia mensual que Rosi no ha dejado de atender.
Ninguno pregunta cómo pueden ayudar, cómo lograr que no todo se hunda, con todo el mundo aprovechando la ausencia para caer encima como aves de rapiña.
Con el Estado también peleó y al menos le ganó una partida. Con la intervención de Harrison Velásquez, un joven y excelente abogado que ha llevado los casos de otros familiares de secuestrados, logró que le congelaran los impuestos del negocio hasta un año después de la liberación, el día que se produzca. No es la panacea, pero sí un respiro.
De la guerrilla, para qué hablar. Hasta ahora les han robado 1.530 días de sus vidas y los han cambiado a los dos, de una manera que Rosi teme que no puedan reconocerse. Muchas veces se pregunta qué marido le devolverán, si es que sale algún día, si podrán recuperar su relación, si creerá que ella no hace lo suficiente para que lo dejen libre y prefiere, como creen algunos, que se pudra en la selva.
Le da infinita ira pensar que si la guerrilla fuera razonable, si quisiera, ya estaría de vuelta, pero es imposible adivinar su estrategia del miedo. Hace tres años les entregó la cantidad convenida y las Farc no lo soltaron.
A esa primera frustración siguieron llamadas, exigencias absurdas, amenazas, intimidaciones. Ella las sorteó como pudo, sintiendo el respaldo de los amigos, de la familia. Pero el tiempo pasa y todos se fueron cansando. Primero los amigos, luego los hermanos. No es que no la quieran, es que gastaron las palabras de ánimo, los abrazos, la compañía y ya casi ni preguntan.
Cada viernes acudía sin falta a grabar mensajes de aliento en el programa de la Fundación País Libre y la Radiodifusora Nacional para secuestrados. Pero cerraron la emisora y desapareció el espacio. Le desmoralizó la indolencia del Estado, de sus compatriotas, y le pareció aún más duro seguir en la lucha. Ahora le manda de vez en cuando un mensaje por Caracol, solo de vez en cuando.
Es consciente de que más de un lector la tachará de egoísta, impaciente, desleal. Le da igual. Quiere recuperar su vida y ni la guerrilla ni una sociedad que ni le importa ni comprende la agonía del que espera se lo van a impedir.
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