"Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para ustedes ser congresistas." Con estas contundentes palabras, Juan Manuel Santos radicó el pasado 27 de septiembre la ley de víctimas en el Congreso.
Ocho meses después, la Casa de Nariño logró la aprobación de un marco legislativo que, sin exagerar, merece el apelativo de "histórico". La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Primer Mandatario aspira a sancionar con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cubrirá a unos 4 millones de colombianos cuyos derechos se vulneraron en el conflicto interno.
Debido a la magnitud de su impacto inmediato, la extensión del número de sus beneficiarios y su poderoso simbolismo, la aprobación de este proyecto significa el logro más trascendental del primer año de gobierno de Santos. Un acierto que desborda los límites de la agenda legislativa para influir en la política agraria y fiscal, y se constituye en primer paso del camino hacia un eventual intento de reconciliación y paz.
* * * *
Cuatro años le tomó al Congreso, y en especial a un entusiasta promotor, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la discusión de un cuerpo normativo para reparar a los colombianos que habían sufrido daños a causa de la guerra. Ese accidentado trámite, que incluyó un dramático hundimiento de último minuto por cuenta de la coalición uribista, encontró en el gobierno Santos el aliado con el músculo suficiente para convertir el proyecto en realidad.
En los debates parlamentarios surgieron controversias que conforman un microcosmos de las diferentes interpretaciones ideológicas sobre el origen, la dinámica y el futuro de la violencia nacional.
Al bloque de origen liberal que impulsó una versión amplia del marco de reparación y restitución se contrapusieron las preocupaciones fiscales y conceptuales de los uribistas 'radicales', incluyendo su rechazo al reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia.
En los últimos ocho meses se adicionó un componente vital, que multiplica la capacidad reparadora de la ley: la restitución de tierras. Con esta inclusión, aquella aborda sin aspavientos uno de los motores del conflicto armado en Colombia: el sistemático despojo y abandono de unos seis millones de hectáreas. Como lo afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Barrancabermeja, con ocasión del lanzamiento del Premio Nacional de Paz 2011, "la paz duradera pasa por la búsqueda de soluciones modernas y audaces a los conflictos agrarios del país".
La norma, que espera la conciliación para pasar a la firma presidencial, contiene una serie de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para que los desplazados puedan reclamar, en cuestión de meses y no de años, sus predios perdidos. Asimismo, diseña una nueva institucionalidad desde la Presidencia de la República para comandar el ambicioso proceso de reparación.
* * * *
Por más complicado que haya sido el tránsito en el Legislativo, es justo decir que no se comparará con el inmenso desafío de su ejecución. Un primer reto está en el manejo de las grandes expectativas que la ley ha generado. Le corresponde al Gobierno proveer a los potenciales beneficiarios, que se calculan en millones, de montos, procedimientos y tiempos claros para la entrada en operación de las restituciones e indemnizaciones. Confusiones, falsas ilusiones y desorden administrativo son la antesala de la frustración colectiva.
El proceso de reglamentación, por ende, no solo debe realizarse de manera transparente, sino también con celeridad.
Incertidumbres que quedaron en el aire tras los debates, como el impacto fiscal de las reparaciones, deben ser resueltas rápidamente por la Casa de Nariño.
Dentro de las primeras tareas también se incluye la integración de las nuevas unidades administrativas, así como el fortalecimiento de las jurisdicciones agrarias, a cargo de tramitar las reclamaciones.
Otro factor de riesgo en la aplicación de esta legislación está en el uso proselitista de las víctimas en las elecciones regionales de octubre próximo. Las autoridades de vigilancia electoral y las organizaciones de observación necesitan prestar especial atención a las zonas donde los despojos fueron más extendidos.
Al mismo tiempo, la recién lanzada Política Integral de Seguridad deberá incluir en sus estrategias de protección a las asociaciones de víctimas y demás reclamantes de predios. Como ya ha sucedido, la violencia contra los líderes campesinos puede echar por la borda la legitimidad de este titánico esfuerzo institucional.
El presidente Santos tenía claro desde septiembre que no bastaba con pasar un articulado. Una implementación exitosa de la Ley de Víctimas no solo cimentará su legado como mandatario, sino que desatará una transformación en nuestro rasgado tejido social.
El regreso de cientos de miles de familias al campo y la posibilidad de reparar inmensos daños a otras tantas tendrán un impacto positivo que hoy es aún difícil de calcular. El pago de la deuda apenas comienza.
