miércoles, agosto 24

Maestro de ceremonias

(el espectador, agosto 24 de 2011)

Por: Pascual Gaviria

Las dificultades al comprar un tapete para la Casa de Nariño le demostraron al presidente Juan Manuel Santos que el Estado es una mula resabiada: se mueve a su ritmo y en la dirección menos pensada, entre más le zumbe la fusta más se planta y se burla con corcoveos de las buenas intenciones de su montador.
Para señalar el problema Santos prefirió una figura menos montañera —por obvias razones— y dijo que lo tenía preocupado el “Estado paquidérmico”. Parece que luego de resolver ese pequeño problema de decoración, el gobierno escogió su rumbo: el ornamento, la pompa, el aliño como una de las pocas posibilidades del presidente. La consigna parece clara: si es imposible mover el Estado, se hace necesario ponerlo a posar.
Santos ha demostrado ser un especialista en las declaraciones de principios, la corrección política y el viejo truco de llevarle la corriente a eso que llaman la opinión publicada. Del gobierno anterior se decía que marcaba la agenda de los medios, de éste se puede decir que se mueve según el rumbo que marquen las agujas de los periódicos, las emisoras y los noticieros. Mockus utilizó tristemente los estribillos para su campaña; Santos los utiliza para su gobierno.
Vale la pena mirar unos cuantos botones bien lustrados en la chaqueta impecable del maestro de ceremonias. Hace 11 meses se entregaron en Urabá 34 títulos de propiedad como un acto simbólico que anunciaba la gran estrategia de reparación a las víctimas y restitución a los despojados. El pasado lunes El Colombiano publicó una noticia según la cual el Incoder está intentando revocar las adjudicaciones que marcaron el primer hito de aplausos del gobierno. Los beneficiados eran invasores que lograron engañar a las instituciones encargadas de aplicar la Ley de Víctimas. Un campanazo de alerta para antes de comenzar.
La diplomacia ha sido otro de los grandes lances del gobierno. Sólo encuentra enemigos en los antichavistas enfermizos. Pero hasta ahora sólo se ha pasado de los gritos a los gestos de amistad fingida. Sólo hemos ganado en silencio. Las exportaciones a Venezuela disminuyeron en el primer semestre del año y el comandante de las Fuerzas Militares admitió que las posiciones de la guerrilla en Venezuela se mantienen. En el tema del medio ambiente Santos entregó un nombre vendedor para lo que sería un renovado ministerio. En el último año, tal vez como nunca antes, el país ha librado grandes polémicas ambientales gracias a la llegada de las grandes empresas mineras. Pero ni el ministerio ni la señora a su cargo lograron aparecer. Hace unos días, un foro en Boyacá sobre un polémico proyecto de Ecopetrol en Sutamarchán tuvo como único ausente a un representante del gobierno. Parece que la señora Bessudo sigue trabajando en fundaciones bajo el mar.
En el tema de la salud, luego de un año de estudios, escándalos y vueltas en el sistema de fichas en los hospitales, el gobierno salió con un acto solemne para repetir los principios de la Constitución: “la salud no es un negocio sino un derecho, habrá cubrimiento universal”. Lo más triste es que los médicos se tragaron el placebo. Y los pueblos del Atlántico siguen inundados a pesar de que Jorge Londoño ha girado la plata a municipios y departamentos. Algo va de Colombia a Bancolombia.
Pero en algo ha sido eficaz y expedita la administración Santos, sin rodeos ni grandes palabras logró la salida del Bolillo Gómez de la Selección Colombia. Ojalá no nombre un alto consejero para la clasificación a Brasil 2014.

Denuncias complican restitución de tierras

VARIAS COMUNIDADES EN Urabá denuncian que fueron engañadas y mostradas como desplazadas por organizaciones que representan a víctimas. Incoder inició revocatoria de títulos que habría entregado hace 11 meses inducido al error.
Juan Carlos Monroy Giraldo | Medellín | Publicado el 22 de agosto de 2011
El 17 de septiembre de 2010 quedó registrado como hecho histórico de restitución de tierras a desplazados la entrega de 34 títulos de propiedad a igual número de familias de corregimiento Nueva Colonia (Turbo). Pero parte de esa adjudicación se perfila como un grave error atribuido a falsas denuncias de algunas organizaciones que representan a desplazados.

Hoy, once meses después de que un grupo de felices campesinos recibieran sus títulos de manos del propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, el mismo ente confirmó a EL COLOMBIANO que adelanta un proceso de revocatoria directa de 21 resoluciones con las que se adjudicaron igual número de predios.

Esto significa que 21 familias serán notificadas en las próximas semanas de que no son dueñas de las más de 100 hectáreas que hoy ocupan en la vereda Nueva Unión.

Estas adjudicaciones fueron mostradas como el preámbulo de la Ley de Víctimas y una restitución de tierras, "ejemplo del trabajo interinstitucional y cooperación que permite mostrar resultados en el programa bandera del Gobierno Nacional", según indicaron Minagricultura y el Incoder.

La entrega de títulos fue una gestión del Proyecto Piloto de Restitución de Tierras de Turbo, liderado por CNRR en Antioquia, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), Conciudadanía, con apoyo de Fiscalía, autoridades y otras instituciones. Fue financiado por OIM y la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID).

Ocho de los 21 títulos que están en trámite de revocatorio por el Incoder fueron adjudicadas en ese acto en septiembre de 2010.

Pero dos meses y medio después, en diciembre de 2010, la familia Montoya Cock se presentó en la oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Apartadó para reclamar esas tierras recién adjudicadas por el Gobierno.

Según su argumento, de los 34 títulos, 21 de ellos pertenecen a dos predios de su propiedad (finca La Reforma), adquirido por la Sociedad Montoya Cock y Cía. En su solicitud de revocatoria de títulos al Incoder, la familia explicó que la finca La Reforma fue invadida en 1984 por campesinos alentados por el movimiento de recuperación de tierras de la guerrilla del Epl en Urabá.

También aseguran que abandonaron los predios por la intimidación y la presencia armada del Epl y que, tras la desmovilización de esta guerrilla, la tierra fue ocupada en los años siguientes por campesinos e incluso por los comandante paramilitares del Bloque Bananero Carlos Vásquez, alias "Cepillo", y Rafael García, alias "el Viejo", que se había desmovilizado antes con el Epl.

Cuestionamientos a granel
En la CNRR y el Incoder, consideran que fueron "inducidos al error" de adjudicar tierras de propiedad privada por Gerardo Vega (excoordinador de la seccional Antioquia de la CNRR) y la Asociación de Víctimas Tierra y Vida (antes Asovirestibi), liderada por Carmen Palencia.

Así lo considera Jaime Jaramillo Panesso, presidente de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia. "Se indujo al error cuando presentaron a campesinos invasores como desplazados y en otros casos falsificaron documentos y poderes de las víctimas para reclamar tierras y denunciar despojo de paramilitares y particulares. Hay denuncias de todo esto".

El comisionado también cuestiona a Vega por "llevarse la base de datos" de miles de desplazados que reclaman tierras, tras su salida de la CNRR, para beneficio de la Fundación Forjando Futuros (de la cual Vega es directivo) y la Asociación Tierra y Vida.

Otra voz que denuncia irregularidades por parte de Gerardo Vega e "intereses económicos" de organizaciones sociales que representan a víctimas es la de Juan Manuel Zabala Torres, jefe de control interno del Incoder.

El funcionario asegura que descubrió varias irregularidades en los procesos de restitución y titulación gestionados por Gerardo Vega en la CNRR. "Encontramos que se hacían firmar poderes a las víctimas para que les pagaran el 10 por ciento de la reparación obtenida o el mismo porcentaje del valor de la tierra restituida. Incluso, usó formularios donde las personas figuran como clientes y no como víctimas, cuando estos trámites son gratuitos y sin intermediarios".

Zabala agrega que por estos hechos presentó "denuncia ante el programa presidencial de lucha contra la corrupción". Además, negó la existencia de una oficina paralela del Incoder donde funcionarios habrían falsificado más de 700 títulos que sirvieron para el despojo de tierras, aunque sí reconoce que hay exfuncionarios investigados por estos fraudes. Incluso, sostiene que Vega lo llamó y lo amenazó.

La revocatoria de títulos tiene preocupados a las familias de la vereda Nueva Unión. "Estamos angustiados por esta situación y no sabemos si ahora nos toca pagarle a la familia dueña de la tierra o si el Gobierno va a reconocer su error y negociar con ellos", afirma Carlos Oquendo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Unión.

El líder sostiene que Gerardo Vega y Carmen Palencia ofrecieron la titulación de los predios y fueron incorporados a Asovirestibi. "Ellos lideraban el proceso de adjudicación aún a sabiendas de que los predios que ocupamos son invadidos".

Este conocimiento se atribuye al hecho de que Vega (desmovilizado del Epl) fue uno de los líderes del proyecto de recuperación de tierras de este grupo guerrillero en la región de Urabá.

"Campaña de desprestigio"
En su defensa, Gerardo Vega y Carmen Palencia atribuyen las denuncias a una "campaña de desprestigio de un sector del empresariado bananero y ganadero de Urabá que se opone a la restitución de tierras y descontento por las denuncias sobre alianzas con paramilitares y sus testaferros para apoderarse de unas 150.000 hectáreas". Vega dice, además, que "hay un lobby" del empresariado de Urabá ante el Gobierno para desacreditarnos".

Sobre el señalamiento de cobrar a los desplazados por las restituciones y titulaciones por parte de la fundación Forjando Futuros y la asociación Tierra y Vida, ambos indicaron que hace cinco meses renunciaron a ese contrato, que buscaba el pago de administración y los abogados que llevan los procesos jurídicos.

También niegan el uso de la información de los desplazados para beneficio propio. "La fundación no nació con el proyecto de restitución de tierras en 2009, desde años antes empezamos a trabajar y fueron las organizaciones sociales las que construyeron esa base de datos, que luego puse a disposición de la CNRR", afirma Vega.

Y frente a las denuncias en su contra por parte de Juan Manuel Zabala, del Incoder, insiste en que documentaron 768 casos de resoluciones falsas expedidas por funcionarios del Incoder en Urabá. También acusa al funcionario de participar en un foro en Turbo, en abril de este año, con empresarios que, según Vega, despojaron tierras y son testaferros de paramilitares.

Más denuncias en Urabá
Pero el caso de los invasores de la vereda Nueva Unión no es la única denuncia. Habitantes de la vereda California (Turbo), cuyos predios fueron adjudicados en octubre de 2006, niegan ser desplazados por grupos paramilitares y acusan a Gerardo Vega y la asociación Tierra y Vida de utilizarlos para falsas denuncias sobre despojo de tierras e inscribirlos como desplazados.

"No somos desplazados, los que vendieron sus tierras lo hicieron voluntariamente , pero por gestión de Carmen Palencia y Gerardo Vega (en la CNRR) nos inscribieron como desplazados y nos muestran como sobrevivientes de masacres. Ahora tenemos miedo porque el Gobierno ha dicho que las personas que se hagan pasar como desplazados pueden ir a la cárcel", reclama María Oliva Garcés, vicepresidente de la JAC de la vereda California.

Gerardo Vega insiste en que si hubo desplazamiento de 22 de las 43 familias de este sector de Turbo. "Las otras no se desplazaron".

Este cruce de acusaciones tiene enrarecido el ambiente frente a la restitución a desplazados en Urabá, una región donde la tierra se convirtió en botín de guerra del conflicto armado durante las pasadas tres décadas.

» Responde el Ministerio de Agricultura

La restitución de tierras es un tema muy sensible en la región del Urabá antioqueño


EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Agricultura, sobre las denuncias surgidas en Urabá.

¿Qué información tienen sobre estas denuncias?
"El Ministerio recibió comunicación de una comunidad del Urabá antioqueño, poniendo en conocimiento los hechos descritos. Sin embargo, por tratarse de un asunto de irregularidades en los procedimientos, que no es del resorte del Ministerio, éste fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se tomen las medidas correspondientes".

¿Hay denuncias sobre intereses económicos en las restituciones de tierras?
"El Ministerio ha tenido noticia de abogados y organizaciones que, valiéndose de estados de extrema necesidad y aprovechándose de la falta de información del público, ofrecen servicios a cambio de retribuciones económicas en dinero o en especie.

El Ministerio reitera a la población despojada que los procedimientos de restitución no tienen ningún costo y no requieren ningún tipo de intermediación".

¿Cuál es la validez de estas denuncias ad portas de implementarse la Ley de Víctimas y su componente de restitución de tierras?
"Por la naturaleza de la iniciativa de restitución, desde un principio fuimos conscientes de que ésta generaría fenómenos regionales de distinto tipo".

» Fiscalía investiga falsa denuncia de hurto de usb

A las denuncias y cuestionamientos contra el abogado Gerardo Vega y las organizaciones que representan a víctimas de Urabá se suma la investigación que la Fiscalía adelanta sobre el sonado caso del robo de la memoria usb de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida, en enero de este año.

Según la División de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), la comisión de investigadores que asumió el caso concluyó que el dispositivo portátil (con información personal de víctimas y desplazados) no fue robado. Tras realizar un análisis informático, los expertos de la Policía establecieron que la memoria fue manipulada durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2011 por parte de la secretaria de la asociación, Ayineth Pérez, quien denunció el supuesto robo el 17 de enero de este año. Durante cinco días la memoria estuvo pérdida y, según la asociación, fue abandonada a la entrada de la casa de Pérez el 22 de enero. La mujer dijo que el día del hurto forcejeó con el hombre que irrumpió en la oficina.

El anuncio de la investigación de la Fiscalía fue rechazado por Carmen Palencia (en la foto), presidenta de la asociación. "Voy a exigirle una explicación a la Policía, tenemos dictámenes de Medicina Legal, porque a la secretaria la maltrataron para arrebatarle esa usb".

Tierras: campanazo de alerta

El preocupante caso de titulación de tierras en Turbo a supuestos desplazados, de un terreno que con justo título pertenecía a una familia que ha podido acreditar su propiedad, ilustra el camino de dificultades sobre el que deberá aplicarse la Ley de Restitución de Tierras. Son más fáciles los anuncios grandilocuentes al promulgar las leyes que la modificación -para bien- de la realidad social.
EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 24 de agosto de 2011
El informe publicado por este diario el pasado lunes, que trata de las graves denuncias que se han hecho sobre los errores en un proceso de asignación de tierras en Urabá por parte del Incoder, debe servir de campanazo de alerta a todos los estamentos concernidos en procesos de esta naturaleza, para que extremen los cuidados y la prudencia requerida en un asunto que toca el nervio mismo de la violencia en Colombia.

Como indica el informe, el 19 de septiembre de 2010, recién instalado el actual Gobierno, se realizó en Urabá un acto de titulación de tierras -que la realidad de los hechos definiría más como "adjudicación" que como restitución- presentado ese día como el "preámbulo" de la Ley de Víctimas. Y aunque no pueda, de ninguna manera, atribuirse mala fe a los altos funcionarios que presidieron el acto, sí refleja lo riesgoso que pueden ser los discursos con exceso de entusiasmo y carentes de realismo.

Si con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ya se presentaron estos casos de eventual fraude y "tráfico de víctimas" para iniciar titulaciones amañadas de terrenos, imaginemos lo que puede pasar a partir de ahora cuando la nueva Ley, en uno de sus artículos más polémicos y jurídicamente más arriesgados, invierte la carga de la prueba, de modo que quien afirme haber sido despojado de su terreno no necesita afirmar más que eso, mientras el "propietario" actual se convierte allí mismo en victimario y debe probar, él sí, que lo adquirió de buena fe y con arreglo a la legislación civil.

En el caso de los 21 predios asignados en un corregimiento de Turbo, llamado Nueva Colonia, las denuncias van desde instrumentalización política de víctimas, hasta presentación de campesinos como "desplazados forzados", cuando los mismos campesinos declararon que nunca lo habían sido.

La propia Comisión Nacional de Reparación de Antioquia reconoce que fue "inducida a error" por quien lideraba el proyecto en Turbo, exmilitante del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ya hay denuncias en trámite, por lo cual es prudente esperar las conclusiones de la justicia. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene que prever las soluciones jurídicamente viables a los intrincados problemas que va a dar de sí la restitución de tierras.

Ya el Incoder anunció que iniciará la elaboración de un Mapa de Riesgo, para determinar cuáles son las zonas del país más afectadas por el despojo de tierras, y en las que es mayor la influencia de la corrupción para los procesos de adjudicación y restitución. Cuán deseable y conveniente habría sido que dicho mapa se hubiese hecho antes de aprobar la Ley. Así lo demandaba no sólo una correcta técnica legislativa, sino un cálculo de riesgos más acorde a las realidades nacionales.

En fin, que el camino, como se previno desde un principio, está lleno de dificultades. Dificultades que, en ningún caso, implican abogar por una vuelta al estado de cosas preexistente a la Ley. Ésta, necesaria e inaplazable, requiere de todo el impulso y la sabiduría para su justa aplicación como indudable instrumento de normalización y reparación a las verdaderas víctimas de despojos y desplazamientos forzados.

sábado, agosto 20

PETICIÓN PUBLICA DE PERDÓN DE FREDY RENDÓN HERRERA, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ


N. del Editor: por la pertinencia de esta petición a las victimas de la región de Urabá, en el proceso de justicia y paz que se le sigue a Fredy Rendón Herrera, quien fuera conocido como " El Alemán", se transcribe lo presentado por el señor Rendón en audiencia publica de legalización de cargos el día 17 de agosto de 2011, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, representantes de las Victimas, de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación, así como los asistentes a la audiencia.
AJGF

PETICIÓN PUBLICA DE PERDÓN DE FREDY RENDÓN HERRERA, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ 

Pido perdón:
Sra. magistrada, señores representantes de las víctimas, señor procurador, señor fiscal;

Créanme que he pensado mucho sobre esto y esperado largamente este momento. Desde que asumí la decisión de participar en el proceso de paz con las autodefensas que adelantó el gobierno nacional, y posteriormente al retirarme de éste y asumir un proceso de paz independiente para el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas que dirigí durante varios años, siempre pensé en el momento en que debería dirigirme a todas aquellas personas que fueron víctimas del bloque que lideré, dando la cara ante la justicia y ante ellas, y pedir perdón por todas estas situaciones que la llevaron a ser afectados, tanto en la salud, física y psicológica y en sus patrimonios, por los hechos cometidos en contra.
Me ha inquietado fundamentalmente el tema del perdón. He leído al respecto, y me he encontrado con muchos libros al respecto; unos dicen que es necesario pedir perdón, por parte del agresor o el victimario, pero también que es importante conceder el perdón, por parte de las víctimas y afectados. Otros por el contrario, dicen que es necesario pedir perdón, pero que el perdón es un acto liberal y autónomo de las víctimas, que se puede conceder o no, a su voluntad, que se otorga al agresor a quien a quien la víctima cree que se le merece y que se lo ha ganado. Todo lo anterior me parece muy válido y respetable, pero creo firmemente que el perdón es un acto voluntario de la víctima, y además es necesario pedirlo y ganárselo.
Hoy pido perdón, por todo aquello que realicé, por todo aquello que realizaron los hombres y mujeres a quienes dirigí en la guerra, y le pido perdón a todos aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, innumerables, que fueron afectadas y victimizadas  por las acciones del bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas, hoy desmovilizado, gracias a Dios.
Nada puedo decir en mi favor o en el de los hombres o mujeres que me acompañaron en este destino, distinto a que nos movió un  patriotismo equivocado, que hoy rechazamos, y que entendemos como un gran error, y que nuestro amor por la región y nuestro ánimo de defendernos de una agresión real, nos llevó por el camino equivocado, por el camino de la violencia, por el camino de la destrucción de aquello que realmente queríamos defender.
Con profundo respeto por la justicia, con profundo respeto por las víctimas, asumí en compañía de quienes fueron los comandantes del grupo que dirigí en la guerra, el proceso de búsqueda y encuentro de la verdad. Concurrimos ante la fiscalía y el tribunal de justicia y paz, todos en forma voluntaria y unánime a contar la verdad, a buscar reconstruir de cara a la justicia y a las víctimas todo nuestro actuar en la guerra, a lograr encontrar la forma de encontrar a través de ella, de la verdad, el aporte fundamental que le permitiera a la sociedad y a las víctimas concedernos la oportunidad de acceder a lo establecido por la ley de justicia y paz.
Ha sido nuestra forma de acercarnos un poco a las víctimas, pidiendo y buscando su perdón, que de antemano sabemos que no vamos a lograr, toda vez que es imposible, por mayor esfuerzo que hagamos y toda la voluntad de que en ello pongamos, disminuir su sufrimiento, atenuar su dolor, devolver una sola de las vidas que quitamos en este trasegar de guerra, ni reparar integralmente los daños que con ello hicimos.
El proceso de justicia y paz, de quienes integramos el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas no ha sido visto por nosotros de otra forma distinta a un proceso de reconciliación, con las víctimas, con la región, con el país y con la humanidad. Así lo hemos querido llevar, para reconciliarnos, para poder algún día volver a nuestras regiones y poder trabajar hombro a hombro con aquellas personas a quienes ofendimos un día, pero que esperamos nos aceptarán nuevamente en la sociedad, transformados en seres humanos útiles y maduros para la paz.
Un libro llamado “los límites del perdón” de Simón Wiesenthal, conocido en la historia como el implacable cazador de nazis, criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, me ha llamado la atención. Hace un relato el autor, sobre un hecho en el cual fue llamado por un nazi que había sido su victimario y el asesino de muchos de sus compañeros en el campo de concentración donde fue retenido durante varios años, que en su lecho de moribundo lo llamó para qué le otorgara el perdón por todos los hechos a través de los cuales había victimizado a los judíos prisioneros bajo su control.  Wiesenthal, no lo perdonó, y el libro narra todo el ejercicio mental que hizo para resolver la petición del moribundo, sin otorgar su perdón. Pero más importante aún, es que al final del relato convoca a una serie de personas, en su gran mayoría víctimas de persecuciones, a lo largo y ancho del mundo y les hace la pregunta: en este caso, ¿usted qué haría?
Excepto dos o tres personas que dudan acerca de otorgar el perdón, la gran mayoría de los consultados responde que no perdonarían, y muchos expresan términos muy duros, que a uno, desde la posición en que me encuentro hoy frente a ustedes resulta muy duro y doloroso  leer esos comentarios. 
En tal medida entonces pido perdón, en mi nombre y en nombre de todas las personas a quienes dirigí. Finalmente, como corolario de todo lo anterior quiero traer unas  reflexiones del doctor Héctor Abad Gómez, recogidas en mis lecturas pero que considero pertinente plantear las a efecto de dar a entender el real alcance de mis palabras.
"¿Tendrá salida este país? La violencia, el crimen, el desorden, la pobreza. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Será mejor dejar todas esas preocupaciones y dedicarnos a nosotros mismos? Pero todo esto, ¿no nos arrasará a todos, finalmente?
…………
Si los principales recursos del país: humanos, materiales, financieros, económicos, espirituales, se vuelcan todos favorecer a esos millones de colombianos, a ese 25% de compatriotas,(en 1987) que según nuestro actual Presidente viven en la pobreza absoluta, si empezáramos siquiera tener algún éxito en esta dura lucha, mejores días están por venir. Si todas las llamadas "fuerzas vivas de la nación": el gobierno, la industria, los gremios, la Iglesia, los sindicatos, las universidades, los intelectuales, los periodistas, contribuimos en todas las formas a que sea posible para ese gran propósito nacional, no habrá duda que alcanzaremos éxito. Y esta será la única forma que no tengamos que seguir lamentando la violencia que nos abruma, que nos angustia, que nos hace a veces desesperar de lo que puede hacerse aquí y ahora. Porque no es matando guerrilleros, o policías, o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia.  Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse este país."
Esto lo escribía el doctor Héctor Abad Gómez, días antes de ser asesinado por paramilitares de la primera generación de una gesta bárbara, de la cual nosotros fuimos parte de la segunda o la tercera generación y ojalá la última.
Por todas, por mis incontables equivocaciones, y por todas las incontables equivocaciones cometidas durante la guerra por las personas a quienes dirigí, pido perdón a las incontables personas a quienes ofendí, y a toda la humanidad, con la humilde esperanza de que algunas de ellas me otorguen su perdón de corazón, pero que todas ellas nos acompañen en la reconciliación nacional y en la construcción de la paz.

FREDY RENDÓN HERRERA








LA COOPERATIVA DE LA PAZ, QUIERE CONSTRUIR RECONCILIACIÓN.


La cooperativa de la paz, quiere construir reconciliación
Tomado del boletín de la CNRR numero 6 julio de 1988

Más de 480 desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, son un ejemplo de que el proceso  propuesto por la Ley 975 es viable cuando existe voluntad. Si bien de las 1650 personas que el 10 de julio de 2006 constituyeron la cooperativa Construpaz, un alto porcentaje ha desistido del proyecto, quienes le siguen apostando a la construcción de una opción de reconciliación, avanzan a través de proyectos productivos de caucho en Unguía, una ebanistería industrial en Arboletes, así como en el apoyo al control del tráfico vehicular en algunos municipios antioqueños y en la limpieza de playas en Necoclí.

“En el proyecto de Unguía, no solamente hay desmovilizados, sino que se han incluido población vulnerable, víctimas y gente desplazada. Ellos están ahí trabajando hombro a hombro”, afirma quien fuera el primer gerente general de Construpaz, Antonio José García.
Pero, tal vez, una de las principales novedades planteadas por esta cooperativa de excombatientes es su voluntad de donar el 10 por ciento de los excedentes que produzca esta cooperativa para proyectos que promuevan la reparación.
“Ellos consideraron importante incluir la posibilidad de la reparación, reconocen una actitud delincuencial y que hicieron algunas situaciones que afectaron a muchas personas, pero también quieren ver como hacen para reparar, por ello, ellos dijeron “vamos a meter el 10% de los excedentes” a ciertos programas de reparación, que tienen que ser directamente coordinados con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”, agregó García.
El representante de la cooperativa reconoció que este proyecto ha enfrentado múltiples dificultades, pero los asociados le siguen apostando a la construcción de un mejor futuro. De hecho, quienes están pendientes de aclarar su situación judicial continúan en los proyectos productivos, mientras reciben asesoría jurídica de la Alta Consejería para la Reintegración para cumplir con su compromiso con la verdad.
“Son todo un ejemplo, ahora comprometidos en su proyecto y sacándolo adelante, poniéndole toda la voluntad del mundo.
La gente en su gran mayoría, yo creo que, desecha completamente la posibilidad de volver a un grupo armado”, afirmó.
García destaca el compromiso de los asociados a Construpaz con la sociedad, lo cual parte del hecho de reconocer que obraron mal y de asegurar que no reincidirán. “Usted los ve en las versiones libres, por ejemplo los que están en la 975, y todos entran reconociendo su error y su equivocación”.

www.construpaz.org

VIAJE AL FONDO DE UN GALON DE GASOLINA


POR JUAN GOSSAIN  (TOMADO DE ELTIEMPO.COM) 20.08.2011

Análisis del reconocido periodista acerca del precio del combustible en Colombia.

Gossaín vuelve a la reportería pura y dura, al explorar el mundo del precio de la gasolina frente a los costos de producirla, en un país que es décimo entre aquellos donde el combustible es más caro en todo el mundo. Pagamos como ricos y ganamos como pobres, dice.

Dicho sea sin disimulos retóricos ni anestesia literaria: Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina, incluyendo a las naciones que producen combustible, y también a las que deben importarlo.

El primer lugar lo ocupa Holanda, el segundo Noruega y el décimo Colombia. Sería una honrosa compañía si no fuera porque, según las estadísticas más recientes del Banco Mundial, los holandeses tienen un ingreso promedio anual de US$ 52.000 por habitante y el de los noruegos es de US$ 45.000, mientras el de un colombiano apenas llega a US$ 5.000.

Si uno examina con cuidado la lista completa, descubre que la nación que más se acerca a Colombia es Hungría, en el noveno puesto. Los húngaros tienen un ingreso anual de US$ 15.500 por cabeza, más de tres veces superior al nuestro. Estamos pagando por la gasolina un precio de ricos, con un salario de pobres.

Después de conocer esas cifras y de compararlas, la pregunta que empieza a zumbarle a uno en la oreja es apenas natural: ¿qué es lo que ha hecho posible semejante situación?


'Al perro más flaco...'


El pasado 20 de junio, que era lunes, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, estrenó su semana laboral con unas declaraciones públicas que fueron recogidas por la prensa. En ellas decía, con un tono ligeramente airado, que el Gobierno había comenzado a estudiar la necesidad de imponer sanciones a los vendedores minoristas de combustible, las famosas y populares bombas de gasolina, porque estaban haciendo una especulación de feria con los precios de venta al público. 

Esa misma tarde me encontré con un amigo que es socio de una estación. Le mostré el periódico del día, en el que aparecía la foto del ministro, sin sonreír, porque el ministro Rodado no sonríe nunca, y menos aún cuando se trata de asuntos tan delicados.

-Te lo dije -le comenté a mi amigo-. Son ustedes los que se quedan con la plata de la gente. 

-Tú, que te las das de periodista -replicó-, averigua la verdad, para que veas que al perro más flaco se le pegan las pulgas.

Guardó silencio unos segundos, mientras bebía un sorbo de jugo de patilla. Luego me dijo, con un acento de ironía:

-Pero como tú te la pasas escribiendo sobre tus compadres de San Bernardo del Viento...

Confieso que me sentí desafiado y herido en ese orgullo profesional que los periodistas alimentamos hasta la hora de la muerte. Le hice caso. Me dediqué a investigar el asunto en los dos meses siguientes, con la misma disciplina del muchacho aplicado que prepara sus exámenes finales. 


Lo que vale producir


Para empezar por el principio, no sobra recordarles a ustedes que el petróleo en Colombia está bajo control estricto del Estado, a través de Ecopetrol, que procesa la gasolina y luego la vende a los mayoristas, que, a su turno, la revenden a las estaciones de servicio.


Lo malo es que la información oficial está desactualizada. En el 2009, ante una perentoria exigencia del senador Luis Fernando Velasco, el Ministerio de Minas accedió por fin a revelar cuánto le vale a Ecopetrol producir un barril de gasolina. Esos costos incluyen gastos en el hallazgo, la producción, la refinación y el transporte. 


El propio Ministerio dijo entonces que cada barril que produce le cuesta a Ecopetrol, en total, US$ 28,25, que, al cambio de hoy, son 50.900,50 pesos, lo que significa un costo de 1.642 pesos por galón

(Dicho sea entre paréntesis, de un barril de petróleo se obtienen, en promedio, 39 galones de gasolina, según los estándares internacionales, pero en Colombia ese mismo barril solo rinde 31 galones y medio. ¿Por qué? Porque, aunque la empresa no quiera reconocerlo, las dos refinerías que tiene Ecopetrol, una en Cartagena y la otra en Barrancabermeja, se han vuelto obsoletas e ineficientes y eso, obviamente, encarece el producto para el consumidor). 

Sigamos en este viaje a bordo de un galón de gasolina. A renglón seguido, después de producir y refinar el galón, Ecopetrol paga 1.700 pesos en gastos adicionales e impuestos a la Nación, a la que también debe transferirle parte de sus utilidades, por tratarse de su principal accionista. Cada galón le cuesta, finalmente, 3.320 pesos, aunque debería costarle 300 pesos menos si sus plantas de procesamiento fueran más eficientes. 


La diferencia, sin embargo, no se pierde: se convierte en derivados, como asfalto o cocinol, que también se venden, y Ecopetrol aumenta sus ganancias



El hipernegocio


De manera, pues, que a Ecopetrol le cuesta 3.320 pesos un galón de gasolina. Pero a las compañías distribuidoras les cobra 5.092 pesos por el mismo galón. Los números suelen ser implacables y, a veces, aterradores: Ecopetrol gana 1.770 pesos por cada galón. 

El 51% de utilidad. ¿Hay en Colombia o en el mundo alguna actividad lícita que produzca semejantes rendimientos? 


En consecuencia, las compañías de distribución mayorista reciben el galón que les manda Ecopetrol. Como debe agregarle los gastos de operación, el IVA, más el impuesto global (que cambia anualmente), las famosas sobretasas regionales y un misterioso tributo llamado "margen de continuidad de procesos", el galón le sale costando al mayorista 7.895 pesos en números redondos, precio que sufre variaciones según se trate de ciudades grandes o medianas o de un pueblo.


Después, lo venden a las estaciones públicas en 8.119 pesos, lo cual significa que obtiene una utilidad de 224 pesos sobre la plata que invirtió. Es decir: una utilidad del 3 por ciento para el mayorista. 
Me puse a preguntar ¿qué diablos es el extraño "margen de procesos" que tienen que pagar los consumidores de gasolina? Es un impuesto destinado a remunerar a Ecopetrol por las inversiones que hace. Pero Ecopetrol ya es una empresa con accionistas particulares, sigue vendiendo exitosamente más acciones y aspira vender un total de 30% en los próximos años.

-Cuándo se ha visto -comenta el senador Velasco- que los ciudadanos tengan que pagarles un impuesto a inversionistas privados para que desarrollen su negocio. 

Me quedo pensativo. Es como si tuviéramos que pagarle impuesto al propietario de una fábrica de camisas para que compre botones.


Por fin, después de tantos desvelos para armar el rompecabezas, nuestro entrañable amigo, el galón de gasolina corriente, llega a la estación donde usted tanquea el carro. 

Tomemos como ejemplo una bomba cualquiera, ya que los precios varían según las regiones o las ciudades o las sobretasas. 


La sobretasa que usted paga no se la liquidan por el costo inicial del galón, sino por el precio final, es decir, después de haberle agregado impuestos, marcaciones y otras arandelas fiscales. Lo que significa, amigo mío, que, al pagar la sobretasa, el colombiano que compra gasolina es el único ciudadano que paga impuestos sobre los impuestos que ya pagó. (Parece una cantinflada, en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Cantinflas.) 


Prosigamos nuestro viaje. El dueño de la bomba, que compró el galón de corriente a 8.119 pesos, incurre en gastos adicionales, como el alquiler de la estación -algunas son de propiedad del mayorista-, nómina de empleados, servicios públicos, más impuestos. Finalmente, las normas del Gobierno establecen que el precio máximo al público en este momento, por un galón de gasolina corriente, es de 8.635,54 pesos.

Como no todas las estaciones cobran el precio más alto ni el más bajo, eso traduce, en buen romance, que el de la bomba se gana en promedio alrededor de 430 pesos por galón: una utilidad del 5 por ciento.

Al terminar este largo recorrido, con la cabeza llena de cifras y a punto de marearse, uno se pregunta dónde diablos se quedó la plata que los colombianos pagan por el galón de gasolina. La conclusión, aunque el ministro Rodado siga frunciendo el ceño, es la siguiente:

-Ecopetrol (cuyo máximo accionista es el Estado) se gana 51% en cada galón. 

-El Estado (a través de los impuestos) se queda con 27%. 

-El distribuidor mayorista (Esso, Texaco, Mobil, Terpel, etc) gana 3%.

-El minorista de la bomba recibe 5%.

-Los transportadores de combustible, 4%.

-El "margen de continuidad" agarra su 1%.

-Para los vendedores de etanol (ya que algunas variedades de gasolina colombiana tienen que mezclarse con etanol), el 8%.

Y el 1% restante es lo que se pierde por efectos de la evaporación. Hagan la suma.


Epílogo


A mi amigo, el que toma jugo de patilla, le mandé ayer este mensaje: "Tenías toda la razón. El perro más gordo es Ecopetrol y por eso no se le pegan las pulgas. Mis compadres de San Bernardo del Viento te mandan saludos".


JUAN GOSSAÍN
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

sábado, agosto 13

LOS PROBLEMAS DE PERCEPCIÓN ÓPTICA DEL GOBIERNO NACIONAL

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REFLEXION SOBRE EL PERDÓN


N del E: Esta reflexión, lleva a pensar sobre las situaciones que ocurrieron en el conflicto colombiano, como han marcado a sus victimas y por que no, también a los victimarios y los alcances que tiene el perdón como elemento de la reconciliación. En nuestro concepto, la reconciliación tiene tres elementos, que son, Contiricción,  perdón y resiliencia. una invitación a pensar, en términos de futuro, de Nación y de vida.
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Por: Alfredo Molano Jimeno tomado de :elespectador.com

El martes pasado, ante el pleno del Congreso, se cumplió uno de los grandes anhelos de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado hace 17 años: ver al Estado asumir la responsabilidad política del crimen. Hoy, cuando su hijo Iván Cepeda Castro funge como representante a la Cámara, en la misma comisión en la que su padre trabajó y, de alguna manera, con las mismas banderas políticas, El Espectador conversó con él sobre lo que significó política y personalmente este acto.

¿Cómo vivió el ofrecimiento de disculpas por el asesinato de su padre?
Con una mezcla de sentimientos: por una parte una inmensa alegría, un sentimiento de satisfacción por un trabajo cumplido, un sentimiento de reconciliación conmigo mismo, porque siempre se carga el sentimiento de impotencia en relación con la injusticia. Uno siempre se pregunta: ¿Qué no hice bien o qué más hubiera podido hacer?, pero por otra parte hay un sentimiento de tristeza al pensar en que miles de víctimas de la Unión Patriótica no pudieran compartir un momento de esa naturaleza. Pero en forma predominante hay un sentimiento de triunfo. También porque son pocas las ocasiones en que podemos festejar el triunfo, y en este caso lo hemos logrado sobre la arrogancia del Estado, que es la que hemos experimentado durante 17 años. Funcionarios cínicos, indolentes, cuando no funcionarios interesados en echar por tierra y atentar contra todos los esfuerzos en materia de justicia. Así que ver el acto en el cual el Estado inclina su cabeza ante las víctimas es un momento que enaltece y llena de satisfacción y orgullo, manteniendo por supuesto la cabeza fría frente a la inmensa impunidad persistente en Colombia.

¿Cómo ha vivido el proceso del perdón?
A las víctimas se les pide sin ninguna contraprestación que otorguen perdón y a eso nos hemos opuesto radicalmente. Desde mi perspectiva no es posible dar un perdón frente a crímenes de lesa humanidad de manera gratuita. Sin que si quiera lo hayan pedido los victimarios. Los perdones no pueden ser otorgados de manera incondicional. En este caso no es una persona, no son los criminales de mi padre los que han pedido perdón. No son los autores materiales ni intelectuales, que hoy siguen haciendo esfuerzos por no ser identificados ante la justicia, los que han ofrecido excusas, sino es el Estado colombiano. Y pide perdón porque se lo han ordenado, aunque podría negarse, como lo hizo el gobierno anterior. Ante ese hecho hemos considerado aceptar esa petición, pero si se me pregunta si he perdonado a los asesinos directos de mi padre, diría que no: nadie me ha pedido perdón, ni los generales ni los señores que alentaron a Carlos Castaño. El señor Don Berna me pidió perdón en la cárcel de Nueva York y le dije que podría hacerlo cuando haya verdad en el caso de mi padre. No me niego al perdón, porque puede tener un mensaje político y ético, pero no de manera incondicional y gratuita. Las víctimas no tienen más que su dignidad y por eso hay que saber en qué momentos tiene sentido cada acto y creo que el martes tuvo sentido… creo.

¿Desde la perspectiva política qué significado tiene el acto?
Es el reconocimiento de un hecho: el asesinato de mi padre, que hace parte del universo de los asesinatos contra los miembros de la Unión Patriótica, es un hecho cometido por el Estado, por sus agentes y sus instituciones, en connivencia con grupos ilegales y garantizando la impunidad de esos hechos. Esto significa empezar a ponerle punto final a una discusión muy álgida y es que la UP fue exterminada por el Estado. Si bien es un acto simbólico, también es una señal para el futuro y es que otros gobiernos y otras víctimas podrán vivir actos similares. El día que se reconozca el genocidio político contra la UP habrá ganado la democracia. El mensaje para las otras víctimas es que es posible ganar la batalla por la justicia.

¿Cuál fue el recorrido para llegar a este punto?
Han sido muchos estadios, desde demostrar lo que ya sabíamos, probar la participación de los agentes del Estado, enfrentarse al miedo, hasta a la persecución. Ha sido un proceso largo que ha significado un trabajo colectivo que es el movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

¿Haber llegado al Congreso contribuyó a resolver este proceso? 
Fue una etapa de esa lucha. Es necesario que las víctimas accedan a cargos de poder político para que no sean otros los que decidan por ellas. Creo que mientras más personas que han vivido estas experiencias estén en los órganos de decisión política, será mejor. Mientras los sectores históricamente excluidos logren llegar a cargos de poder, podrán controlar el poder político.

¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su padre?
He dicho que era un crimen inminente, con mi papá sabíamos casi cuándo iba a ocurrir. El hecho de que él hubiera viajado en junio del 94 indicaba la inminencia de ese asesinato, porque era una época en que la gente esperaba el día de su asesinato. Casi que todos sabíamos que le iba a llegar el turno. Era inexorable. En medio de esa circunstancia tan angustiante para mí, el asesinato mismo, corroborar que lo que pensábamos había sucedido, fue muy doloroso e indignante. La constatación de que ocurrió ese 9 de agosto fue un impacto no inesperado, pero de dimensiones que no calculé. A tal punto me conmocionó que a partir de ahí mi vida se transformó. Además, porque no era sólo el crimen de mi padre, era el acumulado de asesinatos de tantos amigos con los que construí mi infancia y mi juventud. Fue una especie de estallido interno. Esa mañana, como todas, él se despidió, pero ese día se le quedaron los papeles tres veces y yo estuve a punto de salir con él. Siempre he pensado: ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido en el carro? ¿Cómo hubiera reaccionado? Esa mañana fue muy impactante.

viernes, agosto 12

Manuel Cepeda Vargas: crónica de un crimen y noticia de un perdón

Manuel Cepeda Vargas: crónica de un crimen y noticia de un perdón 
con material tomado de eltiempo.com


El pasado martes 9 de agosto se cumplieron 17 años del asesinato del dirigente de la UP.

Eran los años 50 y el papá de Manuel Cepeda Vargas reunió a la familia, en su casa de Popayán, y les dijo:


-Les tengo una noticia: Manuel es comunista.



-¿Eso es malo? -le preguntó Stella, otra de sus hijas.



-No sé si es malo, pero es peligroso.



El pasado martes 9 de agosto se cumplieron 17 años del asesinato del abogado y político de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. La fecha coincidió con un hecho histórico: el Estado colombiano, por primera vez y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón público por este crimen. 

"La ejecución del senador Cepeda fue cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la Unión Patriótica, por acción u omisión de funcionarios públicos", dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, durante el acto realizado ante el Congreso en pleno y en presencia de la familia del dirigente. 
"Acepto esta petición solemne de perdón", respondió su hijo Iván Cepeda Castro, representante por el Polo Democrático y quien veía así cerrar el ciclo de una lucha, iniciada en 1994, por esclarecer la muerte de su padre. 

Iván y María, los dos hijos de Manuel Cepeda y Yira Castro, nacieron con olor a política en casa. Tanto su papá como su mamá eran miembros activos del Partido Comunista y figuras reconocidas dentro de su militancia. Sin embargo, recuerda Iván, nunca recibieron una presión de su parte para que tomaran el mismo camino. Al contrario: muy pronto papá y mamá se dieron cuenta de que obligarlos podía conducir al fracaso. Iván no era de los que cambiaban la transmisión de un juego de fútbol por asistir a la instalación de un congreso del Partido, por ejemplo. 

"Nuestra relación fue siempre de mucho afecto. En casa se acudía al argumento, no al castigo", dice Iván, en su oficina del cuarto piso del Edificio del Congreso. Es miércoles y acaba de terminar sesión de la Comisión Segunda, a la que pertenece. La misma de la que formó parte su papá. Una coincidencia, dice el hijo.

Los primeros recuerdos de Iván Cepeda lo llevan a la presencia de gente extraña en su casa, rebuscando, indagando, gritando. Su papá, después de ser secretario de la Juventud Comunista, había adquirido un lugar en el comité central del Partido Comunista y era el director de Voz, su medio de comunicación, tarea que le dio visibilidad y al mismo tiempo le generó ser vigilado de cerca. "Entre los documentos que le anexamos a la Comisión Interamericana hay cartas de mi padre en las que le pedía al Gobierno que no censurara el periódico", cuenta Iván. Recuerda que él le contaba que, en los 70, como si fuera parte de la redacción, se sentaba un censor del Gobierno que decidía qué publicar y qué no. "Este número está censurado", ponía, como cintilla, en los ejemplares reprobados. 


Cuando Iván tenía un año, en 1963, Manuel Cepeda fue encarcelado por un delito típico de la Guerra Fría: "agitador comunista". Había escrito un reportaje relacionado con el bombardeo de Marquetalia. Pasó un año en La Modelo, tiempo en el que explotó otro de sus intereses: el arte. Empezó a pintar y escribir versos -sin pensar nunca en publicarlos- desde su juventud, en el Cauca, junto a amigos como Édgar Negret y Álvaro Pío Valencia (hermano del fallecido ex presidente conservador Guillermo León), quien ejerció una importante influencia ideológica en él.


Manuel parecía un hombre en una época equivocada. Así lo describe su hermana Stella. En la sociedad conservadora de mitad del siglo pasado, clasista, racista, creció en una casa formada por un padre blanco, notario, y una mujer afrodescendiente que, rompiendo los esquemas de su tiempo, creó su empresa: Fotos Vargas. De ahí venía su espíritu.



Nos creímos inmortales, pero sopló el viento, fue uno de los versos que Manuel dedicó a su esposa, la madre de Iván, que murió en 1981 de un tumor cerebral. "Fue muy doloroso para él. No solo era su compañera en lo afectivo, sino en lo político y en lo profesional", dice Iván. Su papá quiso protegerlo a él y a su hermana y los mantuvo alejados del proceso de deterioro de su madre. Eran adolescentes, pero sabían que vivían algo definitivo. 



Por esos años, la política ya había entrado en el alma de Iván Cepeda Castro por un episodio que marcó a muchos de su generación: el golpe militar contra el presidente chileno Salvador Allende. "Creo que la convicción política surge de una sensibilidad -dice-. El dolor de los otros, en este caso, fue determinante para mí". Ingresó a la Juventud Comunista (Juco), donde tuvo que hacer un trabajo desde abajo, con la presión de no ser visto como "el hijo del dirigente del Partido". Si bien Cepeda Vargas mantenía un perfil bajo, era una figura determinante dentro de la izquierda. Esto lo sabía Iván, que, sin embargo, no tenía reparos a la hora de marcar diferencias con su padre. 



"Cuando viajé a estudiar a Bulgaria, presencié la realidad de su régimen y presentí lo que iba a suceder después en esos países, lo que al final pasó con la caída del Muro de Berlín". Cepeda percibió un régimen asfixiante, de poca libertad y mucha insatisfacción. Lo habló con su papá y fue motivo de debates. Pero esto no los distanció: "Al contrario. Estaba orgulloso de ver que no había sido en vano la decisión de incentivarnos a ser autónomos". 

La muerte de su padre estaba en el aire. Su familia le insistió en que se exiliara, pero él ya había vivido el exilio y no lo iba a repetir. 
Pocas semanas antes, Manuel viajó a Atenas a saludar a su hija y a su nieta, o, más bien, a despedirse. El 9 de agosto del 94, camino al Senado, las balas lo esperaban. Un año atrás había advertido, en ese recinto, que militares en comunión con paramilitares lo iban a matar. 


Lo primero que hizo Iván ese día fue confirmar que su papá estaba muerto. Lo segundo fue avisarle a la familia. Lo tercero: denunciar ante los medios de comunicación, casi con nombre propio, a quienes consideraba los asesinos. En ese momento, con 32 años, terminaba un doctorado de Filosofía en la Javeriana y dictaba clases. Ambas cosas las abandonó. "La academia no era compatible con lo que vendría después", dice. 


Lo que vino fue un trabajo dedicado a esclarecer la muerte de su papá. Sin rabia, sin rencor, pero con indignación. Muy pronto se dio cuenta de que la investigación en manos de la Fiscalía no iría para ningún lado (sobre todo cuando, un año después, llegó a casa una citación a Manuel Cepeda para que asistiera a un proceso como testigo, como si siguiera vivo). Se unió a más víctimas y le dio vida al proyecto 'Colombia nunca más', que se propuso documentar casos de impunidad no en tono de discurso genérico, sino con rostros particulares. En poco tiempo sumaron 34.000 casos, reconstruidos desde la voz de las víctimas.

Al mismo tiempo, el grupo se volcó a investigar el asesinato de Cepeda. Reconstruyeron la escena del crimen, preguntaron aquí, allá, hasta que apareció un testigo mediante el cual se desarrolló el proceso contra los dos miembros del Ejército que fueron condenados. Mientras se agotaban las instancias de la justicia en el país, se adelantó el proceso internacional, que culminó con la decisión de la Corte Interamericana. Pasaron varios meses antes de que su mandato de solicitud de perdón se hiciera realidad, por cuenta de lo que Iván Cepeda resume como la "tormenta Uribe": sus discusiones con el ex presidente Álvaro Uribe. "Él usó la orden de la Corte para acabar de agraviarnos", dice. Hace menos de un mes, en un 'trino', Uribe lo definía como 'sicario moral'. "Sí supe. Pero no entiendo lo que quiere decir con eso", acota. 

Hoy Cepeda quiere centrarse en su trabajo. En sus debates sobre el tema de su interés: los derechos humanos. Es un tipo tranquilo, separado, sin hijos, que contesta siempre el teléfono y no se niega a una conversación. Seguramente sabe que ese teléfono puede haber sido chuzado, seguramente sabe que su vida puede estar en riesgo, pero no piensa en eso. "No tengo miedo de ser presionado. No creo que encuentren la manera de obligarme a callar". Sonríe. Lo que vivió el martes en el Congreso le permitió reconciliarse consigo mismo.

domingo, agosto 7

PARA TENER EN CUENTA, POR LOS AFECTADOS.

LEY 1424 DE 2010
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,


DECRETA:

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad.

ARTÍCULO 2o. ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN. El Gobierno Nacional promoverá un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación con aquellas personas que, habiéndose desmovilizado de los grupos armados organizados al margen de la ley, hubieren incurrido únicamente en los delitos descritos en el artículo anterior, en los términos allí establecidos.

El Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación es un instrumento de transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación como complemento a los instrumentos jurídicos que se han establecido para tal efecto, y contribución al proceso de reconciliación nacional.

ARTÍCULO 3o. REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. El Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, será suscrito entre el Presidente de la República o su delegado y los desmovilizados que manifiesten, durante el año siguiente a la expedición de la presente ley por escrito, su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la presente ley, el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón de su pertenencia.

ARTÍCULO 4o. MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA. Créase un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar.

La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros.

ARTÍCULO 5o. NORMATIVA APLICABLE. Sin perjuicio de los beneficios aquí contemplados, los desmovilizados de que trata el artículo 1o de la presente ley, serán investigados y/o juzgados según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible.

ARTÍCULO 6o. MEDIDAS ESPECIALES RESPECTO DE LA LIBERTAD. Una vez el desmovilizado haya manifestado su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la presente ley, el contexto general de su participación y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia, la autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el artículo 1o de la presente ley, siempre que estas hayan sido proferidas con fundamento únicamente por esas conductas y concurra el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el Gobierno Nacional.

2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente este proceso.

3. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización.

Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a la autoridad judicial competente, que conozca de actuaciones en contra de los beneficiarios de la presente ley, que se abstenga de proferir orden de capturo.

Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de captura a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión de orden de captura será notificada a los mismos.

PARÁGRAFO. La autoridad judicial prescindirá de la imposición de la medida de aseguramiento, cuando el desmovilizado beneficiario, únicamente haya incurrido en los delitos señalados en el artículo 1o de la presente ley, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.

ARTÍCULO 7o. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y MEDIDAS DE REPARACIÓN. La autoridad judicial competente decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la verdad y la Reparación, así como estar vinculado al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso.

2. Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional.

3. Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.

4. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización.

5. Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.

Mediante auto de sustanciación a la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena será notificada a los mismos.

PARÁGRAFO 1o. La suspensión condicional de la pena principal conllevará también la suspensión de las penas accesorias que correspondan. La custodia y vigilancia de la ejecución de la pena seguirá siendo competencia del funcionario judicial y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en los términos del Código Penitenciario y Carcelario.

PARÁGRAFO 2o. Transcurrido el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que el condenado incumpla las obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará extinguida previa decisión judicial que así lo determine.

ARTÍCULO 8o. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LO SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LO EJECUCIÓN DE LA PENA. El reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena comporta las siguientes obligaciones para el desmovilizado:

1. Informar todo cambio de residencia.

2. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.

3. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

4. Observar buena conducta.

ARTÍCULO 9o. En cualquier momento en que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos exigidos en los artículos 6o y 7o de la presente ley, según el caso, la autoridad judicial competente de oficio o a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, o del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, dispondrá la revocatoria del beneficio otorgado.

La aplicación de los subrogados y demás beneficios de justicia transicional previstos en esta ley para desmovilizados, se aplicarán de forma preferente a lo dispuesto en otras normas, sin atender al máximo de la pena que cabría imponer.

ARTÍCULO 10. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente ley, para que:

1. Cree y/o modifique el operador que pondrá en marcha el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, así como para regular lo atinente a su funcionamiento y adoptar las medidas presupuestales a que haya lugar.

2. Modifique la estructura orgánica y/o la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Alta Consejería para la Reintegración, como entidades comprometidas en el desarrollo de la implementación de la presente ley, así como para adoptar las medidas presupuestales a que haya lugar.

PARÁGRAFO transitorio. Mientras el Gobierno Nacional expide las medidas necesarias a las que se refiere el numeral 1 del presente artículo, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) asumirá las funciones que se desprenden del mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación, a que se refiere el artículo 4o de la presente ley.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.


El Presidente del honorable Senado de la República,
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2010.


JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN


El Ministro del Interior y de Justicia,
GERMÁN VARGAS LLERAS.