El preocupante caso de titulación de tierras en Turbo a supuestos desplazados, de un terreno que con justo título pertenecía a una familia que ha podido acreditar su propiedad, ilustra el camino de dificultades sobre el que deberá aplicarse la Ley de Restitución de Tierras. Son más fáciles los anuncios grandilocuentes al promulgar las leyes que la modificación -para bien- de la realidad social.
EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 24 de agosto de 2011
El informe publicado por este diario el pasado lunes, que trata de las graves denuncias que se han hecho sobre los errores en un proceso de asignación de tierras en Urabá por parte del Incoder, debe servir de campanazo de alerta a todos los estamentos concernidos en procesos de esta naturaleza, para que extremen los cuidados y la prudencia requerida en un asunto que toca el nervio mismo de la violencia en Colombia.
Como indica el informe, el 19 de septiembre de 2010, recién instalado el actual Gobierno, se realizó en Urabá un acto de titulación de tierras -que la realidad de los hechos definiría más como "adjudicación" que como restitución- presentado ese día como el "preámbulo" de la Ley de Víctimas. Y aunque no pueda, de ninguna manera, atribuirse mala fe a los altos funcionarios que presidieron el acto, sí refleja lo riesgoso que pueden ser los discursos con exceso de entusiasmo y carentes de realismo.
Si con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ya se presentaron estos casos de eventual fraude y "tráfico de víctimas" para iniciar titulaciones amañadas de terrenos, imaginemos lo que puede pasar a partir de ahora cuando la nueva Ley, en uno de sus artículos más polémicos y jurídicamente más arriesgados, invierte la carga de la prueba, de modo que quien afirme haber sido despojado de su terreno no necesita afirmar más que eso, mientras el "propietario" actual se convierte allí mismo en victimario y debe probar, él sí, que lo adquirió de buena fe y con arreglo a la legislación civil.
En el caso de los 21 predios asignados en un corregimiento de Turbo, llamado Nueva Colonia, las denuncias van desde instrumentalización política de víctimas, hasta presentación de campesinos como "desplazados forzados", cuando los mismos campesinos declararon que nunca lo habían sido.
La propia Comisión Nacional de Reparación de Antioquia reconoce que fue "inducida a error" por quien lideraba el proyecto en Turbo, exmilitante del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ya hay denuncias en trámite, por lo cual es prudente esperar las conclusiones de la justicia. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene que prever las soluciones jurídicamente viables a los intrincados problemas que va a dar de sí la restitución de tierras.
Ya el Incoder anunció que iniciará la elaboración de un Mapa de Riesgo, para determinar cuáles son las zonas del país más afectadas por el despojo de tierras, y en las que es mayor la influencia de la corrupción para los procesos de adjudicación y restitución. Cuán deseable y conveniente habría sido que dicho mapa se hubiese hecho antes de aprobar la Ley. Así lo demandaba no sólo una correcta técnica legislativa, sino un cálculo de riesgos más acorde a las realidades nacionales.
En fin, que el camino, como se previno desde un principio, está lleno de dificultades. Dificultades que, en ningún caso, implican abogar por una vuelta al estado de cosas preexistente a la Ley. Ésta, necesaria e inaplazable, requiere de todo el impulso y la sabiduría para su justa aplicación como indudable instrumento de normalización y reparación a las verdaderas víctimas de despojos y desplazamientos forzados.
Como indica el informe, el 19 de septiembre de 2010, recién instalado el actual Gobierno, se realizó en Urabá un acto de titulación de tierras -que la realidad de los hechos definiría más como "adjudicación" que como restitución- presentado ese día como el "preámbulo" de la Ley de Víctimas. Y aunque no pueda, de ninguna manera, atribuirse mala fe a los altos funcionarios que presidieron el acto, sí refleja lo riesgoso que pueden ser los discursos con exceso de entusiasmo y carentes de realismo.
Si con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ya se presentaron estos casos de eventual fraude y "tráfico de víctimas" para iniciar titulaciones amañadas de terrenos, imaginemos lo que puede pasar a partir de ahora cuando la nueva Ley, en uno de sus artículos más polémicos y jurídicamente más arriesgados, invierte la carga de la prueba, de modo que quien afirme haber sido despojado de su terreno no necesita afirmar más que eso, mientras el "propietario" actual se convierte allí mismo en victimario y debe probar, él sí, que lo adquirió de buena fe y con arreglo a la legislación civil.
En el caso de los 21 predios asignados en un corregimiento de Turbo, llamado Nueva Colonia, las denuncias van desde instrumentalización política de víctimas, hasta presentación de campesinos como "desplazados forzados", cuando los mismos campesinos declararon que nunca lo habían sido.
La propia Comisión Nacional de Reparación de Antioquia reconoce que fue "inducida a error" por quien lideraba el proyecto en Turbo, exmilitante del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ya hay denuncias en trámite, por lo cual es prudente esperar las conclusiones de la justicia. Pero mientras tanto, el Ejecutivo tiene que prever las soluciones jurídicamente viables a los intrincados problemas que va a dar de sí la restitución de tierras.
Ya el Incoder anunció que iniciará la elaboración de un Mapa de Riesgo, para determinar cuáles son las zonas del país más afectadas por el despojo de tierras, y en las que es mayor la influencia de la corrupción para los procesos de adjudicación y restitución. Cuán deseable y conveniente habría sido que dicho mapa se hubiese hecho antes de aprobar la Ley. Así lo demandaba no sólo una correcta técnica legislativa, sino un cálculo de riesgos más acorde a las realidades nacionales.
En fin, que el camino, como se previno desde un principio, está lleno de dificultades. Dificultades que, en ningún caso, implican abogar por una vuelta al estado de cosas preexistente a la Ley. Ésta, necesaria e inaplazable, requiere de todo el impulso y la sabiduría para su justa aplicación como indudable instrumento de normalización y reparación a las verdaderas víctimas de despojos y desplazamientos forzados.
