Intervención de FREDY RENDÓN HERRERA en foro del ODDR U. Nacional de Colombia

“LA VERDAD EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS AUTODEFENSAS”

ALCANCES Y RETOS

Reflexión:

“No podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que pensábamos cuando lo  creamos”

Albert  Einstein

Asistentes:

Observatorio de Desmovilización Desarme y Reintegración  de la Universidad Nacional De Colombia (convocante)

Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación

Procuraduría Delegada de Justicia y Paz

Defensoría Pública de Postulados y de Víctimas

Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia

Alta Consejería para la Seguridad

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Mapp/OEA

Entidades multilaterales de Cooperación Internacional, ONU, embajadas, Usaid.

Buenos días. Se nos ha invitado muy amablemente por parte del Observatorio de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, a intervenir en este foro  denominado “la verdad en los procesos de Justicia y Paz con los postulados de las Autodefensas Alcances y retos” que pretende dar salida al muy acertado trabajo del observatorio, en cuanto a su objeto de estudio, así como encontrar propuestas constructivas, en una forma amplia y participativa, incluyendo a todos los actores del conflicto armado en Colombia, y particularmente a quienes hoy nos encontramos inmersos en el proceso de “Justicia y Paz”, que fuimos actores armados y que en virtud de una afirmativa voluntad de paz accedimos a la desmovilización masiva, a la dejación de las armas y al acogimiento motu proprio del imperio de la ley, en un gesto humilde y sincero de contribución a la Paz como supremo interés de la nación.

Ofrezco de antemano mis disculpas si involuntariamente hiero susceptibilidades, habida cuenta que estos temas son demasiado sensibles y de manera respetuosa solicito que se me entienda en la mejor disposición, no sólo de cumplir con el objetivo de este evento, sino también de aportar un grano de arena a la reconciliación de mis compatriotas colombianos, circunstancia  que coincide con mi mayor anhelo

Celebro al tiempo que agradezco esta irrepetible oportunidad que se nos brindan de escaparnos del contexto meramente jurídico, para pasar al plano en el que todos queremos estar que es el de idear de modo constructivo salidas coherentes, viables y sostenibles para la superación del conflicto que aún hoy  afecta a nuestro país. El logro de la reconciliación nacional y la conquista de la paz es el más grande tributo a las generaciones venideras, a quienes no les podemos legar, de ninguna manera, el horror de la historia de los tiempos violentos de la nación  exacerbados con mayor ímpetu desde mediados del siglo pasado. Paso entonces a hacer la breve exposición, de acuerdo con los derroteros que ha ofrecido el observatorio para el desarrollo de esos temas, los cuales pudieran ser demasiado extensos pero que en razón de la limitación del tiempo vamos a ser lo más concisos posible.
 


TEMA 1:

 La reconstrucción de la verdad a partir de los diversos actores.
 


¿Cuál es la verdad que necesita el proceso de Justicia y Paz? Esta pregunta nos la hacemos insistentemente, cuando nos vemos abocados a las diligencias de versión libre y a los testimonios  ante las entidades judiciales. Se plantea entonces por parte de los abogados si la verdad que se busca en Justicia y Paz es la verdad procesal, la que se puede probar o la verdad histórica o sea el relato de los hechos tal como ocurrieron. Es necesario responder entonces que la verdad que exige conocer el país y la humanidad es la verdad verdadera, y por eso estamos en un proceso de Justicia transicional y no en un proceso penal ordinario, ciertamente a los postulados nos corresponde decir la verdad de lo ocurrido y a la Justicia corroborar nuestro dicho. No es procedente pretender que el interés de nuestra parte sea el de procurar que se otorgue crédito a nuestra  propia verdad, y que a la sociedad y las víctimas se les excluya del debate sobre la realidad de lo versionado, máxime cuando están en juego tantos sentimientos y cuando la realidad supera dolorosamente cualquier expectativa que se tenía frente a los hechos.

¿Está Colombia preparada para conocer la verdad? Es claro que ante la sensible y angustiosa realidad que entrañan los hechos declarados en las versiones, no es posible estar lo suficientemente  preparados para afrontarlos. No hay protocolos psicológicos ni nada que predisponga a las víctimas para abordar el conocimiento de estos temas, pero, hay que contarlos y estos son los momentos oportunos para que el país los conozca. Por tanto esta pregunta ha de ser  respondida con un SÍ rotundo. Esta es la hora las víctimas y de su derecho a conocer la verdad sin dilación alguna. No pueden esperar respuesta de un libro de historia dentro de 15, 20 o 100 años, ellas exigen respuesta inmediata, tienen derecho a ella, y por lo tanto es el momento para contar la verdad, y la sociedad debe estar preparada para ello, y dispuesta a escuchar y a enfrentar la responsabilidad que quepa.
 
¿Está Colombia realmente preparada para afrontar las consecuencias de la verdad? La respuesta a esta pregunta es condicionada, desde nuestro punto de vista. Considero que el país no ha dimensionado realmente las consecuencias de la verdad. Peor aún, se ha quedado corto en el alcance que le ha querido dar al tema de la verdad. Las consecuencias de la verdad se han querido dejar en el nivel nuestro, no se quiere, no se puede, no se debe y en cambio se obstruye el llegar a otros niveles y menos afrontar la responsabilidad en otras instancias.

¿La verdad facilita la reconciliación? Si rotundo. Desde nuestro punto de vista contar la verdad no sólo es catártico, sino que genera también procesos de catarsis en la sociedad en cuanto son liberadores, pues, el conocimiento de lo que realmente aconteció libera la tensión social que de otro modo estaría destinada a potenciar el conflicto. Una vez entendido esto no puede ser otro nuestro compromiso en el proceso en que estamos, si asumimos el reto de contar la verdad el resultado que esperamos no puede ser otro que lograr  avanzar hacia la firme reconciliación.

¿Cómo puede lograrse la recomposición de contextos y la reconstrucción de hechos? Los contextos históricos no se pueden recomponer plenamente, mientras que los hechos sí se pueden reconstruir, de acuerdo con el pensamiento y conocimiento de cada actor. Así, aunque el contexto histórico no se puede variar si se debe generar hacia el futuro escenarios y contextos de acuerdo a lo que se quiere para el país, eso sí por la vía del consenso.

 Se nos ha querido endosar la reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, a los actores armados que hoy, desde la condición civil de desmovilizados concurrimos a los estrados judiciales a dar cuenta de nuestra actuación. La sociedad colombiana tiene que ser consciente que de nuestra parte la verdad es sólo una fracción de todo lo que realmente aconteció. Debemos contar nuestra verdad, pero esa verdad constituye una  parte de un todo que en la mayoría de los casos escapa a nuestro propio conocimiento. En este punto fuerza admitir que también la verdad recae sobre otros actores que promovieron nuestro accionar, y se beneficiaron de ello, estos agentes deben concurrir, de igual forma como lo estamos haciendo los desmovilizados, a entregar esa parte de la verdad que aún falta y que el país debe conocer

El país debe responder a este desafío diseñando e implementando otros mecanismos de justicia transicional, que  permita a esos actores del conflicto concurrir a exponer su verdad, a develar su actuación, y desde luego obtener una pena, llamémosla alternativa, y a contraer la obligación de reparar a la sociedad y a las víctimas por el daño causado. En tanto esto no se dé, no sólo la verdad será incompleta sino que se generará un clima de mayor violencia, pues, la evasión de la responsabilidad por los delitos cometidos, se traducirá en más guerra, más impunidad y desde luego en absoluta imposibilidad de evitar la repetición de los horrores


Sólo habrá verdaderas garantías de no repetición el día en que todos los actores hayan pasado por la justicia, contando su verdad y reparado en debida forma  a sus victimas


¿Cómo concurren las diversas voces? La verdad sólo es una, pero tiene tantas percepciones cuantos actores participen en su construcción. Celebramos el muy importante paso que ha dado el Estado Colombiano al reconocer la ocurrencia de un conflicto armado interno. El avance fundamental que implica esta determinación es de hecho un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes en el enfoque bastante extraño del gobierno anterior, no existían, puesto que no se puede ser víctima de un conflicto que no existe y en el que tiene tanta responsabilidad el estado

Tema 2:

Confianzas e inseguridades al proceso penal especial.

Hay que mirar el tema desde dos escenarios temporales: Antes y después. Parto de la base de que el proceso de negociación que adelantó el extinto bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas,  fue un proceso de negociación independiente del que adelantaron otros bloques de autodefensas que conformaban las AUC. Los temas de la negociación con el Gobierno Nacional discurrieron alrededor de dos conceptos fundamentales: en primer lugar el de la seguridad de las regiones donde teníamos presencia, y el beneficio de las comunidades con las que a su vez interactuamos. Dado que siempre consideramos que el origen del conflicto colombiano partía del abandono de las regiones por parte del Estado, era necesario asegurar la gestión permanente del citado Estado en esas regiones. En segundo lugar, el otro tema de interés por parte nuestra en la negociación, fue el de poder tender lazos de reinserción de los ex combatientes, es decir que el proceso fuera incluyente, que los tuviera en cuenta no solamente a los desmovilizados sino a las comunidades dentro de las cuales siempre hicieron parte como campesinos, y en las cuales iban a actuar nuevamente como civiles. En fin que también se tuviera en cuenta las poblaciones vulnerables, las víctimas, los desplazados, los campesinos desposeídos, y a otro tipo de población desarraigada por el conflicto en la región de Urabá.

Evidentemente los acercamientos y la negociación con el Gobierno Nacional se dieron con fundamento en el interés nacional de alcanzar la Paz, y que en esa medida existía confianza de que por parte del Estado representado en el Gobierno Nacional, se iba a tener mecanismos legales que nos permitieran dentro de nuestro paso a la civilidad, dar cabida a los preceptos universales de verdad, Justicia y reparación, así como obtener una pena alternativa, que nos redimiera frente a la sociedad y a la vez permitiera nuestra reincorporación plena a la vida civil. Esto era lo que creíamos, aquellos que nos propusimos dar el paso de desmovilizarnos y asumir como comandantes el ir voluntariamente a la cárcel a responder por nuestras actuaciones, bajo el marco de Justicia y Paz. Alrededor de 30 comandantes que en ese momento no teníamos ningún requerimiento judicial, no éramos parte de algún proceso judicial, ni tampoco teníamos condenas, pero que a conciencia sabíamos que debíamos responder por nuestras acciones,  fuimos llegando voluntariamente a la cárce,l nos presentamos a la fiscalía, nos entregamos a las autoridades, y por nuestros propios medios nos acercamos al sitio donde iríamos a ser recluidos para afrontar el proceso Justicia y Paz.
 
Para ese momento ya existía una gran incertidumbre,  la ley de Justicia y Paz había sido modificada por la Honorable Corte Constitucional, y se avanzaba en desarrollos jurisprudenciales que recortaban cada vez más algunos aspectos fundamentales de la ley y nos ponían en una situación compleja frente al escenario futuro. Sin embargo pudo más nuestra voluntad de Paz y por tanto persistimos en ella, pese a tan adversas circunstancias que ya se prefiguraban en esos momentos.


¿Cómo afrontamos hoy el proceso de Justicia y Paz? La percepción generalizada entre todos los que hoy somos sujetos al proceso Justicia y Paz es de incertidumbre. No hay confianza en el Estado, la cantidad de problemáticas no resueltas dentro del marco de la ley no permiten tener una percepción distinta, el sólo hecho de no haberse solucionado por parte del Gobierno Nacional el tema de la fecha límite de aplicación de la ley, a pesar de haber sido su compromiso solemne dentro de la negociación con casi todos los grupos que se movilizaron con posterioridad al 25 julio 2005, genera esa percepción negativa, desestimula el proceso, frena completamente la voluntad de participar en el proceso, puesto que la mayor garantía  es tener un marco legal aplicable con claridad, y este marco no se ha dado. Esta es la mayor dificultad que encuentran los desmovilizados hoy, para contar su verdad frente a sus actuaciones en el conflicto. Lo otro, es el problema de las consecuencias de contar la verdad que deben afrontar tanto los desmovilizados en las cárceles, como sus familias en donde se encuentren radicadas. Los señalamientos, la estigmatización, La cantidad de amenazas, las intimidaciones, que pasan de simple palabras a realidades, los asesinatos de familiares, los asesinatos de desmovilizados, de abogados e incluso de postulados a los procesos de Justicia y Paz dentro de las cárceles, desde luego desestimulan cualquier voluntad de contar la verdad. Nuestras familias están escondidas, muchas de ellas se han tenido que exiliar, en países que no los quieren recibir, existen listas negras, que circulan unas por debajo de cuerdas y otras abiertamente en las cuales se estigmatizan y discriminan a los desmovilizados y a sus familias, no hay oportunidades de empleo para ellos. Siendo así las cosas, ¿habrá reconciliación posible?
 
Y eso que estamos en un escenario donde aún no se ha tocado a las altas esferas del poder económico, político ni a las fuerzas armadas, inclusive, en los algunos de los pocos casos en que se han ventilado nombres de personas de las mencionadas esferas, no se ha provocado ninguna actuación judicial que conduzca a determinaciones en contra de esos individuos, La impunidad y la inmunidad siguen campeando en la Justicia. En otros casos, se ha observado cómo las acciones contra tales personas proceden de conformidad con la conveniencia de algunos poderes políticos o económicos, pero lo cierto es que no existe una respuesta sistemática y generalizada del Estado para judicializar a quienes han resultado, en múltiples menciones, referenciados en las diligencias de versión. Todo ello ocurre mientras nosotros y nuestras familias quedamos en evidencia y expuestos ante aquellos a quienes desenmascaramos ante la Justicia, entorpeciendo aún más  nuestras posibilidades de reinserción a la vida productiva del país.

Hemos insistido públicamente a todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que nuestro papel no es solamente de victimarios, el de ser los malos del paseo, sino que nuestro  rol es hoy por hoy el de fungir como testigos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 20 o 30 años. Somos testigos de excepción. En esa medida, también somos blancos de excepción. La prioridad de las fuerzas oscuras en este momento no puede ser otra que callarnos, sacarnos del panorama, desaparecernos de cualquier forma, así sea recurriendo a manipular y a utilizar recursos legales y gobiernos extranjeros para extraditarnos y hacernos callar a cualquier costo.

El genocidio de los  autodefensas desmovilizados.

De esta situación de testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia, se ha derivado lo que hemos dado en llamar el genocidio de los desmovilizados de la autodefensa. La Justicia debe documentar las estadísticas de cuántos y quiénes de los miembros representantes desmovilizados han sido asesinados, cuántos y quiénes de los comandantes en proceso de negociación o de acercamiento con el Gobierno Nacional fueron asesinados, cuántos desmovilizados han sido asesinados y si sus casos de alguna forma han sido relacionados con lo que se denomina "falsos positivos". Cuántos familiares de desmovilizados han sido eliminados, y finalmente cuántos abogados encargados de la defensa técnica han sido desplazados, amenazados y asesinados. En fin cuantas personas relacionadas directa o indirectamente con las extintas autodefensas, con el proceso de paz y con la ley de Justicia y Paz, se han convertido en personas altamente vulnerables y desprotegidas por el estado…., un genocidio.

¿Qué confianzas ha brindado el proceso especial de Justicia y Paz? En el proceso de Justicia y Paz hemos encontrado situaciones positivas que permiten valorarlas de tal forma que nos llevan a permanecer en el proceso. Entre ellas:

·        Nuestra voluntad de colaborar y aportar nuestro grano de arena al proceso de paz en Colombia

·        El entendimiento por las partes involucradas del proceso como constructivo y no controversial

·        La actitud de las victimas que ha madurado.

¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? La inseguridad y sus efectos sobre la reconstrucción de la verdad. Como anunciamos anteriormente, existen algunos puntos que pudiéramos ver como fortalezas dentro del proceso y que permiten continuar en él, pero existen una gran cantidad de debilidades y amenazas que inciden directamente en el proceso y que determinan que haya muchísima más desconfianza, e incluso más temor, que optimismo y credibilidad. Pudiéramos ubicar entonces las mayores debilidades del proceso en las incertidumbres jurídicas que existen y que afectan necesariamente el proceso de la verdad. Son ellas, a las que ya nos hemos referido, la inseguridad jurídica, y la seguridad física.

Implicaciones de la pervivencia de organizaciones armadas ilegales. No quisiéramos tenernos que referir concretamente a organizaciones armadas ilegales que superviven al proceso de negociación que adelantamos con el Gobierno Nacional, puesto que nuestra voluntad ha sido inquebrantable en cuanto a el desmonte total del fenómeno de autodefensas respecto de lo que nosotros dirigimos. Personalmente tengo que dar fe al país de que el bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas que lideré, se desmovilizó totalmente, de cara al Estado y  frente a las comunidades en las que actuó, y que a partir del 15 agosto de 2006 nuestra voluntad y dedicación está exclusivamente dirigida a la reintegración y a sacar avante el proceso de Justicia y Paz.
 
El país debe reflexionar e identificar los fenómenos que subyacen en el fondo de nuevos grupos armados ilegales. Mina la confianza en la desmovilización y restan credibilidad al proceso de Justicia y Paz.  Los actores armados ilegales, que no son otro simple fenómeno delincuencial, tienen como precedentes los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país; Sin embargo queremos llamar la atención sobre ese fenómeno, puesto que si bien nuestra voluntad de paz ha sido y será firme, nos duele profundamente ver el esfuerzo que estamos haciendo mientras  el Estado se mantiene ajeno a la atención de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo.

Espero que esta exposición haya cumplido  con las expectativas que se tenían frente a los alcances y retos del proceso Justicia y Paz en lo referente a nuestra intervención como postulados frente a la construcción de la verdad de lo acontecido principalmente con las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en Colombia a partir de la acción de los grupos de autodefensas.
 
Muchas gracias por su amable atención, muchas gracias al Observatorio por su valiosa invitación, pues no sabe cuánto valoramos desde el encierro a que nos vemos sometidos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento en ese espacio académico que ustedes han abierto y que sólo puede producir efectos de paz para nuestra atribulada patria. De todo el auditorio, con el mayor respeto,




FREDY RENDÓN HERRERA.

Representante de la Comunidad de desmovilizados de la cárcel de Itagüí

Mayo 20 de 2011.

A PAGAR LA DEUDA HISTORICA

"Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para ustedes ser congresistas." Con estas contundentes palabras, Juan Manuel Santos radicó el pasado 27 de septiembre la ley de víctimas en el Congreso. 

Ocho meses después, la Casa de Nariño logró la aprobación de un marco legislativo que, sin exagerar, merece el apelativo de "histórico". La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Primer Mandatario aspira a sancionar con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cubrirá a unos 4 millones de colombianos cuyos derechos se vulneraron en el conflicto interno.

Debido a la magnitud de su impacto inmediato, la extensión del número de sus beneficiarios y su poderoso simbolismo, la aprobación de este proyecto significa el logro más trascendental del primer año de gobierno de Santos. Un acierto que desborda los límites de la agenda legislativa para influir en la política agraria y fiscal, y se constituye en primer paso del camino hacia un eventual intento de reconciliación y paz.

* * * *

Cuatro años le tomó al Congreso, y en especial a un entusiasta promotor, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la discusión de un cuerpo normativo para reparar a los colombianos que habían sufrido daños a causa de la guerra. Ese accidentado trámite, que incluyó un dramático hundimiento de último minuto por cuenta de la coalición uribista, encontró en el gobierno Santos el aliado con el músculo suficiente para convertir el proyecto en realidad.

En los debates parlamentarios surgieron controversias que conforman un microcosmos de las diferentes interpretaciones ideológicas sobre el origen, la dinámica y el futuro de la violencia nacional.

Al bloque de origen liberal que impulsó una versión amplia del marco de reparación y restitución se contrapusieron las preocupaciones fiscales y conceptuales de los uribistas 'radicales', incluyendo su rechazo al reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia.

En los últimos ocho meses se adicionó un componente vital, que multiplica la capacidad reparadora de la ley: la restitución de tierras. Con esta inclusión, aquella aborda sin aspavientos uno de los motores del conflicto armado en Colombia: el sistemático despojo y abandono de unos seis millones de hectáreas. Como lo afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Barrancabermeja, con ocasión del lanzamiento del Premio Nacional de Paz 2011, "la paz duradera pasa por la búsqueda de soluciones modernas y audaces a los conflictos agrarios del país".

La norma, que espera la conciliación para pasar a la firma presidencial, contiene una serie de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para que los desplazados puedan reclamar, en cuestión de meses y no de años, sus predios perdidos. Asimismo, diseña una nueva institucionalidad desde la Presidencia de la República para comandar el ambicioso proceso de reparación.

* * * *

Por más complicado que haya sido el tránsito en el Legislativo, es justo decir que no se comparará con el inmenso desafío de su ejecución. Un primer reto está en el manejo de las grandes expectativas que la ley ha generado. Le corresponde al Gobierno proveer a los potenciales beneficiarios, que se calculan en millones, de montos, procedimientos y tiempos claros para la entrada en operación de las restituciones e indemnizaciones. Confusiones, falsas ilusiones y desorden administrativo son la antesala de la frustración colectiva.

El proceso de reglamentación, por ende, no solo debe realizarse de manera transparente, sino también con celeridad.

Incertidumbres que quedaron en el aire tras los debates, como el impacto fiscal de las reparaciones, deben ser resueltas rápidamente por la Casa de Nariño.

Dentro de las primeras tareas también se incluye la integración de las nuevas unidades administrativas, así como el fortalecimiento de las jurisdicciones agrarias, a cargo de tramitar las reclamaciones.

Otro factor de riesgo en la aplicación de esta legislación está en el uso proselitista de las víctimas en las elecciones regionales de octubre próximo. Las autoridades de vigilancia electoral y las organizaciones de observación necesitan prestar especial atención a las zonas donde los despojos fueron más extendidos.

Al mismo tiempo, la recién lanzada Política Integral de Seguridad deberá incluir en sus estrategias de protección a las asociaciones de víctimas y demás reclamantes de predios. Como ya ha sucedido, la violencia contra los líderes campesinos puede echar por la borda la legitimidad de este titánico esfuerzo institucional.

El presidente Santos tenía claro desde septiembre que no bastaba con pasar un articulado. Una implementación exitosa de la Ley de Víctimas no solo cimentará su legado como mandatario, sino que desatará una transformación en nuestro rasgado tejido social.

El regreso de cientos de miles de familias al campo y la posibilidad de reparar inmensos daños a otras tantas tendrán un impacto positivo que hoy es aún difícil de calcular. El pago de la deuda apenas comienza.

La ley de victimas y tierras en diez puntos

SEMANA resume y explica el ABC del nuevo estatuto, compuesto por 208 artículos agrupados en nueve capítulos, algunos de los cuales todavía deben ser conciliados entre Cámara y Senado.

Sábado 28 Mayo 2011       

1. El objetivo: dejar atrás las secuelas de la violencia 

El proyecto recoge la experiencia de varios países que han sido golpeados por conflictos internos, regímenes autoritarios y guerras civiles, en los que el Estado ha llevado a cabo planes ambiciosos para reparar a los afectados por la violencia. La idea central es, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, "cicatrizar heridas del pasado". Esto es, voltear páginas violentas de tal manera que no se repitan, se desincentive la venganza y se creen condiciones para que las víctimas y sus allegados puedan llevar una vida digna sin estar marcados para siempre por las huellas del pasado. El texto recoge conceptos de otros países en los que se han implementado políticas para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Un principio clave que opera como columna vertebral es que los criterios para determinar los beneficiarios se fijan en el hecho de ser víctimas (los daños sufridos) y no en la naturaleza de los victimarios (no importa si fueron guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado u otros).

2. Quiénes son víctimas 

Uno de los aspectos más debatidos en el Congreso fue cómo definir el universo de beneficiarios de la ley. Estarán cobijadas las personas que, en forma individual o colectiva, hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (reglas adoptadas por la comunidad internacional para proteger a los civiles en casos de guerra) o a los derechos humanos. Con el fin de adoptar demarcaciones precisas, y después de un gran debate, el Congreso aprobó que serán consideradas víctimas del conflicto interno armado (el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado) aquellas personas afectadas por hechos posteriores al primero de enero de 1985 (según la versión aprobada por el Senado, que incluiría a las víctimas de la Unión Patriótica) o al primero de enero de 1991 (de acuerdo al texto que pasó en la Cámara). La Comisión de Conciliación del Congreso deberá escoger -probablemente esta semana- una de las dos fechas. Se calcula que cuatro millones de colombianos serán resarcidos. La vigencia de la ley será de diez años.

3. Las víctimas recibirán dinero y/o reparación moral 

Los beneficios contemplados en la ley son de dos tipos. Uno es pecuniario: dinero, entregado por el Estado, según la misma tabla establecida en el Decreto 1290 de 2008, que estableció la reparación individual por vía administrativa. Allí se contemplan cuantías que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos (aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos). En la nueva ley de víctimas también se establecen otros mecanismos de reparación no pecuniaria, o simbólica, entre los cuales sobresalen: la celebración del Día Nacional de las Víctimas -el 10 de diciembre-, la creación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, asistencia en salud, educación, ayuda humanitaria para los desplazados y un subsidio funerario para quienes mueren como consecuencia del conflicto armado. Las gabelas económicas solo cobijarán a las víctimas posteriores a la fecha que finalmente adopte la Comisión de Conciliación del Congreso. Las simbólicas favorecerán a todas, sin límite cronológico.

4. Se devolverán las tierras a los despojados 

Uno de los puntos más trascendentales de la ley de víctimas es la creación de una serie de instrumentos para que el Estado les devuelva las tierras a quienes se vieron obligados a abandonarlas como consecuencia del conflicto. Quienes fueron despojados o abandonaron sus tierras por la violencia, después del primero de enero de 1991, podrán reclamarlas a través de mecanismos judiciales más expeditos que los de la justicia ordinaria. Se calcula que actualmente hay tres millones de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños legítimos.

5. Se crea un censo único de víctimas 

Las personas que consideran que cumplen las condiciones previstas en la ley de víctimas para recibir beneficios de reparación se inscribirán en un registro único. Este tendrá el nombre de Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Incluirá a quienes ya están inscritos con base en normas anteriores y quienes se registren, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en alcaldías municipales con acompañamiento de las personerías. Con el objetivo de facilitar el proceso, la acreditación de la condición de víctima tendrá un carácter 'sumario': expedito, en el que se presume la buena fe y no se tendría que probar el cumplimiento de las condiciones.

6. Se crea nueva institucionalidad para atención de víctimas

La ley prevé un amplio conjunto de instrumentos del Estado diseñados para su ejecución. Algunos de ellos son nuevos, y para otros se contempla la redefinición o reestructuración de despachos ya existentes. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas estará conformado por todas las entidades públicas -nacionales, departamentales y municipales- encargadas de poner en marcha los planes y programas contemplados en esta ley. Su reglamentación, así como el diseño de un Plan Nacional, queda bajo la responsabilidad de un comité ejecutivo encabezado por el presidente de la República o su representante, los ministros del Interior, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 

7. Nuevas entidades liderarán la ejecución de la ley 

Entre los nuevos organismos creados por la ley se destacan: (1) la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía presupuestal y con el encargo de coordinar a las entidades que forman parte del Sistema Nacional. Responderá por la operación de la Red Nacional de Información; (2) la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas, la cual respaldará ante los jueces y los tribunales los casos de restitución de tierras; (3) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura, diseñará el registro de terrenos que podrán ser materia de restitución según esta ley y, en general, será la encargada de ejecutar las normas que tienen por objeto el regreso de las tierras a sus dueños legítimos; (4) el Centro de Memoria Histórica, que centralizará y recolectará todas las funciones de preservación de la memoria y liderará la construcción de un museo. En el plazo de un año asumirá el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

8. Inclusión de minorías étnicas 

La iniciativa contempla mecanismos extraordinarios para que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tengan derecho a los beneficios contemplados en la ley. También se crean mecanismos para que el Estado subsane la consulta previa que no se hizo para esta ley y que en caso de otros códigos han sido causal de que se declaren inexequibles. También se contemplan auxilios y apoyos para menores de edad afectados de diversas formas por el conflicto armado.

9. Se adoptan espacios de participación para las víctimas 

Así como el movimiento de víctimas desempeñó un papel fundamental en promover los debates públicos que condujeron a la ley, esta prevé espacios participativos en la ejecución y seguimiento de las nuevas normas. Será un deber del Estado proveer instrumentos en tal sentido. Se crea una comisión encargada de vigilar este punto, con presencia del procurador general, el defensor del Pueblo, el contralor y los representantes de las organizaciones de las víctimas.

10. Se evitará la repetición de las violaciones

La ley contempla disposiciones, inspiradas en normas de otros países, dirigidas a evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos contra las víctimas. Buscan darle sostenibilidad a la reparación y crear condiciones para la conciliación. Entre ellas figuran: programas de educación, derogatoria de leyes que permitan o facilitan la violación de derechos humanos y programas de participación del sector privado en proyectos como los que ya se han ensayado, por ejemplo, en El Salado, en los Montes de María.

Golpe a los derechos fundamentales

Por: Eduardo Sarmiento  tomado de elespectador.com

El avance social más importante del medio siglo estuvo representado en la adopción del Estado Social de Derecho y su desarrollo en la forma de derechos fundamentales de educación, salud, trabajo y vivienda digna.

Adicionalmente, en el mismo texto se establecieron mecanismos para hacerlos efectivos, como las tutelas y las acciones populares, y la prioridad de la política fiscal al gasto social, que significaba elevar las transferencias regionales para la salud y la educación hasta atender adecuadamente las necesidades.

Infortunadamente, luego de la expedición de la reforma no se avanzó en un marco institucional que asegurara su realización y, sobre todo, que cumpliera con su objetivo de conducir los derechos a los sectores menos favorecidos. Por el contrario, los esfuerzos se orientaron a interferirla y desmontarla, como la Ley 100, la Ley del Banco de la República, el acto legislativo que limitó las transferencias regionales y ahora la privatización de la educación superior.

La estocada final provendría de la regla fiscal, aprobada en ocho debates. El acto legislativo eleva la sostenibilidad fiscal, que no es otra cosa que la austeridad y la conformación de superávit primarios, al nivel de derecho fundamental.

El proyecto oficial deforma el espíritu de la Constitución e introduce confusión y arbitrariedad. En el texto de 1991 se le concede prioridad al gasto social sobre el control fiscal. Le corresponde al Gobierno crear las condiciones complementarias para que las determinaciones de los derechos fundamentales no alteraran la normalidad fiscal. Ahora, la prioridad pasa a ser la sostenibilidad fiscal, o los dos. En el fondo, se concede un poder de veto al Gobierno sobre los fallos judiciales. Así, la violación abierta en los derechos fundamentales, como el acceso de la población a la educación superior y la universalidad de la salud, se postergarían hasta que aparezcan los recursos que permitan financiarlas sin causar alteraciones fiscales. Por lo demás, le abriría camino a todo tipo de demandas para desconocer los derechos con criterios fiscales que están más allá del conocimiento de los jueces.

No menos grave son las repercusiones macroeconómicas. La tendencia a limitar la política fiscal por normas constitucionales se origina en la creencia de que las políticas monetarias son suficientes para prevenir y superar las recesiones. El error teórico quedó al descubierto en la crisis de 2008. La economía mundial salió a flote gracias a que el promedio de déficit fiscal superó el 5% del PIB y los bancos centrales, a regañadientes, accedieron a financiarlos con la emisión. En el caso de Colombia, si el déficit fiscal no fuera en la actualidad de 3,5% del PIB, la economía no habría salido de las recesiones de 1999 y 2008.

La norma es un culto a las concepciones monetarias de la Universidad de Chicago que predominaron en los últimos veinte años y están desacreditadas. En mi último libro, Transformación productiva y equidad, muestro que la ineficacia de la política monetaria no sólo fue la culpable de la crisis, sino, lo más grave, de que Estados Unidos y los países medianos de Europa no hayan salido de la recesión después de tres años. El único camino que permite la conciliación de la actividad productiva y la estabilidad cambiaria es el manejo de la política fiscal complementado con la monetaria para propiciar la expansión y la intervención cambiaria para regular la balanza de pagos.

En fin, la regla fiscal le inyectaría a la carta constitucional una teoría falsa que acentuaría y prolongaría las recesiones, mantendría el desempleo y la informalidad, y ampliaría las desigualdades.

CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD

Tomado de: http://darfuturo.blogspot.com

A proposito de otro "NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN".

CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD

¿Qué pensaría usted si le dijeran que un malandrín asesinó a un niño indígena de un machetazo, y permitió que muriera desangrado???….. O ¿que asesinó a una anciana afro descendiente de varios garrotazos? Escabroso, inadmisible, absolutamente reprochable, ¿verdad? Perdone que iniciemos estos cortos párrafos con estas preguntas, muy repulsivas para un párrafo inicial, o peor aún, en un artículo en el que queremos captar su atención sobre estos temas que anunciamos en el título y que posiblemente no lo vamos a lograr, porque titulares así salen todos los días en los periódicos de Colombia, y de muchos países del mundo, y por tanto a usted probablemente le causan hastío, lo cansan y no quiere saber de esto o porque le parece tan dramático y tan increíble que va a pensar que escribimos un guión de una película de terror y seguramente vamos a causar su disgusto. Si esto le ocurre suspenda la lectura, no lea lo que sigue a continuación, por que es peor.

¿Qué pensaría usted si le dijera que en cualquier sitio de Colombia día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, miles de niños afro descendientes, indígenas, campesinos, o niños de cualquier raza o de cualquier etnia, que sólo tienen en común el ser colombianos y una pobreza indigente considerada entre las peores del mundo, están siendo asesinados lenta pero inmisericordemente en forma impune, por un ejército de corruptos, imposible es dimensionar, seres sin ninguna clase de escrúpulos, que se roban los recursos de la salud, de las obras públicas, de la educación y cualquier otro rubro del presupuesto público, sin pensar siquiera en un instante en los sufrimientos por los que pasan los miles, millones de niños, niñas, hombres mujeres, ancianos y ancianas colombianos a los cuales les sustraen directamente, se les roban de frente y sin que nadie haga nada, las oportunidades y el bienestar que en teoría debería brindarles el Estado.

Y no sólo están asesinando multitudes de las personas más pobres y humildes y desprotegidas de nuestro país, sino que por el camino los están sometiéndolos a inmensos e injustificados sufrimientos, o sea ni más ni menos que torturándolos. ¿Cómo le parece a usted esta situación?

Una persona que mata a otra, lentamente, sin ningún remordimiento, sin ningún escrúpulo, torturándolo y sometiéndolo a los peores escarnios, matándolo de hambre, o matándolo de enfermedades sin atender, ofende a la humanidad. Es un asesino de lesa humanidad. Claro que en Colombia benévolamente lo llamamos dizque corrupto. En el peor de los casos, si llega a ser judicializado, puesto que también tenemos que reconocer que nuestro nivel de impunidad frente a la corrupción debe ser también igualmente uno de los más elevados del mundo, lo sancionan por alguno de los tipos penales que se engloban dentro de la corrupción y finalmente pagará una pena, pagará una multa y seguirá seguramente a disfrutar del patrimonio ilícito indebidamente adquirido y nadie se volverá a acordar de él. O de ella. En el mejor de los casos para él o ella, seguirá manejando sus cuotas burocráticas a través de interpuestas personas, y esperará calmadamente el día en el que su hijo o hija sigan su valioso y notorio ejemplo, ingresen a la burocracia y puedan ganarse “honestamente” el pan de su frente como le enseñaron sus mayores.

Ese dicho de "consiga plata hijo, honradamente, y si no puede, consiga plata hijo" es un "buen ejemplo" de la moralidad con la que se maneja la educación en Colombia para las nuevas generaciones. Y estamos pagando las consecuencias; durante muchísimos años las hemos pagado, y si esta nación no maniobra rápidamente en materia educativa, generando una nueva conciencia ética que impida que la corrupción siga siendo un modo y estilo de vida admisible y socialmente aceptado, (y en muchos casos idealizado) seguiremos por muchas generaciones pagando este alto costo de millones de colombianos que mueren por la indolencia de una clase dirigente que siempre estará muy atrás de los retos que le exige la nación.

No podemos seguir permitiendo que privada o publicamente se exprese de nuestros políticos y gobernantes, aquello de "como todos son ladrones, prefiero a este porque es menos ladrón" o "no voto por aquel por qué es más ladrón que este". O peor aún "es un político más o menos honrado", "de los males hay que escoger el menos peor". Todos odian la corrupción pero esperan pacientemente poder beneficiarse de ella. Y entonces dicen “ese es un ladrón pero me da contratos, me cobra comisión pero me lo da y yo me desquito en el precio, luego, votemos por él”

La honradez y la integridad no admiten categorías; o se es honrado o no se es, o se es integro o no se es. O se tiene un comportamiento ético, o no se tiene un comportamiento ético. Punto.

Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos personajes siniestros de nuestra corruptela generalizada y Hitler o Stalin o cualquier otro asesino de lesa humanidad?

La corrupción está en la raíz de todos los problemas nacionales. Es la madre de todos ellos, cualquier problemática que ocurra en Colombia necesariamente tiene en su trasfondo toda la problemática de corrupción que ha arrastrado el país durante toda su historia, pero que en los últimos años se ha exacerbado, se ha escalado a dimensiones que nunca jamás hubiéramos imaginado hace unas décadas.

Y sin embargo, los corruptos colombianos hacen parte del “jet set”, son los más apreciados en la farándula, la gente hace filas para posar a su lado, salen en las portadas de todas las revistas, desde las económicas hasta las del “corazón”, llevan una vida de príncipes que envidiaría cualquier jeque árabe, mientras en las riberas del Atrato, en el chocó, en el Vichada, en el Amazonas, en las barriadas de Bogotá, en las comunas pobres de Medellín y distritos paupérrimos de Cali, en el desierto de la guajira, niños, niñas, hombres, ancianos, mujeres, ancianas, viven simultáneamente una vida de tortura permanente y mueren sin poder acceder a los recursos a los que tienen derecho pero que no llegan jamás porque los corruptos se los roban.

La problemática del conflicto tiene mucho o todo que ver con el tema de la corrupción. A dónde encontramos las causas objetivas del conflicto, si no es en grandes dilemas absolutamente relacionados con el tema de la corrupción. Enunciemos algunos de los mas notorios: La problemática de tierras, la problemática de la salud, la problemática de la educación, la problemática laboral y la aspiración por un salario digno que cubra el minimo vital cuando menos, o a tener una seguridad social que verdaderamente proteja, la problemática de la vivienda digna y los servicios públicos esenciales, la seguridad alimentaria, la problemática de la planeación y la distribución de los recursos, en todos en todos los aspectos de la vida nacional está presente el problema de la corrupción.

Hasta tanto no solucionemos este tema, hasta tanto no encarrilemos la educación nacional hacia sistemas formativos coherentes que sean capaces de inculcar y preservar valores y ética ciudadana, vamos a tener que seguir presenciando que miles, cientos de miles, millones de colombianos nacen viven y mueren en la indigencia, producto de un sistema corrupto, son torturados a lo largo de sus vidas permanentemente por dicho sistema, y mientras tanto los que prohíjan la corrupción y se benefician de ella, enriqueciéndose a más no poder a costa del sufrimiento de sus semejantes, permanecen en la más completa impunidad, sus fortunas son protegidas y predican a sus hijos y nietos la forma más eficiente de preservar y aumentar esos patrimonios espurios y dignos de desprecio.

El país invierte cientos de miles de millones de pesos en perseguir a los violentos, en cazar a guerrilleros, a paramilitares, en poderlos judicializar y sancionarlos ejemplarmente. Pero ellos finalmente no son el problema, son puro síntoma, son la consecuencia del problema, son la consecuencia de décadas de abandono estatal y desatención a las necesidades básicas fundamentales en que ha incurrido indolentemente el Estado Colombiano y su clase dirigente. A eso lo llamamos coloquialmente los colombianos "buscar la calentura en las sábanas". El problema hay que atacarlo por la raíz y la raíz está en la corrupción.

No más impunidad para la corrupción; con la corrupción se tortura a los débiles de los desprotegidos, con la corrupción se asesina a los débiles y a los desprotegidos, y por tanto la corrupción ofende la dignidad de la humanidad, debe ser considerada un delito de lesa humanidad y en tal medida, deberían existir estatutos y protocolos internacionales que la repriman y la castiguen en cualquier instancia judicial del mundo, como lo es cualquier crimen de lesa humanidad.

Debemos proponer desde esta humilde tribuna que se establezcan instrumentos de carácter internacional que permitan atacar la corrupción desde cualquier parte del mundo. Como existen protocolos para atacar el genocidio, para atacar la trata de personas, para atacar el terrorismo, deberían existir instrumentos que permitan perseguir y sancionar la corrupción desde cualquier parte del mundo y tribunales internacionales para reprimirla. Dichos instrumentos deberían ser ratificados y aplicados por nuestro Congreso, para ser adoptado como legislación interna, para reprimir tal infamia…………

!! He ahí el gran problema ¡¡.

Urabá pacta para la reconciliación

La región de Urabá le apuesta su futuro a un pacto social que concilie el progreso económico y la justicia social, en el que empresarios, sindicatos, trabajadores y hasta un sector de las víctimas de la violencia se comprometieron a trabajar unidos y con ánimo de reconciliación.

Ese es el acuerdo que quedó pactado en el papel al finalizar ayer el Foro Social por la Reconciliación de Urabá, que reunió entre jueves y viernes en Turbo y Apartadó a organizaciones sociales, sindicatos, gremios y autoridades de la región.

Este acuerdo, así como sus propuestas de solución a los problemas económicos y sociales como el mal estado de las vías, déficit de vivienda, falta de agua potable y los conflictos del Urabá antioqueño, como el surgido por la posesión de tierra (que reclaman los desplazados), serán presentados al Gobierno Nacional para orientar los proyectos en la zona.

Para concretar en la realidad las declaraciones de buena voluntad que se escucharon en el foro se propuso replicar la experiencia que permitió la firma de un acuerdo convencional entre el sector empresarial bananero y sus 18.000 trabajadores, sin huelgas y sin conflictos, por primera vez en mucho tiempo.

Así lo destacó Guillermo Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro: "los trabajadores y las empresas demostramos hace 20 días que se puede conciliar las diferencias con inteligencia y sin conflictos. Sacamos adelante en pocos días una convención que mejora garantías laborales, con incremento de salarios, cuando en el pasado la negociación era conflictiva y con semanas de huelgas y violencia".

Esta experiencia, agregó Rivera, puede servir para solucionar otros problemas como el de la posesión de las tierras, que reclaman los desplazados y que, según sus denuncias, terminaron concentradas en manos de empresarios bananeros, palmicultores y ganaderos. "No queremos más violencia en Urabá, reconociendo que hubo despojo , pero con diálogo y concertación podemos resolver estos problemas".

Así también lo cree Elcy Rocío Galván, de la asociación de víctimas desplazadas de la vereda Tulapas, en Turbo. "Queremos que nos restituyan nuestras tierras, somos unas 150 familias desplazadas, pero no queremos entrar en más conflictos con los poseedores, sino dialogar para conseguir la reparación, porque muchos no deseamos retornar".

También se expuso como ejemplo de reconciliación el trabajo y el liderazgo de desmovilizados del Epl para sacar adelante proyectos como una urbanización que se construye en el sector de La Chinita, en Apartadó, para víctimas de la violencia y algunos desmovilizados.

Una de las preocupaciones expuestas en el evento fue el modelo de restitución de tierras contenido en el proyecto de ley de víctimas.

"Se estigmatiza al empresariado y se desconoce la trayectoria gremial y económica cuando se acusa sin distingo del despojo de tierras y vínculos con ilegales sin comprobar y exigiendo demostrar la propiedad de la tierra y los negocios", aseguró Adolfo León Zapata, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá.

» Contexto

Nuevos proyectos

Roberto Hoyos, presidente de Augura, destacó los nuevos proyectos agropecuarios como la producción de piña de exportación; de la que ya hay sembradas unas 100 hectáreas en Chigorodó, estudios sobre caña de azúcar para biocombustibles, además de la siembra de yuca, cacao y el repunte de la ganadería. "Pero necesitamos mejores vías como una doble calzada en la zona bananera, un gran puerto y a eso le apuntamos y unidos se lo decimos al Gobierno", aseguró Hoyos.

CONDENADO A MUERTE

Condenado a muerte

Fernando Londoño Hoyos. Columnista de EL TIEMPO.

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La historia es muy simple. El Ejército dio de baja a varios guerrilleros y les encontraron uncomputador y en el computador un largo documento en el que la comandancia de las Farc dice que debo morir, agrega el por qué y el para qué y, por supuesto, dedica largas páginas a la manera como ejecutará esa sentencia.

"... siempre ha estado del lado de los intereses del capital y en contra de los del Estado y el pueblo." "... luego de su paso por el Ministerio del Interior dio a conocer sus verdaderos intereses y se convirtió en un enemigo abierto del pueblo y de las diferentes organizaciones populares y en especial de su ejército Farc-EP." "... se ha refugiado en un programa radial llamado La hora de la verdad, en la emisora Radio Súper, desde donde hace señalamientos impone posiciones absurdas contra el pueblo... manipulando la opinión pública, en definitiva haciendo su posición como palabra santa y siempre en contra del pueblo y las diferentes expresiones populares como la armada." "... es un representante de los gremios y de la clase dirigente".

La causa eficiente, se ve, es muy clara. La enemistad con los ejércitos populares que masacran, asaltan, secuestran, incendian, siembran minas y negocian cocaína es suficiente motivo para llevar al cadalso a quien la practica.

También es explícita la causa final que se propone: "... con esta acción le mostraremos al pueblo que su ejército está en pie de lucha y siempre reivindicaremos sus derechos y castigaremos a sus enemigos".

Tan alta finalidad, qué duda cabe, explica el itinerario sangriento de estos asesinos sobre la piel lacerada de Colombia.

No podía faltar la sentencia, inapelable e irredimible: "... y se ve la imperiosa necesidad de ajusticiarlo...". (Toda la cita es textual, por supuesto.)

Lo demás del documento no vale para comentarlo. Porque es la larga y tediosa narración de todos mis movimientos y los de mi escolta, expuestos por segundos y con tan primoroso detalle, que deja a las claras el tratamiento profesional de la materia. A los muertos en Colombia les queda la seguridad de que no han sido chambones sus verdugos.

Debo confesar que, obligado por las Farc y no por los ascetas que con tanta insistencia lo recomiendan, he tenido que hacer el ejercicio de presenciar mi propia muerte. Y he descubierto en ese proceso cosas tan maravillosas como jamás pensé encontrar. La primera, que la fe en Dios hace al hombre invulnerable al miedo y hasta insensible al dolor de la despedida. Es tan poco lo que dejo y tanto lo que espero, que siento defraudar a mis asesinos.

Porque ni les temo ni los odio y esa forma de desprecio será el más duro castigo para su iniquidad. He descubierto también que no hay nada en el universo que se parezca al amor. El que he sentido de los míos, de mis amigos y de gente que nunca conocí, no solo es consuelo suficiente sino premio inmerecido. He comprendido, igualmente, que la plena conciencia del deber y la justicia vuelve al hombre inútil para la fuga y aun para la súplica.

Tengo la esperanza de que al quedarme evitaré el destierro de muchos otros. Que al no silenciarme cobarde reemplazaré muchas voces que se apagan en silencios inútiles. Y que al prometerme la continuación de esta batalla hasta que Dios se sirva darme vida, no solo la dignificaré ante el mundo, sino que tal vez logre economizarla para otros. Así que no me derrota la condena, ni me ofende el tenaz silencio de los que la conocen y, conociéndola, callan. ¿Qué importa un muerto de lo que llaman la derecha?

Yo también le dejo a mi patria mis cenizas. Y a mi mujer, a mis hijos, a mi familia entera, a mis amigos y a quienes oren por mí, amor infinito. No tengo otra cosa. Pero sé que no es poco.


Fernando Londoño Hoyos

Siembra desconfianza y cosecharás caos elcolombiano 15 de agosto de 2007

No nos oponemos a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo: podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con la democracia.

Cierta angustia produce el hecho de que 1.200 miembros de la Fuerza Pública hayan sido retirados del servicio activo en los últimos doce meses.

Desde una perspectiva, podría ser una noticia positiva que indicaría que hay un proceso serio de depuración dentro de la institución armada encargada de controlar el orden público y propiciar la seguridad democrática.

Desde otra perspectiva, sin embargo, podría significar que hay una cacería de brujas que acabaría por debilitar la institucionalidad, desmotivar a las Fuerzas Armadas en su titánica y valerosa labor de lucha contra todos los agentes desestabilizadores de Colombia, y servir a oscuros intereses de quién sabe quién.

En el medio quedan los funcionarios que podrían hacer de idiotas útiles o pescar en el río revuelto del oportunismo, sin reflexionar en profundidad sobre el daño que les causan al país y a las instituciones.

Y los medios de comunicación que, preocupados por la chiva, no miden las consecuencias de lo que informan, tienen desconcertados a los ciudadanos y van acumulando en ellos un sentimiento de desconfianza y angustia que cierra todos los horizontes de futuro.

"Con ciertas delicadas informaciones de orden público -escribió Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2006- viene sucediendo lo mismo que con algunas estadísticas del Dane: la gente no sabe a ciencia cierta qué creer, ni tiene certeza de lo que está pasando. Y cuando esto acontece la gran damnificada es la democracia. Nada resulta tan perverso para la buena marcha de las instituciones que el escepticismo ciudadano sobre la información".

Bueno sería también que el presidente Uribe reflexionara con su gabinete las palabras que él mismo pronunció en septiembre de 2006, ante el escándalo de los llamados falsos positivos, en las que les pide a los investigadores judiciales que no hagan más filtraciones a los medios porque afectan el curso de las investigaciones. Los militares "están condenados ante la opinión pública y no habían sido escuchados", dijo el Presidente.

Igualmente bueno sería que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, recordara sus propias palabras de octubre del año pasado, cuando en un debate en el Congreso por el mismo tema de los falsos positivos preguntó: "¿Qué hace una comisión del Senado reemplazando a la justicia?", y se las aplicara a sí mismo en bien del país.

Porque en el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, el ministro Santos se atribuyó funciones que sólo tiene el poder judicial, olvidó la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad y ese otro sagrado derecho a la fama, la honra y el buen nombre, tan difícil de restituir una vez ha sido lesionado. Amén del derecho a la legítima defensa. Además, nadie o casi nadie es capaz de desligar a los Santos del gobierno, de los Santos periodistas que dirigen casas editoriales que pretenden liderar la información y la opinión de Colombia.

No nos oponemos, no podríamos hacerlo, a la depuración de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones nacionales. Sólo así el país entrará en la senda cierta de la democracia. Pero alertamos sobre lo que está sucediendo, porque podría ser una estrategia de quién sabe quién para acabar con esa misma democracia. Siembra desconfianza y cosecharás caos.

editorial EL MUNDO mayo 18 de 2007

Filtraciones y periodismo responsable




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Seguimiento de la noticia

El medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado.
Nos parece oportuno retomar el tema que El Colombiano trató ayer en su editorial, porque tenemos una identidad en el concepto de fondo acerca de la ética de las filtraciones, aunque nuestro análisis va un poco más allá, pues además de una violación a una norma prácticamente universal, porque las prohíben casi todos los Códigos de Ética de la profesión periodística en el mundo, nos parece que el medio que las publica termina, como mínimo, siendo cómplice de quien las produjo.

Frente a la filtración que nos llega de manera gratuita, la malicia indígena nos dice que “de eso tan bueno no dan tanto”.Lo primero que hay que poner en duda es la autenticidad de lo que nos están entregando y determinar qué tanta verdad hay en ello; y, en segundo lugar, como cualquier filtración implica para el que la ejecuta incurrir en unos costos económicos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿A título de qué nos ofrecen esto gratuito? ¿Acaso nos quieren utilizar como medio de divulgación de algo que beneficia directamente al gracioso concesionario o a sus cómplices? Pero si la alternativa es que nos la ofrecen comprada, al pagar por ella el medio está estimulando la comisión de un delito claramente definido y sancionado por la Ley colombiana.

Esto es bueno tenerlo presente, porque a veces, por el afán de la chiva, los periodistas servimos de idiotas útiles a los delincuentes y el principio universal es que la ignorancia de la Ley no nos excusa de su violación. Dice el Código Penal, Ley 599 de 2000, en su capítulo séptimo, “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”, Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Y agrega: “Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años”. La ley no dice que los periodistas, por cuenta de la libertad de información, están exentos de cumplirla. Por el contrario, la responsabilidad social de nuestra misión nos obliga a ser más cuidadosos incluso que el ciudadano común.

Caben, pues, perfectamente dentro de esas conductas punibles las grabaciones ilegales – que al parecer suman 8.000 horas de espionaje a lo largo de los últimos dos años - realizadas por personal de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional, como también su filtración y su publicación por parte de la revista Semana, que las utilizó para su gran bomba noticiosa de la semana pasada, desatando una de las más graves crisis al interior de esa institución y del propio Gobierno.

En términos de ética periodística – que es el aspecto en que hace énfasis el editorial de nuestro colega – nosotros coincidimos esencialmente en que no se debe publicar el producto de una filtración y que una vez se conozca su contenido debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Igualmente, en nuestro caso, también guardaríamos copia para precavernos de que sí se adelanten las investigaciones pertinentes e, incluso, para una eventual defensa pues, evidentemente, el medio que recibe la filtración queda de algún modo comprometido.

Pero, además de las implicaciones éticas, evidentes en el caso analizado, nosotros pensamos – como se desprende del Artículo citado del CP – que el medio que aprovecha una filtración para su lucimiento o para ganar sintonía o vender más ejemplares, debe ser igualmente enjuiciado, porque si en la grabación ilegal de conversaciones privadas y en su filtración se configura un delito, el que las utilice para publicarlas inmediatamente, sin dar cuenta de ello a las autoridades, se hace cómplice de ese delito, tanto si las recibió a título gratuito como si pagó por ellas.

Con ánimo provocador, en un noticiero radial se le hacía al presidente Uribe el siguiente planteamiento falaz: “Volviendo al espionaje telefónico, gracias a Semana se supo, pero usted dice que ojalá la revista revelara la fuente. La protección de la fuente es una de las libertades fundamentales más importantes en un Estado de Derecho, lo que habría que mejorar es la inteligencia y la contra-inteligencia, no pedirle a los medios que revelen las fuentes”. El presidente, hábil polemista, no pisó la trampa, pero sí dijo, recordando el famoso verso de Sor Juan Inés de la Cruz, que están a la par, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Y dijo también una gran verdad y es que en este país, en aras de las libertades, se ha olvidado que la filtración de expedientes – como la filtración de cualquier conversación privada interceptada sin orden judicial - es un delito. Evidentemente, si se protege una fuente sin rostro y sin nombre, “el periodista hace suyas sus afirmaciones y por ellas debe responder”, como dicen María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo en su libro “Ética para periodistas”. Es decir, que el sigilo profesional en nuestro caso no es una patente de corso para encubrir a delincuentes, y quien divulgue filtraciones de escuchas ilegales debe estar dispuesto a responder por ello ante la justicia.

LA ETICA DE LAS FILTRACIONES

editorial el colombiano mayo 17 de 2007

La ética de las filtraciones

EL COLOMBIANO sabe qué haría frente a una filtración ofrecida. Cada medio de comunicación hace lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión pensando, no en la chiva sino en el bien supremo, el bien común.

Cuando se filtró el casete con las acusaciones al presidente Ernesto Samper por lo que luego se llamó popularmente el proceso 8000, el diario El Tiempo nos preguntó qué habríamos hecho en caso de haber sido los receptores de dicho casete. Le contestamos que lo habríamos copiado pero que, sin publicar su contenido, se lo habríamos entregado al alto gobierno en cabeza de César Gaviria, advirtiéndole que teníamos copia que divulgaríamos, si lo considerábamos pertinente, según el curso que tomaran las investigaciones respectivas.

Ya antes habíamos hecho algo semejante con el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, cuando EL COLOMBIANO hizo parte de una comisión investigadora de la sociedad civil para esclarecer la muerte en Blanquiceth, Urabá, de dos negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, grupo con el que el Gobierno había iniciado unas negociaciones de paz que estaban en vilo por dichas muertes.

El resultado y las pruebas de la investigación, con fotos incluidas, fueron entregados al Procurador General, diciéndole que guardábamos copia que podría ser hecha pública cuando lo consideráramos pertinente. La Procuraduría reorientó la investigación y cuando dio un concepto al respecto hicimos pública nuestra investigación, la que compartimos antes de publicarla con los medios de comunicación que quisieron manejarla noticiosamente. Se trataba de contribuir a un proceso de paz y, con tal de que no se frenara, renunciamos a la chiva periodística, habiendo conseguido por nuestro propio esfuerzo la prueba reina.

Ahora vuelve a haber filtraciones que han sido publicadas en aras de la libertad de prensa. Las últimas le costaron la estabilidad a toda la Policía Nacional, lesionando la gobernabilidad de un país frágil que intenta salir adelante de tantas violencias que ha padecido.

¿Qué habría hecho EL COLOMBIANO en caso de ser el destinatario de las filtraciones? Lo mismo que habría hecho en los tiempos del 8000: entregarlas al Gobierno, guardando copia para garantizar que no se desestimaran y que, por el contrario, se hiciera una investigación exhaustiva.

Hay quienes quieren comparar lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Estados Unidos en épocas del Watergate. Pero hay una gran diferencia, porque en el Watergate fueron los periodistas quienes investigaron e hicieron pública su investigación que afectaba seriamente a Richard Nixon y que le costó la Presidencia.

En el caso colombiano, quienes investigan son fuentes interesadas en uno u otro objetivo que puede llegar a ser tan grave como una conspiración y que de todos modos lesiona la institucionalidad y los procesos judiciales pues, en muchos casos, no respeta ni siquiera la reserva sumarial. Los medios no tienen control ni de las filtraciones ni del proceso investigativo. Además, la filtración de información podría llegar a ser un negocio sucio que los medios podrían estimular.

EL COLOMBIANO sabe qué haría, lo ha dicho públicamente y quizá por tal posición jamás somos destinatarios de filtraciones. Cada medio de comunicación hará lo que su código ético le mande. Sin embargo, bien valdría la pena una reflexión mediática pensando, no en la chiva sino en el bien supremo que es el bien común.

NO AL SECUESTRO

Por: Salud Hernández-Mora Tomado de El Tiempo.com
Rosi quiere recuperar su vida, y ni la guerrilla ni la incomprensión se lo impedirán.
Rosi siente que no aguanta más. La cerrazón de los guerrilleros, la indolencia del Estado, la avaricia de unos, la indiferencia de muchos, su lucha solitaria en todos los frentes. Querrían verla llorar desconsolada, morir en vida aguardando la llegada del rehén, sucumbir a la tristeza infinita.
Ha esperado cuatro años y dos meses, los mejores de su tercera década de existencia, a que liberen a su marido y se ha dicho: no más, suficiente, voy a vivir.
Lo dice duro pero aún sus pasos son inciertos. Tiene la impresión de que le reprochan todo y nada, no sabe bien qué, tal vez ser ella misma, una mujer diferente a la que presenció, horrorizada, cómo un grupo de hombres armados le arrebataban al marido hace una eternidad. La de hoy se ha recubierto de dureza y desconfianza, de rabias, pero también de ganas de ser algo más que un muerto viviente. Es como si su mundo olvidara sus noches de insomnio, los días amargos, los esfuerzos por mantener el barco a flote, el deterioro de su salud, su aprendizaje para transformarse en mujer independiente, solitaria.
Dos hijos del marido, habidos en uniones anteriores, ignorando sus padecimientos, su lucha diaria, le colocaron sendas demandas judiciales. El mayor le exige que reporte su gestión al frente de los bienes del cautivo; el segundo, residente en el exterior con su mamá y el esposo de esta, quiere saciar su inagotable apetito de caprichos de adolescente, amén de la cuota alimenticia mensual que Rosi no ha dejado de atender.
Ninguno pregunta cómo pueden ayudar, cómo lograr que no todo se hunda, con todo el mundo aprovechando la ausencia para caer encima como aves de rapiña.
Con el Estado también peleó y al menos le ganó una partida. Con la intervención de Harrison Velásquez, un joven y excelente abogado que ha llevado los casos de otros familiares de secuestrados, logró que le congelaran los impuestos del negocio hasta un año después de la liberación, el día que se produzca. No es la panacea, pero sí un respiro.
De la guerrilla, para qué hablar. Hasta ahora les han robado 1.530 días de sus vidas y los han cambiado a los dos, de una manera que Rosi teme que no puedan reconocerse. Muchas veces se pregunta qué marido le devolverán, si es que sale algún día, si podrán recuperar su relación, si creerá que ella no hace lo suficiente para que lo dejen libre y prefiere, como creen algunos, que se pudra en la selva.
Le da infinita ira pensar que si la guerrilla fuera razonable, si quisiera, ya estaría de vuelta, pero es imposible adivinar su estrategia del miedo. Hace tres años les entregó la cantidad convenida y las Farc no lo soltaron.
A esa primera frustración siguieron llamadas, exigencias absurdas, amenazas, intimidaciones. Ella las sorteó como pudo, sintiendo el respaldo de los amigos, de la familia. Pero el tiempo pasa y todos se fueron cansando. Primero los amigos, luego los hermanos. No es que no la quieran, es que gastaron las palabras de ánimo, los abrazos, la compañía y ya casi ni preguntan.
Cada viernes acudía sin falta a grabar mensajes de aliento en el programa de la Fundación País Libre y la Radiodifusora Nacional para secuestrados. Pero cerraron la emisora y desapareció el espacio. Le desmoralizó la indolencia del Estado, de sus compatriotas, y le pareció aún más duro seguir en la lucha. Ahora le manda de vez en cuando un mensaje por Caracol, solo de vez en cuando.
Es consciente de que más de un lector la tachará de egoísta, impaciente, desleal. Le da igual. Quiere recuperar su vida y ni la guerrilla ni una sociedad que ni le importa ni comprende la agonía del que espera se lo van a impedir.

GENERANDO CONFIANZA?

Incumplimiento preventivo POR ALFREDO RANGEL arangel@cambio.net.co

EL TRASLADO DE LOS JEFES paramilitares a la cárcel de Itagüí, arbitrario y por simples sospechas, ha ocasionado el fin del proceso de paz. Esta medida fue el acto culminante de la criminalización del proceso y de la pérdida del carácter político del desmonte de un fenómeno social y político que ha tenido un enorme alcance en el país.

Por buscar tal vez efectos inmediatos, como capear el escándalo de la para-política, el Gobierno terminó cediendo ante sus opositores, quienes han criticado lo que, según ellos, es un trato benigno a mafiosos. El argumento de que en La Ceja se estaba fraguando una fuga es bastante endeble. Es difícil imaginarse unos jefes paramilitares que en el momento cumbre de su poder político, económico y militar deciden voluntariamente desmovilizar y desarmar a miles de sus combatientes, sólo para fugarse al otro día del sitio donde esperaban ser juzgados por la Ley de Justicia y Paz que ya habían acatado. Pero en el caso de que hubiera habido pruebas de uno o varios jefes con planes de fuga o delinquiendo desde La Ceja, ellos, y sólo ellos, han debido ser trasladados a la cárcel. La responsabilidad penal es individual, no colectiva.

Pero el Gobierno optó por el incumplimiento preventivo de los acuerdos de paz. De hecho, el Gobierno se había comprometido a no recluir a los paramilitares en cárceles ordinarias, compromiso no firmado que nunca ha desmentido. Este es un pésimo precedente que evoca la lógica de la desacreditada doctrina de los ataques preventivos.

Después de este antecedente con los paramilitares, no sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.

Creo que fue la peor manera como el Gobierno pretendió recuperar la iniciativa política en esta coyuntura, pues dio al traste con el proceso. El Gobierno se dejó coger ventaja de sus críticos quienes de manera oportunista y mezquina han intentado sacar réditos políticos de los escándalos de la para-política, sin tener el valor ni la honestidad intelectual de reconocer que ese destape es posible precisamente porque los paramilitares ya están desmovilizados, de la misma forma como es inconcebible el destape de las relaciones de la guerrilla con la sociedad mientras aquella permanezca en armas.

Lo grave es que en el afán punitivo poco o nada se está haciendo para impedir que los nuevos grupos paramilitares que se están conformando vuelvan a apropiarse del Estado, a capturar la democracia local y a saquear los presupuestos municipales y departamentales. Es consecuencia de la despolitización del proceso ya que la verdad se está buscando más para castigar que para evitar que el fenómeno se repita.

Pero si el Gobierno quisiera tratar de reconstruir el proceso debería enmendar el error: cumplir sus compromisos con los jefes paramilitares que están cumpliendo los suyos, y recluir en la cárcel sólo a aquellos de quienes tenga pruebas de estar reincidiendo en el delito. Y también 'repolitizar' el proceso facilitando judicialmente la confesión de la verdad por parte de todo ciudadano decidido a hacerlo, para así iniciar un proceso de reformas institucionales que evite que el fenómeno del paramilitarismo se siga reproduciendo.

Pero el daño mayor ya está hecho y lo que está pasando tendrá una consecuencia muy grave hacia el futuro. El Gobierno está enviando la señal de que los acuerdos se cumplen y la palabra se respeta sólo mientras los grupos irregulares están armados, pero una vez desmovilizados y desarmados se puede justificar cualquier violación de los acuerdos.

Después de este antecedente no sería raro que el Eln sólo se desarme cuando los acuerdos estén firmados y haya todas las garantías internacionales para su cumplimiento. Tampoco sería raro que las Farc decidan que nunca entregarán las armas.

CARTA ABIERTA AL SEÑOR FREDY RENDON (EX COMANDANTE ALEMÁN)

Cordial saludo.

en vista de la incomunicación del señor Fredy Rendón Herrera, miembro representante del exbloque Élmer Cárdenas de autodefensas campesinas en proceso de paz con el gobierno nacional, apelo a la difusión de esta carta por la red, con la esperanza de que pueda llegar a su conocimiento de alguna manera.

Urabá, Diciembre 2 de 2006.

Señor

FREDY RENDÓN HERRERA

Cárcel de Itaguí.

Muy querido y respetado amigo Fredy:

Te escribo esta carta ante la imposibilidad de comunicarnos por otro medio.

Verdaderamente lamentable la falta de seriedad del gobierno del presidente Uribe en el proceso de paz de las Autodefensas. Puede que esos actos de fuerza sirvan para mantener la imagen del doctor Uribe con un dos por ciento más a favor, y puede que cuando él se mire en el espejo después de esto se guste un poco más a sí mismo, pero es lamentable que se esté confundiendo autoridad con autoritarismo, pues la autoridad debe actuar por el interés de todos los autores del guión social, y con lo que se ha venido haciendo, se vulnera el interés del pueblo colombiano que anhela un proceso de paz serio y responsable que genere posibilidades, caminos y expectativas favorables frente a quienes aún persisten en el uso de la violencia como herramienta de lucha política. Un proceso donde el primer magistrado de la nación incumple arbitrariamente los acuerdos realizados por sus ministros y comisionados, para satisfacer a esos sectores de la opinión poco más informados que lo que alcanzan a creer entre risas y trovas al escuchar la muy banalizada realidad nacional que parecen entregarles los conductores radiales de toda suerte de insectos luminosos, dista mucho de ser constructivo para ese proyecto histórico e intergeneracional que llamamos sociedad colombiana. Hoy entiendo por qué el líder chino Chu En Lai manifestó, sobre el significado histórico de la revolución francesa (pasados casi 200 años), que habría que esperar, porque aún estaba muy reciente para juzgarla; Y aquí, los trovadores vespertinos ya están juzgando con socarronería irresponsable un proceso de paz que apenas comienza.

La verdad sea dicha, no se le ocurre a uno qué camino seguir, diferente de la desobediencia civil. Aconsejarte qué hacer o decir en estas circunstancias cuando los presionan a la delación de los políticos, los empresarios, los militares, los policías que los acompañaron el su proyecto político y militar, mientras ni les brindan las mínimas garantías para ustedes y sus familias que le brindan los programas de protección de testigos aún a quienes denuncian nimiedades, no es una oferta siquiera decente, y menos cuando el mismo gobierno les viene diciendo que al final del intrincado camino, parecido a una carrera de observación combinada con salto de obstáculos de la elegibilidad para la pena alternativa en los términos de la ley de justicia y paz, prácticamente ninguno podrá beneficiarse con la pena alternativa de entre cinco y ocho años.

Tú sabes que yo he sido el primer defensor y promotor de la necesidad de sacar toda la verdad a la luz en el proceso, pero tampoco puedo aconsejarte en contra de tus derechos fundamentales. Aceptar la obligación de confesar, es, a todas luces, renunciar a una conquista de la humanidad establecida desde la "declaración de los derechos del hombre" hace más de dos siglos. Pero bueno, hay que renunciar al derecho a la no autoincriminación, con tal de dar un paso adelante por la paz de nuestra amada Colombia. Pero igualmente, nuestra amada Colombia, por medio de sus poderes públicos les ofreció unas cárceles especiales de justicia y paz en las regiones, y el espejismo de la pena alternativa a cambio de esa confesión plena y de la colaboración para terminar con sus organizaciones armadas, romper el ciclo de la violencia e iniciar con la verdad, el de la reconciliación nacional. Pero si nada de esto se va a llevar a la práctica, pues queda el recurso a la desobediencia civil absolutamente pacífica. Si en todo caso los van a condenar a la máxima pena posible y los van a llevar a cárceles ordinarias, pues a callar, que es su derecho, y que sus abogados se batan en la arena de la justicia ordinaria donde al estado le cae la carga de la prueba. Mis padres, como buenos abogados, me enseñaron una respuesta universal para cualquier hecho imputado: "debe ser probado", y eso no implica el desconocimiento de la ley ni un pulso de fuerza con los poderes públicos, sino el ejercicio de un derecho.

Esta opción nos aleja de la esperanza de un camino de paz ejemplar y realizable que nos ha movido a todos quienes de una u otra manera hemos colaborado para sacar esto adelante, pero creo que los consejeros obsecuentes del señor presidente no están dejando más alternativa.

Trataré de acompañarte en esta nueva etapa, aunque no sin temores. Tendré que pedir protección de las autoridades para llegar hasta Itaguí a visitarte. Y créeme que no temo por tus compañeros de prisión, porque contrario a los informes que le hayan entregado al doctor Uribe los organismos de inteligencia, yo se que quienes quieren acabar con las posibilidades de paz están afuera, y aunque sean minoría, sí hacen mucho daño. Yo se que todos quienes se presentaron voluntariamente a las autoridades, quienes entregaron el mayor arsenal y el mayor ejército desmovilizado en este conflicto, quienes a pesar de las limitaciones siguen, como tú, trabajando por sacar adelante un proyecto de vida y reparación para esos miles de compatriotas pobres que un día empuñaron un arma ilegal o sufrieron sus efectos y que hoy luchan contra la apatía y la adversidad de una sociedad quejumbrosa, pero en realidad indolente, no son quienes representan un peligro. Los peligros están afuera, y no siempre en la clandestinidad de los grupos ilegales. Por eso ayer cuando los llevaban en el furgón del INPEC, llamé a Salvatore Mancuso y no a ti, para manifestarle a él, y por su intermedio a todos tus compañeros de viaje, que los estaba acompañando con mi solidaridad y mis oraciones. Tu sabes que algunos de ellos, en la guerra, le causaron a mi familia el mayor dolor posible, y que de ellos sólo uno nos pidió perdón, pero también sabes que ya desde antes los habíamos perdonado, y por eso hoy, aunque no comparta muchos de sus puntos de vista, posiciones y actitudes, soy solidario con todos, pues considero que el tratamiento que están recibiendo por parte del Estado es injusto e indigno, y que no hay que quererlos ni creerlos boy scoutspara reconocerlos como protagonistas de un importante proceso político que merecen un trato acorde con las circunstancias del mismo.

Espero que podamos superar las dificultades de comunicación. El gobierno te ofreció garantías para seguir trabajando por la reinserción y la pacificación de las regiones, y esa garantía debe incluir posibilidades fluidas de comunicación con quienes cooperan en este proceso, y eso me incluye. Los muchachos de Construpaz están muy angustiados con todo esto, pero seguramente los directivos de la cooperativa los acompañarán y les
ayudarán a mantener la calma.

Por el momento, apelaré a la Internet o a otros medios de comunicación públicos para tratar de hacerte llegar estas palabras de apoyo mías, de mis familiares y mis colaboradores en Fundapoyo. Esperemos que no tengamos que llegar hasta las señales de humo.

Con todo mi respeto, mi solidaridad y mi afecto,

Juan R. García F.

Director

Fundación para el Apoyo de la Democracia en Colombia, Fundapoyo

(EX VOCERO CIVIL DEL BEC-AC)

EL POLO Y LOS VIOLENTOS

El polo y los violentos
No basta con sostener que la guerrilla ya no tiene espacio. Se requiere la condena explìcita a la violencia y la ruptura de todo contacto con los guerrilleros.
Por Rafael Nieto
Antonio Navarro ha mostrado por estos días, en cuatro ocasiones distintas, la pasta de político moderno de la que está hecho y su compromiso con la democracia.

Primero, se mostró avergonzado por la toma del Palacio de Justicia por el M-19, a diferencia de otros antiguos guerrilleros que dieron toda suerte de espurias explicaciones frente al informe hecho por antiguos magistrados de la Corte.

Después, como secretario general del Polo, puso en marcha una consulta para la elección de delegados al primer congreso de esa organización. Aunque es cierto que los conservadores consiguieron más de un millón con ocasión de la conformación de sus directorios locales, los 500.000 votos polistas, para un movimiento que es aun muy nuevo, son un gran éxito. Un par de días más tarde, frenó en seco a Yesid Arteta, que apenas recién salido de prisión manifestó su intención de asistir al congreso del Polo para luchar contra los sectores que "representan una línea ajena a lo que debe ser una concepción de izquierda". La advertencia de Arteta, ex miembro de las Farc, se refería a Lucho Garzón y los demás miembros de la izquierda democrática, como ellos mismos se identifican para distinguirse de los radicales. Navarro no tuvo reparo en señalarle a Arteta que "no está invitado y si aparece no puede entrar". Y el día de la inauguración del congreso de su partido, Navarro dijo que "continuar alzado en armas (hoy) es una profunda equivocación".

Esa posición de Navarro, claro, no es necesariamente la del Polo, aunque algún jefe de redacción atribuyera a ese partido las palabras de su secretario general. Ese es el punto. Al igual que Navarro, en el Polo hay un número importante de dirigentes de izquierda que, como Garzón, Samuel Moreno, Parmenio Cuéllar o Jorge Robledo, tienen un compromiso sin ambigüedades con la democracia y un rechazo sin esguinces al uso de las armas como herramienta política.

Sin embargo, no todos en el Polo están en lo mismo. Hay algunos que no son claros en la ruptura con los violentos. Aunque por fortuna son cada día menos, hay todavía radicales que en el mejor de los casos no condenan a la guerrilla y en el peor mantienen vínculos con ella. Esa fracción minoritaria hace ruido y tiene fuerza. Y ha conseguido que algunos de quienes no comulgan con la "combinación de las formas de lucha" pasen agachados frente a los violentos, todo ello en aras de la "unidad de la izquierda". Porque no basta con sostener que la guerrilla ya no tiene espacio o que la historia los ha dejado atrás. Se requiere la condena explícita a la violencia y la ruptura de todo contacto con los guerrilleros, excepto que se trate de buscar institucionalmente su desmovilización y desarme.

Si quiere convertirse en alternativa seria de poder, la izquierda democrática necesita neutralizar de manera definitiva a los radicales y obtener que el Polo como partido, y no sólo algunos de sus dirigentes, condene la lucha armada y apueste definitivamente por conseguir el poder por vías democráticas. El congreso de la colectividad de esta semana y la definición de la plataforma ideológica de consenso, son la oportunidad histórica para ello.

A la hora de cierre de esta columna, aún no se sabe si se consiguió tal objetivo. Si así fue, la democracia en Colombia habrá dado un paso fundamental en su consolidación y el Polo será una alternativa seria para 2010. Si no ocurrió, los polistas habrán perdido toda autoridad moral para alzar la voz contra los vínculos de los dirigentes de derecha y los paramilitares y cerrarán los espacios para su triunfo en las próximas presidenciales.

Lo que es bueno para el ganso, lo es para la gansa. El Polo, que con razón condena los vínculos entre paras y políticos, como lo hacemos también quienes desde otras orillas estamos convencidos de que los fines no justifican los medios y que el narcotráfico y los violentos son las lacras que debemos dejar atrás, tiene que conseguir de manera voluntaria lo que habrán de obtener, por vía de las decisiones de la Corte, los partidos de la coalición de gobierno: depurar de sus filas a quienes tienen vínculos con los violentos. ?

Puntilla: es una vergüenza que ahora quieran posar de víctimas algunos de los políticos relacionados con los paras. Víctimas son los asesinados, los que fueron obligados al exilio, los despojados de sus tierras.