LUIS EDUARDO GOMEZ, PERIODISTA CON CRITERIO Y ETICA. PAZ EN SU TUMBA.

No sé si le daba miedo o no, pero no lo demostraba.  Le decía de frente lo bueno y lo malo a quien fuera. Critico duro y frentero, siempre respetuoso pero con firmeza.   Fue uno de los primeros columnistas de URABA HOY, proyecto periodístico que acompaño desde su inicio, en 2004,  ejerciendo durante algún tiempo la corresponsalía desde Arboletes. Luis Eduardo expresaba su opinión sin ataduras en cuanto medio escrito le prestaba un espacio. La mayoría de los medios escritos de Urabá (y algunos regionales y nacionales) lo tuvieron entre sus asiduos colaboradores. Un ejemplo del periodismo humilde que se enamora de este oficio hermoso que cuesta tanto que hasta cuesta la vida.  Hará falta en Urabá, donde pocas personas se atreven a hablar o escribir claro y de frente, como lo hacia este hombre. Ha muerto, desprotegido, expósito  por la comunidad a la que sirvió sin contraprestación.

Lamentamos este hecho violento que segó la vida de un buen hombre y excelente periodista, quien murió inerme en manos de los sicarios, emisarios  que envia la impunidad.

Siempre te recordaremos, quienes integramos este medio, hoy en diaspora forzada debido a la violencia que ahora te alcanzó a ti.

A.J.G.F.

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Tomado de semana.com  


Periodistas en riesgo

El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia.

Sábado 2 Julio 2011

El jueves pasado se registró el primer asesinato de un periodista colombiano en lo que va de 2011. La víctima fue Luis Eduardo Gómez, de 70 años, quien ejercía su profesión en el municipio de Arboletes, Antioquia. Fue asesinado mientras se dirigía a su casa, acompañado de su esposa, y dos hombres en una moto le dispararon. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luis Eduardo estaba desarrollando una investigación sobre la corrupción en la zona y otra sobre el asesinato de su hijo, que ocurrió el año pasado. A este grave episodio se suman las denuncias sobre amenazas de muerte en su contra que hizo la periodista Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín. Según la FLIP, 55 periodistas han sido víctimas de amenazas en este primer semestre de 2011, mientras el año pasado se registraron, en total, 57. De continuar así, el número de víctimas de 2011 doblaría el de 2010, lo que muestra que es cada vez más difícil ejercer el periodismo en las regiones.

Judicial |2 Jul 2011 - 12:05 am

Crítica situación de seguridad

Terror en Arboletes (Antioquia)

Por: Natalia Herrera Durán

La gente en Arboletes tiene miedo. Los panfletos que sentencian “Muerte a los sapos” están a la vista.

A las seis de la tarde nadie sale de su casa. Los grupos paramilitares –que un día estuvieron al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y hoy están bajo las órdenes de Roberto Vargas, alias ‘El Gavilán’, conocidos actualmente como las ‘Águilas Negras’ o Autodefensas Gaitanistas de Córdoba y Urabá– amenazan y cumplen. En la noche del jueves fue asesinado a tiros el periodista Luis Eduardo Gómez, de 70 años, testigo en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica.

El mismo que en el entierro del veedor José Vicente Botero, de 62 años, asesinado este lunes por sicarios, tomó la palabra para decir que el crimen de Botero fue producto de la alianza criminal que existe entre políticos y paramilitares en la región, el mismo al que silenciaron porque dentro de pocos días iba a testificar en la Fiscalía en contra de algunos políticos que se habrían aliado con el comandante paramilitar alias ‘El Alemán’.

Los pobladores de Arboletes que narran el episodio del entierro creen que esas temerarias palabras fueron la sentencia de muerte de Gómez, porque esos temas están vetados. Por eso los que mencionan el asunto suplican que no se mencionen sus nombres.

Este clima de terror empezó a sentirse con fuerza en el municipio de Arboletes (Antioquia) desde marzo de 2010, cuando las autoridades capturaron al actual alcalde, Gustavo Germán Guerra, junto con 24 políticos más de los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre ellos dos exalcaldes de este municipio. Todos investigados por presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las Auc, al mando de ‘El Alemán’.

Desde entonces las amenazas han sido permanentes. Por eso para nadie es casualidad la muerte del veedor José Vicente Botero, quien días antes había interpuesto una denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Gustavo Germán Guerra por corrupción y parapolítica.

En cuanto al periodista independiente Luis Eduardo Gómez, asesinado cuando caminaba desprevenido junto a su esposa en el barrio El Deportista, era reconocida su pelea para aclarar el caso de su hijo Juan, asesinado el 13 de agosto de 2009, al parecer por paramilitares, y su lucha en contra de la corrupción de políticos de la región.

Al respecto, el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que aún no se tiene la certeza de que los asesinos de Botero y de Gómez hayan sido paramilitares. Sin embargo, reconoció que el asesinato del periodista Gómez muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad instaurado extraordinariamente no dieron resultados.

Lo cierto es que el terror reina en Arboletes. Por ahora, las autoridades no pueden descartar que los crímenes de Gómez y Botero sean asesinatos que se vienen cometiendo en contra de quienes han sido testigos en el proceso que adelanta la Fiscalía por parapolítica en esta región. Ya son tres los asesinados en el municipio en 15 días.

 

Asesinado, en arboletes, el periodista Luis Eduardo Gómez

 Hay temor y tensión en la comunidad de Arboletes, Urabá antioqueño, por el asesinato anoche del periodista independiente Luis Eduardo Gómez y el asesinato el pasado lunes del veedor José Vicente Botero.

Hacia las 8 de la noche en una cancha cerca de su vivienda, fue asesinado este periodista de 70 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con personas de la comunidad las dos víctimas recibieron amenazas de grupos paramilitares, pero el secretario de Gobierno Municipal, Esteban Revollo, dice que hay grupos armados en la zona de los que no tienen información y no saben qué es realmente lo que ocurre en esa población.

El funcionario público agregó que el asesinato del periodista muestra que las medidas que tomaron el pasado martes en un consejo de seguridad, luego del asesinato del Veedor, no dieron resultados.

El secretario de Gobierno de Arboletes manifestó que por seguridad no da a conocer las medidas de ese consejo de seguridad, pero muy seguramente hoy a las 8 de la mañana inicie un nuevo consejo.

Con información de RCNRadio.com

Nacional |1 Jul 2011 - 3:42 pm   el espectador.com

Asesinato de periodistas

SIP condena el asesinato del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez

Por: Elespectador.com

El periodista independiente, testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones por parapolítica.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repulsa por el asesinato a tiros del periodista colombiano Luis Eduardo Gómez y pidió una investigación inmediata para deslindar responsabilidades.

Luis Eduardo Gómez, de 70 años, fue asesinado este jueves por desconocidos que se desplazaban en una moto y le interceptaron mientras éste se dirigía a su domicilio en el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia.

Gómez era un periodista independiente que testificaba ante autoridades judiciales en investigaciones contra funcionarios o políticos del noroeste de Colombia acusados de mantener vínculos con grupos paramilitares.

Según la Unidad de Repuesta Rápida de la SIP en Colombia, Gómez, que trabajaba para varias revistas institucionales del municipio, indagaba sobre el asesinato de testigos en un supuesto pacto entre políticos y paramilitares de la zona y en el que trabajan actualmente las autoridades judiciales.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó sus condolencias a los familiares del periodista y exhortó a las autoridades colombianas a "investigar el asesinato de manera inmediata para deslindar responsabilidades y evitar que este asesinato caiga, como tantos otros, en la impunidad".

El asesinato ocurrió tres días después de que fuera asesinado José Vicente Botero, líder comunitario de Arboletes, quien había recibido con anterioridad amenazas de grupos paramilitares de la zona y había rechazado la protección ofrecida por el ministerio público.

Ambos eran testigos en procesos relacionados con la penetración en la clase política del desaparecido Bloque "Elmer Cárdenas" (BEC) de la disuelta organización paramilitar Autodefensas.

Debido a la agitación política que vive esa zona del país, las autoridades de la región (Urabá) han provisto de protección a ocho dirigentes políticos y dos funcionarios de la Alcaldía, entre ellos el alcalde municipal de Arboletes.

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: es mucho, pero no es todo

tomado de RAZONPUBLICA.COM

POLITICA Y GOBIERNO

Domingo, 29 de Mayo de 2011 23:18

Balance comprensivo del alcance de la ley de víctimas y de su trascendental significado, tanto en el plano real de la reparación como en el plano simbólico del reconocimiento y del perdón. Por fin Colombia comienza a sanar sus heridas. Gana Colombia Antes de cumplirse un año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se logró aprobar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Los ganadores en este proceso son muchos: En primer lugar, más o menos 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano, que serán sujetos de reparación integral a través de restitución de tierras, indemnizaciones económicas y rehabilitación. Ganan también el Partido Liberal y en particular el senador Juan Fernando Cristo, que lleva más de dos años liderando este difícil proyecto. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y El propio presidente Santos, que en su momento radicó personalmente el proyecto de ley. Pero sobre todo gana Colombia. El ministro de Hacienda, quien en principio puso en duda la viabilidad fiscal de la ley, finalmente comunicó al Senado que avalaba el proyecto, porque se ajustaba a "la disciplina fiscal vigente". Esa notificación fue clave porque dejó sin piso los argumentos sobre inviabilidad fiscal esgrimidos por un sector uribista. Lo que falta y sus implicaciones A estas alturas falta la conciliación entre el proyecto aprobado en la Cámara y el que fue aprobado en el Senado, cuyas diferencias no sólo son de matiz, pues tienen implicaciones políticas, ideológicas y financieras. Las diferencias más importantes se resumen en el siguiente cuadro: Después de la conciliación, la Ley quedará lista para la firma presidencial y tendrá vigencia por diez años a partir de ese momento: entonces la historia de Colombia tendrá un antes y un después, porque es la primera vez que el Congreso legisla a favor de millones de víctimas del conflicto armado. Cuando los polos opuestos se encuentran Por diferentes razones, pero profundamente equivocados, tanto un sector uribista como la bancada del Polo fueron los palos en la rueda de este emblemático proyecto. Y como la historia no perdona, siempre se recordarán como los grandes opositores a la aprobación de un marco legal que contribuye a la restitución y protección de los derechos de las víctimas, empezando por el reconocimiento de su situación. En efecto, cargarán con la responsabilidad de no haber contribuido a dar este primer paso, para que el país pueda avanzar hacia una reconciliación efectiva, que pasa indispensablemente porque las víctimas sientan que su padecimiento es reconocido y respetado en el ámbito social, pero especialmente en el ámbito político. La objeción más relevante del Polo, que fue derrotada de forma mayoritaria, se refería a que la indemnización y restitución de tierras fuera para quienes demostraran haber sido despojados desde el 1 de enero de 1980. El sector uribista intentó revivir consistentemente la discusión metafísica y semántica sobre la existencia del conflicto armado y evitar el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado. Implicaciones en lo real y lo simbólico Y es que la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" tiene implicaciones reales, pero también tiene implicaciones de carácter simbólico para el imaginario colectivo y frente al mundo globalizado. Con la entrada en vigencia de esta Ley, se estaría reconociendo, entre otras, lo siguiente: 1. Existe un conflicto armado interno en Colombia. 2. El 10 por ciento de los colombianos ha sido víctima de los horrores de este largo conflicto armado. 3. Existen agentes del Estado que ha sido victimarios y que serán responsables individualmente. 4. Existen empresarios y funcionarios que financiaron grupos al margen de la ley. 5. Se debe aplicar un enfoque diferencial en el proceso de reparación. 6. La condición de víctima es independiente de la marcha del proceso penal en contra del presunto o presuntos victimarios. 7. Podrán acceder a la calidad de víctimas, los niños, niñas o adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley siendo menores de edad. 8. Las víctimas podrá acreditar el daño sufrido a través de cualquier medio legalmente aceptado, de forma sumaria ante autoridad administrativa. 9. "El Estado presumirá la buena fe de las víctimas". 10. Las víctimas de hechos anteriores a 1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición. 11. Se debe invertir la carga de la prueba, por lo que será suficiente una prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial. Es mucho, pero no es todo Son muchas las voces que hablan de los problemas y vacíos de la ley, y aún cuando algo de razón puedan tener, la aprobación de esta Ley es a mi juicio un paso invaluable hacia el compromiso de la construcción de la paz a través de la institucionalidad. Y sin embargo, como bien lo anota el ministro de Agricultura ahora "la tarea es gigantesca" y se trata de lograr todos los arreglos administrativos para que lo consagrado en la ley esté realmente al alcance de las víctimas. Porque por fin estamos empezando a ocuparnos nada menos que del gran tema eternamente postergado en Colombia: la tierra.

Intervención de FREDY RENDÓN HERRERA en foro del ODDR U. Nacional de Colombia

“LA VERDAD EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ CON LOS DESMOVILIZADOS DE LAS AUTODEFENSAS”

ALCANCES Y RETOS

Reflexión:

“No podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que pensábamos cuando lo  creamos”

Albert  Einstein

Asistentes:

Observatorio de Desmovilización Desarme y Reintegración  de la Universidad Nacional De Colombia (convocante)

Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación

Procuraduría Delegada de Justicia y Paz

Defensoría Pública de Postulados y de Víctimas

Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia

Alta Consejería para la Seguridad

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Mapp/OEA

Entidades multilaterales de Cooperación Internacional, ONU, embajadas, Usaid.

Buenos días. Se nos ha invitado muy amablemente por parte del Observatorio de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, a intervenir en este foro  denominado “la verdad en los procesos de Justicia y Paz con los postulados de las Autodefensas Alcances y retos” que pretende dar salida al muy acertado trabajo del observatorio, en cuanto a su objeto de estudio, así como encontrar propuestas constructivas, en una forma amplia y participativa, incluyendo a todos los actores del conflicto armado en Colombia, y particularmente a quienes hoy nos encontramos inmersos en el proceso de “Justicia y Paz”, que fuimos actores armados y que en virtud de una afirmativa voluntad de paz accedimos a la desmovilización masiva, a la dejación de las armas y al acogimiento motu proprio del imperio de la ley, en un gesto humilde y sincero de contribución a la Paz como supremo interés de la nación.

Ofrezco de antemano mis disculpas si involuntariamente hiero susceptibilidades, habida cuenta que estos temas son demasiado sensibles y de manera respetuosa solicito que se me entienda en la mejor disposición, no sólo de cumplir con el objetivo de este evento, sino también de aportar un grano de arena a la reconciliación de mis compatriotas colombianos, circunstancia  que coincide con mi mayor anhelo

Celebro al tiempo que agradezco esta irrepetible oportunidad que se nos brindan de escaparnos del contexto meramente jurídico, para pasar al plano en el que todos queremos estar que es el de idear de modo constructivo salidas coherentes, viables y sostenibles para la superación del conflicto que aún hoy  afecta a nuestro país. El logro de la reconciliación nacional y la conquista de la paz es el más grande tributo a las generaciones venideras, a quienes no les podemos legar, de ninguna manera, el horror de la historia de los tiempos violentos de la nación  exacerbados con mayor ímpetu desde mediados del siglo pasado. Paso entonces a hacer la breve exposición, de acuerdo con los derroteros que ha ofrecido el observatorio para el desarrollo de esos temas, los cuales pudieran ser demasiado extensos pero que en razón de la limitación del tiempo vamos a ser lo más concisos posible.
 


TEMA 1:

 La reconstrucción de la verdad a partir de los diversos actores.
 


¿Cuál es la verdad que necesita el proceso de Justicia y Paz? Esta pregunta nos la hacemos insistentemente, cuando nos vemos abocados a las diligencias de versión libre y a los testimonios  ante las entidades judiciales. Se plantea entonces por parte de los abogados si la verdad que se busca en Justicia y Paz es la verdad procesal, la que se puede probar o la verdad histórica o sea el relato de los hechos tal como ocurrieron. Es necesario responder entonces que la verdad que exige conocer el país y la humanidad es la verdad verdadera, y por eso estamos en un proceso de Justicia transicional y no en un proceso penal ordinario, ciertamente a los postulados nos corresponde decir la verdad de lo ocurrido y a la Justicia corroborar nuestro dicho. No es procedente pretender que el interés de nuestra parte sea el de procurar que se otorgue crédito a nuestra  propia verdad, y que a la sociedad y las víctimas se les excluya del debate sobre la realidad de lo versionado, máxime cuando están en juego tantos sentimientos y cuando la realidad supera dolorosamente cualquier expectativa que se tenía frente a los hechos.

¿Está Colombia preparada para conocer la verdad? Es claro que ante la sensible y angustiosa realidad que entrañan los hechos declarados en las versiones, no es posible estar lo suficientemente  preparados para afrontarlos. No hay protocolos psicológicos ni nada que predisponga a las víctimas para abordar el conocimiento de estos temas, pero, hay que contarlos y estos son los momentos oportunos para que el país los conozca. Por tanto esta pregunta ha de ser  respondida con un SÍ rotundo. Esta es la hora las víctimas y de su derecho a conocer la verdad sin dilación alguna. No pueden esperar respuesta de un libro de historia dentro de 15, 20 o 100 años, ellas exigen respuesta inmediata, tienen derecho a ella, y por lo tanto es el momento para contar la verdad, y la sociedad debe estar preparada para ello, y dispuesta a escuchar y a enfrentar la responsabilidad que quepa.
 
¿Está Colombia realmente preparada para afrontar las consecuencias de la verdad? La respuesta a esta pregunta es condicionada, desde nuestro punto de vista. Considero que el país no ha dimensionado realmente las consecuencias de la verdad. Peor aún, se ha quedado corto en el alcance que le ha querido dar al tema de la verdad. Las consecuencias de la verdad se han querido dejar en el nivel nuestro, no se quiere, no se puede, no se debe y en cambio se obstruye el llegar a otros niveles y menos afrontar la responsabilidad en otras instancias.

¿La verdad facilita la reconciliación? Si rotundo. Desde nuestro punto de vista contar la verdad no sólo es catártico, sino que genera también procesos de catarsis en la sociedad en cuanto son liberadores, pues, el conocimiento de lo que realmente aconteció libera la tensión social que de otro modo estaría destinada a potenciar el conflicto. Una vez entendido esto no puede ser otro nuestro compromiso en el proceso en que estamos, si asumimos el reto de contar la verdad el resultado que esperamos no puede ser otro que lograr  avanzar hacia la firme reconciliación.

¿Cómo puede lograrse la recomposición de contextos y la reconstrucción de hechos? Los contextos históricos no se pueden recomponer plenamente, mientras que los hechos sí se pueden reconstruir, de acuerdo con el pensamiento y conocimiento de cada actor. Así, aunque el contexto histórico no se puede variar si se debe generar hacia el futuro escenarios y contextos de acuerdo a lo que se quiere para el país, eso sí por la vía del consenso.

 Se nos ha querido endosar la reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, a los actores armados que hoy, desde la condición civil de desmovilizados concurrimos a los estrados judiciales a dar cuenta de nuestra actuación. La sociedad colombiana tiene que ser consciente que de nuestra parte la verdad es sólo una fracción de todo lo que realmente aconteció. Debemos contar nuestra verdad, pero esa verdad constituye una  parte de un todo que en la mayoría de los casos escapa a nuestro propio conocimiento. En este punto fuerza admitir que también la verdad recae sobre otros actores que promovieron nuestro accionar, y se beneficiaron de ello, estos agentes deben concurrir, de igual forma como lo estamos haciendo los desmovilizados, a entregar esa parte de la verdad que aún falta y que el país debe conocer

El país debe responder a este desafío diseñando e implementando otros mecanismos de justicia transicional, que  permita a esos actores del conflicto concurrir a exponer su verdad, a develar su actuación, y desde luego obtener una pena, llamémosla alternativa, y a contraer la obligación de reparar a la sociedad y a las víctimas por el daño causado. En tanto esto no se dé, no sólo la verdad será incompleta sino que se generará un clima de mayor violencia, pues, la evasión de la responsabilidad por los delitos cometidos, se traducirá en más guerra, más impunidad y desde luego en absoluta imposibilidad de evitar la repetición de los horrores


Sólo habrá verdaderas garantías de no repetición el día en que todos los actores hayan pasado por la justicia, contando su verdad y reparado en debida forma  a sus victimas


¿Cómo concurren las diversas voces? La verdad sólo es una, pero tiene tantas percepciones cuantos actores participen en su construcción. Celebramos el muy importante paso que ha dado el Estado Colombiano al reconocer la ocurrencia de un conflicto armado interno. El avance fundamental que implica esta determinación es de hecho un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes en el enfoque bastante extraño del gobierno anterior, no existían, puesto que no se puede ser víctima de un conflicto que no existe y en el que tiene tanta responsabilidad el estado

Tema 2:

Confianzas e inseguridades al proceso penal especial.

Hay que mirar el tema desde dos escenarios temporales: Antes y después. Parto de la base de que el proceso de negociación que adelantó el extinto bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas,  fue un proceso de negociación independiente del que adelantaron otros bloques de autodefensas que conformaban las AUC. Los temas de la negociación con el Gobierno Nacional discurrieron alrededor de dos conceptos fundamentales: en primer lugar el de la seguridad de las regiones donde teníamos presencia, y el beneficio de las comunidades con las que a su vez interactuamos. Dado que siempre consideramos que el origen del conflicto colombiano partía del abandono de las regiones por parte del Estado, era necesario asegurar la gestión permanente del citado Estado en esas regiones. En segundo lugar, el otro tema de interés por parte nuestra en la negociación, fue el de poder tender lazos de reinserción de los ex combatientes, es decir que el proceso fuera incluyente, que los tuviera en cuenta no solamente a los desmovilizados sino a las comunidades dentro de las cuales siempre hicieron parte como campesinos, y en las cuales iban a actuar nuevamente como civiles. En fin que también se tuviera en cuenta las poblaciones vulnerables, las víctimas, los desplazados, los campesinos desposeídos, y a otro tipo de población desarraigada por el conflicto en la región de Urabá.

Evidentemente los acercamientos y la negociación con el Gobierno Nacional se dieron con fundamento en el interés nacional de alcanzar la Paz, y que en esa medida existía confianza de que por parte del Estado representado en el Gobierno Nacional, se iba a tener mecanismos legales que nos permitieran dentro de nuestro paso a la civilidad, dar cabida a los preceptos universales de verdad, Justicia y reparación, así como obtener una pena alternativa, que nos redimiera frente a la sociedad y a la vez permitiera nuestra reincorporación plena a la vida civil. Esto era lo que creíamos, aquellos que nos propusimos dar el paso de desmovilizarnos y asumir como comandantes el ir voluntariamente a la cárcel a responder por nuestras actuaciones, bajo el marco de Justicia y Paz. Alrededor de 30 comandantes que en ese momento no teníamos ningún requerimiento judicial, no éramos parte de algún proceso judicial, ni tampoco teníamos condenas, pero que a conciencia sabíamos que debíamos responder por nuestras acciones,  fuimos llegando voluntariamente a la cárce,l nos presentamos a la fiscalía, nos entregamos a las autoridades, y por nuestros propios medios nos acercamos al sitio donde iríamos a ser recluidos para afrontar el proceso Justicia y Paz.
 
Para ese momento ya existía una gran incertidumbre,  la ley de Justicia y Paz había sido modificada por la Honorable Corte Constitucional, y se avanzaba en desarrollos jurisprudenciales que recortaban cada vez más algunos aspectos fundamentales de la ley y nos ponían en una situación compleja frente al escenario futuro. Sin embargo pudo más nuestra voluntad de Paz y por tanto persistimos en ella, pese a tan adversas circunstancias que ya se prefiguraban en esos momentos.


¿Cómo afrontamos hoy el proceso de Justicia y Paz? La percepción generalizada entre todos los que hoy somos sujetos al proceso Justicia y Paz es de incertidumbre. No hay confianza en el Estado, la cantidad de problemáticas no resueltas dentro del marco de la ley no permiten tener una percepción distinta, el sólo hecho de no haberse solucionado por parte del Gobierno Nacional el tema de la fecha límite de aplicación de la ley, a pesar de haber sido su compromiso solemne dentro de la negociación con casi todos los grupos que se movilizaron con posterioridad al 25 julio 2005, genera esa percepción negativa, desestimula el proceso, frena completamente la voluntad de participar en el proceso, puesto que la mayor garantía  es tener un marco legal aplicable con claridad, y este marco no se ha dado. Esta es la mayor dificultad que encuentran los desmovilizados hoy, para contar su verdad frente a sus actuaciones en el conflicto. Lo otro, es el problema de las consecuencias de contar la verdad que deben afrontar tanto los desmovilizados en las cárceles, como sus familias en donde se encuentren radicadas. Los señalamientos, la estigmatización, La cantidad de amenazas, las intimidaciones, que pasan de simple palabras a realidades, los asesinatos de familiares, los asesinatos de desmovilizados, de abogados e incluso de postulados a los procesos de Justicia y Paz dentro de las cárceles, desde luego desestimulan cualquier voluntad de contar la verdad. Nuestras familias están escondidas, muchas de ellas se han tenido que exiliar, en países que no los quieren recibir, existen listas negras, que circulan unas por debajo de cuerdas y otras abiertamente en las cuales se estigmatizan y discriminan a los desmovilizados y a sus familias, no hay oportunidades de empleo para ellos. Siendo así las cosas, ¿habrá reconciliación posible?
 
Y eso que estamos en un escenario donde aún no se ha tocado a las altas esferas del poder económico, político ni a las fuerzas armadas, inclusive, en los algunos de los pocos casos en que se han ventilado nombres de personas de las mencionadas esferas, no se ha provocado ninguna actuación judicial que conduzca a determinaciones en contra de esos individuos, La impunidad y la inmunidad siguen campeando en la Justicia. En otros casos, se ha observado cómo las acciones contra tales personas proceden de conformidad con la conveniencia de algunos poderes políticos o económicos, pero lo cierto es que no existe una respuesta sistemática y generalizada del Estado para judicializar a quienes han resultado, en múltiples menciones, referenciados en las diligencias de versión. Todo ello ocurre mientras nosotros y nuestras familias quedamos en evidencia y expuestos ante aquellos a quienes desenmascaramos ante la Justicia, entorpeciendo aún más  nuestras posibilidades de reinserción a la vida productiva del país.

Hemos insistido públicamente a todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, que nuestro papel no es solamente de victimarios, el de ser los malos del paseo, sino que nuestro  rol es hoy por hoy el de fungir como testigos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 20 o 30 años. Somos testigos de excepción. En esa medida, también somos blancos de excepción. La prioridad de las fuerzas oscuras en este momento no puede ser otra que callarnos, sacarnos del panorama, desaparecernos de cualquier forma, así sea recurriendo a manipular y a utilizar recursos legales y gobiernos extranjeros para extraditarnos y hacernos callar a cualquier costo.

El genocidio de los  autodefensas desmovilizados.

De esta situación de testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia, se ha derivado lo que hemos dado en llamar el genocidio de los desmovilizados de la autodefensa. La Justicia debe documentar las estadísticas de cuántos y quiénes de los miembros representantes desmovilizados han sido asesinados, cuántos y quiénes de los comandantes en proceso de negociación o de acercamiento con el Gobierno Nacional fueron asesinados, cuántos desmovilizados han sido asesinados y si sus casos de alguna forma han sido relacionados con lo que se denomina "falsos positivos". Cuántos familiares de desmovilizados han sido eliminados, y finalmente cuántos abogados encargados de la defensa técnica han sido desplazados, amenazados y asesinados. En fin cuantas personas relacionadas directa o indirectamente con las extintas autodefensas, con el proceso de paz y con la ley de Justicia y Paz, se han convertido en personas altamente vulnerables y desprotegidas por el estado…., un genocidio.

¿Qué confianzas ha brindado el proceso especial de Justicia y Paz? En el proceso de Justicia y Paz hemos encontrado situaciones positivas que permiten valorarlas de tal forma que nos llevan a permanecer en el proceso. Entre ellas:

·        Nuestra voluntad de colaborar y aportar nuestro grano de arena al proceso de paz en Colombia

·        El entendimiento por las partes involucradas del proceso como constructivo y no controversial

·        La actitud de las victimas que ha madurado.

¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? La inseguridad y sus efectos sobre la reconstrucción de la verdad. Como anunciamos anteriormente, existen algunos puntos que pudiéramos ver como fortalezas dentro del proceso y que permiten continuar en él, pero existen una gran cantidad de debilidades y amenazas que inciden directamente en el proceso y que determinan que haya muchísima más desconfianza, e incluso más temor, que optimismo y credibilidad. Pudiéramos ubicar entonces las mayores debilidades del proceso en las incertidumbres jurídicas que existen y que afectan necesariamente el proceso de la verdad. Son ellas, a las que ya nos hemos referido, la inseguridad jurídica, y la seguridad física.

Implicaciones de la pervivencia de organizaciones armadas ilegales. No quisiéramos tenernos que referir concretamente a organizaciones armadas ilegales que superviven al proceso de negociación que adelantamos con el Gobierno Nacional, puesto que nuestra voluntad ha sido inquebrantable en cuanto a el desmonte total del fenómeno de autodefensas respecto de lo que nosotros dirigimos. Personalmente tengo que dar fe al país de que el bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas Campesinas que lideré, se desmovilizó totalmente, de cara al Estado y  frente a las comunidades en las que actuó, y que a partir del 15 agosto de 2006 nuestra voluntad y dedicación está exclusivamente dirigida a la reintegración y a sacar avante el proceso de Justicia y Paz.
 
El país debe reflexionar e identificar los fenómenos que subyacen en el fondo de nuevos grupos armados ilegales. Mina la confianza en la desmovilización y restan credibilidad al proceso de Justicia y Paz.  Los actores armados ilegales, que no son otro simple fenómeno delincuencial, tienen como precedentes los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país; Sin embargo queremos llamar la atención sobre ese fenómeno, puesto que si bien nuestra voluntad de paz ha sido y será firme, nos duele profundamente ver el esfuerzo que estamos haciendo mientras  el Estado se mantiene ajeno a la atención de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo.

Espero que esta exposición haya cumplido  con las expectativas que se tenían frente a los alcances y retos del proceso Justicia y Paz en lo referente a nuestra intervención como postulados frente a la construcción de la verdad de lo acontecido principalmente con las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en Colombia a partir de la acción de los grupos de autodefensas.
 
Muchas gracias por su amable atención, muchas gracias al Observatorio por su valiosa invitación, pues no sabe cuánto valoramos desde el encierro a que nos vemos sometidos la oportunidad de expresar nuestro pensamiento en ese espacio académico que ustedes han abierto y que sólo puede producir efectos de paz para nuestra atribulada patria. De todo el auditorio, con el mayor respeto,




FREDY RENDÓN HERRERA.

Representante de la Comunidad de desmovilizados de la cárcel de Itagüí

Mayo 20 de 2011.

A PAGAR LA DEUDA HISTORICA

"Si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si solo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para ustedes ser congresistas." Con estas contundentes palabras, Juan Manuel Santos radicó el pasado 27 de septiembre la ley de víctimas en el Congreso. 

Ocho meses después, la Casa de Nariño logró la aprobación de un marco legislativo que, sin exagerar, merece el apelativo de "histórico". La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Primer Mandatario aspira a sancionar con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cubrirá a unos 4 millones de colombianos cuyos derechos se vulneraron en el conflicto interno.

Debido a la magnitud de su impacto inmediato, la extensión del número de sus beneficiarios y su poderoso simbolismo, la aprobación de este proyecto significa el logro más trascendental del primer año de gobierno de Santos. Un acierto que desborda los límites de la agenda legislativa para influir en la política agraria y fiscal, y se constituye en primer paso del camino hacia un eventual intento de reconciliación y paz.

* * * *

Cuatro años le tomó al Congreso, y en especial a un entusiasta promotor, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la discusión de un cuerpo normativo para reparar a los colombianos que habían sufrido daños a causa de la guerra. Ese accidentado trámite, que incluyó un dramático hundimiento de último minuto por cuenta de la coalición uribista, encontró en el gobierno Santos el aliado con el músculo suficiente para convertir el proyecto en realidad.

En los debates parlamentarios surgieron controversias que conforman un microcosmos de las diferentes interpretaciones ideológicas sobre el origen, la dinámica y el futuro de la violencia nacional.

Al bloque de origen liberal que impulsó una versión amplia del marco de reparación y restitución se contrapusieron las preocupaciones fiscales y conceptuales de los uribistas 'radicales', incluyendo su rechazo al reconocimiento de la existencia de un conflicto en Colombia.

En los últimos ocho meses se adicionó un componente vital, que multiplica la capacidad reparadora de la ley: la restitución de tierras. Con esta inclusión, aquella aborda sin aspavientos uno de los motores del conflicto armado en Colombia: el sistemático despojo y abandono de unos seis millones de hectáreas. Como lo afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Barrancabermeja, con ocasión del lanzamiento del Premio Nacional de Paz 2011, "la paz duradera pasa por la búsqueda de soluciones modernas y audaces a los conflictos agrarios del país".

La norma, que espera la conciliación para pasar a la firma presidencial, contiene una serie de instrumentos administrativos, jurídicos y fiscales para que los desplazados puedan reclamar, en cuestión de meses y no de años, sus predios perdidos. Asimismo, diseña una nueva institucionalidad desde la Presidencia de la República para comandar el ambicioso proceso de reparación.

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Por más complicado que haya sido el tránsito en el Legislativo, es justo decir que no se comparará con el inmenso desafío de su ejecución. Un primer reto está en el manejo de las grandes expectativas que la ley ha generado. Le corresponde al Gobierno proveer a los potenciales beneficiarios, que se calculan en millones, de montos, procedimientos y tiempos claros para la entrada en operación de las restituciones e indemnizaciones. Confusiones, falsas ilusiones y desorden administrativo son la antesala de la frustración colectiva.

El proceso de reglamentación, por ende, no solo debe realizarse de manera transparente, sino también con celeridad.

Incertidumbres que quedaron en el aire tras los debates, como el impacto fiscal de las reparaciones, deben ser resueltas rápidamente por la Casa de Nariño.

Dentro de las primeras tareas también se incluye la integración de las nuevas unidades administrativas, así como el fortalecimiento de las jurisdicciones agrarias, a cargo de tramitar las reclamaciones.

Otro factor de riesgo en la aplicación de esta legislación está en el uso proselitista de las víctimas en las elecciones regionales de octubre próximo. Las autoridades de vigilancia electoral y las organizaciones de observación necesitan prestar especial atención a las zonas donde los despojos fueron más extendidos.

Al mismo tiempo, la recién lanzada Política Integral de Seguridad deberá incluir en sus estrategias de protección a las asociaciones de víctimas y demás reclamantes de predios. Como ya ha sucedido, la violencia contra los líderes campesinos puede echar por la borda la legitimidad de este titánico esfuerzo institucional.

El presidente Santos tenía claro desde septiembre que no bastaba con pasar un articulado. Una implementación exitosa de la Ley de Víctimas no solo cimentará su legado como mandatario, sino que desatará una transformación en nuestro rasgado tejido social.

El regreso de cientos de miles de familias al campo y la posibilidad de reparar inmensos daños a otras tantas tendrán un impacto positivo que hoy es aún difícil de calcular. El pago de la deuda apenas comienza.

La ley de victimas y tierras en diez puntos

SEMANA resume y explica el ABC del nuevo estatuto, compuesto por 208 artículos agrupados en nueve capítulos, algunos de los cuales todavía deben ser conciliados entre Cámara y Senado.

Sábado 28 Mayo 2011       

1. El objetivo: dejar atrás las secuelas de la violencia 

El proyecto recoge la experiencia de varios países que han sido golpeados por conflictos internos, regímenes autoritarios y guerras civiles, en los que el Estado ha llevado a cabo planes ambiciosos para reparar a los afectados por la violencia. La idea central es, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, "cicatrizar heridas del pasado". Esto es, voltear páginas violentas de tal manera que no se repitan, se desincentive la venganza y se creen condiciones para que las víctimas y sus allegados puedan llevar una vida digna sin estar marcados para siempre por las huellas del pasado. El texto recoge conceptos de otros países en los que se han implementado políticas para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Un principio clave que opera como columna vertebral es que los criterios para determinar los beneficiarios se fijan en el hecho de ser víctimas (los daños sufridos) y no en la naturaleza de los victimarios (no importa si fueron guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado u otros).

2. Quiénes son víctimas 

Uno de los aspectos más debatidos en el Congreso fue cómo definir el universo de beneficiarios de la ley. Estarán cobijadas las personas que, en forma individual o colectiva, hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (reglas adoptadas por la comunidad internacional para proteger a los civiles en casos de guerra) o a los derechos humanos. Con el fin de adoptar demarcaciones precisas, y después de un gran debate, el Congreso aprobó que serán consideradas víctimas del conflicto interno armado (el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado) aquellas personas afectadas por hechos posteriores al primero de enero de 1985 (según la versión aprobada por el Senado, que incluiría a las víctimas de la Unión Patriótica) o al primero de enero de 1991 (de acuerdo al texto que pasó en la Cámara). La Comisión de Conciliación del Congreso deberá escoger -probablemente esta semana- una de las dos fechas. Se calcula que cuatro millones de colombianos serán resarcidos. La vigencia de la ley será de diez años.

3. Las víctimas recibirán dinero y/o reparación moral 

Los beneficios contemplados en la ley son de dos tipos. Uno es pecuniario: dinero, entregado por el Estado, según la misma tabla establecida en el Decreto 1290 de 2008, que estableció la reparación individual por vía administrativa. Allí se contemplan cuantías que oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos (aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos). En la nueva ley de víctimas también se establecen otros mecanismos de reparación no pecuniaria, o simbólica, entre los cuales sobresalen: la celebración del Día Nacional de las Víctimas -el 10 de diciembre-, la creación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, asistencia en salud, educación, ayuda humanitaria para los desplazados y un subsidio funerario para quienes mueren como consecuencia del conflicto armado. Las gabelas económicas solo cobijarán a las víctimas posteriores a la fecha que finalmente adopte la Comisión de Conciliación del Congreso. Las simbólicas favorecerán a todas, sin límite cronológico.

4. Se devolverán las tierras a los despojados 

Uno de los puntos más trascendentales de la ley de víctimas es la creación de una serie de instrumentos para que el Estado les devuelva las tierras a quienes se vieron obligados a abandonarlas como consecuencia del conflicto. Quienes fueron despojados o abandonaron sus tierras por la violencia, después del primero de enero de 1991, podrán reclamarlas a través de mecanismos judiciales más expeditos que los de la justicia ordinaria. Se calcula que actualmente hay tres millones de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños legítimos.

5. Se crea un censo único de víctimas 

Las personas que consideran que cumplen las condiciones previstas en la ley de víctimas para recibir beneficios de reparación se inscribirán en un registro único. Este tendrá el nombre de Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Incluirá a quienes ya están inscritos con base en normas anteriores y quienes se registren, de acuerdo con lo establecido en esta ley, en alcaldías municipales con acompañamiento de las personerías. Con el objetivo de facilitar el proceso, la acreditación de la condición de víctima tendrá un carácter 'sumario': expedito, en el que se presume la buena fe y no se tendría que probar el cumplimiento de las condiciones.

6. Se crea nueva institucionalidad para atención de víctimas

La ley prevé un amplio conjunto de instrumentos del Estado diseñados para su ejecución. Algunos de ellos son nuevos, y para otros se contempla la redefinición o reestructuración de despachos ya existentes. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas estará conformado por todas las entidades públicas -nacionales, departamentales y municipales- encargadas de poner en marcha los planes y programas contemplados en esta ley. Su reglamentación, así como el diseño de un Plan Nacional, queda bajo la responsabilidad de un comité ejecutivo encabezado por el presidente de la República o su representante, los ministros del Interior, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 

7. Nuevas entidades liderarán la ejecución de la ley 

Entre los nuevos organismos creados por la ley se destacan: (1) la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía presupuestal y con el encargo de coordinar a las entidades que forman parte del Sistema Nacional. Responderá por la operación de la Red Nacional de Información; (2) la Unidad Administrativa de Tierras Despojadas, la cual respaldará ante los jueces y los tribunales los casos de restitución de tierras; (3) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura, diseñará el registro de terrenos que podrán ser materia de restitución según esta ley y, en general, será la encargada de ejecutar las normas que tienen por objeto el regreso de las tierras a sus dueños legítimos; (4) el Centro de Memoria Histórica, que centralizará y recolectará todas las funciones de preservación de la memoria y liderará la construcción de un museo. En el plazo de un año asumirá el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

8. Inclusión de minorías étnicas 

La iniciativa contempla mecanismos extraordinarios para que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tengan derecho a los beneficios contemplados en la ley. También se crean mecanismos para que el Estado subsane la consulta previa que no se hizo para esta ley y que en caso de otros códigos han sido causal de que se declaren inexequibles. También se contemplan auxilios y apoyos para menores de edad afectados de diversas formas por el conflicto armado.

9. Se adoptan espacios de participación para las víctimas 

Así como el movimiento de víctimas desempeñó un papel fundamental en promover los debates públicos que condujeron a la ley, esta prevé espacios participativos en la ejecución y seguimiento de las nuevas normas. Será un deber del Estado proveer instrumentos en tal sentido. Se crea una comisión encargada de vigilar este punto, con presencia del procurador general, el defensor del Pueblo, el contralor y los representantes de las organizaciones de las víctimas.

10. Se evitará la repetición de las violaciones

La ley contempla disposiciones, inspiradas en normas de otros países, dirigidas a evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos contra las víctimas. Buscan darle sostenibilidad a la reparación y crear condiciones para la conciliación. Entre ellas figuran: programas de educación, derogatoria de leyes que permitan o facilitan la violación de derechos humanos y programas de participación del sector privado en proyectos como los que ya se han ensayado, por ejemplo, en El Salado, en los Montes de María.

Golpe a los derechos fundamentales

Por: Eduardo Sarmiento  tomado de elespectador.com

El avance social más importante del medio siglo estuvo representado en la adopción del Estado Social de Derecho y su desarrollo en la forma de derechos fundamentales de educación, salud, trabajo y vivienda digna.

Adicionalmente, en el mismo texto se establecieron mecanismos para hacerlos efectivos, como las tutelas y las acciones populares, y la prioridad de la política fiscal al gasto social, que significaba elevar las transferencias regionales para la salud y la educación hasta atender adecuadamente las necesidades.

Infortunadamente, luego de la expedición de la reforma no se avanzó en un marco institucional que asegurara su realización y, sobre todo, que cumpliera con su objetivo de conducir los derechos a los sectores menos favorecidos. Por el contrario, los esfuerzos se orientaron a interferirla y desmontarla, como la Ley 100, la Ley del Banco de la República, el acto legislativo que limitó las transferencias regionales y ahora la privatización de la educación superior.

La estocada final provendría de la regla fiscal, aprobada en ocho debates. El acto legislativo eleva la sostenibilidad fiscal, que no es otra cosa que la austeridad y la conformación de superávit primarios, al nivel de derecho fundamental.

El proyecto oficial deforma el espíritu de la Constitución e introduce confusión y arbitrariedad. En el texto de 1991 se le concede prioridad al gasto social sobre el control fiscal. Le corresponde al Gobierno crear las condiciones complementarias para que las determinaciones de los derechos fundamentales no alteraran la normalidad fiscal. Ahora, la prioridad pasa a ser la sostenibilidad fiscal, o los dos. En el fondo, se concede un poder de veto al Gobierno sobre los fallos judiciales. Así, la violación abierta en los derechos fundamentales, como el acceso de la población a la educación superior y la universalidad de la salud, se postergarían hasta que aparezcan los recursos que permitan financiarlas sin causar alteraciones fiscales. Por lo demás, le abriría camino a todo tipo de demandas para desconocer los derechos con criterios fiscales que están más allá del conocimiento de los jueces.

No menos grave son las repercusiones macroeconómicas. La tendencia a limitar la política fiscal por normas constitucionales se origina en la creencia de que las políticas monetarias son suficientes para prevenir y superar las recesiones. El error teórico quedó al descubierto en la crisis de 2008. La economía mundial salió a flote gracias a que el promedio de déficit fiscal superó el 5% del PIB y los bancos centrales, a regañadientes, accedieron a financiarlos con la emisión. En el caso de Colombia, si el déficit fiscal no fuera en la actualidad de 3,5% del PIB, la economía no habría salido de las recesiones de 1999 y 2008.

La norma es un culto a las concepciones monetarias de la Universidad de Chicago que predominaron en los últimos veinte años y están desacreditadas. En mi último libro, Transformación productiva y equidad, muestro que la ineficacia de la política monetaria no sólo fue la culpable de la crisis, sino, lo más grave, de que Estados Unidos y los países medianos de Europa no hayan salido de la recesión después de tres años. El único camino que permite la conciliación de la actividad productiva y la estabilidad cambiaria es el manejo de la política fiscal complementado con la monetaria para propiciar la expansión y la intervención cambiaria para regular la balanza de pagos.

En fin, la regla fiscal le inyectaría a la carta constitucional una teoría falsa que acentuaría y prolongaría las recesiones, mantendría el desempleo y la informalidad, y ampliaría las desigualdades.