Tramoya judicial (TOMADO DE EL COLOMBIANO)
PorBernardo Alejandro Guerra Hoyos
Bello es el polo de desarrollo del Valle de Aburrá. En este municipio se radican actualmente una serie de grandes obras que han convertido el corredor que va entre el casco urbano y la estación Niquía del Metro en la "milla de oro" del norte.Esa circunstancia está haciendo que se despierten las ambiciones de algunos personajes ávidos de dinero rápido.Le está sucediendo ese caso a la familia Ferrer, empresarios de reconocida trayectoria en la ciudad, creadores de industrias tan importantes como Búfalo.Esta familia es dueña desde hace 44 años, con títulos irrefutables, de un predio de 15.000 metros de extensión, el cual es objeto de la codicia de un grupo de individuos que pretenden construir, a como dé lugar, en un bien ajeno, el centro comercial La Provincia.Para hacerse a este inmueble han acudido a subterfugios de dudosa legalidad y reñidos con la ética comercial. No han sido extrañas la simulación de matrículas inmobiliarias, declaraciones de mayor extensión que ensanchan los predios por arte de magia y sentencias de pertenencia obtenidas en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello.Este es un resumen de esas maniobras:Mediante sentencia proferida el 5 de noviembre de 2004 se declaró a Orlando Gómez Botero dueño de un lote de terreno de un poco menos de 24.000 metros cuadrados, con base, entre otras irregularidades, en una supuesta compra de una posesión a Ramiro Grisales Bermúdez.El señor Grisales fue poseedor, tal como lo señala la oficina de Catastro de Bello, de una pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados, construida dentro de un predio del Inurbe. Dicho sea de paso que la abogada de esta entidad ha tenido que batirse, con un inmenso valor civil, para defender los intereses de su representada y evitar que otros acuciosos "empresarios inmobiliarios", con vínculos familiares con el mayor interesado en la "Promotora La Provincia S. A.", logren también una declaración de pertenencia de un lote contiguo al de la familia Ferrer.¿Se le puede quitar al Inurbe un derecho sobre su inmueble cuando la propiedad estatal es imprescriptible? ¿Se puede alegar posesión sobre un bien público?Retornemos al negocio de Ramiro Grisales y Orlando Gómez, génesis del proceso de pertenencia. Mediante documento de marzo de 2004, Grisales "vendió" por 10 millones de pesos a Gómez la posesión que tenía. Pero sucede algo insólito. En el documento de venta de la posesión se expresa que lo "poseído" por el señor Grisales no era ya la pequeña casa de un poco más de 90 metros cuadrados sino un lote de terreno de 33 mil metros cuadrados, para lo cual se crea ficticiamente un inmueble, compuesto por los tres lotes vecinos: uno de propiedad de la familia Ferrer y dos de los otros perjudicados, que a la postre sumaron realmente 24 mil metros cuadrados, según la medición que se hiciera a instancias del juzgado de marras.Para finalizar la actuación entra de nuevo a escena el juzgado. El proceso terminó con la sentencia 311 del día 5 de noviembre de 2004 (el expediente había entrado a despacho para fallo el día 3 de ese mes, dos días antes), en la que se accedió a la pretensión del señor Gómez Botero.Un comentario final que explica mejor la situación:En la "Promotora La Provincia S. A." tienen incumbencia importantes personajes del mundo político, que se mueven tras las bambalinas de la tramoya, y sólo surgen a la luz pública: Aurelio Aguirre Sanín, ex candidato a la Alcaldía de Medellín y al Senado de la República, quien figura como promotor del proyecto; Álvaro Pío Valencia, ex gerente de la Fábrica de Licores, que funge como abogado de tales intereses, testigo de excepción de la inscripción del ex gobernador Alberto Builes a la Cámara; además el ex contralor de Medellín y ex directivo de Coomeva, recientemente separado de su cargo, Gustavo Escobar Pérez, entre otros. Los mismos con las mismas. Han solicitado licencia de construcción ante el curador segundo de Bello, John Jairo Roldán, ex candidato perdedor a la Alcaldía de Bello por el Partido Liberal, vinculado al grupo de César Pérez y mientras tanto están en preventa de los locales.¿Qué dirá la Fiscalía al respecto?cerocorrupcion@epm.net.co
jueves, diciembre 22
viernes, diciembre 9
DESDE ACNUR
El conflicto civil deja este año 19.000 indígenas desplazados
Ginebra, Suiza
El conflicto armado en Colombia afecta de manera negativa al millón de indígenas que vive en el país y este año ha causado el desplazamiento de 19.000 personas, informó este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
"Estamos preocupados porque comunidades enteras de indígenas podrían desaparecer después de haber sido forzados a abandonar sus territorios tradicionales", dijo este viernes una portavoz de Acnur, Jennifer Pagonis.
Informó que más de 19.000 indígenas se vieron forzados a dejar sus casas y poblaciones desde que comenzó 2005, según un estudio de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic).
"Este verano hubo un desplazamiento de 14.000 miembros del grupo indígena de los nasa", indicó la portavoz y añadió que hay más de 80 grupos en situación de riesgo.
Según el estudio colombiano, en octubre cientos de quechuas tuvieron que abandonar el departamento del Putumayo y que algunos de ellos se refugiaron en Ecuador.
"La situación en Putumayo es muy preocupante debido a los enfrentamientos, que causan más desplazamientos", dijo la portavoz de ACNUR, que también se refirió a que en Choco, "cientos de emberas están bajo la constante amenaza de perder su hogar".
La portavoz subrayó que esta es la primera ocasión en que se dan a conocer cifras detalladas sobre el impacto que el conflicto civil de Colombia tiene sobre su población indígena y que en su elaboración, además del ONIC, participaron expertos de la agencia de la ONU para los Refugiados.
En Colombia hay dos millones de desplazados internos debido al conflicto que vive el país desde hace décadas.
La portavoz recordó que esa situación es "doblemente catastrófica" en el caso de las poblaciones indígenas, más apegadas a sus raíces territoriales, y los desplazamientos forzados conducen a que colapse la autoridad tradicional y los patrones culturales de esas poblaciones.
"Es una tragedia invisible. Las tierras de los indígenas suelen estar en lugares remotos y son consideradas estratégicas por los grupos armados irregulares con fuerte presencia en ellas", agregó la portavoz.
Asimismo, se refirió a que los delitos y los abusos de derechos humanos contra esas poblaciones a menudo no son castigados, y recordó que, según datos de la Onic, más de 1.600 indígenas fueron asesinados en los últimos 20 años, aunque el 60 por ciento lo fue desde 2000.
Como ejemplo indicó que los wiwa de Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, han perdido a 12 de sus miembros en los primeros ocho meses de este año y que su comunidad es de 1.850 personas.
El Acnur, preocupado por esa situación, tiene proyectos de colaboración con organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas para proporcionarles documentos de identificación, darles información sobre derechos humanos, apoyo psicológico y profesores que enseñen a los niños desplazados.
El conflicto armado en Colombia afecta de manera negativa al millón de indígenas que vive en el país y este año ha causado el desplazamiento de 19.000 personas, informó este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
"Estamos preocupados porque comunidades enteras de indígenas podrían desaparecer después de haber sido forzados a abandonar sus territorios tradicionales", dijo este viernes una portavoz de Acnur, Jennifer Pagonis.
Informó que más de 19.000 indígenas se vieron forzados a dejar sus casas y poblaciones desde que comenzó 2005, según un estudio de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic).
"Este verano hubo un desplazamiento de 14.000 miembros del grupo indígena de los nasa", indicó la portavoz y añadió que hay más de 80 grupos en situación de riesgo.
Según el estudio colombiano, en octubre cientos de quechuas tuvieron que abandonar el departamento del Putumayo y que algunos de ellos se refugiaron en Ecuador.
"La situación en Putumayo es muy preocupante debido a los enfrentamientos, que causan más desplazamientos", dijo la portavoz de ACNUR, que también se refirió a que en Choco, "cientos de emberas están bajo la constante amenaza de perder su hogar".
La portavoz subrayó que esta es la primera ocasión en que se dan a conocer cifras detalladas sobre el impacto que el conflicto civil de Colombia tiene sobre su población indígena y que en su elaboración, además del ONIC, participaron expertos de la agencia de la ONU para los Refugiados.
En Colombia hay dos millones de desplazados internos debido al conflicto que vive el país desde hace décadas.
La portavoz recordó que esa situación es "doblemente catastrófica" en el caso de las poblaciones indígenas, más apegadas a sus raíces territoriales, y los desplazamientos forzados conducen a que colapse la autoridad tradicional y los patrones culturales de esas poblaciones.
"Es una tragedia invisible. Las tierras de los indígenas suelen estar en lugares remotos y son consideradas estratégicas por los grupos armados irregulares con fuerte presencia en ellas", agregó la portavoz.
Asimismo, se refirió a que los delitos y los abusos de derechos humanos contra esas poblaciones a menudo no son castigados, y recordó que, según datos de la Onic, más de 1.600 indígenas fueron asesinados en los últimos 20 años, aunque el 60 por ciento lo fue desde 2000.
Como ejemplo indicó que los wiwa de Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, han perdido a 12 de sus miembros en los primeros ocho meses de este año y que su comunidad es de 1.850 personas.
El Acnur, preocupado por esa situación, tiene proyectos de colaboración con organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas para proporcionarles documentos de identificación, darles información sobre derechos humanos, apoyo psicológico y profesores que enseñen a los niños desplazados.
viernes, noviembre 18
sin mordidas
Sin las mordidas del 15%
Por
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
La semana anterior, el señor alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, presentó el "Plan Municipal Parques Biblioteca", un proyecto que el funcionario señala como honesto y necesario, sin sobrecostos del 15 por ciento, con una inversión total de 68.500 millones de pesos, que pretende, a través de cinco centros culturales de ciencia, tecnología y encuentro comunitario, estratégicamente distribuidos en el municipio de Medellín, proporcionar a la ciudadanía el libre acceso a la cultura. Estarán ubicadas en San Javier (zona centro occidental), La Quintana (zona noroccidental), Santo Domingo (zona nororiental), La Ladera (zona centro oriental) y Belén (zona sur occidental), lo cual deberá darles una posición como polos de crecimiento".
Los Parques Biblioteca serán atractivos espacios públicos que contarán con una amplia gama de servicios, tales como colecciones bibliográficas para adultos y menores, salas de lectura, amplios espacios para el desarrollo infantil, salas para navegación en la internet, auditorios al aire libre y cubiertos, salones de exposiciones, talleres de capacitación, los llamados Cedezo -Centros de Desarrollo Empresarial Zonal-, además de ludotecas, áreas recreativas y locales comerciales.
Es importante resaltar el pronunciamiento de la Unesco sobre el tema de las bibliotecas públicas.
Medellín debería tener 1.5 a 2.5 libros por persona y actualmente sólo se ofrece en promedio un libro por cada cuatro habitantes. Se debe considerar también el hecho de la existencia de 10 bibliotecas para 249 barrios de la ciudad de Medellín y que 7 de las 16 comunas no cuentan con ellas. En la ciudad se lee poco porque las posibilidades de acceso a los libros son muy limitadas.
Los Parques Biblioteca implican una concepción novedosa de la Biblioteca Pública, diferente a la simple colección de libros, como punto de encuentro para toda la ciudadanía en un centro cultural y comunitario, con una dimensión más incluyente del espacio público y como portal de entrada a la información, al aprendizaje, al conocimiento y a la cultura.
De ahí lo interesante de esta inversión, la cual deberá ofrecer un mayor acceso al conocimiento, a la investigación y a la capacitación para la toma de decisiones; en lo cultural, propiciará el reconocimiento de la diversidad, impulsara dinámicas de creación, producción y disfrute, preservación del patrimonio cultural, ofrecerá espacios de calidad para las manifestaciones artísticas; en lo social, promoverá y apoyará a la comunidad en la participación y el diálogo, en el reconocimiento de su identidad, en el fortalecimiento del tejido social para la construcción de una ciudadanía democrática, cultural y plural.
El programa, en su obra física, implicara la intervención del espacio público con lo cual se mejorará la infraestructura urbana existente.
La cuantiosa inversión adicionalmente vigorizará también las centralidades barriales, unidas a los sistemas de movilidad pública.
Se contribuirá con nuevos parques a la recuperación ambiental, constituyéndose en los pulmones de los respectivos sectores, con grandes áreas verdes y finalmente complementarán los equipamientos deportivos, educativos y recreativos existentes, en sectores que realmente los necesitan, sin mordidas del 15 por ciento.
Post scriptum:
Expreso mis sentidas condolencias a los familiares, amigos y a la sociedad de la ciudad madre por la sensible desaparición de don Samuel Cano, dilecto hijo, líder cívico, religioso, político e ilustrado historiador de Santa Fe de Antioquia.
cerocorrupcion@epm.net.co
Por
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
La semana anterior, el señor alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, presentó el "Plan Municipal Parques Biblioteca", un proyecto que el funcionario señala como honesto y necesario, sin sobrecostos del 15 por ciento, con una inversión total de 68.500 millones de pesos, que pretende, a través de cinco centros culturales de ciencia, tecnología y encuentro comunitario, estratégicamente distribuidos en el municipio de Medellín, proporcionar a la ciudadanía el libre acceso a la cultura. Estarán ubicadas en San Javier (zona centro occidental), La Quintana (zona noroccidental), Santo Domingo (zona nororiental), La Ladera (zona centro oriental) y Belén (zona sur occidental), lo cual deberá darles una posición como polos de crecimiento".
Los Parques Biblioteca serán atractivos espacios públicos que contarán con una amplia gama de servicios, tales como colecciones bibliográficas para adultos y menores, salas de lectura, amplios espacios para el desarrollo infantil, salas para navegación en la internet, auditorios al aire libre y cubiertos, salones de exposiciones, talleres de capacitación, los llamados Cedezo -Centros de Desarrollo Empresarial Zonal-, además de ludotecas, áreas recreativas y locales comerciales.
Es importante resaltar el pronunciamiento de la Unesco sobre el tema de las bibliotecas públicas.
Medellín debería tener 1.5 a 2.5 libros por persona y actualmente sólo se ofrece en promedio un libro por cada cuatro habitantes. Se debe considerar también el hecho de la existencia de 10 bibliotecas para 249 barrios de la ciudad de Medellín y que 7 de las 16 comunas no cuentan con ellas. En la ciudad se lee poco porque las posibilidades de acceso a los libros son muy limitadas.
Los Parques Biblioteca implican una concepción novedosa de la Biblioteca Pública, diferente a la simple colección de libros, como punto de encuentro para toda la ciudadanía en un centro cultural y comunitario, con una dimensión más incluyente del espacio público y como portal de entrada a la información, al aprendizaje, al conocimiento y a la cultura.
De ahí lo interesante de esta inversión, la cual deberá ofrecer un mayor acceso al conocimiento, a la investigación y a la capacitación para la toma de decisiones; en lo cultural, propiciará el reconocimiento de la diversidad, impulsara dinámicas de creación, producción y disfrute, preservación del patrimonio cultural, ofrecerá espacios de calidad para las manifestaciones artísticas; en lo social, promoverá y apoyará a la comunidad en la participación y el diálogo, en el reconocimiento de su identidad, en el fortalecimiento del tejido social para la construcción de una ciudadanía democrática, cultural y plural.
El programa, en su obra física, implicara la intervención del espacio público con lo cual se mejorará la infraestructura urbana existente.
La cuantiosa inversión adicionalmente vigorizará también las centralidades barriales, unidas a los sistemas de movilidad pública.
Se contribuirá con nuevos parques a la recuperación ambiental, constituyéndose en los pulmones de los respectivos sectores, con grandes áreas verdes y finalmente complementarán los equipamientos deportivos, educativos y recreativos existentes, en sectores que realmente los necesitan, sin mordidas del 15 por ciento.
Post scriptum:
Expreso mis sentidas condolencias a los familiares, amigos y a la sociedad de la ciudad madre por la sensible desaparición de don Samuel Cano, dilecto hijo, líder cívico, religioso, político e ilustrado historiador de Santa Fe de Antioquia.
cerocorrupcion@epm.net.co
lunes, octubre 31
¡¡¡¡¡¡NO A LAS MINAS!!!!!!
Guerra sucia (tomado de Cambio)
Con materiales de difícil detección y una mayor carga explosiva, los alzados en armas están ahora sembrando más minas antipersonal en el país.
Cuando el Infante de Marina Hernández llegó al Hospital de Cartagena, luego de pisar una mina antipersonal tipo balón, los médicos determinaron que lo mejor era amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Ya en la cirugía, los cinco galenos que atendieron el caso quedaron sorprendidos por la agresividad del atentado y porque era la primera vez que veían la presencia de excrementos de animales en las extremidades afectadas.
Dos días después, pese a todos los esfuerzos , el soldado Hernández falleció porque su cuerpo no pudo resistir la mortífera infección.
El lamentable caso de Hernández, sin embargo, puso en evidencia una macabra modalidad de artefactos explosivos que grupos al margen de la ley están sembrando en toda Colombia. Se trata de unas minas antipersonal que, contrario a lo que el país conocía, tienen ahora una fabricación más casera y letal.
La nueva modalidad, utilizada fundamentalmente por los guerrilleros de las Farc y del Eln, consiste en balones de plástico rellenos con exageradas cantidades de explosivos, excretas y roca caliza que buscan no sólo pasar desapercibidos a los detectores de metal sino causar graves daños a quienes los pisen.
"La carga explosiva se ha multiplicado por 10 –dice el vicealmirante Fernando Román, inspector general de la Fuerzas Militares–. Hoy su poder es de tal magnitud que no sólo destruyen las piernas sino que comprometen otros órganos como los genitales. El objetivo es matar".
La nueva modalidad de minas es sembrada en caminos veredales, trochas, carreteras y a la sombra de los árboles, donde, con el más leve y sutil contacto, se activa.
Colombia es el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
"Es una verdadera tragedia nacional –agrega el vicealmirante Román–. Estos terroristas no tienen límites, y no les importa el Derecho Internacional Humanitario".
Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, respaldado por la OEA, el crecimiento de las minas antipersonal ha sido notorio, y hoy hay más de 100.000 sembradas en el país. Un número que convierte a Colombia en el tercer territorio más minado del mundo, después de Camboya y Afganistán.
Es tal la situación con las minas antipersonal que sólo en la región de Montes de María, y en corregimientos como El Salao, Zambrano, Hato Nuevo, Charquitas y Loma Central, las autoridades han detectado la presencia de 2.500 artefactos.
"Estas minas pueden durar activas durante medio siglo –señala Luz Piedad Herrera, coordinadora del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia–. Además para las comunidades los costos son muy altos, ya que afectan su movilidad, tranquilidad y productividad".
Para los expertos, más allá de los altos costos que acarrea desactivar una mina (10 veces más que construirla), el problema crítico es que cada mina enterrada en Colombia es un arma letal contra la población civil. En lo que va del año, estos artefactos han dejado 759 víctimas, y desde 1990 hasta hoy el número asciende a 4.000. Según los datos oficiales, cada día hay 2,6 nuevas víctimas de minas, y el 92% de los casos registrados ocurre en áreas rurales. Colombia, señalan los expertos, es el único país de América que todavía sigue sembrando minas en su territorio.
"Es muy triste esta situación –agrega Herrera–. Fuera del dolor humano, rehabilitar a cada víctima le cuesta al Estado cerca de 90.000 dólares".
Tras la firma de la Convención de Ottawa, en 1997, Colombia se comprometió a definir una política frente a esta problemática (ver recuadro). Una de las tareas más significativas que se realiza, con la colaboración de la OEA y países amigos, es la preparación de zapadores (expertos que desactivan minas) que son quienes se enfrentan cara a cara con el problema. Hoy hay 40 que han desactivado, con ayuda de los perros antiexplosivos, más de 2.400 minas en los últimos tres años. En 2003, las minas antipersonal neutralizadas fueron 380, el año pasado ascendieron a 858, y en lo que va corrido de este ya llegan a 1.176. "Con el respaldo de la OEA, estamos trabajando muy fuerte para contrarrestarlas –dice Roberto Padilla, uno de los zapadores–. La labor es en equipo y un error puede ser fatal".
Por ahora es claro que a los alzados en armas poco les interesan las víctimas y, por el contrario, cada vez crean nuevos tipos de minas que, además de ser aterradoras, son más difíciles de detectar.
Convención de Ottawa
Colombia firmó en 1997 y ratificó, mediante la ley 554 de 2000, la Convención de Ottawa que prohibe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. En ella el Estado se compromete a crear una estructura nacional encargada de destruir o asegurar todas las minas sembradas en el país. La Convención obliga a todos los grupos armados de oposición y a cualquier otra parte en un conflicto a no utilizar estos artefactos.
miércoles, octubre 26
SI HAY CONFLICTO (editorial ) UrabaHoy
SI HAY CONFLICTO
“El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas. La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con armas fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos de nuestro pueblo.”
ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de Colombia.
Cuando un matemático en un proceso de resolución de un problema encuentra algo que no puede solucionar de inmediato, coloca una “X” en su ecuación y continúa, buscando mas adelante solucionar esa incógnita marcada anteriormente, con los elementos que recoja en su análisis. La “X” se convirtió universalmente en el símbolo de problemas por resolver.
Pareciera que nuestro Gobierno se cansó de buscarle al conflicto las soluciones no convencionales, transparentes e imaginativas que prometió en el discurso de posesión presidencial. Mas bien optó por la salida fácil, y en esa delicada ecuación de la fórmula que buscaba para encontrar el camino hacia la paz, encontró una dificultad mayor al definir la guerra que azota nuestro país, y en vez de marcar la “X” donde debería decir “CONFLICTO ARMADO” decidió utilizar la palabra “AMENAZA TERRORISTA”, denotando con ello la nueva solución que pretende darle a esa incógnita social.
Preocupa, por decir lo menos, la insistencia del Gobierno Nacional en desconocer la existencia de un conflicto armado dentro de Colombia. No solamente los efectos catastróficos que esto pudiera tener, al retirarse de nuestro país la ayuda y veeduría internacional humanitaria, que está aquí precisamente por que hay un conflicto; sino también por un perverso efecto que pocos analistas avizoran, pero que esta ahí, en latente peligro.
Es simple; si no hay conflicto, no hay causas del conflicto. Como no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. De la noche a la mañana resultará nuestro país sin pobreza, sin exclusión social, sin corrupción, sin desempleo, sin hambre, sin necesidades de ninguna índole que hubieran llevado a sus habitantes a conflictuar entre ellos y a favor o en contra del estado.
¿Será que por el hecho de que el gobierno niegue la existencia de un conflicto en Colombia, vamos a solucionar todos los problemas sociales de nuestro país, que han determinado la guerra fraticida permanente desde principios del siglo pasado?
¿A cual conflicto se refería entonces el presidente Uribe en su discurso de posesión, que citamos anteriormente?
No se puede desconocer que en nuestro país hay organizaciones y personas que ejercen el terrorismo y desde luego son terroristas. Algunos han demostrado que están entre los peores del mundo.
Pero; ¿Será que todos los alzados en armas son terroristas por que si? ¿Será que el simple hecho de pensar distinto, o el de rebelarse contra un sistema que se considera injusto, o de defenderse contra una agresión injusta que el Estado no fue capaz de contener, caerá bajo el dudoso “estatuto” del antiterrorismo?
Con el mayor respeto, pero con firmeza hay que recordarle a nuestro Gobierno, que se comprometió a hacer todo lo posible para solucionar el conflicto que existe en nuestro país y que sigue cobrando vidas de inocentes todos los días.
Ahora, todos los colombianos, forzados por las circunstancias a ser actores de ese conflicto, estamos esperando las soluciones entre las cuales seguramente estará una ley de verdad, justicia y reparación que asegure que no habrá impunidad pero que facilite un retorno digno a la civilidad para todos los combatientes. Claro está que el esfuerzo en este caso no es solo del gobierno, sino que la creatividad, transparencia e imaginación deberá provenir también del Congreso, de la clase política y dirigente y todos los estamentos interesados, tanto nacionales como internacionales.
Queremos pensar que se recapacitará sobre las amargas consecuencias que el no reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno Nacional pueda tener; que esta discusión innecesaria no es otro sofisma más y que tampoco es el principio de una salida por la puerta de atrás que evite llegar a las soluciones NO CONVENCIONALES, TRANSPARENTES E IMAGINATIVAS para esta guerra infame, prometidas a todos los colombianos. editor@urabahoy.com
“El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas. La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con armas fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos de nuestro pueblo.”
ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de Colombia.
Cuando un matemático en un proceso de resolución de un problema encuentra algo que no puede solucionar de inmediato, coloca una “X” en su ecuación y continúa, buscando mas adelante solucionar esa incógnita marcada anteriormente, con los elementos que recoja en su análisis. La “X” se convirtió universalmente en el símbolo de problemas por resolver.
Pareciera que nuestro Gobierno se cansó de buscarle al conflicto las soluciones no convencionales, transparentes e imaginativas que prometió en el discurso de posesión presidencial. Mas bien optó por la salida fácil, y en esa delicada ecuación de la fórmula que buscaba para encontrar el camino hacia la paz, encontró una dificultad mayor al definir la guerra que azota nuestro país, y en vez de marcar la “X” donde debería decir “CONFLICTO ARMADO” decidió utilizar la palabra “AMENAZA TERRORISTA”, denotando con ello la nueva solución que pretende darle a esa incógnita social.
Preocupa, por decir lo menos, la insistencia del Gobierno Nacional en desconocer la existencia de un conflicto armado dentro de Colombia. No solamente los efectos catastróficos que esto pudiera tener, al retirarse de nuestro país la ayuda y veeduría internacional humanitaria, que está aquí precisamente por que hay un conflicto; sino también por un perverso efecto que pocos analistas avizoran, pero que esta ahí, en latente peligro.
Es simple; si no hay conflicto, no hay causas del conflicto. Como no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. De la noche a la mañana resultará nuestro país sin pobreza, sin exclusión social, sin corrupción, sin desempleo, sin hambre, sin necesidades de ninguna índole que hubieran llevado a sus habitantes a conflictuar entre ellos y a favor o en contra del estado.
¿Será que por el hecho de que el gobierno niegue la existencia de un conflicto en Colombia, vamos a solucionar todos los problemas sociales de nuestro país, que han determinado la guerra fraticida permanente desde principios del siglo pasado?
¿A cual conflicto se refería entonces el presidente Uribe en su discurso de posesión, que citamos anteriormente?
No se puede desconocer que en nuestro país hay organizaciones y personas que ejercen el terrorismo y desde luego son terroristas. Algunos han demostrado que están entre los peores del mundo.
Pero; ¿Será que todos los alzados en armas son terroristas por que si? ¿Será que el simple hecho de pensar distinto, o el de rebelarse contra un sistema que se considera injusto, o de defenderse contra una agresión injusta que el Estado no fue capaz de contener, caerá bajo el dudoso “estatuto” del antiterrorismo?
Con el mayor respeto, pero con firmeza hay que recordarle a nuestro Gobierno, que se comprometió a hacer todo lo posible para solucionar el conflicto que existe en nuestro país y que sigue cobrando vidas de inocentes todos los días.
Ahora, todos los colombianos, forzados por las circunstancias a ser actores de ese conflicto, estamos esperando las soluciones entre las cuales seguramente estará una ley de verdad, justicia y reparación que asegure que no habrá impunidad pero que facilite un retorno digno a la civilidad para todos los combatientes. Claro está que el esfuerzo en este caso no es solo del gobierno, sino que la creatividad, transparencia e imaginación deberá provenir también del Congreso, de la clase política y dirigente y todos los estamentos interesados, tanto nacionales como internacionales.
Queremos pensar que se recapacitará sobre las amargas consecuencias que el no reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno Nacional pueda tener; que esta discusión innecesaria no es otro sofisma más y que tampoco es el principio de una salida por la puerta de atrás que evite llegar a las soluciones NO CONVENCIONALES, TRANSPARENTES E IMAGINATIVAS para esta guerra infame, prometidas a todos los colombianos. editor@urabahoy.com
viernes, octubre 7
DALE CON EL PROBLEMA DEL AGUA...... (de El Tiempo)
Octubre 6 de 2005
Defensoría del Pueblo alerta sobre pésima calidad de agua que reciben casi 10 millones de personas
Hoy presentará el estudio 'Diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua'.
El estudio, realizado durante el primer semestre del 2005, con información recopilada de diferentes secretarías de Salud de departamentos del país, muestra que los habitantes de 221 municipios, de los 1.013 que tiene el país, reciben agua de "muy mala calidad".
La investigación, que se llevó a cabo en sectores urbanos, contiene datos de 683 municipios. Entre estos, solamente 104 reciben agua potable y 579 (el 84,4 por ciento del total de la muestra) no disponen de agua apta para el consumo humano.
Este estudio se une a otra alarma que ya había dado el año pasado el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (Ideam), en el Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia.
Según este, se "muestran tendencias preocupantes actualmente, y no sostenibles en el abastecimiento de agua para los municipios y cabeceras del centro del país, particularmente en las regiones de más alta presión como la Andina y la Caribe".
De acuerdo con dicha investigación, las proyecciones muestran que dentro de 25 años, de no tomarse las medidas adecuadas, "cerca del 70 por ciento de la población se encontraría en riesgo de un desabastecimiento severo".
Ahora la Defensoría del Pueblo quiere llamar la atención sobre la potabilidad del agua.
De acuerdo con Fernando Vásquez, director general de la ONG Fundación Al Verde Vivo, el panorama del agua en el país es dramático. "No es que se acabe el agua, sino que se acaba el agua potable. Cada vez los costos de potabilizarla son más altos", señala.
Los más afectados
De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Nariño y Magdalena son los departamentos que tienen una mayor cantidad de municipios cuyos habitantes no reciben suministro de agua potable.
El mismo también indica que a 221 municipios se les suministra agua de "muy mala calidad", y señala que Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño y Vaupés "tienen los índices más preocupantes de calidad de agua", ya que en estos departamentos más de la mitad de los municipios analizados presentan esta condición.
La Defensoría destaca, por el contrario, que Caldas, Quindío y Valle prestan un buen servicio de agua potable.
De acuerdo con el informe, Nariño presenta "una situación crítica en cuanto a potabilidad del agua", al señalar que únicamente uno de los 64 municipios (se obtuvieron datos de 62), Samaniego, cumplió con la norma de calidad. El resto –asegura el estudio– "ni siquiera se acerca al 50 por ciento del cumplimiento de la norma, lo que muestra la pésima calidad del agua (en los aspectos físico-químicos y microbacteriológico)".
¿Y dónde está la plata?
Asímismo, el informe de la Defensoría señala que el Chocó, que figura entre los departamentos que peor calidad de agua tienen, ha recibido, en promedio, 12.804 millones de pesos anuales entre 1994 y el 2005 por concepto de las transferencias constitucionales.
De acuerdo con el estudio, ninguno de los ocho municipios chocoanos (allí hay 31) de los que se obtuvo información "cumplió con los índices legalmente establecidos para la materia".
El informe de la Defensoría, que no incluye información de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como el libro El derecho humano al agua, serán presentados hoy a las 10 de la mañana en el auditorio de la entidad, en Bogotá.
viernes, septiembre 9
RECORDEMOS.... EDITORIAL 2 AGOSTO DE 2004
Editorial. URABAHOY segunda edición agosto 2004.
¿Y las soluciones de donde vienen?
Grande es el inventario de necesidades de nuestra región Urabaense. No podríamos tener espacio suficiente para siquiera inventariarlas, menos para mencionar las soluciones que se requieren, por lo que nos debemos concentrar en las sentidas, las urgentes, por que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano, factor que debe motivar a la acción a todas las manifestaciones del estado Colombiano que tienen que ver con el mejoramiento de la situación de nuestra región.
Si tuviéramos que priorizar para la acción, creemos que todos coincidiríamos en mencionar en primer lugar aquellas necesidades que tienen que ver directamente con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes en nuestra región; y diríamos, sin temor a equivocarnos, que requerimos salud, agua potable y abundante, mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, educación, vías y medios de transporte, medios de comunicación, seguridad, y acceso ágil y eficiente a la justicia.
¿Quien no quisiera vivir y trabajar en un pueblo, en una vereda o en una finca donde pudiera estar tranquilo, con fácil acceso a la salud en sus niveles esenciales? ¿Donde no tuviera que enviar sus hijos a estudiar a la lejana ciudad? ¿En un sitio que tenga agua limpia siempre disponible, con un techo sólido que lo cobije y donde se sienta bien, seguro y protegido por el estado? ¿Quién no quisiera vivir en un lugar que siempre le ofrezca una oportunidad de trabajo honesto y dignificante? ¿Quien no quisiera tener un sitio en nuestras feraces tierras, donde cosechar o producir, y poder sacar lo producido al mercado, rápidamente, para poder obtener el precio justo y para poder obtener lo que requiere para su sustento familiar? ¿A quien no le gustaría estar en un sitio donde sus vecinos son capaces de solucionar los conflictos de forma inteligente y productivamente, construyendo soluciones que a la vez mejoran las relaciones de la comunidad y avalan el tejido social?
Con seguridad la coincidencia en la respuesta es general. Todos quisiéramos tener una oportunidad de vivir así en un sitio parecido a lo que soñamos o a aquel que alguna vez describió Thomas Moro en su libro Utopía. De ahí que esos lugares paradisíacos, con las soluciones efectivas y a la mano se llaman así - utópicos- por que no existen, y lo peor de todo, ese término se ha vuelto sinónimo de irrealizable, de inalcanzable.
Volvemos los ojos a nuestra realidad y nos topamos con la ineficiencia estatal, y todo hay que decirlo, con la falta de compromiso de los ciudadanos y de la clase política con el futuro de su región. Lo que alguna vez llamaron con cierto desprecio “desgreño” se vive aquí en todos los niveles.
Se ve, se nota más en muchas zonas el esfuerzo de la empresa privada que la acción estatal en sus tres niveles, (nacional, departamental y municipal) en toda la región.
No es que no haya acción estatal, sino que la que hay no es suficiente o no está bien dirigida a obtener los resultados que requiere la región urgentemente. Y lo mas importante; debe hacerse explicita la coherencia de todas las acciones en los tres niveles para que las soluciones sean efectivas y rápidas.
Pero también hay que decirlo, aunque suene redundante: es a la ciudadanía a quien le corresponde en muy buena parte aportar para las soluciones. No podemos quedarnos esperando pasivamente que nos caigan las soluciones del cielo.
Lo mejor de todo, la buena noticia, es que el aporte que todos debemos hacer no es económico. Lo que necesitamos aportar es actitud constructiva, es aportar optimismo, es aportar buena voluntad, es aportar acción ciudadana, es contribuir a la construcción de nuestra democracia.
Hagámosle saber al estado que no está solo porque aquí estamos, los chocoanos, los antioqueños y los cordobeses, que somos los ciudadanos de Urabá, la más vibrante mezcla étnica y cultural de América, ubicados en el lugar más estratégico del continente, quienes con nuestra nueva actitud no solamente vamos a exigir soluciones, sino a ejercer el liderazgo y a participar activamente en la construcción de la Colombia en la que merecemos vivir.
¡Soñemos¡ vivamos lo que soñamos, trabajemos para volver nuestro sueño una realidad y construyamos el futuro de Urabá, todos unidos.
¿Y las soluciones de donde vienen?
Grande es el inventario de necesidades de nuestra región Urabaense. No podríamos tener espacio suficiente para siquiera inventariarlas, menos para mencionar las soluciones que se requieren, por lo que nos debemos concentrar en las sentidas, las urgentes, por que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano, factor que debe motivar a la acción a todas las manifestaciones del estado Colombiano que tienen que ver con el mejoramiento de la situación de nuestra región.
Si tuviéramos que priorizar para la acción, creemos que todos coincidiríamos en mencionar en primer lugar aquellas necesidades que tienen que ver directamente con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes en nuestra región; y diríamos, sin temor a equivocarnos, que requerimos salud, agua potable y abundante, mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, educación, vías y medios de transporte, medios de comunicación, seguridad, y acceso ágil y eficiente a la justicia.
¿Quien no quisiera vivir y trabajar en un pueblo, en una vereda o en una finca donde pudiera estar tranquilo, con fácil acceso a la salud en sus niveles esenciales? ¿Donde no tuviera que enviar sus hijos a estudiar a la lejana ciudad? ¿En un sitio que tenga agua limpia siempre disponible, con un techo sólido que lo cobije y donde se sienta bien, seguro y protegido por el estado? ¿Quién no quisiera vivir en un lugar que siempre le ofrezca una oportunidad de trabajo honesto y dignificante? ¿Quien no quisiera tener un sitio en nuestras feraces tierras, donde cosechar o producir, y poder sacar lo producido al mercado, rápidamente, para poder obtener el precio justo y para poder obtener lo que requiere para su sustento familiar? ¿A quien no le gustaría estar en un sitio donde sus vecinos son capaces de solucionar los conflictos de forma inteligente y productivamente, construyendo soluciones que a la vez mejoran las relaciones de la comunidad y avalan el tejido social?
Con seguridad la coincidencia en la respuesta es general. Todos quisiéramos tener una oportunidad de vivir así en un sitio parecido a lo que soñamos o a aquel que alguna vez describió Thomas Moro en su libro Utopía. De ahí que esos lugares paradisíacos, con las soluciones efectivas y a la mano se llaman así - utópicos- por que no existen, y lo peor de todo, ese término se ha vuelto sinónimo de irrealizable, de inalcanzable.
Volvemos los ojos a nuestra realidad y nos topamos con la ineficiencia estatal, y todo hay que decirlo, con la falta de compromiso de los ciudadanos y de la clase política con el futuro de su región. Lo que alguna vez llamaron con cierto desprecio “desgreño” se vive aquí en todos los niveles.
Se ve, se nota más en muchas zonas el esfuerzo de la empresa privada que la acción estatal en sus tres niveles, (nacional, departamental y municipal) en toda la región.
No es que no haya acción estatal, sino que la que hay no es suficiente o no está bien dirigida a obtener los resultados que requiere la región urgentemente. Y lo mas importante; debe hacerse explicita la coherencia de todas las acciones en los tres niveles para que las soluciones sean efectivas y rápidas.
Pero también hay que decirlo, aunque suene redundante: es a la ciudadanía a quien le corresponde en muy buena parte aportar para las soluciones. No podemos quedarnos esperando pasivamente que nos caigan las soluciones del cielo.
Lo mejor de todo, la buena noticia, es que el aporte que todos debemos hacer no es económico. Lo que necesitamos aportar es actitud constructiva, es aportar optimismo, es aportar buena voluntad, es aportar acción ciudadana, es contribuir a la construcción de nuestra democracia.
Hagámosle saber al estado que no está solo porque aquí estamos, los chocoanos, los antioqueños y los cordobeses, que somos los ciudadanos de Urabá, la más vibrante mezcla étnica y cultural de América, ubicados en el lugar más estratégico del continente, quienes con nuestra nueva actitud no solamente vamos a exigir soluciones, sino a ejercer el liderazgo y a participar activamente en la construcción de la Colombia en la que merecemos vivir.
¡Soñemos¡ vivamos lo que soñamos, trabajemos para volver nuestro sueño una realidad y construyamos el futuro de Urabá, todos unidos.
lunes, agosto 29
BOMBA B CONTARA LA ONU Editorial de EL Tiempo
Agosto 28 de 2005
EDITORIAL
Bomba B contra la ONU
Los que conocen a John Bolton, nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU, apretaron los dientes cuando George W. Bush lo nombró hace poco valiéndose de un atajo constitucional para sortear la oposición en el Senado. Dadas sus reiteradas declaraciones contra la ONU y su propuesta de que Estados Unidos se retirase de ella, había razones para temer que al cabo de pocos meses Bolton empezara a atravesar palos en la rueda de la organización.
Pero se equivocaban. Tardó apenas tres semanas y, en vez de palos en la rueda, soltó una verdadera bomba atómica. Su propuesta de reformas de la estructura de las Naciones Unidas, que filtraron The Washington Post y The Independent (Londres), dinamita el borrador oficial que estudiaba las enmiendas al sistema y plantea nada menos que 750 modificaciones, agregados y supresiones. El documento es toda una declaración imperial de principios sobre el Weltanschaung o visión del mundo del gobierno de Estados Unidos: que todo gire en torno a sus necesidades y al ritmo de sus pretensiones.
Bolton dijo, al posesionarse, que sería "un abogado de los valores e intereses de Estados Unidos en la ONU". Solo le faltó agregar que se trata de los intereses según los definen los ideólogos neoconservadores de Bush.
Sus 750 puntos incluyen, entre otros:
Supresión de toda referencia concreta a los planes de las ‘Metas del Milenio’, cuyo fin es combatir las enfermedades y el hambre.
Cancelación de los esfuerzos para conseguir que los países ricos inviertan 0,7 por ciento de su PIB en ayuda al desarrollo.
Rechazo a todo compromiso concreto para reducir la contaminación global.
Sustitución de los planes de desarme nuclear por vagas recomendaciones que no afectan los proyectos de Estados Unidos.
Eliminación de toda mención a la Corte Internacional de Justicia, de la que Bush retiró a los Estados Unidos.
Giro absoluto en materia de comercio internacional: en vez de ayudar a los países pobres a entrar a la Organización Mundial de Comercio, elevar los requisitos de ingreso.
En suma, ningún compromiso concreto de cifras ni plazos con los grandes problemas planetarios –el hambre, la miseria, el sida, la contaminación– y un sinnúmero de condiciones para que hasta el último tornillo de la ONU se apriete de acuerdo con los intereses del país más rico y poderoso de la Tierra.
Una vez conocido el documento, los diplomáticos se dividen en dos grupos. Por una parte, los que creen que el gran nuevo impulso que se proponía recibir la ONU al cumplir su sexagésimo aniversario en una cumbre planeada para septiembre se reducirá a una difícil negociación con Estados Unidos para ver qué muebles se salvan. Por otra, los que piensan, como bien dice la especialista británica Ann Penketh, que "estamos asistiendo al final de la diplomacia".
Por los problemas que podrían acarrear el temperamento, las ideas y la proverbial antipatía de Bolton por la ONU, un bloque de senadores de su país se opuso a su designación, hasta cuando las asuetos parlamentarios dieron a Bush la oportunidad de hacer uso de un inciso constitucional que le permite proveer ciertos cargos hasta la elección de un nuevo Congreso. Así se allanó el paso de Bolton hacia ese edificio del que una vez dijo que "merecería ser demolido sin contemplaciones".
En vano supusieron algunos que ese ingreso por la puerta de atrás iba a morigerar su actitud. Pero está claro que el mismo día que entró a la sede de la ONU en medio de una silbatina de los empleados ya llevaba la bomba en el maletín.
Mala manera de mejorar las relaciones de Washington con una organización cuyos mandatos ha desconocido flagrantemente y con una comunidad internacional cada vez más inquieta por la arrogancia y egoísmo del gobierno estadounidense. Sus colegas tomarán la arrolladora actuación de Bolton como un insulto, y los países pobres poco menos que como una declaración de guerra.
editorial@eltiempo.com.co
EDITORIAL
Bomba B contra la ONU
Los que conocen a John Bolton, nuevo embajador de Estados Unidos ante la ONU, apretaron los dientes cuando George W. Bush lo nombró hace poco valiéndose de un atajo constitucional para sortear la oposición en el Senado. Dadas sus reiteradas declaraciones contra la ONU y su propuesta de que Estados Unidos se retirase de ella, había razones para temer que al cabo de pocos meses Bolton empezara a atravesar palos en la rueda de la organización.
Pero se equivocaban. Tardó apenas tres semanas y, en vez de palos en la rueda, soltó una verdadera bomba atómica. Su propuesta de reformas de la estructura de las Naciones Unidas, que filtraron The Washington Post y The Independent (Londres), dinamita el borrador oficial que estudiaba las enmiendas al sistema y plantea nada menos que 750 modificaciones, agregados y supresiones. El documento es toda una declaración imperial de principios sobre el Weltanschaung o visión del mundo del gobierno de Estados Unidos: que todo gire en torno a sus necesidades y al ritmo de sus pretensiones.
Bolton dijo, al posesionarse, que sería "un abogado de los valores e intereses de Estados Unidos en la ONU". Solo le faltó agregar que se trata de los intereses según los definen los ideólogos neoconservadores de Bush.
Sus 750 puntos incluyen, entre otros:
Supresión de toda referencia concreta a los planes de las ‘Metas del Milenio’, cuyo fin es combatir las enfermedades y el hambre.
Cancelación de los esfuerzos para conseguir que los países ricos inviertan 0,7 por ciento de su PIB en ayuda al desarrollo.
Rechazo a todo compromiso concreto para reducir la contaminación global.
Sustitución de los planes de desarme nuclear por vagas recomendaciones que no afectan los proyectos de Estados Unidos.
Eliminación de toda mención a la Corte Internacional de Justicia, de la que Bush retiró a los Estados Unidos.
Giro absoluto en materia de comercio internacional: en vez de ayudar a los países pobres a entrar a la Organización Mundial de Comercio, elevar los requisitos de ingreso.
En suma, ningún compromiso concreto de cifras ni plazos con los grandes problemas planetarios –el hambre, la miseria, el sida, la contaminación– y un sinnúmero de condiciones para que hasta el último tornillo de la ONU se apriete de acuerdo con los intereses del país más rico y poderoso de la Tierra.
Una vez conocido el documento, los diplomáticos se dividen en dos grupos. Por una parte, los que creen que el gran nuevo impulso que se proponía recibir la ONU al cumplir su sexagésimo aniversario en una cumbre planeada para septiembre se reducirá a una difícil negociación con Estados Unidos para ver qué muebles se salvan. Por otra, los que piensan, como bien dice la especialista británica Ann Penketh, que "estamos asistiendo al final de la diplomacia".
Por los problemas que podrían acarrear el temperamento, las ideas y la proverbial antipatía de Bolton por la ONU, un bloque de senadores de su país se opuso a su designación, hasta cuando las asuetos parlamentarios dieron a Bush la oportunidad de hacer uso de un inciso constitucional que le permite proveer ciertos cargos hasta la elección de un nuevo Congreso. Así se allanó el paso de Bolton hacia ese edificio del que una vez dijo que "merecería ser demolido sin contemplaciones".
En vano supusieron algunos que ese ingreso por la puerta de atrás iba a morigerar su actitud. Pero está claro que el mismo día que entró a la sede de la ONU en medio de una silbatina de los empleados ya llevaba la bomba en el maletín.
Mala manera de mejorar las relaciones de Washington con una organización cuyos mandatos ha desconocido flagrantemente y con una comunidad internacional cada vez más inquieta por la arrogancia y egoísmo del gobierno estadounidense. Sus colegas tomarán la arrolladora actuación de Bolton como un insulto, y los países pobres poco menos que como una declaración de guerra.
editorial@eltiempo.com.co
viernes, agosto 12
¿Tendencias Inexorables?
¿Tendencias inexorables? (1)
PorMoritz Akerman
Las consideraciones que he hecho, en las columnas anteriores, sobre la influencia paramilitar y sobre la falta de gobernabilidad y decisión política para que se aplique efectivamente la Ley a su creciente poder en la vida civil, buscan llamar la atención sobre la "nueva" democracia que se está impetrando. Con su reinserción-transformación en actor decisorio en la vida del país, proceso que culmina y estimula la Ley de Justicia y Paz, se estarían acentuando tendencias que parecen inexorables en la época. ¿Qué he querido significar? Que pese a ser un actor de particular violencia e ilegalidad, la sociedad tiene cierto nivel de tolerancia, o si se quiere, de aceptación sobre el paramilitarismo. Son múltiples las denuncias de los Medios y de sectores políticos sobre su ilegalidad supérstite, pero no hay ciertamente una reacción nacional que les imponga una reinserción transparente. A riesgo de sesgar el análisis, debiésemos preguntar qué pasaría si esto sucediese con una reinserción guerrillera. Hago esta comparación en el entendido de que el lector sabe que no tengo ninguna simpatía por unas organizaciones igualmente despreciables y condenables. Pero entonces, debemos preguntarnos ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué la tolerancia con los paras?Una respuesta facilista sería que esta tolerancia la genera el Gobierno. No creo que ese sea el asunto. En el Gobierno ha habido debate sobre que sería mejor para la democracia y para la herencia política de este Gobierno, que estas fuerzas no entraran en la vida civil y legal con tal poder de deformación de la política y la economía. Luego, la diferencia está más allá. En mi modesta opinión, la diferencia surge de ciertas tendencias de la época que no son sólo nacionales. Y de antemano advierto que no trato de exculpar la responsabilidad del Gobierno, con una salida de "mal de todos, consuelo de tontos". No. De lo que se trata es de encontrar causas más intrínsecas. Me parece que en el mundo se nota cierta tendencia al fortalecimiento de regímenes de autoridad y seguridad, gobiernos del 'hegemonismo autoritario'. Siendo el Gobierno caudillista de seguridad y las fuerzas paramilitaristas expresiones distintas y de origen totalmente diferente, coinciden en proveer sensación de seguridad para el discurrir económico del país. Por lo tanto, en el imaginario popular aparecen como parte de la misma tendencia y repuesta social. Ante la creciente incertidumbre en la vida contemporánea, se hace central y determinante la búsqueda de seguridad, aún a costa del sacrificio de ciertos niveles de libertad y democracia. Parecería que la ansiedad de seguridad impulsa a los hombres, a la Política y a la misma sociedad a sacrificar esa libertad y democracia en "beneficio" de obtener esta sensación. Sería esta tendencia la que le abre caminos a los gobiernos más verticalistas y autoritarios. Estos gobiernos tienden a aparecer como no-intervencionistas en lo económico, pero son en efecto, más dirigistas en la imposición de las relaciones que dan seguridad al capitalismo como condición de estabilidad, sensación de seguridad para el capital pero también el empleo. En Colombia, la izquierda guerrillera y sectores de la izquierda legal anarco-sindicalista abonaron el camino a las expresiones autoritarias que los paramilitares supieron capitalizar para la derechización de la política y las formas de conciencia social. Pero por otras causas o factores pasa algo semejante en E.U., en China o en India que aquí en Colombia. Y si me preguntan por Europa sólo puedo decir que, dada su tradición democrática y social, Europa ha quedado perpleja frentes a estas tendencias.
PorMoritz Akerman
Las consideraciones que he hecho, en las columnas anteriores, sobre la influencia paramilitar y sobre la falta de gobernabilidad y decisión política para que se aplique efectivamente la Ley a su creciente poder en la vida civil, buscan llamar la atención sobre la "nueva" democracia que se está impetrando. Con su reinserción-transformación en actor decisorio en la vida del país, proceso que culmina y estimula la Ley de Justicia y Paz, se estarían acentuando tendencias que parecen inexorables en la época. ¿Qué he querido significar? Que pese a ser un actor de particular violencia e ilegalidad, la sociedad tiene cierto nivel de tolerancia, o si se quiere, de aceptación sobre el paramilitarismo. Son múltiples las denuncias de los Medios y de sectores políticos sobre su ilegalidad supérstite, pero no hay ciertamente una reacción nacional que les imponga una reinserción transparente. A riesgo de sesgar el análisis, debiésemos preguntar qué pasaría si esto sucediese con una reinserción guerrillera. Hago esta comparación en el entendido de que el lector sabe que no tengo ninguna simpatía por unas organizaciones igualmente despreciables y condenables. Pero entonces, debemos preguntarnos ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué la tolerancia con los paras?Una respuesta facilista sería que esta tolerancia la genera el Gobierno. No creo que ese sea el asunto. En el Gobierno ha habido debate sobre que sería mejor para la democracia y para la herencia política de este Gobierno, que estas fuerzas no entraran en la vida civil y legal con tal poder de deformación de la política y la economía. Luego, la diferencia está más allá. En mi modesta opinión, la diferencia surge de ciertas tendencias de la época que no son sólo nacionales. Y de antemano advierto que no trato de exculpar la responsabilidad del Gobierno, con una salida de "mal de todos, consuelo de tontos". No. De lo que se trata es de encontrar causas más intrínsecas. Me parece que en el mundo se nota cierta tendencia al fortalecimiento de regímenes de autoridad y seguridad, gobiernos del 'hegemonismo autoritario'. Siendo el Gobierno caudillista de seguridad y las fuerzas paramilitaristas expresiones distintas y de origen totalmente diferente, coinciden en proveer sensación de seguridad para el discurrir económico del país. Por lo tanto, en el imaginario popular aparecen como parte de la misma tendencia y repuesta social. Ante la creciente incertidumbre en la vida contemporánea, se hace central y determinante la búsqueda de seguridad, aún a costa del sacrificio de ciertos niveles de libertad y democracia. Parecería que la ansiedad de seguridad impulsa a los hombres, a la Política y a la misma sociedad a sacrificar esa libertad y democracia en "beneficio" de obtener esta sensación. Sería esta tendencia la que le abre caminos a los gobiernos más verticalistas y autoritarios. Estos gobiernos tienden a aparecer como no-intervencionistas en lo económico, pero son en efecto, más dirigistas en la imposición de las relaciones que dan seguridad al capitalismo como condición de estabilidad, sensación de seguridad para el capital pero también el empleo. En Colombia, la izquierda guerrillera y sectores de la izquierda legal anarco-sindicalista abonaron el camino a las expresiones autoritarias que los paramilitares supieron capitalizar para la derechización de la política y las formas de conciencia social. Pero por otras causas o factores pasa algo semejante en E.U., en China o en India que aquí en Colombia. Y si me preguntan por Europa sólo puedo decir que, dada su tradición democrática y social, Europa ha quedado perpleja frentes a estas tendencias.
jueves, agosto 4
SI HAY POSIBLILIDADES HACIA EL FUTURO
Un caso de esperanza
Por Saúl Hernández Bolívar
Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, y la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en 20años.--------------------------------------------------------------------------------Un conflicto guerrillero de más de 40 años, más de la mitad de lapoblación sumida en la pobreza *20 por ciento en la indigencia*, conuna alta tasa de analfabetismo, con un incipiente desarrollo industrialy unas pobres tasas de crecimiento, con un ingreso per cápita miserable*No estamos hablando de Colombia, es el panorama que se vivía en Malasiahace más de 20 años cuando llegó al poder Mahatir bin Mohamad, elarquitecto de la transformación de ese país, quien recientemente estuvoen Colombia.Hoy el panorama es distinto. La mano fuerte del ex primer ministro obligó a la guerrilla a capitular en 1990. El país se industrializó otorgando inigualables exenciones de impuestos a los inversionistas extranjeros. No sólo se fortaleció la agricultura con extensos sembrados de caucho (tercer productor mundial), cacao (quinto productor mundial),palma de aceite (primer productor mundial) y maderables, sino que se dio un salto tecnológico gracias al cual Malasia es hoy el tercer productor de componentes electrónicos después de EE.UU. y Japón. También tiene industria automotriz propia aunque no tan avanzada como la de sus vecinos del sudeste asiático. Igualmente incrementó la explotación desus recursos naturales como el estaño, el gas y el petróleo.
Abriéndose al exterior, con una formidable visión de futuro, Malasia pasó de exportar 8 mil millones de dólares anuales a 126 mil millones(Colombia apenas exporta 16 mil); incrementó su ingreso per cápita de300 dólares anuales a 4200 (el de Colombia apenas ronda los 2 mil);crece al 7 por ciento sostenido anual (Colombia a menos del 4 por cientoe n los últimos años, que han sido los mejores); redujo la pobreza al 5 por ciento (la de Colombia supera el 50 por ciento) y eliminó elanalfabetismo. Hoy ese país (que apenas tiene un cuarto del territorio de Colombia y la mitad de su población) invierte el 25 por ciento delPIB en educación y capacitación, lo que señala a las claras hacia dónde va Malasia. No es un gigante como China o India pero escucharemos mucho de ese país en el futuro.¿Cómo logró Mohamad sacar su nación adelante? Las respuestas están en la misma receta que han usado muchos países exitosamente y que en Colombia genera tanta resistencia. Mohamad decidió combatir a la guerrilla, manteniendo la iniciativa militar, y atraer la inversión extranjera libre de impuestos por diez años con la facilidad de sacar las ganancias del país también sin impuestos. Al mismo tiempo privatizó todo lo que generaba un lastre innecesario para el Estado y los particulares harían mejor: las carreteras, las comunicaciones, los aeropuertos, etc. Hubo tal seguridad jurídica por la estabilidad política del país, que todas esas medidas se mantienen hoy.
Contrasta lamentablemente la situación de Colombia donde resuenan las voces que tratan de acallar el accionar valiente de las tropas delEstado; donde la inversión extranjera es vista por muchos como invasión;donde las privatizaciones y concesiones son vejadas con demagogia y donde no hay seguridad jurídica porque las reglas se cambian en cada gobierno.Hay cosas que Mahatir consiguió derrotar para imponer su visión de país y que se deben imitar si se quiere seguir la misma senda: el miedo alcambio, los grandes privilegios de los poderosos, los pequeños privilegios de los burócratas, la ignorancia de las clases bajas, la desidia de quienes sólo esperan la asistencia del Estado, la demagogia dogmática de reaccionarios y revolucionarios por igual. Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, es la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en poco tiempo. Allá contaron con la fortuna de tener un gran mandatario durante 22 años consecutivos, lo que sin duda es clave fundamental de su éxito.De eso debemos tomar nota. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, está aplicando la receta correcta y la continuidad de sus políticas es necesaria. Ya que no puede gobernar 20 años conformémonos con ocho, si la bendita Corte Constitucional permite la reelección de un presidente con 80 por ciento de favorabilidad y no obliga al pueblo a cambiarlo porquienes no tienen propuestas y han sido castigados en las encuestas: apenas son un margen de error.
Por Saúl Hernández Bolívar
Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, y la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en 20años.--------------------------------------------------------------------------------Un conflicto guerrillero de más de 40 años, más de la mitad de lapoblación sumida en la pobreza *20 por ciento en la indigencia*, conuna alta tasa de analfabetismo, con un incipiente desarrollo industrialy unas pobres tasas de crecimiento, con un ingreso per cápita miserable*No estamos hablando de Colombia, es el panorama que se vivía en Malasiahace más de 20 años cuando llegó al poder Mahatir bin Mohamad, elarquitecto de la transformación de ese país, quien recientemente estuvoen Colombia.Hoy el panorama es distinto. La mano fuerte del ex primer ministro obligó a la guerrilla a capitular en 1990. El país se industrializó otorgando inigualables exenciones de impuestos a los inversionistas extranjeros. No sólo se fortaleció la agricultura con extensos sembrados de caucho (tercer productor mundial), cacao (quinto productor mundial),palma de aceite (primer productor mundial) y maderables, sino que se dio un salto tecnológico gracias al cual Malasia es hoy el tercer productor de componentes electrónicos después de EE.UU. y Japón. También tiene industria automotriz propia aunque no tan avanzada como la de sus vecinos del sudeste asiático. Igualmente incrementó la explotación desus recursos naturales como el estaño, el gas y el petróleo.
Abriéndose al exterior, con una formidable visión de futuro, Malasia pasó de exportar 8 mil millones de dólares anuales a 126 mil millones(Colombia apenas exporta 16 mil); incrementó su ingreso per cápita de300 dólares anuales a 4200 (el de Colombia apenas ronda los 2 mil);crece al 7 por ciento sostenido anual (Colombia a menos del 4 por cientoe n los últimos años, que han sido los mejores); redujo la pobreza al 5 por ciento (la de Colombia supera el 50 por ciento) y eliminó elanalfabetismo. Hoy ese país (que apenas tiene un cuarto del territorio de Colombia y la mitad de su población) invierte el 25 por ciento delPIB en educación y capacitación, lo que señala a las claras hacia dónde va Malasia. No es un gigante como China o India pero escucharemos mucho de ese país en el futuro.¿Cómo logró Mohamad sacar su nación adelante? Las respuestas están en la misma receta que han usado muchos países exitosamente y que en Colombia genera tanta resistencia. Mohamad decidió combatir a la guerrilla, manteniendo la iniciativa militar, y atraer la inversión extranjera libre de impuestos por diez años con la facilidad de sacar las ganancias del país también sin impuestos. Al mismo tiempo privatizó todo lo que generaba un lastre innecesario para el Estado y los particulares harían mejor: las carreteras, las comunicaciones, los aeropuertos, etc. Hubo tal seguridad jurídica por la estabilidad política del país, que todas esas medidas se mantienen hoy.
Contrasta lamentablemente la situación de Colombia donde resuenan las voces que tratan de acallar el accionar valiente de las tropas delEstado; donde la inversión extranjera es vista por muchos como invasión;donde las privatizaciones y concesiones son vejadas con demagogia y donde no hay seguridad jurídica porque las reglas se cambian en cada gobierno.Hay cosas que Mahatir consiguió derrotar para imponer su visión de país y que se deben imitar si se quiere seguir la misma senda: el miedo alcambio, los grandes privilegios de los poderosos, los pequeños privilegios de los burócratas, la ignorancia de las clases bajas, la desidia de quienes sólo esperan la asistencia del Estado, la demagogia dogmática de reaccionarios y revolucionarios por igual. Malasia es un motivo de esperanza para países como Colombia, es la fieldemostración de que hasta el peor de los mundos puede revertirse en poco tiempo. Allá contaron con la fortuna de tener un gran mandatario durante 22 años consecutivos, lo que sin duda es clave fundamental de su éxito.De eso debemos tomar nota. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, está aplicando la receta correcta y la continuidad de sus políticas es necesaria. Ya que no puede gobernar 20 años conformémonos con ocho, si la bendita Corte Constitucional permite la reelección de un presidente con 80 por ciento de favorabilidad y no obliga al pueblo a cambiarlo porquienes no tienen propuestas y han sido castigados en las encuestas: apenas son un margen de error.
VICTIMARIOS EN NOMBRE DE LAS VICTIMAS
Asociaciones de víctimas
Eduardo Pizarro Leongómez(El Tiempo, 1 de agosto de 2005)
Están bloqueando las posibilidades de una salida negociada.
Los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de José Luis RodríguezZapatero para alcanzar una salida negociada con el grupo terrorista PaísVasco y Libertad (Eta) enfrenta un desafío inesperado: la Asociación deVíctimas del Terrorismo (AVT), creada en 1981 y conformada por más de6.000 víctimas.En un manifiesto que circula en España ('Memoria, dignidad yjusticia'), la Asociación sostiene que "la libertad y la dignidadhumana son innegociables. A las bandas terroristas se les combate y setermina con ellas mediante la aplicación de la ley".Esta piedra en el zapato que enfrenta el gobierno del Psoe para unasalida negociada se está viendo agravada por la politización que estásufriendo la Asociación debido al apoyo del derechista Partido Popular(PP), cuyos líderes están participando en las marchas públicas contra elproceso de paz.Lo que está ocurriendo en España deja importantes lecciones. Lasasociaciones de víctimas merecen todo el reconocimiento y apoyo, como hareclamado María Jimena Duzán. Pero la alteración de sus fines puedeproducir efectos perversos.En Colombia estamos ante un panorama de riesgo extremo debido, como enEspaña, a la politización indebida de estas organizaciones. Por un lado,se está creando una Asociación de Víctimas de los Paramilitares y porotro, una de Víctimas de la Guerrilla. Me parece repugnante en el campoético y peligroso en el terreno político.Para los unos, sólo merecen ser lloradas y reivindicadas las víctimasde los paramilitares. Para los otros, por el contrario, las víctimas dela guerrilla son las únicas que ameritan dolor y apoyo. Pero, en elfondo, las víctimas no importan. Su dolor es un arma política ya seapara deslegitimar al Estado, ya sea para deslegitimar a la guerrilla.Pero, más allá de la indignación moral que produce esta politización(todo colombiano asesinado produce dolor), los riesgos para el futuro dela paz en Colombia son incalculables.Los miembros de la Asociación de Víctimas de los Paramilitares, bajo laconsigna de "ni perdón, ni olvido", están exigiendo que la CorteConstitucional declare inexequible la Ley de Justicia y Paz con elargumento de que no se acomoda a unos supuestos estándaresinternacionales en verdad, justicia y reparación para crímenes de lesahumanidad.Si la Corte Constitucional se pronunciara en ese sentido, simple yllanamente no podría haber negociaciones de paz con las Farc y el Eln enel futuro. De inmediato, la Asociación de Victimas de la Guerrillasacaría a la luz pública hechos como el secuestro, la toma derehenes, la utilización de minas antipersonales o de "pipas de gas",para argumentar que no es posible dictar medidas alternativas dejusticia para las cúpulas guerrilleras responsables, igualmente, decrímenes de lesa humanidad.En pocas palabras, lo que estas actitudes indebidas le están regalandoa Colombia es una guerra sin fin. Están bloqueando las posibilidades deuna salida negociada que, como lo muestra la experiencia internacional,exige encontrar un punto de equilibrio entre paz y justicia. Perspectivaque será pronto apoyada, a mi modo de ver, por la Unión Europea.En la Ley de Justicia y Paz se contempla la creación de una ComisiónNacional de Reparación y Reconciliación (artículo 52), un Fondo para laReparación de las Víctimas (artículo 55) e, igualmente, unas comisionesregionales para la restitución de bienes (artículo 53) con ampliaparticipación de las asociaciones de víctimas.Ojalá las asociaciones aprovechen estas instancias para luchar por lasvíctimas y no para adelantar sus agendas políticas.
Eduardo Pizarro Leongómez(El Tiempo, 1 de agosto de 2005)
Están bloqueando las posibilidades de una salida negociada.
Los esfuerzos que ha emprendido el gobierno de José Luis RodríguezZapatero para alcanzar una salida negociada con el grupo terrorista PaísVasco y Libertad (Eta) enfrenta un desafío inesperado: la Asociación deVíctimas del Terrorismo (AVT), creada en 1981 y conformada por más de6.000 víctimas.En un manifiesto que circula en España ('Memoria, dignidad yjusticia'), la Asociación sostiene que "la libertad y la dignidadhumana son innegociables. A las bandas terroristas se les combate y setermina con ellas mediante la aplicación de la ley".Esta piedra en el zapato que enfrenta el gobierno del Psoe para unasalida negociada se está viendo agravada por la politización que estásufriendo la Asociación debido al apoyo del derechista Partido Popular(PP), cuyos líderes están participando en las marchas públicas contra elproceso de paz.Lo que está ocurriendo en España deja importantes lecciones. Lasasociaciones de víctimas merecen todo el reconocimiento y apoyo, como hareclamado María Jimena Duzán. Pero la alteración de sus fines puedeproducir efectos perversos.En Colombia estamos ante un panorama de riesgo extremo debido, como enEspaña, a la politización indebida de estas organizaciones. Por un lado,se está creando una Asociación de Víctimas de los Paramilitares y porotro, una de Víctimas de la Guerrilla. Me parece repugnante en el campoético y peligroso en el terreno político.Para los unos, sólo merecen ser lloradas y reivindicadas las víctimasde los paramilitares. Para los otros, por el contrario, las víctimas dela guerrilla son las únicas que ameritan dolor y apoyo. Pero, en elfondo, las víctimas no importan. Su dolor es un arma política ya seapara deslegitimar al Estado, ya sea para deslegitimar a la guerrilla.Pero, más allá de la indignación moral que produce esta politización(todo colombiano asesinado produce dolor), los riesgos para el futuro dela paz en Colombia son incalculables.Los miembros de la Asociación de Víctimas de los Paramilitares, bajo laconsigna de "ni perdón, ni olvido", están exigiendo que la CorteConstitucional declare inexequible la Ley de Justicia y Paz con elargumento de que no se acomoda a unos supuestos estándaresinternacionales en verdad, justicia y reparación para crímenes de lesahumanidad.Si la Corte Constitucional se pronunciara en ese sentido, simple yllanamente no podría haber negociaciones de paz con las Farc y el Eln enel futuro. De inmediato, la Asociación de Victimas de la Guerrillasacaría a la luz pública hechos como el secuestro, la toma derehenes, la utilización de minas antipersonales o de "pipas de gas",para argumentar que no es posible dictar medidas alternativas dejusticia para las cúpulas guerrilleras responsables, igualmente, decrímenes de lesa humanidad.En pocas palabras, lo que estas actitudes indebidas le están regalandoa Colombia es una guerra sin fin. Están bloqueando las posibilidades deuna salida negociada que, como lo muestra la experiencia internacional,exige encontrar un punto de equilibrio entre paz y justicia. Perspectivaque será pronto apoyada, a mi modo de ver, por la Unión Europea.En la Ley de Justicia y Paz se contempla la creación de una ComisiónNacional de Reparación y Reconciliación (artículo 52), un Fondo para laReparación de las Víctimas (artículo 55) e, igualmente, unas comisionesregionales para la restitución de bienes (artículo 53) con ampliaparticipación de las asociaciones de víctimas.Ojalá las asociaciones aprovechen estas instancias para luchar por lasvíctimas y no para adelantar sus agendas políticas.
martes, agosto 2
!!!!!QUE MARAVILLA¡¡¡¡
ABC DE RECOMPENSAS A DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Las personas, tanto naturales como jurídicas, que colaboren con las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Servicios Públicos contra las empresas de servicios que incurran en cobros irregulares, aplicación indebida de tarifas o facturación incorrecta, serán recompensadas.
Así lo estableció la Superservicios al señalar que las empresas de servicios públicos multadas deberán pagar a las personas que denuncien el 1 por ciento de la sanción si es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mínimos.
¿TODAS LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DAN LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INCENTIVO?
No. Únicamente si cumplen los requisitos señalados en la Resolución 0668 de febrero de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que son:
- Solicitud expresa del incentivo.
- Oportunidad de la solicitud.
- Prueba de los costos, gastos, tiempo y perjuicios que haya generado su participación durante el trámite de la investigación administrativa.
- Sanción a la empresa investigada con la imposición de una multa.
¿ LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DAN LUGAR AL INCENTIVO?
No, porque estos recursos no implican el inicio de investigaciones administrativas con las empresas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL INCENTIVO?
El incentivo consiste en la adjudicación de una parte de la multa que la Superintendencia impone a las empresas de servicios públicos como sanción por haber incurrido en conductas contrarias a la ley, como es el caso del uso indebido de facturación, competencia desleal, aplicación indebida de tarifas y caso omiso a las quejas de los usuarios.
La Superintendencia adjudicará una parte de la multa impuesta a las empresas a aquellas personas –naturales o jurídicas-- que inicien, impulsen o colaboren con la investigación administrativa a manera de retribución por esfuerzos, gastos y tiempo invertidos en la investigación.
¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE LA MULTA QUE SE ADJUDICA COMO INCENTIVO?
La Superintendencia adjudicará hasta el 1 por ciento si la multa es igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mensuales.
¿EL INCENTIVO SE COMPARTE SI SON VARIAS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN UNA MISMA INVESTIGACIÓN?
No. El incentivo se otorga de forma independiente a cada una de las personas que los solicitaron, pero la sumatoria de los valores adjudicados no puede exceder los porcentajes establecidos.
¿QUIÉN PAGA EL INCENTIVO AL BENEFICIARIO?
La empresa multada es la que pagará directamente al beneficiario el valor del incentivo adjudicado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
¿EXISTE ALGÚN RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL RECURSO?
Sí. El solicitante del incentivo puede interponer recurso de reposición.
¿SI EL SOLICITANTE DEL INCENTIVO ES UN VOCAL DE CONTROL O MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE UN COMITÉ DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, EL INCENTIVO SE OTORGA A TÍTULO PERSONAL?
No. En este caso el incentivo se otorga al Comité respectivo, el cual debe darle al dinero percibido la destinación que corresponda según el reglamento expedido por el mismo comité.
¿ LA RESOLUCIÓN 6672 DE DICIEMBRE DE 2004 SIGUE VIGENTE? No. Con la expedición de la Resolución 0668 de febrero de 2004 queda derogada la Resolución 6672. Por lo tanto, la única reglamentación vigente en materia de adjudicación de incentivos en servicios públicos es la 0668 del 12 de febrero de 2004, que entró a regir el 18 de febrero del presente año, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial.
Las personas, tanto naturales como jurídicas, que colaboren con las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Servicios Públicos contra las empresas de servicios que incurran en cobros irregulares, aplicación indebida de tarifas o facturación incorrecta, serán recompensadas.
Así lo estableció la Superservicios al señalar que las empresas de servicios públicos multadas deberán pagar a las personas que denuncien el 1 por ciento de la sanción si es igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mínimos.
¿TODAS LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DAN LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INCENTIVO?
No. Únicamente si cumplen los requisitos señalados en la Resolución 0668 de febrero de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que son:
- Solicitud expresa del incentivo.
- Oportunidad de la solicitud.
- Prueba de los costos, gastos, tiempo y perjuicios que haya generado su participación durante el trámite de la investigación administrativa.
- Sanción a la empresa investigada con la imposición de una multa.
¿ LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN Y QUEJA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DAN LUGAR AL INCENTIVO?
No, porque estos recursos no implican el inicio de investigaciones administrativas con las empresas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL INCENTIVO?
El incentivo consiste en la adjudicación de una parte de la multa que la Superintendencia impone a las empresas de servicios públicos como sanción por haber incurrido en conductas contrarias a la ley, como es el caso del uso indebido de facturación, competencia desleal, aplicación indebida de tarifas y caso omiso a las quejas de los usuarios.
La Superintendencia adjudicará una parte de la multa impuesta a las empresas a aquellas personas –naturales o jurídicas-- que inicien, impulsen o colaboren con la investigación administrativa a manera de retribución por esfuerzos, gastos y tiempo invertidos en la investigación.
¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE LA MULTA QUE SE ADJUDICA COMO INCENTIVO?
La Superintendencia adjudicará hasta el 1 por ciento si la multa es igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($358.000.000) y hasta el 1,5 por ciento si la multa es inferior a 1.000 salarios mensuales.
¿EL INCENTIVO SE COMPARTE SI SON VARIAS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN UNA MISMA INVESTIGACIÓN?
No. El incentivo se otorga de forma independiente a cada una de las personas que los solicitaron, pero la sumatoria de los valores adjudicados no puede exceder los porcentajes establecidos.
¿QUIÉN PAGA EL INCENTIVO AL BENEFICIARIO?
La empresa multada es la que pagará directamente al beneficiario el valor del incentivo adjudicado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
¿EXISTE ALGÚN RECURSO PARA REVOCAR LA DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL RECURSO?
Sí. El solicitante del incentivo puede interponer recurso de reposición.
¿SI EL SOLICITANTE DEL INCENTIVO ES UN VOCAL DE CONTROL O MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE UN COMITÉ DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, EL INCENTIVO SE OTORGA A TÍTULO PERSONAL?
No. En este caso el incentivo se otorga al Comité respectivo, el cual debe darle al dinero percibido la destinación que corresponda según el reglamento expedido por el mismo comité.
¿ LA RESOLUCIÓN 6672 DE DICIEMBRE DE 2004 SIGUE VIGENTE? No. Con la expedición de la Resolución 0668 de febrero de 2004 queda derogada la Resolución 6672. Por lo tanto, la única reglamentación vigente en materia de adjudicación de incentivos en servicios públicos es la 0668 del 12 de febrero de 2004, que entró a regir el 18 de febrero del presente año, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial.
TOMADO DE ELTIEMPO.COM
POR DENISE DRESSER *
UNIDOS POR EL DERECHO AL VOTO, PERO DIVIDIDOS POR LA POBREZA
La democracia disfuncional de América Latina (Agosto 01 de 2005)
En América Latina, mucha gente vive con las manos extendidas.
Los gobiernos paternalistas acostumbran a sus pueblos a recibir apenas lo suficiente para sobrevivir, en lugar de participar en la sociedad. Los políticos que alguna vez Octavio Paz llamara los “ogros filantrópicos” crean clientes en vez de ciudadanos, pueblos que esperan en lugar de exigir.América Latina cojea a un costado porque no puede correr decididamente hacia adelante. De partida, hay demasiadas barreras para los pobres, los innovadores y quienes no tienen acceso al crédito. Existen demasiados muros erigidos contra la movilidad social, la competencia y la equidad en la política y los negocios.Como resultado, aunque los latinoamericanos pueden votar en un ambiente más democrático, no pueden competir en un mundo globalizado. Los estándares de vida han caído, los ingresos se han estancado y se ha perdido la fe. La gente marcha por las calles de Bolivia. O cree las promesas del presidente populista Hugo Chávez en Venezuela. O piensa en un retorno al pasado unipartidista en México. O ansía un “que se vayan todos”, como hoy parece estar arraigándose en Brasil.La región es más democrática y desigual que hace diez años. Unidos por el derecho al voto, los latinoamericanos siguen divididos por la pobreza. Las economías están organizadas de un modo que concentra la riqueza en pocas manos y a continuación le permite no pagar impuestos, privando a los gobiernos de los recursos para invertir en capital humano. Pocos gobiernos se han comprometido a hacer esta inversión. En su lugar, lo que el pueblo latinoamericano ha obtenido en la era democrática es un montón de obras públicas: puentes, carreteras y estructuras diseñadas para generar apoyo político de corto plazo.Esta democracia parece incapaz de desmantelar las viejas redes de clientelismo y sus tradicionales arreglos para compartir el poder. Las élites siguen resguardadas en vecindarios protegidos, dejando fuera a los pobres y sin incentivo para darles poder.Esto significa que amplios porcentajes de la población no terminan la secundaria, no tienen acceso a la universidad ni se convierten en ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos . Siguen al servicio de sistemas donde las relaciones personales importan más que las calificaciones y las habilidades, y en donde los puestos se asignan con base en la lealtad, no en el mérito. Las puertas se abren para los que tienen el apellido y los contactos correctos, y los contratos se adjudican con un guiño. Los monopolios estatales se venden a amigos que se convierten en multimillonarios, como el mexicano Carlos Slim.A pesar de los desórdenes en Bolivia y el avance de políticos populistas, América Latina no está a punto de sufrir un desastre económico. La región se mantiene en gran parte estable. Pero eso no es suficiente para hacer que la gente pase de una fábrica de tortillas a una compañía de software, para crear una clase media amplia y asegurar así movilidad social.La democracia puede estar funcionando lo suficientemente bien en términos de elecciones libres y justas. Pero otra cosa no lo está. La democracia disfuncional de América Latina es el resultado de un patrón de comportamiento político y económico que la condena al estancamiento, independientemente de quien gobierne. Tiene su raíz en reformas estructurales pospuestas o realizadas a medias, de privatizaciones que benefician a las élites pero perjudican a los consumidores.Esto ha dado sustento a un modelo que pone más valor en la extracción de recursos que en la educación y potenciación de la gente. Recursos abundantes, como el petróleo, son una maldición para la democracia en los países en desarrollo, ya que cuando un gobierno obtiene los ingresos que necesita mediante su venta, no siente necesidad de cobrar impuestos. Los gobiernos que no necesitan ampliar su base de contribuyentes tienen menos incentivos para responder a las necesidades de sus pueblos.De hecho, los gobiernos que se basan en el clientelismo en lugar de la plena ciudadanía no necesitan dar respuesta alguna. Producen democracias superficiales, donde las personas tienen voto pero no participan realmente en la toma de decisiones, en donde la riqueza está cada vez más concentrada y la brecha en los ingresos es más difícil de cerrar.Peor aún, tales gobiernos, ya sea autoritarios o nominalmente democráticos, convierten a sus ciudadanos en destinatarios de dádivas, en lugar de participantes. Crean gente que vive con las manos extendidas y no con las manos alzadas.* Profesora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
UNIDOS POR EL DERECHO AL VOTO, PERO DIVIDIDOS POR LA POBREZA
La democracia disfuncional de América Latina (Agosto 01 de 2005)
En América Latina, mucha gente vive con las manos extendidas.
Los gobiernos paternalistas acostumbran a sus pueblos a recibir apenas lo suficiente para sobrevivir, en lugar de participar en la sociedad. Los políticos que alguna vez Octavio Paz llamara los “ogros filantrópicos” crean clientes en vez de ciudadanos, pueblos que esperan en lugar de exigir.América Latina cojea a un costado porque no puede correr decididamente hacia adelante. De partida, hay demasiadas barreras para los pobres, los innovadores y quienes no tienen acceso al crédito. Existen demasiados muros erigidos contra la movilidad social, la competencia y la equidad en la política y los negocios.Como resultado, aunque los latinoamericanos pueden votar en un ambiente más democrático, no pueden competir en un mundo globalizado. Los estándares de vida han caído, los ingresos se han estancado y se ha perdido la fe. La gente marcha por las calles de Bolivia. O cree las promesas del presidente populista Hugo Chávez en Venezuela. O piensa en un retorno al pasado unipartidista en México. O ansía un “que se vayan todos”, como hoy parece estar arraigándose en Brasil.La región es más democrática y desigual que hace diez años. Unidos por el derecho al voto, los latinoamericanos siguen divididos por la pobreza. Las economías están organizadas de un modo que concentra la riqueza en pocas manos y a continuación le permite no pagar impuestos, privando a los gobiernos de los recursos para invertir en capital humano. Pocos gobiernos se han comprometido a hacer esta inversión. En su lugar, lo que el pueblo latinoamericano ha obtenido en la era democrática es un montón de obras públicas: puentes, carreteras y estructuras diseñadas para generar apoyo político de corto plazo.Esta democracia parece incapaz de desmantelar las viejas redes de clientelismo y sus tradicionales arreglos para compartir el poder. Las élites siguen resguardadas en vecindarios protegidos, dejando fuera a los pobres y sin incentivo para darles poder.Esto significa que amplios porcentajes de la población no terminan la secundaria, no tienen acceso a la universidad ni se convierten en ciudadanos con pleno ejercicio de sus derechos . Siguen al servicio de sistemas donde las relaciones personales importan más que las calificaciones y las habilidades, y en donde los puestos se asignan con base en la lealtad, no en el mérito. Las puertas se abren para los que tienen el apellido y los contactos correctos, y los contratos se adjudican con un guiño. Los monopolios estatales se venden a amigos que se convierten en multimillonarios, como el mexicano Carlos Slim.A pesar de los desórdenes en Bolivia y el avance de políticos populistas, América Latina no está a punto de sufrir un desastre económico. La región se mantiene en gran parte estable. Pero eso no es suficiente para hacer que la gente pase de una fábrica de tortillas a una compañía de software, para crear una clase media amplia y asegurar así movilidad social.La democracia puede estar funcionando lo suficientemente bien en términos de elecciones libres y justas. Pero otra cosa no lo está. La democracia disfuncional de América Latina es el resultado de un patrón de comportamiento político y económico que la condena al estancamiento, independientemente de quien gobierne. Tiene su raíz en reformas estructurales pospuestas o realizadas a medias, de privatizaciones que benefician a las élites pero perjudican a los consumidores.Esto ha dado sustento a un modelo que pone más valor en la extracción de recursos que en la educación y potenciación de la gente. Recursos abundantes, como el petróleo, son una maldición para la democracia en los países en desarrollo, ya que cuando un gobierno obtiene los ingresos que necesita mediante su venta, no siente necesidad de cobrar impuestos. Los gobiernos que no necesitan ampliar su base de contribuyentes tienen menos incentivos para responder a las necesidades de sus pueblos.De hecho, los gobiernos que se basan en el clientelismo en lugar de la plena ciudadanía no necesitan dar respuesta alguna. Producen democracias superficiales, donde las personas tienen voto pero no participan realmente en la toma de decisiones, en donde la riqueza está cada vez más concentrada y la brecha en los ingresos es más difícil de cerrar.Peor aún, tales gobiernos, ya sea autoritarios o nominalmente democráticos, convierten a sus ciudadanos en destinatarios de dádivas, en lugar de participantes. Crean gente que vive con las manos extendidas y no con las manos alzadas.* Profesora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
domingo, julio 24
¿COMO ACABAR LA CORRUPCIÓN? ELESPPECTADOR.COM
Empieza a caminar nueva política estatal anticorrupción.
Gobierno intervendrá municipios azotados por corrupción
Norbey Quevedo H.
Cerca de treinta municipios que afrontan líos de corrupción serán intervenidos administrativamente por el Gobierno. La propuesta hace parte de un plan de choque que el Ejecutivo hará público en agosto, cuando presente su nueva política estatal para la lucha contra la corrupción.
La iniciativa, que se viene estructurando desde comienzos del año pasado por la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción, ya tiene en la mira los casos de dos municipios: Tumaco (Nariño) y Tolú (Sucre). Sin embargo, miembros de la Comisión de Moralización aseguraron que otros 28 municipios, principalmente de los departamentos de Arauca, Casanare, La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, Caquetá y Nariño, podrían ser intervenidos.
En su mayoría estos municipios presentan problemas de gobernabilidad, como el caso de Tumaco, que en un término de dos años tuvo 70 alcaldes; otros entes territoriales presentan líos en el manejo de las transferencias y fallas en la asignación de dineros del régimen subsidiado.
El mecanismo de intervención objeto de los últimos ajustes jurídicos contempla que aquellos entes territoriales en dificultades severas de corrupción serán controlados a través de municipios cercanos, de la Gobernación o de la misma Nación. Adicionalmente, la nueva política anticorrupción del Gobierno destaca la conformación de una comisión temporal de todos los poderes y áreas de la administración pública, a fin de que se tomen drásticas medidas en el ámbito penal, disciplinario y fiscal.
Es tal la preocupación del Gobierno por lo que está sucediendo en la regiones con el tema, que la idea es que se retome la experiencia de Hong Kong, un país que en la década pasada se convirtió en el de mayores índices de corrupción, pero que gracias a medidas de choque similares a las que se aplicarán en Colombia, mejoró sustancialmente sus indicadores.
Otra de las directrices que contempla la nueva política estatal implica un nuevo control al manejo de las regalías de los municipios. En esencia, a partir de agosto, se buscará que el uso de estos recursos no lo haga exclusivamente el municipio beneficiario. Por el contrario, se les dará mayor participación a los departamentos y en algunos casos, como Meta, Arauca y Casanare, se tratará de que el dinero se maneje a través de sociedades fiduciarias.
De manera complementaria, se busca que en aquellos municipios pequeños en donde existan sobrantes de recursos por regalías, se redistribuyan a los departamentos, de tal manera que los dineros no se inviertan en insumos y obras innecesarias, como lo registran de manera recurrente los organismos de control.
Y para invertir los dineros se propondrá la actualización de la información de coberturas, no obstante las cifras que existen del último censo de población.
La justicia
La divulgación de la iniciativa es producto del análisis de las cifras, que muestran que la mayor cantidad de recursos se maneja en las regiones; de las recientes encuestas que sobre el tema produjeron el Banco Mundial y Transparencia Internacional, y también de los registros de los organismos de control, la rama judicial y de talleres efectuados en once ciudades, reuniones con 32 comisiones de moralización y aportes de la sociedad civil. De esta manera, se identificaron problemas, causas y se definieron las líneas de acción, consultadas a expertos nacionales e internacionales en el tema.
En este sentido, se detectó que el tema de mayor asociación a la corrupción (aprovechamiento de recursos públicos en beneficio particular) es la impunidad. Por esta razón, la naciente política oficial establece la obligatoriedad a los organismos de control y de la rama judicial de hacer rendición periódica de cuentas a los ciudadanos. Esta medida obedece a que en las páginas web, por ejemplo, no se informa cuánto dinero reciben y cuánto gastan esas entidades en su labor.
De la misma manera, en materia de información se les solicitará a los organismos judiciales que diseñen un mecanismo para que el ciudadano pueda consultar el estado o hacer seguimiento a las investigaciones. Igualmente, se busca que la rama judicial entregue de manera constante al público información estadística sobre los procesos.
También se busca optimizar los recursos de la justicia. En este sentido se aglutinarán los esquemas necesarios para articular los procesos judiciales desde el momento en que se inician. La idea es tener un sistema unificado que les permita a los organismos de control, a los abogados y a la ciudadanía, tener mayor control, optimizar el trabajo y acceder a la información.
La formulación de la política frente a la justicia también señala la puesta en marcha de la ley de carrera administrativa, por concurso, para los funcionarios de la rama judicial y los organismos de control. Además, con recursos de la cooperación internacional se empezará a capacitar a los funcionarios públicos en asuntos de corrupción. Al respecto, se recuerda el caso del manejo de subsidios en los municipios de Soledad y Malambo (Atlántico), en donde una vez los funcionario entendieron el asunto, los responsables ya habían huido del país.
Sistema electoral
Con recursos de la cooperación internacional, específicamente del Plan Colombia, desde el gobierno pasado se diseñó un modelo de control interno en las entidades públicas. En este sentido se unificó el esquema de control y con la nueva iniciativa se busca que, por mandato legal, en 2006 todas las entidades tengan este sistema.
En materia electoral, se determinó acceso a la información sobre partidos políticos, revisión del régimen electoral, verificación del sistema de financiación de campañas y la implementación del voto electrónico.
La política estatal anticorrupción será presentada en agosto y está por verse si lo planteado no queda en el papel, como ha sucedido en los últimos gobiernos.
Cinco asuntos a tener en cuenta
Gobierno intervendrá municipios azotados por corrupción
Norbey Quevedo H.
Cerca de treinta municipios que afrontan líos de corrupción serán intervenidos administrativamente por el Gobierno. La propuesta hace parte de un plan de choque que el Ejecutivo hará público en agosto, cuando presente su nueva política estatal para la lucha contra la corrupción.
La iniciativa, que se viene estructurando desde comienzos del año pasado por la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción, ya tiene en la mira los casos de dos municipios: Tumaco (Nariño) y Tolú (Sucre). Sin embargo, miembros de la Comisión de Moralización aseguraron que otros 28 municipios, principalmente de los departamentos de Arauca, Casanare, La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, Caquetá y Nariño, podrían ser intervenidos.
En su mayoría estos municipios presentan problemas de gobernabilidad, como el caso de Tumaco, que en un término de dos años tuvo 70 alcaldes; otros entes territoriales presentan líos en el manejo de las transferencias y fallas en la asignación de dineros del régimen subsidiado.
El mecanismo de intervención objeto de los últimos ajustes jurídicos contempla que aquellos entes territoriales en dificultades severas de corrupción serán controlados a través de municipios cercanos, de la Gobernación o de la misma Nación. Adicionalmente, la nueva política anticorrupción del Gobierno destaca la conformación de una comisión temporal de todos los poderes y áreas de la administración pública, a fin de que se tomen drásticas medidas en el ámbito penal, disciplinario y fiscal.
Es tal la preocupación del Gobierno por lo que está sucediendo en la regiones con el tema, que la idea es que se retome la experiencia de Hong Kong, un país que en la década pasada se convirtió en el de mayores índices de corrupción, pero que gracias a medidas de choque similares a las que se aplicarán en Colombia, mejoró sustancialmente sus indicadores.
Otra de las directrices que contempla la nueva política estatal implica un nuevo control al manejo de las regalías de los municipios. En esencia, a partir de agosto, se buscará que el uso de estos recursos no lo haga exclusivamente el municipio beneficiario. Por el contrario, se les dará mayor participación a los departamentos y en algunos casos, como Meta, Arauca y Casanare, se tratará de que el dinero se maneje a través de sociedades fiduciarias.
De manera complementaria, se busca que en aquellos municipios pequeños en donde existan sobrantes de recursos por regalías, se redistribuyan a los departamentos, de tal manera que los dineros no se inviertan en insumos y obras innecesarias, como lo registran de manera recurrente los organismos de control.
Y para invertir los dineros se propondrá la actualización de la información de coberturas, no obstante las cifras que existen del último censo de población.
La justicia
La divulgación de la iniciativa es producto del análisis de las cifras, que muestran que la mayor cantidad de recursos se maneja en las regiones; de las recientes encuestas que sobre el tema produjeron el Banco Mundial y Transparencia Internacional, y también de los registros de los organismos de control, la rama judicial y de talleres efectuados en once ciudades, reuniones con 32 comisiones de moralización y aportes de la sociedad civil. De esta manera, se identificaron problemas, causas y se definieron las líneas de acción, consultadas a expertos nacionales e internacionales en el tema.
En este sentido, se detectó que el tema de mayor asociación a la corrupción (aprovechamiento de recursos públicos en beneficio particular) es la impunidad. Por esta razón, la naciente política oficial establece la obligatoriedad a los organismos de control y de la rama judicial de hacer rendición periódica de cuentas a los ciudadanos. Esta medida obedece a que en las páginas web, por ejemplo, no se informa cuánto dinero reciben y cuánto gastan esas entidades en su labor.
De la misma manera, en materia de información se les solicitará a los organismos judiciales que diseñen un mecanismo para que el ciudadano pueda consultar el estado o hacer seguimiento a las investigaciones. Igualmente, se busca que la rama judicial entregue de manera constante al público información estadística sobre los procesos.
También se busca optimizar los recursos de la justicia. En este sentido se aglutinarán los esquemas necesarios para articular los procesos judiciales desde el momento en que se inician. La idea es tener un sistema unificado que les permita a los organismos de control, a los abogados y a la ciudadanía, tener mayor control, optimizar el trabajo y acceder a la información.
La formulación de la política frente a la justicia también señala la puesta en marcha de la ley de carrera administrativa, por concurso, para los funcionarios de la rama judicial y los organismos de control. Además, con recursos de la cooperación internacional se empezará a capacitar a los funcionarios públicos en asuntos de corrupción. Al respecto, se recuerda el caso del manejo de subsidios en los municipios de Soledad y Malambo (Atlántico), en donde una vez los funcionario entendieron el asunto, los responsables ya habían huido del país.
Sistema electoral
Con recursos de la cooperación internacional, específicamente del Plan Colombia, desde el gobierno pasado se diseñó un modelo de control interno en las entidades públicas. En este sentido se unificó el esquema de control y con la nueva iniciativa se busca que, por mandato legal, en 2006 todas las entidades tengan este sistema.
En materia electoral, se determinó acceso a la información sobre partidos políticos, revisión del régimen electoral, verificación del sistema de financiación de campañas y la implementación del voto electrónico.
La política estatal anticorrupción será presentada en agosto y está por verse si lo planteado no queda en el papel, como ha sucedido en los últimos gobiernos.
Cinco asuntos a tener en cuenta
Con el nuevo Sistema Acusatorio seis funcionarios públicos han sido condenados por casos de corrupción.- Una investigación deTransparencia Internacional en Colombia indica que la mayor demanda de tutelas en la Corte Constitucional obedece a la no respuesta de derechos de petición o acceso a la información.
- Pese a que se han invertido varias decenas de millones de dólares en portales web de información en contratos.gov.co y el Cise, aún no funcionan cabalmente.
- En las entidades públicas no se permite el libre acceso a documentos por parte de los ciudadanos o la prensa, excepto el algunos casos en donde se debe elevar un derecho de petición.
- Se estima que la corrupción le costó a Colombia el año pasado aproximadamente $2,5 billones.
OPINIONES:
María Margarita Zuleta G.
“Hay varios casos”
¿En el diseño de esta nueva política anticorrupción se plantea algo frente al sector privado?
No, partimos de la base de que estamos hablando únicamente del sector público colombiano.
¿En qué consiste la adaptación de la experiencia de Hong Kong?
Es una propuesta que se va a hacer. En Hong Kong lo que se hizo fue una comisión especial que todavía funciona con varias estrategias: la concientización, la investigación, el juzgamiento y la sanción.
¿Qué tanta corrupción considera que hay en el nivel central?
Preguntar eso es como preguntar qué tantas personas cree usted que hay en el universo.
¿Por qué una de las críticas que se le hace a su programa es que usted solamente mira a las regiones y no vigila al nivel central?
Eso no es cierto. Nosotros tenemos unas personas dedicadas al nivel central y unas dedicadas a las regiones.
Y entonces, ¿en qué casos en el nivel central han trabajado?
Hay unos que conocen los organismos de control, hay otros en los que hemos informado inmediatamente a los superiores. En esos casos nos han oído y rápidamente se ha interrumpido un proceso o se suspendieron personas, incluso se han presentado casos en que se han desvinculado personas de la administración.
¿En qué casos?
Yo no le voy a decir los casos, ya que son sujeto de investigación.
Conceptos
Rafael Pardo
Senador
Creo que hay dos grandes categorías. Una general que se debe combatir a través de acciones penales y hechos ejemplarizantes. La otra es política que depende de acciones fuertes, una ética pública y partidos políticos sólidos para evitar la politiquería.
Gilberto Toro
Presidente Federación Colombiana de Municipios
La lucha anticorrupción no se debe hacer con escándalos cuando inicia la investigación. Menos del 10% de los funcionarios terminan sancionados. Se deben atacar las causas, por ejemplo, financiar las campañas políticas a nivel local, mejores salarios para los funcionarios, reelección de alcaldes y gobernadores y más transparencia aprovechando las nuevas tecnologías. Intervenir los municipios podría ser una reproducción de viejas prácticas políticas para meterse en la administración local.
Virgilio Hernández
Ex jefe Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía
Se requiere que los controles dispuestos en la Ley se pongan en práctica. También, promover la participación ciudadana como mecanismo de control social a los actos de la administración. Promover una cultura cimentada en valores de respeto por lo público desde las aulas escolares. Castigar y perseguir con igual severidad la corrupción privada y que las sanciones administrativas y/o judiciales contra los actos de corrupción no sólo sean drásticas sino efectivas.
Eugenio Marulanda
Presidente de Confecámaras
Hay que hacer del presupuesto participativo una realidad que las diferentes etapas de gestión estén en permanente control y vigilancia. Se le debe permitir a la ciudadanía una activa participación, de esta forma se podrán reducir las oportunidades de hechos de corrupción. De otra parte, los mandatarios tienen que ratificar su compromiso con unos sólidos principios éticos en materia contractual.
Francisco Santos
Vicepresidente de la República
Frente al tema, la semana pasada en un foro organizado por la asociación de ex alumnos de la Universidad de los Andes señaló: “Nuestro programa de lucha contra la corrupción redujo dramáticamente la recepción y trámite de denuncias, porque la frustración y los reclamos de los denunciantes por la falta de resultados en los organismos era una carga insostenible”.
Myriam Bustos
Directora Red de Veedurías Ciudadanas
Se debe promover un debate nacional y generar una política no sólo para la Rama Ejecutiva sino para todas las ramas del poder público. También implementar la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. La gente se debe sentir respaldada por los órganos de vigilancia y control.
Resultados de Uribe
En materia de lucha contra la corrupción, los indicadores de organismos internacionales muestran una aceptable gestión del gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El Banco Mundial desde 1996 realiza un estudio sobre gobernabilidad en 209 países con base en seis indicadores, entre ellos el control a la corrupción. El último reporte divulgado por la entidad hace cerca de cuatro meses destaca que desde 2002 hasta la fecha el país mejoró en cinco de los seis indicadores. La calificación más significativa se registró en el tema de corrupción. Al respecto, el estudio mostró que Colombia está por encima del promedio latinoamericano y de 52,2% de todos los países encuestados.
Según la medición del Banco Mundial para medir el éxito o el fracaso de las iniciativas que pretenden combatir la corrupción, los indicadores que utiliza son participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad de gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control a la corrupción.
Como se señaló en cinco de los seis, la medición mejoró, pero sigue siendo el talón de aquiles en el caso colombiano la calidad regulatoria.
sábado, julio 23
LLOVER SOBRE MOJADO
Jorge Restrepo. ElTiempo.com
Lo dice la ONU: se seguirán perdiendo millones de vidas que podrían salvarse y negando muchas libertades que podrían asegurarse; por eso el mundo será “peligroso e inestable”.
Esto hoy más que antes porque es primera vez que la humanidad tiene dinero y técnica suficientes para satisfacer necesidades. La afirmación está en un informe de la asamblea mundial que evalúa ocho compromisos para el 2015 que suscribió al cumplirse el milenio, y en víspera de la celebración de sus 60 años, en septiembre, cuando habrá la mayor cumbre mundial de la historia. Los compromisos son tan obvios que la insistencia es vergonzosa y la estadística al respecto tan conocida como escandalosa. Tiene que ver con lo primario de la existencia: comida, techo, salud, educación.En estos días, el periodismo se horrorizó aquí porque en un pueblo del Pacífico, muestra clásica de la miseria impenitente de esta república, no hay luz hace más de un año. Su protesta no solo ha sido poca y retardada, sino que se justifica menos que ante realidades como los 11 millones de niños que mueren al año por enfermedades curables, los 115 sin escuela o los de su horripilante explotación sexual o laboral, los maltratados, o el medio millón de mujeres que mueren por complicación del parto, o los mil millones de familias que viven en ranchos. Tanta injusticia es aún más sublevante cuando se la ignora, se la desconoce como prioridad máxima o se niega su incidencia en violencia, descomposición social, terrorismo, delincuencia. La ONU identifica 50 países en situación grave. La ayuda internacional, de 79 mil millones de dólares el año pasado, representa el 0,25 del PIB de los países ricos, lejos del 0,7 como nivel apenas aceptable. En estos días, el G-8 aumentó la cantidad y alivió la deuda de los más atrasados. La discusión es, sin embargo, si esa ayuda, mejor que nada, es útil o perjudicial en la medida en que es mal utilizada agravándola, como pasa con limosna o asistencialismo mal entendido. Recomendaciones de fondo apuntan a saneamiento de la economía, lucha contra la corrupción y apertura a la inversión extranjera, que incrementarían los recursos para el desarrollo. A los ricos, más que subsidiar, se pide igualdad comercial internacional, suspensión del proteccionismo agrícola y difusión de tecnología en información y comunicación. Se llega siempre a lo mismo, aunque en circunstancias diferentes: la situación parece insoluble dentro de las condiciones políticas mundiales presentes, a pesar de que el tamaño de la asimetría mundial y de la miseria, en medio de creciente intercomunicación, las hacen cada vez más estruendosas, lo que normalmente debe traer algún cambio, a las buenas o a las malas. Solo el espacio que ha ganado en los medios lo que a veces despectivamente se llama ‘lo social’ da para pensar que la sociedad no es congelable, a pesar de que lo hayan conseguido en muchas ocasiones.
Lo dice la ONU: se seguirán perdiendo millones de vidas que podrían salvarse y negando muchas libertades que podrían asegurarse; por eso el mundo será “peligroso e inestable”.
Esto hoy más que antes porque es primera vez que la humanidad tiene dinero y técnica suficientes para satisfacer necesidades. La afirmación está en un informe de la asamblea mundial que evalúa ocho compromisos para el 2015 que suscribió al cumplirse el milenio, y en víspera de la celebración de sus 60 años, en septiembre, cuando habrá la mayor cumbre mundial de la historia. Los compromisos son tan obvios que la insistencia es vergonzosa y la estadística al respecto tan conocida como escandalosa. Tiene que ver con lo primario de la existencia: comida, techo, salud, educación.En estos días, el periodismo se horrorizó aquí porque en un pueblo del Pacífico, muestra clásica de la miseria impenitente de esta república, no hay luz hace más de un año. Su protesta no solo ha sido poca y retardada, sino que se justifica menos que ante realidades como los 11 millones de niños que mueren al año por enfermedades curables, los 115 sin escuela o los de su horripilante explotación sexual o laboral, los maltratados, o el medio millón de mujeres que mueren por complicación del parto, o los mil millones de familias que viven en ranchos. Tanta injusticia es aún más sublevante cuando se la ignora, se la desconoce como prioridad máxima o se niega su incidencia en violencia, descomposición social, terrorismo, delincuencia. La ONU identifica 50 países en situación grave. La ayuda internacional, de 79 mil millones de dólares el año pasado, representa el 0,25 del PIB de los países ricos, lejos del 0,7 como nivel apenas aceptable. En estos días, el G-8 aumentó la cantidad y alivió la deuda de los más atrasados. La discusión es, sin embargo, si esa ayuda, mejor que nada, es útil o perjudicial en la medida en que es mal utilizada agravándola, como pasa con limosna o asistencialismo mal entendido. Recomendaciones de fondo apuntan a saneamiento de la economía, lucha contra la corrupción y apertura a la inversión extranjera, que incrementarían los recursos para el desarrollo. A los ricos, más que subsidiar, se pide igualdad comercial internacional, suspensión del proteccionismo agrícola y difusión de tecnología en información y comunicación. Se llega siempre a lo mismo, aunque en circunstancias diferentes: la situación parece insoluble dentro de las condiciones políticas mundiales presentes, a pesar de que el tamaño de la asimetría mundial y de la miseria, en medio de creciente intercomunicación, las hacen cada vez más estruendosas, lo que normalmente debe traer algún cambio, a las buenas o a las malas. Solo el espacio que ha ganado en los medios lo que a veces despectivamente se llama ‘lo social’ da para pensar que la sociedad no es congelable, a pesar de que lo hayan conseguido en muchas ocasiones.
martes, julio 12
COQUITO ANTITRAMITES (Buenas noticias para el ciudadano común, malas noticias para los corruptos.)
ABC DE LA LEY ANTITRAMITES
¿Qué es la ley antitrámites?
Esta Ley es una iniciativa gubernamental que se creo para reducir buena parte de los trámites y procedimientos que las personas jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades del Estado.¿Para qué sirve?
Para aumentar la eficiencia del Estado recortando cerca de 80 trámites y reduciendo el tiempo en otros. La Ley busca dar mayor celeridad, economía, eficacia e imparcialidad en los trámites. La implementación de esta Ley conduce a un importante ahorro de tiempo y recursos de los ciudadanos y el Estado en general.
¿Qué prohíbe?
Prohíbe la exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que hayan sido reglamentadas de manera general por la Ley.
¿Se necesitaba esta Ley?
Sí. Muchos de los trámites que los ciudadanos realizaban en las diferentes entidades del Estado requerían de una gran inversión de tiempo y dinero, lo cual en muchos de los casos se convertía en un obstáculo para llegar a la finalidad de la diligencia. Igualmente obliga a las entidades a comunicarse entre si para agilizar los trámites y procedimientos que tengan conjuntamente.La creación de una Ley de esta magnitud era una necesidad para el país si se tiene en cuenta que es una obligación tener -cada día- un Estado más eficaz y transparente en la gestión pública. De ahí el por qué de eliminar decenas de gestiones ante los organismos oficiales.LOS TRÁMITES
¿El divorcio se puede hacer ante notario?
Cuando exista acuerdo entre los cónyuges, el divorcio se podrá hacer ante notario, por intermedio de abogado, mediante escritura pública. Este trámite solo se podía hacer ante un juez de familia, ahora se puede realizar en una notaria, lo cual agiliza y descongestiona procedimientos, ahorrando tiempo a los interesados.
¿Qué pasa si el matrimonio es católico?
La Ley dice que los casados mediante vínculo religioso podrán efectuar la cesación de los efectos civiles ante la notaría, produciendo los mismos efectos que el divorcio decretado judicialmente.¿Se pueden volver a casar?
Esto permite que las personas se vuelvan a casar, pero por lo civil, pues deberán tramitar la separación ante la Iglesia. Cuando en el matrimonio que se divorcia existan hijos, deberá intervenir el Defensor de Familia.
PRESENTACIONES PERSONALES PARA PROBAR SUPERVIVENCIA
¿Se puede seguir exigiendo la presentación personal mensualmente?
La Ley establece que ninguna autoridad podrá exigir presentaciones personales para probar supervivencia cuando no hayan transcurrido más de un año contado a partir de la última presentación de supervivencia. No obstante se debe tener presente que cuando se trate de entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el término será de 3 meses.DECLARACIONES EXTRAJUICIO
¿Desaparecen las declaraciones extrajuicio?
La Ley establece que en todas las actuaciones o trámites administrativos se suprimen como requisito las declaraciones ante juez o autoridad de cualquier índole, con base en el principio de buena fe. Ahora solo basta con la afirmación que hagan las personas interesadas ante la entidad, bajo juramento.
¿Cuánto se ahorran los ciudadanos en este trámite?
Con este nuevo procedimiento los ciudadanos se economizaran, en muchos casos los $8.500, que es el valor actual de dicho documento.
¿En qué casos se tiene que hacer esta diligencia?
En los casos en que la administración pública actúe como entidad de previsión o seguridad social, responsable en el pago de pensiones o para los casos relacionados con protección social que establezca el Gobierno Nacional.
SELLOS¿Es verdad que ya no se pueden exigir sellos?
Si. La Ley prohíbe el uso de sellos en las diferentes actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares.
¿ En algún caso se podrán exigir?
En los casos específicos de seguridad como en el pasado judicial, los productos que requieran de registro sanitario obligatorio y los tratados internacionales de naturaleza comercial suscritos por Colombia.Desde ahora, la firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. La presente Ley prohíbe a los notarios sentar esos registros, así como expedir certificaciones sobre los mismos.
REGISTRO CIVIL
¿El registro civil tiene caducidad?
Con la entrada en vigencia de esta nueva Ley, las copias de este documento que en la actualidad tiene un costo de $5.000, serán válidas sin importar la fecha de su expedición. A la fecha algunas entidades y planteles educativos exigían el registro civil con un máximo de tres meses de expedición. Lo que significaba que los padres de familia tenían que sacar copias -de este documento- con bastante frecuencia. Se exceptúan los trámites de pensión, de afiliación a la seguridad social, riesgos profesionales y la celebración del matrimonio.¿ Los habitantes de regiones apartadas dónde pueden sacar el registro?Esta nueva herramienta establece que los registros civiles podrán -desde ahora- ser expedidos por alcaldes, gobernadores o notarios en los lugares donde no haya sedes de la registraduría.Esto evita que las personas que viven en zonas selváticas y rurales, tengan que dedicar horas y hasta días enteros en recorridos para ir a tramitar registros civiles. Al tiempo que ahorrarán el dinero del desplazamiento.
ESTA LEY CREA EL NUIP
¿ Qué es el Nuip?
Con la entrada en vigencia de esta nueva Ley se crea el Número Único de Identificación Personal (Nuip).¿ Para qué sirve?
Este número, que será asignado a los colombianos por la Registraduría Nacional en el momento de la inscripción del registro civil, servirá para identificar a las personas desde su nacimiento hasta su muerte.
Será el mismo en el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la libreta militar (en el caso de los hombres), la licencia de conducción y carné de seguridad social. El Nuip se aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas.¿ Una persona que ya tiene cédula tiene que sacar el Nuip?
No. Para las personas mayores de edad al momento de expedirse la presente Ley, se entenderá que el Nuip es el número de la cédula de ciudadanía.
FORMULARIOS GRATIS
¿ Esta ley aumenta los precios de los formularios?
No. Con esta nueva Ley todos los formularios oficiales son gratis.
¿ Entonces, cómo se pueden obtener?
Todas las entidades del Estado deberán habilitar los mecanismos necesarios para disponer, de manera oportuna y gratuita, el formato definido para cumplir con las obligaciones, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o electrónicas. Los únicos formularios que podrán ser cobrados son los relacionados con el proceso de contratación estatal y el acceso a la educación pública.
El Gobierno reglamentará el desmonte progresivo de los cobros por los formularios. Actualmente se paga, entre otros, por los formularios de declaración de renta $2.500 y por el de Industria y Comercio $2.100.
ATENCIÓN PARA TODOS
¿Cuál es el horario de atención al público en las entidades oficiales?La Ley determina que el horario deberá tener una duración mínima de ocho horas.¿Si estando en la fila se terminan las 8 horas, qué pasa?Todas las entidades estatales NO podrán suspender la atención al público hasta tanto hayan atendido a todos los usuarios que permanezcan en la respectiva dependencia a la hora del cierre.
Con esto se busca evitar que algunas dependencias suspendan la atención de la gente con el argumento del horario.
CORRECCIONES DE RENTA
¿ Si se comete un error en la declaración de renta, se podrá corregir?
Los errores e inconsistencias en las declaraciones de renta y los recibos de pago, podrán ser corregidos sin que sea necesario pagar multas. La idea, según la iniciativa, es que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor a declarar.
Así las cosas, las personas pueden corregir errores en el NIT y errores aritméticos. La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
¿Quién debe realizar el trámite de homologación de estudios en el exterior?En adelante, la homologación de los estudios cursados en el exterior será realizada directamente por la institución de educación superior en la que el interesado desee continuar sus estudios.Esta homologación se puede realizar siempre y cuando existan los convenios requeridos. La convalidación de los títulos será tarea del Ministerio de Educación.
MENORES AL EXTERIOR
¿Qué deben hacer los padres para llevar sus hijos al exterior?Esta nueva Ley establece que si el menor está acompañado de sus dos padres no se requerirá de documento distinto al pasaporte, ningún permiso especial, salvo el certificado del registro civil de nacimiento en el caso de que los nombres de sus padres no estuvieren incluidos en el pasaporte.INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
¿ Dónde y cómo se paga la inmovilización de vehículos?
Para el caso especifico de inmovilización de vehículos, las autoridades de tránsito establecerán un sistema de información central, preferiblemente de acceso telefónico, que permita a los interesados, conocer el lugar donde éste se encuentra inmovilizado.¿ Se deben pagar por aparte multas y parqueos?
Los pagos por concepto de grúas, multas y parqueos, serán cancelados en una sola diligencia, en las entidades financieras con las que las autoridades realicen convenios. No se podrá disponer de una sola sucursal.
Solo se podrá computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la cancelación de la misma.DESPLAZADOS¿ Esta Ley sirve en algo a las personas en situación de desplazamiento?
SI.¿ En qué?
La presente Ley simplifica el trámite de inscripción en el Programa de Beneficios para Desplazados. Las personas que se encuentren en situación de desplazamiento, podrán declarar los hechos ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en el formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social, a fin de acceder a los beneficios que se otorgan para este tipo de población.
¿ Estas personas tienen que llevar algún documento a la Red de Solidaridad? No.¿ Entonces quién hace los trámites?
Las entidades que reciban los hechos declarados están en la obligación de remitir la copia a más tardar el día hábil siguiente a la Red de Solidaridad o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal.
Cuando se establezca que los hechos declarados no son ciertos, la persona perderá todos los beneficios, sin perjuicio de sanciones penales.
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS
¿ Las autoridades pueden retener documentos de identidad?
Ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar o cualquier otro documento.¿ Y si los documentos son exigidos para el ingreso a una entidad?
Según la Ley, queda totalmente prohibido retener estos documentos para el ingreso a dependencias públicas o privadas.
AUTENTICACIONES¿ Se deben autenticar las firmas de los documentos?
La Ley establece que las firmas particulares impuestas en documentos privados, que deban tramitarse ante autoridades públicas NO requerirán de autenticación. Se presumirá que las firmas son verdaderas y solo se podrá desestimar dicha presunción si la persona a la que se dice pertenece la firma, la tacha de falsa.
¿ Qué ahorro representa esto a los ciudadanos?
Esta modificación ahorra a los ciudadanos $1.160, por cada una de las firmas que tenían que autenticar en las notarias.
LEYES Y DECRETOS
¿ Dónde se consiguen los textos de las leyes y decretos del Estado?
La Administración Pública está en la obligación de poner a disposición del público las leyes, decretos y actos administrativos, a través de medios electrónicos, sin perjuicio de la publicación legal del Diario Oficial.
¿ Dónde se consigue información de las entidades?
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado están en la obligación de suministrar información, a través de cualquier medio.
Tendrán que suministrar información sobre: las normas básicas que determinan su competencia, sus funciones, los servicios que presta, los trámites ante la entidad, localización, horarios de trabajo y atención al público, cargo y nombre a quien se debe dirigir para poner queja.¿ Esta información se debe solicitar personalmente?
No. En ninguno de los casos las personas tendrán que ir personalmente a obtener la información.SOLICITUD DE CITAS SIN PRESENTACIÓN PERSONAL
¿ Se puede conseguir turno sin presentarse ante una entidad?
Claro. Antes del 31 de diciembre del 2007 todas las entidades del Estado, que presten servicios masivos a los ciudadanos, tendrán que tener un sistema tecnológico para otorgar citas de atención al público de manera automática, sin la necesidad de presentación personal.IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
¿ Cómo se agilizarán los trámites de comercio exterior?
De dos formas especialmente: mediante la racionalización de las autorizaciones y vistos buenos para importaciones y exportaciones; y a través de la denominada ventanilla y formulario único.¿ En qué consiste la racionalización de las autorizaciones y vistos buenos?El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe coordinar (en un período no mayor a seis meses a partir de esta Ley) con todas las entidades correspondientes la información con respecto a vistos buenos y autorizaciones que deben tener importaciones y exportaciones, con el fin de que no se exija lo mismo por parte de varias entidades.
De esta forma se busca racionalizar y hacer más viable el proceso tanto de exportación como de importación, sin perjuicio de las facultades que para ello tienen las autoridades.Todo acto de creación de vistos buenos o autorizaciones para importaciones o exportaciones deberá informarse al Ministerio de Comercio, al momento de su expedición.¿ Cómo se deben realizar las inscripciones y vistos buenos?
Las entidades ante las cuales los importadores o exportadores deban inscribirse previamente para obtener vistos buenos o autorizaciones para realizar sus operaciones deberán establecer mecanismos para facilitar la consulta de dichas inscripciones o publicarlas vía Internet y no podrán exigir nuevamente tal inscripción antes sus oficinas ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país.
¿ En qué consiste la ventanilla y el formulario único?
El Gobierno tendrá tres meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, para establecer un esquema de ventanilla y formulario único que reúna las exigencias y requisitos de las entidades que realicen las operaciones de comercio exterior, con el fin de que la respuesta al usuario provenga de una sola entidad.
Ya no será necesario realizar varios trámites ante diferentes entidades sino será un formulario en una ventanilla, con lo cual se entenderán surtidos los trámites ante las demás entidades.¿ Qué procedimientos de revisión tendrá la mercancía que ingrese o salga del país?Para la revisión e inspección física y manejo de carga en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, de la mercancía que entre o salga del país; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) junto con las entidades que deban intervenir en dicha inspección y certificación, deberán tener los mecanismos necesarios para que se realice una única diligencia cuya duración no podrá exceder de un día y cuyo costo será único.
FORMULARIO ÚNICO PARA ENTIDADES TERRITORIALES
¿ Qué es?
Es un documento que se creará con el fin de minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales deben diligenciar a pedido de las entidades del orden nacional.¿ Quién será el encargado de crearlo?
Será el Ministerio del Interior y de Justicia. El cual a partir de la promulgación de la presente Ley tendrá 90 días para crear el diseño y hacer la aplicación de un formato común. Todas las entidades estarán en la obligación de aplicar el formato que acuerde el Ministerio.
COMERCIANTES
¿Continua el pago de impuestos a Sayco-Acinpro?
Si, pero no se podrá cobrar dicho impuesto a quienes no obtengan ningún beneficio económico del mismo. Los establecimientos que deben pagar serán categorizados por el Ministerio del Interior. Ejemplo, no pagarán impuesto establecimientos como: peluquerías, tiendas, supermercados, y negocios que no tengan como principal beneficio o atractivo la música
¿Qué es la ley antitrámites?
Esta Ley es una iniciativa gubernamental que se creo para reducir buena parte de los trámites y procedimientos que las personas jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades del Estado.¿Para qué sirve?
Para aumentar la eficiencia del Estado recortando cerca de 80 trámites y reduciendo el tiempo en otros. La Ley busca dar mayor celeridad, economía, eficacia e imparcialidad en los trámites. La implementación de esta Ley conduce a un importante ahorro de tiempo y recursos de los ciudadanos y el Estado en general.
¿Qué prohíbe?
Prohíbe la exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que hayan sido reglamentadas de manera general por la Ley.
¿Se necesitaba esta Ley?
Sí. Muchos de los trámites que los ciudadanos realizaban en las diferentes entidades del Estado requerían de una gran inversión de tiempo y dinero, lo cual en muchos de los casos se convertía en un obstáculo para llegar a la finalidad de la diligencia. Igualmente obliga a las entidades a comunicarse entre si para agilizar los trámites y procedimientos que tengan conjuntamente.La creación de una Ley de esta magnitud era una necesidad para el país si se tiene en cuenta que es una obligación tener -cada día- un Estado más eficaz y transparente en la gestión pública. De ahí el por qué de eliminar decenas de gestiones ante los organismos oficiales.LOS TRÁMITES
¿El divorcio se puede hacer ante notario?
Cuando exista acuerdo entre los cónyuges, el divorcio se podrá hacer ante notario, por intermedio de abogado, mediante escritura pública. Este trámite solo se podía hacer ante un juez de familia, ahora se puede realizar en una notaria, lo cual agiliza y descongestiona procedimientos, ahorrando tiempo a los interesados.
¿Qué pasa si el matrimonio es católico?
La Ley dice que los casados mediante vínculo religioso podrán efectuar la cesación de los efectos civiles ante la notaría, produciendo los mismos efectos que el divorcio decretado judicialmente.¿Se pueden volver a casar?
Esto permite que las personas se vuelvan a casar, pero por lo civil, pues deberán tramitar la separación ante la Iglesia. Cuando en el matrimonio que se divorcia existan hijos, deberá intervenir el Defensor de Familia.
PRESENTACIONES PERSONALES PARA PROBAR SUPERVIVENCIA
¿Se puede seguir exigiendo la presentación personal mensualmente?
La Ley establece que ninguna autoridad podrá exigir presentaciones personales para probar supervivencia cuando no hayan transcurrido más de un año contado a partir de la última presentación de supervivencia. No obstante se debe tener presente que cuando se trate de entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el término será de 3 meses.DECLARACIONES EXTRAJUICIO
¿Desaparecen las declaraciones extrajuicio?
La Ley establece que en todas las actuaciones o trámites administrativos se suprimen como requisito las declaraciones ante juez o autoridad de cualquier índole, con base en el principio de buena fe. Ahora solo basta con la afirmación que hagan las personas interesadas ante la entidad, bajo juramento.
¿Cuánto se ahorran los ciudadanos en este trámite?
Con este nuevo procedimiento los ciudadanos se economizaran, en muchos casos los $8.500, que es el valor actual de dicho documento.
¿En qué casos se tiene que hacer esta diligencia?
En los casos en que la administración pública actúe como entidad de previsión o seguridad social, responsable en el pago de pensiones o para los casos relacionados con protección social que establezca el Gobierno Nacional.
SELLOS¿Es verdad que ya no se pueden exigir sellos?
Si. La Ley prohíbe el uso de sellos en las diferentes actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares.
¿ En algún caso se podrán exigir?
En los casos específicos de seguridad como en el pasado judicial, los productos que requieran de registro sanitario obligatorio y los tratados internacionales de naturaleza comercial suscritos por Colombia.Desde ahora, la firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. La presente Ley prohíbe a los notarios sentar esos registros, así como expedir certificaciones sobre los mismos.
REGISTRO CIVIL
¿El registro civil tiene caducidad?
Con la entrada en vigencia de esta nueva Ley, las copias de este documento que en la actualidad tiene un costo de $5.000, serán válidas sin importar la fecha de su expedición. A la fecha algunas entidades y planteles educativos exigían el registro civil con un máximo de tres meses de expedición. Lo que significaba que los padres de familia tenían que sacar copias -de este documento- con bastante frecuencia. Se exceptúan los trámites de pensión, de afiliación a la seguridad social, riesgos profesionales y la celebración del matrimonio.¿ Los habitantes de regiones apartadas dónde pueden sacar el registro?Esta nueva herramienta establece que los registros civiles podrán -desde ahora- ser expedidos por alcaldes, gobernadores o notarios en los lugares donde no haya sedes de la registraduría.Esto evita que las personas que viven en zonas selváticas y rurales, tengan que dedicar horas y hasta días enteros en recorridos para ir a tramitar registros civiles. Al tiempo que ahorrarán el dinero del desplazamiento.
ESTA LEY CREA EL NUIP
¿ Qué es el Nuip?
Con la entrada en vigencia de esta nueva Ley se crea el Número Único de Identificación Personal (Nuip).¿ Para qué sirve?
Este número, que será asignado a los colombianos por la Registraduría Nacional en el momento de la inscripción del registro civil, servirá para identificar a las personas desde su nacimiento hasta su muerte.
Será el mismo en el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la libreta militar (en el caso de los hombres), la licencia de conducción y carné de seguridad social. El Nuip se aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas.¿ Una persona que ya tiene cédula tiene que sacar el Nuip?
No. Para las personas mayores de edad al momento de expedirse la presente Ley, se entenderá que el Nuip es el número de la cédula de ciudadanía.
FORMULARIOS GRATIS
¿ Esta ley aumenta los precios de los formularios?
No. Con esta nueva Ley todos los formularios oficiales son gratis.
¿ Entonces, cómo se pueden obtener?
Todas las entidades del Estado deberán habilitar los mecanismos necesarios para disponer, de manera oportuna y gratuita, el formato definido para cumplir con las obligaciones, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o electrónicas. Los únicos formularios que podrán ser cobrados son los relacionados con el proceso de contratación estatal y el acceso a la educación pública.
El Gobierno reglamentará el desmonte progresivo de los cobros por los formularios. Actualmente se paga, entre otros, por los formularios de declaración de renta $2.500 y por el de Industria y Comercio $2.100.
ATENCIÓN PARA TODOS
¿Cuál es el horario de atención al público en las entidades oficiales?La Ley determina que el horario deberá tener una duración mínima de ocho horas.¿Si estando en la fila se terminan las 8 horas, qué pasa?Todas las entidades estatales NO podrán suspender la atención al público hasta tanto hayan atendido a todos los usuarios que permanezcan en la respectiva dependencia a la hora del cierre.
Con esto se busca evitar que algunas dependencias suspendan la atención de la gente con el argumento del horario.
CORRECCIONES DE RENTA
¿ Si se comete un error en la declaración de renta, se podrá corregir?
Los errores e inconsistencias en las declaraciones de renta y los recibos de pago, podrán ser corregidos sin que sea necesario pagar multas. La idea, según la iniciativa, es que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor a declarar.
Así las cosas, las personas pueden corregir errores en el NIT y errores aritméticos. La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente. HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
¿Quién debe realizar el trámite de homologación de estudios en el exterior?En adelante, la homologación de los estudios cursados en el exterior será realizada directamente por la institución de educación superior en la que el interesado desee continuar sus estudios.Esta homologación se puede realizar siempre y cuando existan los convenios requeridos. La convalidación de los títulos será tarea del Ministerio de Educación.
MENORES AL EXTERIOR
¿Qué deben hacer los padres para llevar sus hijos al exterior?Esta nueva Ley establece que si el menor está acompañado de sus dos padres no se requerirá de documento distinto al pasaporte, ningún permiso especial, salvo el certificado del registro civil de nacimiento en el caso de que los nombres de sus padres no estuvieren incluidos en el pasaporte.INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
¿ Dónde y cómo se paga la inmovilización de vehículos?
Para el caso especifico de inmovilización de vehículos, las autoridades de tránsito establecerán un sistema de información central, preferiblemente de acceso telefónico, que permita a los interesados, conocer el lugar donde éste se encuentra inmovilizado.¿ Se deben pagar por aparte multas y parqueos?
Los pagos por concepto de grúas, multas y parqueos, serán cancelados en una sola diligencia, en las entidades financieras con las que las autoridades realicen convenios. No se podrá disponer de una sola sucursal.
Solo se podrá computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la cancelación de la misma.DESPLAZADOS¿ Esta Ley sirve en algo a las personas en situación de desplazamiento?
SI.¿ En qué?
La presente Ley simplifica el trámite de inscripción en el Programa de Beneficios para Desplazados. Las personas que se encuentren en situación de desplazamiento, podrán declarar los hechos ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en el formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social, a fin de acceder a los beneficios que se otorgan para este tipo de población.
¿ Estas personas tienen que llevar algún documento a la Red de Solidaridad? No.¿ Entonces quién hace los trámites?
Las entidades que reciban los hechos declarados están en la obligación de remitir la copia a más tardar el día hábil siguiente a la Red de Solidaridad o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal.
Cuando se establezca que los hechos declarados no son ciertos, la persona perderá todos los beneficios, sin perjuicio de sanciones penales.
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS
¿ Las autoridades pueden retener documentos de identidad?
Ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar o cualquier otro documento.¿ Y si los documentos son exigidos para el ingreso a una entidad?
Según la Ley, queda totalmente prohibido retener estos documentos para el ingreso a dependencias públicas o privadas.
AUTENTICACIONES¿ Se deben autenticar las firmas de los documentos?
La Ley establece que las firmas particulares impuestas en documentos privados, que deban tramitarse ante autoridades públicas NO requerirán de autenticación. Se presumirá que las firmas son verdaderas y solo se podrá desestimar dicha presunción si la persona a la que se dice pertenece la firma, la tacha de falsa.
¿ Qué ahorro representa esto a los ciudadanos?
Esta modificación ahorra a los ciudadanos $1.160, por cada una de las firmas que tenían que autenticar en las notarias.
LEYES Y DECRETOS
¿ Dónde se consiguen los textos de las leyes y decretos del Estado?
La Administración Pública está en la obligación de poner a disposición del público las leyes, decretos y actos administrativos, a través de medios electrónicos, sin perjuicio de la publicación legal del Diario Oficial.
¿ Dónde se consigue información de las entidades?
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado están en la obligación de suministrar información, a través de cualquier medio.
Tendrán que suministrar información sobre: las normas básicas que determinan su competencia, sus funciones, los servicios que presta, los trámites ante la entidad, localización, horarios de trabajo y atención al público, cargo y nombre a quien se debe dirigir para poner queja.¿ Esta información se debe solicitar personalmente?
No. En ninguno de los casos las personas tendrán que ir personalmente a obtener la información.SOLICITUD DE CITAS SIN PRESENTACIÓN PERSONAL
¿ Se puede conseguir turno sin presentarse ante una entidad?
Claro. Antes del 31 de diciembre del 2007 todas las entidades del Estado, que presten servicios masivos a los ciudadanos, tendrán que tener un sistema tecnológico para otorgar citas de atención al público de manera automática, sin la necesidad de presentación personal.IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
¿ Cómo se agilizarán los trámites de comercio exterior?
De dos formas especialmente: mediante la racionalización de las autorizaciones y vistos buenos para importaciones y exportaciones; y a través de la denominada ventanilla y formulario único.¿ En qué consiste la racionalización de las autorizaciones y vistos buenos?El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe coordinar (en un período no mayor a seis meses a partir de esta Ley) con todas las entidades correspondientes la información con respecto a vistos buenos y autorizaciones que deben tener importaciones y exportaciones, con el fin de que no se exija lo mismo por parte de varias entidades.
De esta forma se busca racionalizar y hacer más viable el proceso tanto de exportación como de importación, sin perjuicio de las facultades que para ello tienen las autoridades.Todo acto de creación de vistos buenos o autorizaciones para importaciones o exportaciones deberá informarse al Ministerio de Comercio, al momento de su expedición.¿ Cómo se deben realizar las inscripciones y vistos buenos?
Las entidades ante las cuales los importadores o exportadores deban inscribirse previamente para obtener vistos buenos o autorizaciones para realizar sus operaciones deberán establecer mecanismos para facilitar la consulta de dichas inscripciones o publicarlas vía Internet y no podrán exigir nuevamente tal inscripción antes sus oficinas ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país.
¿ En qué consiste la ventanilla y el formulario único?
El Gobierno tendrá tres meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, para establecer un esquema de ventanilla y formulario único que reúna las exigencias y requisitos de las entidades que realicen las operaciones de comercio exterior, con el fin de que la respuesta al usuario provenga de una sola entidad.
Ya no será necesario realizar varios trámites ante diferentes entidades sino será un formulario en una ventanilla, con lo cual se entenderán surtidos los trámites ante las demás entidades.¿ Qué procedimientos de revisión tendrá la mercancía que ingrese o salga del país?Para la revisión e inspección física y manejo de carga en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, de la mercancía que entre o salga del país; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) junto con las entidades que deban intervenir en dicha inspección y certificación, deberán tener los mecanismos necesarios para que se realice una única diligencia cuya duración no podrá exceder de un día y cuyo costo será único.
FORMULARIO ÚNICO PARA ENTIDADES TERRITORIALES
¿ Qué es?
Es un documento que se creará con el fin de minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales deben diligenciar a pedido de las entidades del orden nacional.¿ Quién será el encargado de crearlo?
Será el Ministerio del Interior y de Justicia. El cual a partir de la promulgación de la presente Ley tendrá 90 días para crear el diseño y hacer la aplicación de un formato común. Todas las entidades estarán en la obligación de aplicar el formato que acuerde el Ministerio.
COMERCIANTES
¿Continua el pago de impuestos a Sayco-Acinpro?
Si, pero no se podrá cobrar dicho impuesto a quienes no obtengan ningún beneficio económico del mismo. Los establecimientos que deben pagar serán categorizados por el Ministerio del Interior. Ejemplo, no pagarán impuesto establecimientos como: peluquerías, tiendas, supermercados, y negocios que no tengan como principal beneficio o atractivo la música
viernes, julio 8
EX GUERRILLEROS HABLAN DE PAZ (El Colombiano)
Clara Isabel Vélez Rincón Medellín.
Una camiseta blanca con la foto de cuatro de sus familiares desaparecidos por presuntos integrantes de las autodefensas y una pancarta negra de la Corporación Madres de la Candelaria fueron la única compañía que María Helena Toro consiguió ayer en el Palacio de Exposiciones.
La mujer llegó al Primer foro internacional ideas para la paz: Esta historia la construimos todos, con la esperanza de que alguno de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le dijera qué pasó con su hijo, Franklin Aurelio; su hermana, Mercedes Toro Agudelo; su cuñado, Juan Carlos Ruiz; y su sobrina, Claudia Helena (hija del matrimonio desaparecido)."Sabía que aquí vendría gente de Urabá y, de pronto, ahora que se habla de un proceso de paz y que habrá verdad, justicia y reparación alguno, al verme con la camiseta, se me arrimara y me dijera qué pasó con ellos. Pero ¡nada! Me siento como dice el comercial de televisión: 'en el lugar equivocado'", se lamentó María Helena mientras escuchaba la intervención de Facundo Guardado, ex comandante del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) de El Salvador .El ex jefe guerrillero explicó a los asistentes el conflicto salvadoreño, la participación de países amigos en la búsqueda de una solución negociada, la intervención de la ONU y la situación del posconflicto."El Salvador es un país de 21.500 kilómetros cuadrados, con cinco millones de habitantes. Es mucho más pequeño que cualquier departamento o municipio de ustedes. Tuvimos una guerra que duró 12 años y en la que murieron 80.000 personas", recordó el ex guerrillero para ilustrar la magnitud del problema en su país.¿Verdad absoluta?También planteó dudas sobre la necesidad de establecer una verdad absoluta luego de una negociación. "Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a saber cómo murió alguien. Cómo lo torturaron, cuántas puñaladas le dieron. En El Salvador apareció un libro en el que están los nombres de las personas que financiaron los escuadrones paramilitares que eran 80.000 hombres entrenados por el Gobierno. ¿Eso a quién beneficia?", se preguntó el ex guerrillero.Mientras lo escuchaba, María Helena miró a su alrededor.No encontró rostro conocido. Solo jóvenes desmovilizados que entraron y salieron del Pabellón Azul; un muchacho que escuchaba salsa en un discman a un volumen tan alto que pudo detectarse a dos filas de distancia y algunas adolescentes que parecían más interesadas en conseguir novio que en entender las experiencias de paz de otros países."Imagínense qué habría pasado si nosotros en El Salvador nos pusiéramos a pensar que en la villa o el barrio en el que vivimos está el responsable de la muerte de uno de nuestros familiares o amigos. Todavía estaríamos en guerra", afirmó.Luego, Guardado, habló de la importancia de generar confianza y la labor que Colombia, Venezuela, España y México cumplieron como amigos del proceso de paz en su país y el respaldo que dieron a la ONU."Lo más importante es la confianza y el compromiso más grande es que a los desmovilizados se les va a respetar su dignidad y su vida", afirmó Guardado.Sus palabras tocaron a María Helena. De nuevo, se sintió en el lugar equivocado, miró su pancarta en el piso y preguntó "¿y la dignidad de las víctimas dónde queda?"
Una camiseta blanca con la foto de cuatro de sus familiares desaparecidos por presuntos integrantes de las autodefensas y una pancarta negra de la Corporación Madres de la Candelaria fueron la única compañía que María Helena Toro consiguió ayer en el Palacio de Exposiciones.
La mujer llegó al Primer foro internacional ideas para la paz: Esta historia la construimos todos, con la esperanza de que alguno de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) le dijera qué pasó con su hijo, Franklin Aurelio; su hermana, Mercedes Toro Agudelo; su cuñado, Juan Carlos Ruiz; y su sobrina, Claudia Helena (hija del matrimonio desaparecido)."Sabía que aquí vendría gente de Urabá y, de pronto, ahora que se habla de un proceso de paz y que habrá verdad, justicia y reparación alguno, al verme con la camiseta, se me arrimara y me dijera qué pasó con ellos. Pero ¡nada! Me siento como dice el comercial de televisión: 'en el lugar equivocado'", se lamentó María Helena mientras escuchaba la intervención de Facundo Guardado, ex comandante del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) de El Salvador .El ex jefe guerrillero explicó a los asistentes el conflicto salvadoreño, la participación de países amigos en la búsqueda de una solución negociada, la intervención de la ONU y la situación del posconflicto."El Salvador es un país de 21.500 kilómetros cuadrados, con cinco millones de habitantes. Es mucho más pequeño que cualquier departamento o municipio de ustedes. Tuvimos una guerra que duró 12 años y en la que murieron 80.000 personas", recordó el ex guerrillero para ilustrar la magnitud del problema en su país.¿Verdad absoluta?También planteó dudas sobre la necesidad de establecer una verdad absoluta luego de una negociación. "Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a saber cómo murió alguien. Cómo lo torturaron, cuántas puñaladas le dieron. En El Salvador apareció un libro en el que están los nombres de las personas que financiaron los escuadrones paramilitares que eran 80.000 hombres entrenados por el Gobierno. ¿Eso a quién beneficia?", se preguntó el ex guerrillero.Mientras lo escuchaba, María Helena miró a su alrededor.No encontró rostro conocido. Solo jóvenes desmovilizados que entraron y salieron del Pabellón Azul; un muchacho que escuchaba salsa en un discman a un volumen tan alto que pudo detectarse a dos filas de distancia y algunas adolescentes que parecían más interesadas en conseguir novio que en entender las experiencias de paz de otros países."Imagínense qué habría pasado si nosotros en El Salvador nos pusiéramos a pensar que en la villa o el barrio en el que vivimos está el responsable de la muerte de uno de nuestros familiares o amigos. Todavía estaríamos en guerra", afirmó.Luego, Guardado, habló de la importancia de generar confianza y la labor que Colombia, Venezuela, España y México cumplieron como amigos del proceso de paz en su país y el respaldo que dieron a la ONU."Lo más importante es la confianza y el compromiso más grande es que a los desmovilizados se les va a respetar su dignidad y su vida", afirmó Guardado.Sus palabras tocaron a María Helena. De nuevo, se sintió en el lugar equivocado, miró su pancarta en el piso y preguntó "¿y la dignidad de las víctimas dónde queda?"
viernes, junio 24
Abecé de ley de Justicia y Paz
Espere mañana la segunda y última parte.
Las bases de la ley:
Derecho a la verdad El proyecto establece que la sociedad y en especial las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley, sobretodo con el paradero de secuestrados y desaparecidos.
Derecho a la justicia: Con esta ley, el Estado debe de adelantar las investigaciones necesarias para identificar, capturar y sancionar a los miembros de los grupos armados ilegales responsables de los delitos, asegurando a las víctimas la reparación y la no repetición de las violaciones.
Derecho a la reparación:Este artículo de la Ley de Justicia y Paz hace referencia al derecho de las víctimas a ser reparadas, lo cual comprende: indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y las garantías de no repetición de los hechos violentos.
Desmovilización: El articulado establece requisitos que deberán cumplir los miembros de estos grupos armados al margen de la ley, que deseen acceder a los beneficios.
Con estos requerimientos los autores de la iniciativa buscaron crear un filtro para que no se puedan beneficiar de la ley las personas que no han pertenecido a los grupos armados en proceso de paz y que, por el contrario, se hayan dedicado a otro tipo de delitos como el narcotráfico. Para esto, solo podrán acceder a los beneficios de la ley las personas que se encuentren en la lista que el Gobierno presente a la Fiscalía General de la Nación.
Requisitos colectivos: Que el grupo armado ilegal se haya desmovilizado y desmantelado según un acuerdo con el Gobierno.
Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
Que ponga a disposición del ICBF la totalidad de menores de edad reclutados.Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, así como cualquier actividad ilícita.
Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito y que liberen a los secuestrados en su poder.
Los miembros del grupo armado que se encuentren privados de la libertad podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se determine su pertenencia al grupo ilegal.
Requisitos individuales:
Los miembros de los grupos ilegales que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz, podrán acceder a los beneficios si entregan información, de forma que se contribuya al desmantelamiento de la organización a la que pertenecían.
Si suscriben un acta de compromiso con el Gobierno, para desmovilizarse y dejar las armas.
Si cesa toda actividad ilícita.
Si entrega los bienes producto de la actividad ilegal para la reparación de las víctimas, cuando disponga de ellos.
Si su actividad no ha tenido como finalidad el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito.
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
El proceso: El Proyecto establece procedimientos que estas personas, tras cumplir los requisitos para acceder a la ley, deben cumplir ante las autoridades.Todo el proceso ante la justicia, al que deberán someterse los miembros de los grupos armados al margen de la ley, será de manera oral. Los asuntos que se debatan dentro de la audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. Las audiencias preeliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el respectivo tribunal. Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias, deberán fundamentarse táctica, probatoria y jurídicamente e indicar motivos de estimación o desestimación de las pretensiones de las partes. Para su defensa, el acusado podrá escoger libremente a su defensor de confianza o, en su defecto, tendrá uno asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Esclarecimiento de la verdad Los servidores públicos tendrán todos los medios necesarios para garantizar el esclarecimiento a la verdad sobre los hechos investigados.Para esto será creada la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, que deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, las circunstancias de tiempos, modo y lugar de los hechos. Además, determinará las condiciones de vida del acusado, los antecedentes y los daños que individual o colectivamente haya podido causar a las víctimas. Con la colaboración de los desmovilizados, la Policía Judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. La Fiscalía velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretendan presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
Investigación y juzgamiento: Luego de recibir de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, el o los nombres del grupo armado ilegal que desea contribuir a la consecución de la paz, el fiscal delegado asumirá de manera inmediata la competencia para conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, conocer las investigaciones que cursen en contra de sus miembros, conocer las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.
Versión libre y confesión : Los miembros del grupo armado organizado ilegal comprometidos en el proceso, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien lo interrogará por los hechos que tenga conocimiento.En presencia de su defensor, podrán manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos durante su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren y la fecha de ingreso al grupo. La versión rendida por el desmovilizado y todo lo que comprenda el proceso se pondrá a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz y la Policía Judicial para que investigan. La Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y la Paz, con el apoyo de la Policía Judicial, tendrá 60 días para adelantar las acciones de investigación y esclarecer los hechos admitidos por el acusado.
Aceptación de cargos: En la audiencia de formulación de cargos el acusado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados.
Hechos posteriores: Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa. En el caso en que el acusado colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley. Contando con la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del 20 por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
La sentencia: De acuerdo a la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
Espere mañana la segunda y última parte.
Las bases de la ley:
Derecho a la verdad El proyecto establece que la sociedad y en especial las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley, sobretodo con el paradero de secuestrados y desaparecidos.
Derecho a la justicia: Con esta ley, el Estado debe de adelantar las investigaciones necesarias para identificar, capturar y sancionar a los miembros de los grupos armados ilegales responsables de los delitos, asegurando a las víctimas la reparación y la no repetición de las violaciones.
Derecho a la reparación:Este artículo de la Ley de Justicia y Paz hace referencia al derecho de las víctimas a ser reparadas, lo cual comprende: indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y las garantías de no repetición de los hechos violentos.
Desmovilización: El articulado establece requisitos que deberán cumplir los miembros de estos grupos armados al margen de la ley, que deseen acceder a los beneficios.
Con estos requerimientos los autores de la iniciativa buscaron crear un filtro para que no se puedan beneficiar de la ley las personas que no han pertenecido a los grupos armados en proceso de paz y que, por el contrario, se hayan dedicado a otro tipo de delitos como el narcotráfico. Para esto, solo podrán acceder a los beneficios de la ley las personas que se encuentren en la lista que el Gobierno presente a la Fiscalía General de la Nación.
Requisitos colectivos: Que el grupo armado ilegal se haya desmovilizado y desmantelado según un acuerdo con el Gobierno.
Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
Que ponga a disposición del ICBF la totalidad de menores de edad reclutados.Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, así como cualquier actividad ilícita.
Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito y que liberen a los secuestrados en su poder.
Los miembros del grupo armado que se encuentren privados de la libertad podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se determine su pertenencia al grupo ilegal.
Requisitos individuales:
Los miembros de los grupos ilegales que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz, podrán acceder a los beneficios si entregan información, de forma que se contribuya al desmantelamiento de la organización a la que pertenecían.
Si suscriben un acta de compromiso con el Gobierno, para desmovilizarse y dejar las armas.
Si cesa toda actividad ilícita.
Si entrega los bienes producto de la actividad ilegal para la reparación de las víctimas, cuando disponga de ellos.
Si su actividad no ha tenido como finalidad el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito.
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
El proceso: El Proyecto establece procedimientos que estas personas, tras cumplir los requisitos para acceder a la ley, deben cumplir ante las autoridades.Todo el proceso ante la justicia, al que deberán someterse los miembros de los grupos armados al margen de la ley, será de manera oral. Los asuntos que se debatan dentro de la audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. Las audiencias preeliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el respectivo tribunal. Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias, deberán fundamentarse táctica, probatoria y jurídicamente e indicar motivos de estimación o desestimación de las pretensiones de las partes. Para su defensa, el acusado podrá escoger libremente a su defensor de confianza o, en su defecto, tendrá uno asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Esclarecimiento de la verdad Los servidores públicos tendrán todos los medios necesarios para garantizar el esclarecimiento a la verdad sobre los hechos investigados.Para esto será creada la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, que deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, las circunstancias de tiempos, modo y lugar de los hechos. Además, determinará las condiciones de vida del acusado, los antecedentes y los daños que individual o colectivamente haya podido causar a las víctimas. Con la colaboración de los desmovilizados, la Policía Judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. La Fiscalía velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretendan presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
Investigación y juzgamiento: Luego de recibir de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, el o los nombres del grupo armado ilegal que desea contribuir a la consecución de la paz, el fiscal delegado asumirá de manera inmediata la competencia para conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, conocer las investigaciones que cursen en contra de sus miembros, conocer las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.
Versión libre y confesión : Los miembros del grupo armado organizado ilegal comprometidos en el proceso, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien lo interrogará por los hechos que tenga conocimiento.En presencia de su defensor, podrán manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos durante su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren y la fecha de ingreso al grupo. La versión rendida por el desmovilizado y todo lo que comprenda el proceso se pondrá a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz y la Policía Judicial para que investigan. La Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y la Paz, con el apoyo de la Policía Judicial, tendrá 60 días para adelantar las acciones de investigación y esclarecer los hechos admitidos por el acusado.
Aceptación de cargos: En la audiencia de formulación de cargos el acusado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados.
Hechos posteriores: Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa. En el caso en que el acusado colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley. Contando con la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del 20 por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
La sentencia: De acuerdo a la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
jueves, junio 23
¿PADRES Y MADRES DE LA PATRIA?
Junio 22 de 2005
EDITORIAL Periodico EL TIEMPO (Bogotá)
Una zambra deplorable
El martes, el país asistió entre sorprendido y asqueado a un insólito espectáculo cargado de insultos. “Fuera”, “váyase”, “lárguese” fueron algunos de los improperios que se escucharon en el Congreso, en medio de una de las zambras más fenomenales que se recuerden. Para colmo, promovida por la mayoría uribista para sacar del recinto a la representante Gina Parody, con el apoyo vehemente del Alto Comisionado para la Paz y el Viceministro del Interior y Justicia.Salió, pues, a relucir lo peor de una institución que se supone teatro por excelencia de la discusión, y de un alto funcionario que no pocas veces ha pelado el cobre con una intemperancia y un carácter cascarrabias que en nada corresponden ni a su investidura (Alto Comisionado), ni a su trabajo (la paz), ni a su proclamada inclinación (la ternura).
Mala cosa. La democracia es, por naturaleza, el sistema político que privilegia la palabra. Ella trata de que no triunfe el violento o quien detenta la fuerza, sino quien, por medio del argumento, convence y logra el apoyo de la mayoría.
Ese, al menos, es el ideal.Para eso es, precisamente, el Congreso. Al cual se le llama también parlamento, porque allí hablan, 'parlamentan', representantes elegidos por el pueblo, para aprobar las mejores leyes. También, al menos, en teoría. Lo cual se cumple con diverso éxito, según la madurez política de las naciones.
Lamentablemente, no parece que en Colombia los honorables padres de la patria den muestra de gran aplicación en este campo. La gazapera del martes desdice de quienes vociferaban y pone en cuestión la naturaleza misma del parlamento. El Congreso es para eso, para hablar y para oír, inclusive a quienes se oponen y están en minoría, y no para intentar acallarlos a punta de gritos destemplados y palmadas en las curules, con el fin de expulsar del recinto a los contradictores.
Peor aún, el tema que se trataba era una ley –la de justicia y paz– de la cual muy seguramente va a depender en buena parte el futuro del país. Lastimoso que sea así como se ventilen las piezas legislativas que, en teoría, deben propiciar la paz. Y que de la patanería participen el Comisionado del ramo y Hernando Angarita, viceministro del Interior.
Luis Carlos Restrepo –quien a veces parece un siquiatra necesitado de urgente ayuda de algún colega suyo– está en mora de entender que su tarea puede y debe ser objeto de análisis y evaluación y que no puede salirse de casillas cada vez que alguien lo critique. Con más veras si esa crítica se hace con respeto y mesura. Como ocurrió ese día, pues Gina Parody, la parlamentaria objeto de la intemperancia de sus colegas, había salido en defensa del presidente Uribe, frente a unas acusaciones traídas de los cabellos del representante Petro que revivieron un antiguo proceso penal y lo cuestionaron directamente.
Mala señal le mandan así a un país que no está polarizado entre uribistas y antiuribistas, como muestran las encuestas, pero que, si se da en la flor de imitar a los congresistas, podría convertirse en invivible.
Gracias a Dios se acerca el receso parlamentario.La controvertida ley de justicia y paz, que comentaremos más adelante, terminó saliendo por la puerta de la cocina. No solo en medio de una riña de gallera que constituye la negación de la paz, sino de un espectáculo de intolerancia que ratificó que el Gobierno 'carameleó' con la oferta del liberalismo y el Polo Democrático de blindar la ley, si no con plenos mecanismos de verdad, justicia y reparación, a través de un consenso político, que más adelante buena falta hará.
Triste escena y pésimo ejemplo de convivencia democrática el que dieron miembros del alto Gobierno y parlamentarios uribistas al país. Ahora, cuando la censura cinematográfica baja sus topes a los 7 y los 15 años de edad, habría que aconsejar que las transmisiones parlamentarias las vieran solo los mayores de 40, pues son un pésimo ejemplo para los niños y jóvenes colombianos.
Tal parece que las más elementales reglas de urbanidad las desconocen enteramente la colección de adultos vociferantes del martes. A todos les vendría bien un curso intensivo del Manual de Urbanidad de Carreño. Para no hablar de uno de política. Pues, si esas son las lecciones de paz que le dan al país, no habrá manual que valga.Es verdaderamente lamentable que la ley de justicia y paz se haya aprobado sin amplio consenso y en medio de una zambra de antología.
editorial@eltiempo.com.co
EDITORIAL Periodico EL TIEMPO (Bogotá)
Una zambra deplorable
El martes, el país asistió entre sorprendido y asqueado a un insólito espectáculo cargado de insultos. “Fuera”, “váyase”, “lárguese” fueron algunos de los improperios que se escucharon en el Congreso, en medio de una de las zambras más fenomenales que se recuerden. Para colmo, promovida por la mayoría uribista para sacar del recinto a la representante Gina Parody, con el apoyo vehemente del Alto Comisionado para la Paz y el Viceministro del Interior y Justicia.Salió, pues, a relucir lo peor de una institución que se supone teatro por excelencia de la discusión, y de un alto funcionario que no pocas veces ha pelado el cobre con una intemperancia y un carácter cascarrabias que en nada corresponden ni a su investidura (Alto Comisionado), ni a su trabajo (la paz), ni a su proclamada inclinación (la ternura).
Mala cosa. La democracia es, por naturaleza, el sistema político que privilegia la palabra. Ella trata de que no triunfe el violento o quien detenta la fuerza, sino quien, por medio del argumento, convence y logra el apoyo de la mayoría.
Ese, al menos, es el ideal.Para eso es, precisamente, el Congreso. Al cual se le llama también parlamento, porque allí hablan, 'parlamentan', representantes elegidos por el pueblo, para aprobar las mejores leyes. También, al menos, en teoría. Lo cual se cumple con diverso éxito, según la madurez política de las naciones.
Lamentablemente, no parece que en Colombia los honorables padres de la patria den muestra de gran aplicación en este campo. La gazapera del martes desdice de quienes vociferaban y pone en cuestión la naturaleza misma del parlamento. El Congreso es para eso, para hablar y para oír, inclusive a quienes se oponen y están en minoría, y no para intentar acallarlos a punta de gritos destemplados y palmadas en las curules, con el fin de expulsar del recinto a los contradictores.
Peor aún, el tema que se trataba era una ley –la de justicia y paz– de la cual muy seguramente va a depender en buena parte el futuro del país. Lastimoso que sea así como se ventilen las piezas legislativas que, en teoría, deben propiciar la paz. Y que de la patanería participen el Comisionado del ramo y Hernando Angarita, viceministro del Interior.
Luis Carlos Restrepo –quien a veces parece un siquiatra necesitado de urgente ayuda de algún colega suyo– está en mora de entender que su tarea puede y debe ser objeto de análisis y evaluación y que no puede salirse de casillas cada vez que alguien lo critique. Con más veras si esa crítica se hace con respeto y mesura. Como ocurrió ese día, pues Gina Parody, la parlamentaria objeto de la intemperancia de sus colegas, había salido en defensa del presidente Uribe, frente a unas acusaciones traídas de los cabellos del representante Petro que revivieron un antiguo proceso penal y lo cuestionaron directamente.
Mala señal le mandan así a un país que no está polarizado entre uribistas y antiuribistas, como muestran las encuestas, pero que, si se da en la flor de imitar a los congresistas, podría convertirse en invivible.
Gracias a Dios se acerca el receso parlamentario.La controvertida ley de justicia y paz, que comentaremos más adelante, terminó saliendo por la puerta de la cocina. No solo en medio de una riña de gallera que constituye la negación de la paz, sino de un espectáculo de intolerancia que ratificó que el Gobierno 'carameleó' con la oferta del liberalismo y el Polo Democrático de blindar la ley, si no con plenos mecanismos de verdad, justicia y reparación, a través de un consenso político, que más adelante buena falta hará.
Triste escena y pésimo ejemplo de convivencia democrática el que dieron miembros del alto Gobierno y parlamentarios uribistas al país. Ahora, cuando la censura cinematográfica baja sus topes a los 7 y los 15 años de edad, habría que aconsejar que las transmisiones parlamentarias las vieran solo los mayores de 40, pues son un pésimo ejemplo para los niños y jóvenes colombianos.
Tal parece que las más elementales reglas de urbanidad las desconocen enteramente la colección de adultos vociferantes del martes. A todos les vendría bien un curso intensivo del Manual de Urbanidad de Carreño. Para no hablar de uno de política. Pues, si esas son las lecciones de paz que le dan al país, no habrá manual que valga.Es verdaderamente lamentable que la ley de justicia y paz se haya aprobado sin amplio consenso y en medio de una zambra de antología.
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